viernes, 1 de julio de 2011

Situación Paco Cela, Mari Jose Baños y Xurxo García. A.I.: "Continúan las torturas"

Memoria Histórica del día:

-1876: El revolucionario anarquista Bakunin muere en Berna (Suiza).

-1921. Se funda el PC de China, en Shanghai.

-1937: Carta colectiva de todos los obispos españoles en apoyo del fascista Francisco Franco. Solo no la apoyan dos obispos.

-1982: En Barakaldo, un jefe de la Policía Municipal mata al militante de ETA Xabier Zabaleta Urretabizkaia “Jatorra”, de 22 años de edad. Era vecino de Donostia.

-1990: Pilar Arsuaga y Alfontso Isasi, vecinos de Laudio (Araba) y familiares de un preso político vasco, mueren en accidente de tráfico debido a la dispersión penitenciaria en Pola de Sanabria (Zamora).


Noticias sobre los presos políticos comunistas y antifascistas:

PACO CELA SEOANE:
25 años preso
Enfermo grave
Tras su incomunicación total desde el 18 de junio, también de teléfono y visitas por recitar un poema-homenaje a los caídos en la lucha, por fin pudo llamar a casa A Coruña por teléfono el lunes 27 junio, tras solicitar esa y las próximas llamadas que pueda realizar de manera individual en cada ocasión. Se encuentra un poco bajo de energía, pues en aislamiento el tratamiento contra la diabetes grave que sufre, supone su familia, que será difícil de llevar a cabo. Le han anulado todas las visitas.

 
MARI JOSÉ BAÑOS ANDUJAR

17 años presa

Gravemente enferma
Está en espera de un baipás coronario, para evitar un ataque al corazón. Tras la negativa al chantaje del Subdirector de Seguridad de Castellón I para que firmase un papel de arrepentimiento, fue kundada en mayo 2011 a la cárcel de Picassent, en Valencia. El 29 de junio fue visitada por el subinspector médico, que llamó inmediatamente al jefe de seguridad y le ha confirmado que le van a sacar prontamente a los médicos especialistas.


Este mes Mari Jose se ha quedado sin peculio, o sea sin un céntimo, con la excusa de seguridad penitenciaria de que, “quien le ha metido el ingreso de 100 € tiene denegadas las visitas con la interna”. O sea que, el ingreso en un banco de dinero de una persona sin ningún tipo de antecedentes penales y para más inri, exsuegra suya, para una presa política está DENEGADO porque la dirección de la cárcel no lo cree oportuno. ¿Le pagarán ellos la leche extra este mes, o un simple sobre y sello para poder escribir?


En otra represión absurda, no le permiten ni una simple aguja de coser. Baja a “control” los calcetines, camisetas, etc. para ser cosidos; en una bolsa, delante de los carceleros, y le obligan a bajar las prendas “en la mano”, sin bolsa alguna.


En lo muy positivo, decir que tras 5 años sin vis a vis familiar, por fin ha podido conocer en personita a su nieto, y que con la relativa cercanía entre Picassent y Murcia, ha podido tener visitas familias.


 
XURXO GARCÍA VIDAL:

4 años preso

El próximo martes 5 de julio de 2011 Xurxo García Vidal tiene juicio
en Madrid en los juzgados de la c/Julián Camarillo, por un sumario
que le abrieron por “injurias” al fiscal Miguel Ángel Carbalí de un
juicio en 2009.




Amnistía Internacional constata la continuación de las torturas
Europa Press, Madrid, 26 de junio de 2011




Amnistía Internacional reconoce que tiene constancia en España de prácticas "generalizadas" de tortura de Estado "a manos de la Policía y otros agentes" que son justificadas por el gobierno como una forma de actuación frente a "amenazas terroristas" o como táctica de represión contra disidentes, según un informe publicado el domingo 26 de junio que señala a España como el país con el régimen de detención "más severo de la Unión Europea" y donde la falta de medidas para tratar el problema de la tortura ha generado "un clima de impunidad". Amnistía Internacional entiende que, en la década que abarca los atentados del 11-S hasta las revoluciones árabes de 2011, numerosos países han justificado el uso de la tortura a través de la aprobación de legislaciones que contradicen el derecho internacional -caso de EEUU-, eximen a las autoridades cuando atacan la libertad de expresión o conciencia a través de la declaración de estados de excepción permanentes -Egipto o Bahréin-, o fuerzan a terceros gobiernos como el español a operar bajo una serie de débiles "garantías diplomáticas" sin validez alguna en casos como el traslado a sospechosos "terroristas" a países donde se recurre a la tortura de forma "sistemática y generalizada".

Por todo ello y con motivo de la celebración este domingo del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura, Amnistía Internacional denuncia estos comportamientos que violan "importantes sistemas de protección" como la Convención contra la Tortura, adoptada en 1984 y firmada por 147 estados, y exige a los Gobiernos el cumplimiento de la misma, la puesta en marcha de investigaciones independientes sobre las denuncias relativas a estas violaciones de los Derechos Humanos y que garanticen una reparación plena a las personas que hayan resultado perjudicadas por ellas. Parte del análisis de Amnistía sobre el caso español se inserta en el marco de la lucha contra el terrorismo. En este sentido, Amnistía Internacional manifiesta que "el gobierno español continúa extraditando personas a países donde pueden correr peligro de tortura" y cita específicamente el traslado a Marruecos en diciembre de 2010 del ciudadano belga-marroquí Alí Arraas, acusado de delitos relacionados con el terrorismo, "donde corre el peligro de ser sometido a tortura, detención en régimen de incomunicación y juicio injusto".
Amnistía Internacional lamenta "la falta de medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos españoles para tratar las denuncias de tortura" derivadas del particularmente severo régimen de detención en España, "el único país de la Unión Europea donde las personas detenidas pueden verse privadas de acceso efectivo a un abogado o médico de su elección, y no tienen la posibilidad de informar de su detención a su familia ni a sus amistades".
El informe hace especial hincapié en la detención en régimen de incomunicación, "que puede alargarse hasta trece días sin que la persona comparezca ante una autoridad judicial" en el caso de sospechosos de actividades "terroristas". En este sentido, crítica el rechazo del Gobierno español a las recomendación formuladas por Naciones Unidas en mayo de 2010 para abolir este régimen de detención especial, que se suma a las "varias condenas" emitidas por el Tribunal de Derechos Humanos por no investigar adecuadamente las denuncias de tortura, que generan un "clima de impunidad", el cual a su vez "fomenta la aparición de casos de maltrato año tras año".
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ha abanderado una política de impunidad en los delitos de derecho internacional cometidos en nombre de la lucha contra lque ellos califican como "terrorismo" y que no ha variado significativamente desde la llegada a la Casa Blanca de Barack Obama. Los responsables de torturas durante la época de su predecesor, George W. Bush, "siguen sin rendir cuentas", la reparación por violaciones de derechos humanos cometidas en el marco del programa de detenciones secretas de la CIA "es inexistente" y el centro de detención de Guantánamo, a pesar de las promesas de Obama, continúa abierto. Allí aún permanecen encerrados 170 presos que se exponen a ser juzgados en desventaja por los tribunales militares que se han restaurado recientemente. Otros países implicados en la "guerra contra el terror" no están exentos de críticas: en Irak, las fuerzas de seguridad "cuentan con un historial inequívoco de tortura", con 574 denuncias presentadas contra las autoridades en 2009; en Afganistán, los servicios de información, "continúan perpetrando impunemente tortura y detención arbitraria"; en Turquía se tiene constancia de que "miles de menores han sido enjuiciados en virtud de una legislación antiterrorista enmendada en julio de 2010, y existen datos "fidedignos" de que funcionarios británicos colaboraron en la detención de personas expuestas a sufrir torturas en otros países.
Amnistía Internacional concluye su informe exhortando a los estados para que "dejen de socavar la prohibición absoluta de la tortura" y se abstengan con efecto inmediato de recurrir a detenciones ilegítimas, tribunales especiales o militares, realizar traslados extrajudiciales de detenidos o ampararse en legislaciones antiterroristas para justificar abusos contra los disidentes. Exige igualmente la puesta en marcha de investigaciones "independientes, complejas, exhaustivas y transparentes" ante cualquier denuncia de violación de los Derechos Humanos, bajo las garantías de que los servicios de Inteligencia quedarán sujetos a la vigilancia de una autoridad civil, y que el secreto de Estado jamás protegerá a los Gobierno del escrutinio público ante presuntas violaciones de los derechos de las personas.


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