El apoyo a Garzón y los derechos democráticosPatxi Zamora
Periodista
Un grupo de intelectuales ha realizado una amplia campaña de recogida de firmas en los medios de comunicación y a través de internet para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en defensa de la democracia y contra quienes se oponen a su instrucción sobre las fechorías cometidas por el régimen franquista. De la misma forma que el posicionamiento contra la invasión de Irak no conllevaba el apoyo a Saddam Hussein, la democrática necesidad de finiquitar el franquismo, todavía más vivo de lo que algunos pretenden, obliga no sólo a negar ese genérico aval a Garzón, sino también a señalar que se trata de un juez, como han dejado escrito sus propios compañeros y amigos, «vanidoso y ególatra», partícipe de una carrera judicial prebendalista, en absoluto comprometido con la lucha por una justicia democrática y preocupado únicamente por su fama y poder.
Detalles que revelan esta personalidad abundan a lo largo de su carrera, como en el asunto de Pinochet, cuando facilitó a los medios de comunicación su propio currículum, escrito en cuatro idiomas, que nadie había solicitado. Resulta sencillo constatar que en el Estado español convive un sector de la población que no cuestiona el franquismo y una izquierda sumisa que, con su inhibición, proporciona a la derecha más conservadora una enorme cobertura ideológica también en lo que a la administración de justicia se refiere.
Algunos se sorprenden ahora por la kafkiana situación de ver a ultraderechistas poniendo contra las cuerdas a quienes osan enchufar el ventilador de la memoria histórica. Olvidan la premonición de Bertold Brecht, pues nunca se ha oído protestar a esa izquierda ante flagrantes vulneraciones de derechos democráticos, en particular cuando afectan a Euskal Herria. No hace falta más que escuchar al gurú neocon por excelencia, Mayor Oreja: «Los de la negociación con ETA y los de la memoria histórica son los mismos». Por una vez, hagámosle caso, pues ha quedado demostrado que son los dos objetivos prioritarios de la extrema derecha española. El franquismo ha sido tratado con hipocresía por una sociedad que todavía tiene miedo a la verdad de unos hechos irrefutables y terribles. Ninguna institución ha sido capaz de impulsar la anulación de las sentencias firmadas en los consejos de guerra franquistas. Ese primer paso imprescindible deja al descubierto la triste paradoja de que la ejecución de todos esas decenas de miles de ciudadanos es, aún a día de hoy, legal a todos los efectos. Tampoco debemos olvidar que la Ley de Amnistía de octubre de 1977 se aprobó específicamente para los antifranquistas perseguidos por la dictadura, y no para amnistiar a los franquistas ni al régimen surgido del golpe de estado militar contra la II República.
Pero volvamos a Baltasar Garzón y su fulgurante ascenso al «estrellato». «Te han comprado» le espetó su entonces mentor, el recordado juez Navarro, al saber de su entrada en la política de la mano de Felipe González. Tras fracasar sus expectativas de hacerse con un superministerio de Justicia e Interior, no ocultó su afán de venganza y, compinchado con la Brunete mediática más ultramontana, en especial con su amigo Luis del Olmo, se inventó la «teoría del entorno» contra la izquierda abertzale, cuyo déficit democrático es reconocido por la mayoría de juristas no vinculados a las élites en el poder.
Se pide solidaridad con Garzón sin cuestionar los hitos fundamentales de su carrera de juez estrella, con pretendidos tintes progresistas allende los mares, mientras forma parte en su país de la herencia más envenenada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP (Tribunal de Orden Público).
Garzón es allí máxima autoridad y nunca ha cuestionado su origen ni su necesidad, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales forman parte de la esencia de los regímenes totalitarios. Qué decir de los cientos de torturados, con visibles secuelas, que pasaron por su despacho sin que le afectara lo más mínimo. También habría que recordar a los intelectuales garzonianos que el magistrado se ha dedicado a cerrar medios de comunicación, el más relevante, el diario «Egin». Garzón dejó a miles de lectores sin periódico y a más de 300 trabajadores en la calle, en una instrucción que acabó violando la separación de poderes que se presupone a cualquier demócrata, dando la razón al entonces presidente J.M. Aznar, quien había afirmado: «se creían que no nos íbamos a atrever».
Contrariando los fundamentos de la libertad de expresión encarceló periodistas molestos como Pepe Rei, en reiteradas ocasiones y, como acabaría demostrándose, sin base legal alguna. Hay quienes le acusan de incompetencia en la instrucción de importantes sumarios que, después de un despliegue mediático espectacular con el magistrado como protagonista, acabaron desinflándose con escasas consecuencias para los encausados.
Pese a las evidencias que lo relacionaban con la guerra sucia, jamás llamó a declarar a su despacho al general Galindo y aunque tuvo en sus manos pruebas de la vinculación de un buen número de agentes de la Guardia Civil de Intxaurrondo con los narcos gallegos, no inició diligencia alguna al respecto. Lo más significativo de sus últimos años en la Audiencia Nacional ha sido su respaldo a la reforma de la Ley de Partidos y a la ilegalización de la izquierda abertzale, demostrando una vez más su vinculación con lo más rancio de la judicatura, su simbiosis con todos esos jueces que juraron fidelidad a los principios del «movimiento» y que ahora deciden sobre principios democráticos.
El sumario abierto por Garzón sobre la represión franquista interesa desde un punto de vista histórico, es verdad que recoge en toda su crudeza lo abyecto y cruel del régimen, pero según numerosos juristas «es muy flojito y contiene notables errores desde el punto de vista procesal». Para los apóstoles de las leyes de punto final, la transición saldó todas las cuentas del régimen de Franco.
Partidos que se dicen de izquierdas tampoco se atreven a ser consecuentes y el resultado, como afirma J.C. Monedero, profesor de la Universidad Complutense, es que «la huella genética de la democracia española reposa en una Transición salvada por el rey y no en la lucha de los que se jugaron todo peleando contra nuestra prolongada ración de fascismo. Se nos hurtó discutir la Constitución del 78, asumimos Europa como un mantra, dimos a la extrema derecha marchamo democrático al esconderla -a veces ni siquiera- en uno de los partidos del consenso. En definitiva, arrastramos renqueantes algo mal resuelto».
Y esa resolución nada tiene que ver con el juez estrella y sus ocurrencias para mantenerse en el candelero. «Recurro a mi libertad de expresión, sin saber si acabaré procesado por este escrito, ante la falta de intelectuales de verdad que, al modo de Zola, denuncien las aberraciones jurídicas que se siguen... Aquí no hay intelectuales: aquí sólo hay garbanceros al servicio de los que mejor paguen». Estas consideraciones forman parte de la misiva de apoyo a Garzón difundida en los medios e internet. Las suscribo... contra Garzón y la Audiencia Nacional.
Un grupo de intelectuales ha realizado una amplia campaña de recogida de firmas en los medios de comunicación y a través de internet para respaldar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en defensa de la democracia y contra quienes se oponen a su instrucción sobre las fechorías cometidas por el régimen franquista. De la misma forma que el posicionamiento contra la invasión de Irak no conllevaba el apoyo a Saddam Hussein, la democrática necesidad de finiquitar el franquismo, todavía más vivo de lo que algunos pretenden, obliga no sólo a negar ese genérico aval a Garzón, sino también a señalar que se trata de un juez, como han dejado escrito sus propios compañeros y amigos, «vanidoso y ególatra», partícipe de una carrera judicial prebendalista, en absoluto comprometido con la lucha por una justicia democrática y preocupado únicamente por su fama y poder.
Detalles que revelan esta personalidad abundan a lo largo de su carrera, como en el asunto de Pinochet, cuando facilitó a los medios de comunicación su propio currículum, escrito en cuatro idiomas, que nadie había solicitado. Resulta sencillo constatar que en el Estado español convive un sector de la población que no cuestiona el franquismo y una izquierda sumisa que, con su inhibición, proporciona a la derecha más conservadora una enorme cobertura ideológica también en lo que a la administración de justicia se refiere.
Algunos se sorprenden ahora por la kafkiana situación de ver a ultraderechistas poniendo contra las cuerdas a quienes osan enchufar el ventilador de la memoria histórica. Olvidan la premonición de Bertold Brecht, pues nunca se ha oído protestar a esa izquierda ante flagrantes vulneraciones de derechos democráticos, en particular cuando afectan a Euskal Herria. No hace falta más que escuchar al gurú neocon por excelencia, Mayor Oreja: «Los de la negociación con ETA y los de la memoria histórica son los mismos». Por una vez, hagámosle caso, pues ha quedado demostrado que son los dos objetivos prioritarios de la extrema derecha española. El franquismo ha sido tratado con hipocresía por una sociedad que todavía tiene miedo a la verdad de unos hechos irrefutables y terribles. Ninguna institución ha sido capaz de impulsar la anulación de las sentencias firmadas en los consejos de guerra franquistas. Ese primer paso imprescindible deja al descubierto la triste paradoja de que la ejecución de todos esas decenas de miles de ciudadanos es, aún a día de hoy, legal a todos los efectos. Tampoco debemos olvidar que la Ley de Amnistía de octubre de 1977 se aprobó específicamente para los antifranquistas perseguidos por la dictadura, y no para amnistiar a los franquistas ni al régimen surgido del golpe de estado militar contra la II República.
Pero volvamos a Baltasar Garzón y su fulgurante ascenso al «estrellato». «Te han comprado» le espetó su entonces mentor, el recordado juez Navarro, al saber de su entrada en la política de la mano de Felipe González. Tras fracasar sus expectativas de hacerse con un superministerio de Justicia e Interior, no ocultó su afán de venganza y, compinchado con la Brunete mediática más ultramontana, en especial con su amigo Luis del Olmo, se inventó la «teoría del entorno» contra la izquierda abertzale, cuyo déficit democrático es reconocido por la mayoría de juristas no vinculados a las élites en el poder.
Se pide solidaridad con Garzón sin cuestionar los hitos fundamentales de su carrera de juez estrella, con pretendidos tintes progresistas allende los mares, mientras forma parte en su país de la herencia más envenenada recibida de la Justicia franquista, la Audiencia Nacional, sustituta del TOP (Tribunal de Orden Público).
Garzón es allí máxima autoridad y nunca ha cuestionado su origen ni su necesidad, sabiendo perfectamente que las jurisdicciones especiales forman parte de la esencia de los regímenes totalitarios. Qué decir de los cientos de torturados, con visibles secuelas, que pasaron por su despacho sin que le afectara lo más mínimo. También habría que recordar a los intelectuales garzonianos que el magistrado se ha dedicado a cerrar medios de comunicación, el más relevante, el diario «Egin». Garzón dejó a miles de lectores sin periódico y a más de 300 trabajadores en la calle, en una instrucción que acabó violando la separación de poderes que se presupone a cualquier demócrata, dando la razón al entonces presidente J.M. Aznar, quien había afirmado: «se creían que no nos íbamos a atrever».
Contrariando los fundamentos de la libertad de expresión encarceló periodistas molestos como Pepe Rei, en reiteradas ocasiones y, como acabaría demostrándose, sin base legal alguna. Hay quienes le acusan de incompetencia en la instrucción de importantes sumarios que, después de un despliegue mediático espectacular con el magistrado como protagonista, acabaron desinflándose con escasas consecuencias para los encausados.
Pese a las evidencias que lo relacionaban con la guerra sucia, jamás llamó a declarar a su despacho al general Galindo y aunque tuvo en sus manos pruebas de la vinculación de un buen número de agentes de la Guardia Civil de Intxaurrondo con los narcos gallegos, no inició diligencia alguna al respecto. Lo más significativo de sus últimos años en la Audiencia Nacional ha sido su respaldo a la reforma de la Ley de Partidos y a la ilegalización de la izquierda abertzale, demostrando una vez más su vinculación con lo más rancio de la judicatura, su simbiosis con todos esos jueces que juraron fidelidad a los principios del «movimiento» y que ahora deciden sobre principios democráticos.
El sumario abierto por Garzón sobre la represión franquista interesa desde un punto de vista histórico, es verdad que recoge en toda su crudeza lo abyecto y cruel del régimen, pero según numerosos juristas «es muy flojito y contiene notables errores desde el punto de vista procesal». Para los apóstoles de las leyes de punto final, la transición saldó todas las cuentas del régimen de Franco.
Partidos que se dicen de izquierdas tampoco se atreven a ser consecuentes y el resultado, como afirma J.C. Monedero, profesor de la Universidad Complutense, es que «la huella genética de la democracia española reposa en una Transición salvada por el rey y no en la lucha de los que se jugaron todo peleando contra nuestra prolongada ración de fascismo. Se nos hurtó discutir la Constitución del 78, asumimos Europa como un mantra, dimos a la extrema derecha marchamo democrático al esconderla -a veces ni siquiera- en uno de los partidos del consenso. En definitiva, arrastramos renqueantes algo mal resuelto».
Y esa resolución nada tiene que ver con el juez estrella y sus ocurrencias para mantenerse en el candelero. «Recurro a mi libertad de expresión, sin saber si acabaré procesado por este escrito, ante la falta de intelectuales de verdad que, al modo de Zola, denuncien las aberraciones jurídicas que se siguen... Aquí no hay intelectuales: aquí sólo hay garbanceros al servicio de los que mejor paguen». Estas consideraciones forman parte de la misiva de apoyo a Garzón difundida en los medios e internet. Las suscribo... contra Garzón y la Audiencia Nacional.
((*Recordamos al compañero Zamora que también Garzón ilegalizó al PCE(r) "y su entorno" y que en la "Amnistía" de 1977 dejó en la cárcel a 14 militantes de los GRAPO, entre ellos a 3 vascos))
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