Juzgados tres militantes del PCPE-CJC hoy en Barcelona

Tras el asesinato del joven antifascista madrileño Carlos Palomino, múltiples manifestaciones de repudio y exigencia de justicia se celebraron en otras tantas ciudades. También en Barcelona, donde tres militantes del PCPE-CJC fueron procesados con acusaciones basadas en una denuncia-montaje policial. El 21 de octubre es el juicio. El fiscal solicita tres años y medio de prisión.

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CONTRA LA CRIMINALIZACION DEL ANTIFASCISMO

Las personas y entidades abajo firmantes EXPONEMOS:

Que el día 21 de octubre está prevista la celebración de un juicio contra tres militantes comunistas en un juzgado de la ciudad de Barcelona. Estas personas son Juanjo Serrano (miembro del Comité Central del PCPE), Xavier Auré (miembro de los CJC-JCPC) y Albert Camarasa (miembro de los CJC-JCPC).

La acusación solicita tres años y diez meses de prisión para cada uno de ellos. El fiscal sustenta su petición en los hechos ocurridos en Barcelona el 14 de noviembre de 2007, con motivo de la manifestación en protesta por el asesinato de un joven antifascista en Madrid el anterior día 11.

Esta acusación es un montaje policial –sustentado en pruebas amañadas y faltas de toda consistencia- para tratar de desmovilizar a la organización comunista en este país, y a otras organizaciones anticapitalistas que actúan dentro del movimiento antifascista.

Los hechos que dieron lugar a este montaje policial son los siguientes:

El 11 de noviembre de 2007 fue asesinado en el metro de Madrid el joven antifascista Carlos Palomino, a manos de un fascista de 23 años –soldado profesional del ejército español- que se dirigía a una concentración del partido fascista Democracia Nacional. Inmediatamente se suceden las concentraciones y movilizaciones de condena y repulsa por este asesinado fascista en distintas ciudades del Estado Español; también en Barcelona.

El estado de indignación de los/las manifestantes antifascistas es proporcional a la brutalidad del asesinato y a la tergiversación informativa que los medios de comunicación del sistema realizan al presentar el hecho con el consabido e interesado discurso de “enfrentamiento entre grupos de jóvenes antisistema”.

El 14 de noviembre, en Barcelona, diversos colectivos y organizaciones antifascistas convocan una manifestación, donde desde el primer momento queda claro que la policía -Mossos d’Esquadra (dirigida por el Conseller Saura, de ICV-EUiA)- tiene orden de no dejarla discurrir de forma pacífica. El operativo montado no guarda ningún tipo de proporcionalidad con la protesta: toma policial del centro de Barcelona con los antidisturbios preparados para cargar, intimidaciones en el metro a los asistentes, ambulancias preparadas, como si de un escenario bélico se tratara, amago de carga cuando la cabeza de la manifestación se pone en marcha, etc.

Durante la manifestación, se suceden diversos intentos -por parte del operativo policial- para cortar la misma en diversos puntos, lo que hace aumentar el nerviosismo y la indignación por parte de los manifestantes. Esta situación se va agravando durante la marcha, y, cuando ésta no lleva ni 400 metros de recorrido, se produce una brutal carga policial que crea -en el mismo centro de Barcelona- una situación de conmoción social imposible de justificar, al extenderse la represión a la zona comercial del Passeig de Gracia y acabar afectando a los transeúntes.

Como resultado de la carga policial se producen diversas agresiones, en las que varios manifestantes tienen que ser evacuados en ambulancia. También se producen cinco detenciones, entre ellas la de dos miembros de los CJC-JCPC, que son conducidos a la comisaría central de los Mossos d’Esquadra de Barcelona; y, dado que uno de los detenidos era menor de edad en ese momento, la policía no tuvo más remedio que comunicar a la familia su detención -de lo contrario, habrían estado por lo menos 48 horas sin comunicación exterior.

Inmediatamente, dirigentes del PCPC-PCPE y de los CJC-JCPC, acompañados de una abogada, se personaron en la comisaría junto a los padres de los detenidos. En ese momento, éstos son requeridos para que se identifiquen y, después de una larga espera en la comisaría, un policía llama a un miembro del PCPC-PCPE y a dos miembros de la CJC-JCPC para informarles que han sido reconocidos por su intervención en la manifestación y que han sido denunciados por la policía. Todo un montaje policial -ya que, incluso, se da el caso de que el militante del PCPC-PCPE no había podido participar en la manifestación por dificultades en su trabajo– dirigido a criminalizar la lucha antifascista y la militancia comunista.

En los días sucesivos el fiscal concretó la denuncia:

Se abre una causa contra tres miembros del PCPC-PCPE y de la CJC-JCPC (uno de los detenidos y dos de los inculpados en la comisaría), a los que se les acusa “de un delito de atentado y por un delito de desórdenes públicos” (por montar una supuesta barricada con contenedores de basura y apedrear a la policía), solicitando “3 años y 10 meses de cárcel y la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo”. El expediente de los menores queda archivado, puesto que el tribunal de menores no ve indicios de delito. Para sostener esta denuncia, la fiscalía solo presenta una prueba: el testimonio de los policías, no habiendo ninguna otra prueba de que ocurrieran los hechos mencionados.

Por todo lo expuesto, EXIGIMOS:

a) El sobreseimiento de la causa y consiguiente retirada de todos los cargos contra estos tres militantes.
b) La declaración de nulidad de todas las actuaciones y la realización de una investigación para depurar todas las responsabilidades derivadas de esta manipulada actuación policial.
c) Que se dé traslado de este escrito al Ministerio de Justicia y a la Consejería de Interior de la Generalitat de Catalunya.