Memoria Histórica del día:
-1931: Ho Chi Ming es detenido en Shangai por los británicos. Brutal represión a todo el comunismo “indochino”.
-1939: En Letonia, se forma un gobierno popular, que frena la presencia fascista.
-1981: En la Farga de Bebié (Girona), la Guardia Civil tortura, embosca y mata a los militantes de los GRAPO Francisco Roberto Liñeira Oliveira, de 23 años de edad, Antonio Cabeza Della, de 27, Dolores Castro Saa, de 25 y Albino Gabriel López, de 29.
ALBINO GABRIEL: http://www.presos.org.es/ARCHIVOS/caidos.php?idc=0036
ANTONIO CABEZA: http://www.presos.org.es/ARCHIVOS/caidos.php?idc=0033
MARIA DOLORES CASTRO: http://www.presos.org.es/ARCHIVOS/caidos.php?idc=0031
ROBERTO LIÑEIRA: http://www.presos.org.es/ARCHIVOS/caidos.php?idc=0023
-1995: Javier Gorostiza Lejarriaga, preso político vasco natural de Bilbao, muere en Basauri debido a una enfermedad no tratada en prisión y por lo tanto exterminado. Tenía 55 años de edad.
FRASE DEL DÍA:
"Los derechos del preso son tres en total: ver, oír y callar"
Cartel en una prisión chilena, en 1985
Cartel en una prisión chilena, en 1985
EE.UU. CÁRCELES PRIVADAS
En USA las cárceles privadas pagan a los jueces para que les envíen más presos
El número de cárceles privadas está creciendo rápidamente en Estados Unidos, y según se recoge en algunas sentencias judiciales, para justificar este incremento se ha aumentado a su vez la cantidad de detenidos, utilizando para ello diversos métodos al margen de la ley. Actualmente unos dos millones de personas están entre rejas en todo el país: la cifra más alta en todo el mundo.
Puede parecer que no es una buena noticia para la sociedad norteamericana, pero los hay que benefician: los dueños de las prisiones privadas, quienes para ganar dinero, a veces incluso llegan a violar la ley.
Lo hacen a través de los jueces: dos de ellos, Mark Ciavarella y Michael Conahan, ya han sido declarados culpables de recibir millonarias comisiones de los promotores de diferentes centros penitenciarios privados.
Según los padres de los adolescentes afectados, el verdadero crimen de estos jueces es el de haber enviado a la cárcel a más de 5.000 jóvenes por "delitos" como una pelea en un autobús escolar o subir a Internet una parodia sobre sus maestros.
Edward, de 17 años, era un estudiante y deportista prometedor cuando fue detenido durante una fiesta. El juez Ciavarella le condenó a 6 meses de prisión. Poco después de salir de la cárcel se suicidó.
Eric Stefansy tenía solo 12 años cuando el magistrado le sentenció a dos años de cárcel por rayar el coche de su madre tras usarlo sin permiso. Otro joven fue encarcelado durante unos meses por tirar un trozo de carne al novio de su madre.
Y el caso de estos dos jueces de Pensilvania no es un hecho aislado. Un reciente informe de la Federación Americana de Empleados Estatales, Distritales y Municipales revela que las corporaciones penitenciarias más grandes de EE. UU. invirtieron centenares de miles de dólares en las campañas de gobernadores, legisladores estatales y jueces para promover sus candidaturas.
Estos casos abren un interrogante en torno a la ecuanimidad de la justicia estadounidense. ¿Pueden confiar los ciudadanos en un sistema que parece más interesado en enviar personas a la cárcel y lograr beneficios que en que realmente se cumplan las leyes?
Por el momento, estos dos jueces dejan claro que algo falla en la balanza jurídica del país.
El número de cárceles privadas está creciendo rápidamente en Estados Unidos, y según se recoge en algunas sentencias judiciales, para justificar este incremento se ha aumentado a su vez la cantidad de detenidos, utilizando para ello diversos métodos al margen de la ley. Actualmente unos dos millones de personas están entre rejas en todo el país: la cifra más alta en todo el mundo.
Puede parecer que no es una buena noticia para la sociedad norteamericana, pero los hay que benefician: los dueños de las prisiones privadas, quienes para ganar dinero, a veces incluso llegan a violar la ley.
Lo hacen a través de los jueces: dos de ellos, Mark Ciavarella y Michael Conahan, ya han sido declarados culpables de recibir millonarias comisiones de los promotores de diferentes centros penitenciarios privados.
Según los padres de los adolescentes afectados, el verdadero crimen de estos jueces es el de haber enviado a la cárcel a más de 5.000 jóvenes por "delitos" como una pelea en un autobús escolar o subir a Internet una parodia sobre sus maestros.
Edward, de 17 años, era un estudiante y deportista prometedor cuando fue detenido durante una fiesta. El juez Ciavarella le condenó a 6 meses de prisión. Poco después de salir de la cárcel se suicidó.
Eric Stefansy tenía solo 12 años cuando el magistrado le sentenció a dos años de cárcel por rayar el coche de su madre tras usarlo sin permiso. Otro joven fue encarcelado durante unos meses por tirar un trozo de carne al novio de su madre.
Y el caso de estos dos jueces de Pensilvania no es un hecho aislado. Un reciente informe de la Federación Americana de Empleados Estatales, Distritales y Municipales revela que las corporaciones penitenciarias más grandes de EE. UU. invirtieron centenares de miles de dólares en las campañas de gobernadores, legisladores estatales y jueces para promover sus candidaturas.
Estos casos abren un interrogante en torno a la ecuanimidad de la justicia estadounidense. ¿Pueden confiar los ciudadanos en un sistema que parece más interesado en enviar personas a la cárcel y lograr beneficios que en que realmente se cumplan las leyes?
Por el momento, estos dos jueces dejan claro que algo falla en la balanza jurídica del país.
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