Memoria Histórica, también actual

Perfil democrático
Iñaki Egaña
Historiador y escritor

En el año 1928, el luego comunista Mauro Azcona dirigió una de las primeras películas que se realizó en nuestro país, «El Mayorazgo de Basterretxe». No había nacido aún la fábrica de Hollywood, pero pronto quedó patente que las diferencias iban a ser abismales. El gobernador civil de Bizkaia, tras leer el guión, prohibió que la bandera a ondear en la ezpatadanza de la escena inicial del film fuera la ikurriña, sugiriendo que, en todo caso, fuera la bandera española. Azcona eligió antes que la española una bandera blanca.

Lo blanco, sin embargo, también incomoda. Cuarenta años más tarde, en otra de las dictaduras habitables en la historia de España, tres aguerridos caballeros se lanzaron a la aventura de filmar «Ama Lur»: Néstor Basterretxea, Fernando Larruquert y Julio Amóstegui. Entonces, los valedores de la esencia hispana eliminaron una escena en la que el Árbol de Gernika aparecía nevado. La pureza, la metáfora del pueblo cándido no vale. Había que militar en el españolismo y, por ello, después de borrar el árbol blanco, obligaron a introducir la palabra «España» en tres ocasiones durante el film.

Hace unos días, otros 40 años más tarde, dos jóvenes guipuzcoanos han sido detenidos por la Ertzaintza por colocar unos carteles que se referían a un hecho sucedido hace exactamente 33 años. Según informa el movimiento pro amnistía, nada menos que tres veces, como las de Pedro negando a Cristo, los detenidos tuvieron que oír el «Cara al Sol», himno falangista de infaustos recuerdos.

Hay una línea en el tiempo, un eco sostenido, de fondo, como el del Big-Bang entre las galaxias del Universo, que nos recuerda la sumisión. La humillación. Que nos avisa de que, nacidos ayer, anteayer o antesdeayer, el destino es el mismo. España es el ejemplo mil y una veces repetido, como lo recordó Albert Camus, que la razón puede ser derrotada por la fuerza. Que la democracia es frágil y que su reivindicación, aún en el siglo XXI, puede ser revolucionaria. A pesar de la prostitución del lenguaje.

Una y mil veces recordamos que la tradición democrática española se mide en grados Farenheit y no en centígrados, sobre todo cuando se trata de bajas temperaturas. Me parece un escándalo que Ares rectifique al alcalde de Donostia, de su propio partido, para decirle que la tortura no es un tema de derechos humanos, sino de política antiterrorista. ¿Desde cuándo? Cuando lo oí, por vez primera, no daba crédito.

En 1999, el Tribunal Superior de Justicia israelí decretó que la «presión física», eufemismo de la tortura, no estaba permitida durante los interrogatorios, pero también añadió que el Gobierno israelí podía legalizar la tortura si así lo consideraba oportuno. La salida a semejante escándalo la dio el Fiscal General de Israel que manifestó que se reservaba el derecho de no perseguir a aquellos que utilizaran «presión física» en los interrogatorios. Salida a la española. A lo Ares, a quien propongo, después del estirón de orejas que le ha dado al alcalde donostiarra, que se deje de sutilezas y pida al Supremo español la legalización de la tortura.

Por cierto, le oí a Ares una cantinela que se repite una y otra vez cuando resuenan los ecos de los malos tratos: el manual de ETA. Y como viene de viejo, me tenía preocupado. Al fin di con dicho manual que no era otro que un libro. Un libro titulado: «Tus derechos frente al muro». Página 216: «En caso de que hayas sido sometido a malos tratos físicos, psíquicos o torturas durante tu estancia en dependencias policiales, nada más entrar en prisión deberás realizar una denuncia ante el juzgado de instrucción...». Etcétera. El libro tiene Depósito Legal (NA 3362-2002) e ISBN (84-607-6299-8). Y una autoría: «Abogados de presos políticos vascos». Y con esta firma, los que se llaman periodistas tienen ya el argumento para modificar la autoría. A fin de cuentas, si «todo es ETA»...

Saben cómo se construye una noticia de esas? El gabinete de prensa del Ministerio del Interior, según su página web, elabora una noticia a la que pone la coletilla: «Esta información puede ser utilizada sin necesidad de citar las fuentes». De esa manera, todos los medios copian lo mismo. Al poco la noticia se asienta en el sitio web del Ministerio, en un archivo que todo ciudadano puede consultar. La sorpresa, sin embargo, es mayúscula: «La información que aparece en estas páginas no tiene carácter oficial ya que ha sido elaborada a partir de noticias procedentes de diversos medios de comunicación (radio, televisión, agencias de prensa y diarios)». Lo que ha generado y transmitido el Ministerio lo transforma en oficioso. Verídico. ¿Qué institución garantiza entonces el label oficial? Les invito a que vean la trampa.

Es una muestra más de la falta de rigor, de la ausencia de garantías democráticas. Parece mentira, en ocasiones, que estemos en el año 2010. Es evidente que los estados no ponen en dominio público las vulneraciones de derechos, los datos de tortura, o desalojo forzoso de viviendas, por poner algún ejemplo. Por eso no podemos hacer sino elucubraciones en un hipotético ranking sobre las libertades individuales y colectivas.

No puedo poner una calificación, pero sospecho que el perfil democrático español es sumamente bajo cuando un ex fiscal general Anticorrupción, como Carlos Jiménez Villarejo, a cuenta del pago del Banco de Santander de los cursos en EEUU al juez Baltasar Garzón, diga textualmente: «Llevamos 25 años en que las asociaciones de jueces y fiscales, conservadoras y progresistas, han celebrado congresos comiendo en la mano de los bancos y cajas de ahorro, que han aportado cantidades importantes, han pagado gastos de alojamiento y seguramente algo más». ¡Dónde nos ha tocado vivir, por Dios!

Y sigo pensando que este perfil democrático sigue igual que cuando Mauro Azcona o Fernando Larruquert se dedicaban al cine, hace 40 u 80 años, al observar precisamente, el rifirrafe entre fachas y progres a cuenta, precisamente del juez citado, Baltasar Garzón. Juez al que ahora algunos quieren sacar del atolladero de su prevaricación (hubo una Ley de Punto Final jaleada por toda la clase política española, modelo de concordia y bla, bla, bla...) que nos ha dejado decenas de instrucciones modelo de lo que es la Judicatura española. Retrógrada.
Y como se suele decir, como muestra vale un botón. ¿Recuerdan aquel sumario de 2002 sobre la «limpieza étnica», en el que Garzón confundió el culo con las témporas, es decir los nacimientos en hospitales comarcales con movimientos étnicos clandestinos? Pues en aquel sumario 35/2002, instruido por el susodicho, se decía textualmente: «Aunque ETA no existiera o desapareciera la kale borroka, o ésta no se hubiera producido nunca; Batasuna, por los métodos que utiliza, constituye desde el punto jurídico-penal una asociación ilícita». Impresionante. Como en la época de Mauro Azcona. No vale con ser español, hace falta ejercerlo.

Jack London, de quien hace poco han traducido al castellano sus artículos políticos («En Ruta»), cuenta una anécdota que le sucedió en Niágara. Una mañana fueron conducidos 16 presos antes el juez, acusados de vagabundeo. Cada uno de ellos pasaba ante el juez en apenas 15 segundos. El magistrado no les permitía defenderse, ni siquiera hablar. Uno de los presos quiso hacer valer sus derechos y, tras mucho protestar, finalmente tuvo un minuto de gloria. Indignado, expuso su defensa. Todos fueron condenados a 30 días de prisión, excepto el que había hablado: 60 días, el doble que el resto.

No hace falta ser sumiso, hay que ejercerlo.

Y éste es el objetivo que nos transmiten. El lehendakari navarro Sanz nos acaba de ofrecer uno de los ejemplos más plásticos de su perfil. Ha dicho que ya no asiste a los partidos de fútbol en el campo del Viejo Reino, antes Sadar, para no ver ikurriñas. De aquellos barros estos lodos. No es 1928, no es 1969. Ni siquiera 1981. Estamos, aunque quizás no lo hayan adivinado, en 2010. «O jugamos todos o rompemos la baraja», lo acaba de decir un coronel del Ejército español, Ángel Manuel Adán García, a propósito de la memoria. Lo de siempre.