jueves, 17 de noviembre de 2011

30 años de un crimen masivo en España

 
Memoria Histórica del día:


-1912: Numerosas manifestaciones en muchos países europeos contra la guerra imperialista.

-1915: Uruguay aprueba la jornada laboral de 8 horas.

-1976: En España, a menos de un año de la muerte del genocida Franco, sus Cortes fascistas aprueban la ley de Reforma Política del régimen.

-1978: Detenidos y torturados 4 militantes de los GRAPO en Madrid.

 
30 años de un crimen masivo ¿y de sus responsables?

Guillermo Caba Serra
«The Ecologist», edición en castellano, octubre de 2000


http://free-news.org/gcaba01.htm
[En 1981 se produjo en España el asesinato en masa más importante de la época reciente: una intoxicación masiva de los sectores más oprimidos de la población que oficialmente se encubrió como un envenenamiento por consumo de aceite de colza. Aquel año se produjo el intento de golpe de Estado y se reorganizaron los servicios secretos para preparar la llegada del PSOE al gobierno al año siguiente, y entrar en la OTAN y la Unión Europea. La Audiencia Nacional que investigó el asunto echó tierra encima para taparlo definitivamente.]

 
La intoxicación del Síndrome Tóxico no fue causada por el aceite de colza. Esto es lo que sostienen desde hace años un grupo de médicos, periodistas y abogados, que han investigado este drama que, hace 19 años [1981], afectó, según la Administración, alrededor de 30.000 personas, de las cuales murieron más de 1.000. De acuerdo con estos investigadores independientes, no hay ningún tipo de dato, ni epidemiológico ni toxicológico, que demuestre que fue el aceite. Por contra, este reducido grupo de disidentes apunta que la causa de la intoxicación fue debida a la mala utilización de productos organofosforados, que se utilizaron en una plantación de tomates en Almería. La mayoría de estos disidentes sospechan que no sólo habría habido una negligencia en el uso de pesticidas por parte de un agricultor, sino que la intoxicación podría haber sido el resultado de un experimento militar dirigido. Sea como sea, lo que sí acuerdan estos investigadores es que las Administraciones e instituciones nacionales e internacionales que han participado en los diferentes estudios que habían de aclarar la causa de la intoxicación han mostrado un gran interés en que no se sepa la verdad.

El Dr. Luís Frontela Carreras, [médico] forense, que es uno de los principales críticos de la hipótesis oficial, ha asegurado a «The Ecologist» que «la intoxicación no fue causada por el aceite de colza y esto lo sostengo ante quien haga falta», y añade que la causa tiene que ver con compuestos organofosforados. Otro de los discrepantes que ha investigado las causas de la intoxicación es la periodista de Reuters, Spiegel y Stern, Gudrun Greunke. Para esta periodista, que es coautora junto con Jörg Heimbrecht del libro «El montaje del Síndrome Tóxico», «no hay ningún grupo de investigación que administrando el aceite de colza a los animales de laboratorio haya reproducido la enfermedad. Es más», añade Greunke, «tampoco hay ningún grupo de investigación que haya encontrado en el aceite ningún tóxico que explique los síntomas que tenían y tienen los enfermos».

La investigación desarrollada por algunos médicos puso en evidencia que los síntomas que sufrían los afectados se podían atribuir a una intoxicación por organofosforados. Entre estos investigadores destaca el Dr. Muro, quien era director del Hospital del Rey de Madrid cuando empezó la epidemia, oficialmente el 1 de mayo de 1981. Muro fue el primero en señalar la pista de los organofosforados y el primero en atender casos atribuidos al aceite de colza. En esta primera quincena de mayo, Muro descartó que se tratase de una legionela o bien una neumonía causada por bacterias o algún virus, como en un primer momento defendió la Administración. El Dr. Muro llegó rápidamente a la conclusión que todos los afectados habían comprado, mayoritariamente, en mercados ambulantes. Es más, se dio cuenta que los afectados tenían preferencia por las ensaladas, y comenzó a buscar entre los ingredientes de este plato el agente causante de la epidemia. Los trabajos de su grupo de investigación le llevaron a descartar la hipótesis del aceite, antes de que fuera anunciada por la Administración, el 10 de junio, como causante de la intoxicación. Después vendría su denuncia que desde la Administración se dijera a los afectados que no cobrarían las indemnizaciones si no reconocían haber consumido el aceite.

En un informe realizado el mes de julio de 1981, el Dr. Muro expuso, entre otras, las siguientes contradicciones de la hipótesis del aceite de colza: ¿si es consumido por todos los miembros de una familia, por qué unos enferman y otros no?; ¿si las garrafas de aceite se han llenado el mismo día del mismo tanque, por qué unos se intoxican y otros no?; ¿cómo es posible que haya familias con afectados que no han consumido nunca estos aceites?; ¿cómo puede ser que se intoxiquen unos miembros de una familia, mientras que los demás miembros continúan tomando el aceite y no sufran ninguna intoxicación?...

Este médico hizo toda su investigación sin ningún tipo de ayuda por parte de la Administración, la cual le notificó su cese como director del Hospital del Rey el 15 de mayo de 1981. Hasta el momento de su muerte, en la primavera de 1985, Muro no dejó de repetir que el alimento que causó la intoxicación estaba contaminado por una mezcla de pesticidas, entre los cuales había muy probablemente el Nemacur y el Oftanol, productos de la casa Bayer. Esta idea fue apuntada en el reportaje de portada de la revista Cambio 16, que era dirigida por José Oneto, el 17 de diciembre de 1984. Para coordinar las investigaciones sobre la intoxicación, el Gobierno español creó el Plan Nacional del Síndrome Tóxico (PNST), que pasó a dirigir Carmen Salanueva. Una de las primeras funciones de este organismo fue reunir epidemiólogos para conseguir datos que diesen carta de presentación científica a la teoría del aceite. Entre estos había el matrimonio de médicos María Jesús Clavera y Javier Martínez, quienes lejos de encontrar argumentos a favor del aceite, descubrieron contradicciones en los datos que hasta ese momento utilizaba la Administración para argumentar que la causa de la intoxicación era el aceite.

La primera evidencia que mantenía la Administración para defender la hipótesis del aceite era que el número de intoxicados comenzó a disminuir después que se anunciase por televisión, el 10 de junio, que la causa podría ser un aceite de colza. «Lo primero que descubrimos era que la epidemia había comenzado a disminuir de forma espontánea unas dos semanas antes de este anuncio», asegura María Jesús Clavera. Si a esto se añade que la Administración sostenía que el periodo de latencia desde que se consumía el aceite hasta que se desarrollaba la enfermedad era de una semana, esto implicaba que el descenso habría de haber comenzado no el 10 de junio sino una semana después debido a que la gente habría estado consumiendo el aceite hasta el día del anuncio de que la causa podría ser esta. «Esto todavía hacía más contradictorio el argumento de que era el aceite», reconoce la Dra. Clavera, y recuerda que la exposición de los datos descubiertos a Carmen Salanueva la horrorizaron. «Nos dijo, 'qué me decís, esto es terrible..., pero ¿estáis seguros?'. Todo su parlamento nos parecía sincero, pero pocos días después Salanueva salió en rueda de prensa y volvió a repetir que había sido el aceite».

El segundo aspecto que el matrimonio Martínez-Clavera investigó fue el circuito de comercialización del aceite. «Si una epidemia es única, si hay un síndrome que aparece de golpe en el cual todos tienen más o menos los mismos síntomas, es que se habían de haber intoxicado con un producto común», explica Clavera. Estos epidemiólogos comenzaron su investigación buscando algún punto en común en los circuitos de comercialización del aceite. «Una vez completamos el plano, con los circuitos, la identificación de las empresas implicadas, vimos que no sólo no había ninguna procedencia en común sino que el origen era muy disperso», y añade que «no había ningún tipo de coherencia ni territorial ni espacial». El dato más flagrante que el matrimonio Martínez-Clavera puso sobre la mesa era que sólo un 3 por 1.000 de los consumidores del aceite sospechoso estaba afectado, y que había víctimas que no habían consumido el aceite sospechoso.

En junio de 1984 expusieron sus discrepancias respecto a la teoría del aceite de colza en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que Clavera recuerda muy tensa. «Después de la exposición, el presidente no sabía qué decir y optó por interrumpir la reunión. Los jefes se retiraron a un despacho a deliberar, y cuando salieron informaron que la investigación no se podía rehacer si el Gobierno español no daba su visto bueno. Después de decirnos que presentásemos investigaciones más detalladas al cabo de seis meses, continuaron hablando del aceite como si nada hubiera pasado».


Después de este tenso encuentro, en septiembre de 1984, el PNST y el Center for Disease Control (CDC) de los Estados Unidos firmaron un contrato para prestar un epidemiólogo al Estado español. Fue seleccionado el Dr. Edwin M. Kilbourne, quien cuando se produjo la intoxicación estaba vinculado al Epidemic Intelligence Service (EIS) del CDC. Kilbourne ya había sido enviado por el CDC para integrarse a un equipo de investigadores que habían de elaborar seis estudios en la población de Navas del Marqués para averiguar el origen de la intoxicación. La principal conclusión de los estudios era que los enfermos habían comido lo mismo que los sanos. Los científicos pretendían explicar este dato a partir de diferencias genéticas o del sistema inmunitario entre intoxicados y no intoxicados. Con este argumento se habría podido explicar, por ejemplo, por qué en Cataluña, en donde también se distribuía el aceite de colza, no hubo ningún afectado.

Según el documento firmado entre el PNST y el CDC, la actividad principal de Kilbourne era la de «colaborar en un estudio epidemiológico-toxicológico con el fin de encontrar en el aceite la sustancia química o las substancias más estrechamente asociadas con la enfermedad». Es decir: el Dr. Kilbourne no tenía que investigar ningún alimento que no fuera el aceite de colza. El mismo documento especifica más adelante que «todos los datos que serán transmitidos al CDC con base a este contrato pertenecen al gobierno español y tienen carácter confidencial», y añade que «no pueden ser usados para fines científicos u otros que no se mencionen en este contrato, si el PNST no da antes su consentimiento».

A nivel judicial, el caso del Síndrome Tóxico también generó acontecimientos más propios de una película de espionaje que de un estricto problema de salud pública. El letrado Juan Francisco Franco entró en este espinoso asunto como abogado de los importadores de aceite. «Poco después recibí una información que me decía que investigase el tema por que el aceite no tenía nada que ver, que esta hipótesis no encajaba en absoluto, y al cabo de un tiempo conocí los trabajos del Dr. Muro». Su participación en el caso le llevó el 27 de octubre de 1986 a hacer una intervención ante el Parlamento Europeo. «En esta época yo estaba recibiendo llamadas amenazadoras contra mi familia a las tres de la mañana. Se lo comenté al entonces eurodiputado Juan María Bandrés y me dijo que había que hacer público lo que sabía y que habíamos de intentar que yo hablase en el Parlamento Europeo». En su intervención, Franco expuso las contradicciones existentes en la hipótesis del aceite: «Mi propósito es dejar constancia de unos hechos, que por sí mismos, pondrán en evidencia, las manipulaciones y falsedades de que fue objeto la investigación científica, esencialmente epidemiológica, para dar apoyo a la hipótesis oficial e impedir la apertura de líneas alternativas», y añadió que «pretendo por tanto, denunciar públicamente estos hechos que han permitido ocultar la verdadera causa de la intoxicación y perpetuar la caótica situación existente a España en relación con la prevención sanitaria y el medio ambiente». En su discurso ante el Parlamento Europeo este letrado también sostuvo que «la Administración impidió el desarrollo de hipótesis alternativas valiéndose de todo tipo de medios, incluidos la ocultación y la falsificación de todos aquellos datos que exigían la apertura de nuevas líneas de investigación».

¿Por qué toda esta confabulación para enterrar el caso del Síndrome Tóxico?. Greunke sospecha que detrás de la intoxicación alimentaria hay algo más que un fraude alimentario. «Se ha argumentado que se tapó porque en ese momento España negociaba la entrada en la Comunidad Económica Europea y estas informaciones podrían tener graves repercusiones sobre el sector hortofrutícola del país». Greunke añade que «hacer un montaje de este tipo, en el que se falsificaron datos, en el que se metieron diversos gobiernos para taparlo... Cuesta un poco de creer que fuera una simple intoxicación alimentaria. Allá detrás debía de haber intereses más poderosos que los estrictamente económicos». Inexplicablemente, su libro «El montaje del Síndrome Tóxico» fue retirado de las librerías una semana después de publicarse; los doctores María Jesús Clavera y Javier Martínez fueron despedidos de forma fulminante de la Comisión Epidemiológica del Síndrome Tóxico poco después de presentar sus datos a la reunión de la OMS y nunca más han podido trabajar como epidemiólogos; Juan Francisco Franco dejó de recibir llamadas amenazadoras después de su discurso ante el Parlamento Europeo; el Dr. Muro murió en 1985 víctima de un cáncer que muchos sospechan que fue inducido; pocas semanas después de la publicación en Cambio 16 del reportaje «Un producto Bayer envenenó España», José Oneto hubo de dejar la dirección de la revista; por su lado, Carmen Salanueva, después de ser la directora del Plan Nacional del Síndrome Tóxico fue nombrada Directora del Boletín Oficial del Estado y fue acusada y condenada por haber comprado cuadros a una galería de arte en nombre de la Reina y Carmen Romero, esposa del entonces presidente del Gobierno [Felipe González]. Además fue acusada de fraude que la Intervención General del Estado cifró en más de mil millones de pesetas. Murió en el mes de enero de 2000. El Dr. Edwin M. Kilbourne es quien ha salido mejor, hasta ahora de este asunto: hoy en día es el director de la Oficina de Gestión de Datos del Center for Disease Control de los Estados Unidos.

«Es un bichito tan pequeño que si se cae se mata». Esta frase del entonces ministro de Sanidad, Jesús Sancho Rof, atribuyendo en un primer momento la causa de la intoxicación a un microorganismo, es para algunos un pequeño botón de muestra de lo que ha sido, y es, la historia del Síndrome Tóxico. El inicio oficial de la intoxicación es el 1 de mayo de 1981, cuando falleció el niño Jaime Vaquero, de 8 años, en una ambulancia que tenía que llevarle a un hospital.

A partir de este momento los ingresos se fueron multiplicando, así como también los disparates que se fueron divulgando desde el Gobierno. El mismo ministro Sancho Rof llegó a decir en rueda de prensa el 22 de mayo de 1981 que «en todas las autopsias realizadas se detecta el mycoplasma [un tipo de hongo] y ningún otro agente. En los cultivos, el germen crece como un mycoplasma. Se conoce su nombre y su primer apellido, pero falta su segundo apellido. Se extiende sin ningún agente físico particular que lo propague».

El 10 de junio, TVE difunde la noticia que podría ser un aceite adulterado vendido de forma ambulante, sin etiqueta y, por lo tanto, sin control sanitario. Una semana más tarde, Sancho Rof anuncia que es el aceite. De esta forma se ponía punto final a la teoría llamada hasta ese momento como «neumonía atípica».

Para los disidentes, la única cosa que se descubrió en el aceite era un fraude alimentario al que, en ningún caso, se le podía atribuir el origen de la intoxicación y que, de hecho, se estaba practicando desde hacia años.

El aceite de colza se importaba desde Francia, con licencia para su uso industrial, por lo que era mucho más barato que el aceite de oliva para el consumo humano. Este aceite de colza tenía que venir desnaturalizado, lo que implica que se debería de haber teñido con un 2% de anilinas para que su aspecto no invitase a su ingestión. En algunos casos, este proceso se llevaba a cabo y en otros no. A los industriales que se sentaban en el banquillo de los acusados de la Casa de Campo se los acusaba de estar involucrados en un negocio que se dedicaba a renaturalizar este aceite de colza: le sacaban el tinte -es decir, las anilinas-, para desviarlo hacia el consumo humano. En este proceso de renaturalización se generaban anilidas. Según el Gobierno, las anilinas y anilidas que contenía el aceite serían las substancias tóxicas a las que cabría atribuir el envenenamiento masivo. Esta definición volvió a cambiar más tarde, y se optó por la sibilina expresión «que el aceite de colza era el vehículo del agente tóxico desconocido».

El fraude del aceite tiene una larga tradición en España. En los años ochenta, la producción anual de aceite de oliva se situaba en aproximadamente 450.000 toneladas. De éstas, se exportaban 100.000. Si se tiene en cuenta que, según reconocía el Ministerio de Agricultura, en todo el Estado se consumían unas 800.000 toneladas de aceite de oliva, se puede suponer que una gran cantidad de este aceite no provenía, precisamente, de aceitunas.

Los investigadores independientes sospechan que alrededor de la intoxicación podría haber un caso de ensayo con armas químicas. En el prólogo del libro «El montaje del Síndrome Tóxico», el periodista Rafael Cid reconoce que el mismo CESID investigó directamente el caso. El trabajo de dos oficiales de este centro concluía que la tesis del aceite no se sostenía. El informe, elevado al entonces director del CESID, Emilio Alonso Manglano, apuntaba hacia un ensayo de guerra química como detonante de la epidemia.

Los productos de la familia de los pesticidas tuvieron su origen en las armas químicas. En su uso militar, agrario o doméstico, pertenecen al grupo de los compuestos organofosforados, con una composición química muy similar. Son productos neurotóxicos porque bloquean la acción de la colinesterasa, una enzima sin la que se forman cantidades tóxicas de acetilcolina, una substancia que destruye el funcionamiento del sistema nervioso. De ahí que estos productos, con unas pequeñas modificaciones, se puedan usar para finalidades civiles o militares. De hecho, los primeros compuestos organofosforados, como el Tabún, el Sarín y el Somán, fueron desarrollados por el Dr. Gerhard Schrader y su equipo, que trabajaban como químicos en la Compañía Bayer.

Este estrecho parentesco ha comportado que en algunos casos haya concordancias entre la fórmula de una patente para uso civil y para uso militar de un mismo producto. Es el caso de la arma binaria VX norteamericana. En un documento del gobierno de este país para la Conferencia Permanente de Desarme de Ginebra, se publicó en 1972 por primera vez la fórmula de la estructura de esta VX, que concuerda con la fórmula de la patente de Bayer número 3014943.

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