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Convocatoria:
GUERRA SUCIA de los aparatos del Estado
Y de esto ¡qué dicen los demócratas y su sesgada memoria histórica!...
El caso está archivado.
En enero de 1988, nuevo envío doble, desde Bilbao, dos paquetes bomba a otros dos industriales del ordeño.
El 8 de enero recibió el envío Jesús Delgado Sánchez, de Socuéllamos (Ciudad Real), que en esos días cerraba la compra de la firma de Biurrun. La Guardia Civil provocó la explosión del artefacto, montado por manos militares de expertos.
El caso se halla archivado.
El 14 de enero le llegó el paquete bomba al tercer industrial del ordeño. Era Antonio Díaz Regañón, residente en Palencia. La policía lo desactivó y logró así la mejor pista para la investigación.
El informe de los artificieros fue determinante: "La disposición de los distintos elementos integrantes del artefacto, así como la procedencia de los mismos responde a la peculiar forma de instrucción que reciben los soldados de reemplazo durante su estancia en unidades especiales (COES, paracaidistas, etcétera) de las Fuerzas Armadas)".
Otro informe recoge que "la masa explosiva estaba compuesta por trilita, sustancia usada en España para usos estrictamente militares, siendo su único depositario legal el Ministerio de Defensa. En cuanto al fulminante eléctrico utilizado en dicha bomba es igualmente de origen militar, no siendo posible adquirirlo por personal civil".
El caso está archivado.
Una intervención telefónica de la policía sobre Cerezo, reveló su estrecha relación con la Guardia Civil: desde Colombia, donde también tenía negocios, habló con su hermano, residente en Bilbao, quien le informó que un capitán de la Guardia Civil encargado de investigar la serie de bombas le había dicho: "Ellos [mandos de la Guardia Civil] no quieren pruebas; lo que quieren es información, [y me han pedido] que no hagamos ningún tipo de gestión porque a lo mejor se vuelve contra nosotros".
Es más, el hermano de Cerezo advierte a éste de que están pinchándoles los teléfonos, y le reitera el mensaje: "Las cosas van bien y lo que quieren es que no te metas tú en jaleos, que simplemente les des información y que no te metas en nada más".
A partir de este tipo de descubrimientos, los investigadores de la policía se sintieron torpedeados por la Guardia Civil. Así, la Guardia Civil solicitó pinchar teléfonos que ya tenía intervenidos la policía, cuyos informes indican que, a partir de ese momento, los sospechosos no volvieron a tener ninguna conversación de interés. La Guardia Civil, además, desatendió una petición de la policía para que les enviaran las etiquetas y el envoltorio del paquete bomba de Ciudad Real.
Pero no sólo existía este frente de obstrucción. Como prueba, este dato apuntado en 1988 por la Policía Judicial: "Se han iniciado contactos para conocer la identidad de las personas que pudieran tener estos conocimientos [de explosivos] concretos". Es decir, la policía había pedido a Defensa el listado de las personas formadas en los ejércitos en el manejo de explosivo. A través del Cesid, esté organismo facilitó un listado, solo de soldados rasos.
La policía respondió al Cesid que tal relación no incluía ningún militar con graduación. La respuesta del Cesid fue tajante: "De cabo incluido para arriba no se facilitará ningún nombre ni aunque lo reclaméis a través del juzgado".
El reto ha tenido éxito. Ningún juez lo ha reclamado.
El sospechoso inicial, Cerezo, fue detenido el 14 de marzo de 1991 tras encontrarse 160 kilos de cocaína dentro de varias ordeñadoras que almacenaba en Bilbao. Guardia Civil y policía, según sus respectivos informes, descartaron su implicación en los envíos de las bombas, así como la hipótesis de la guerra comercial.
En mayo de 1990 se produjo una nueva remesa postal asesina. A través de la agencia Seur en Alicante se facturaron, en días distintos, dos paquetes bomba. El 15 de mayo, Luis Armero Garcerán, dueño de un taller de cerrajería en Torrepacheco (Murcia), y su compañera, Carmen Puertas Maldonado, murieron a abrir el paquete. La policía dijo que podía tratarse de un problema de celos y llegó a interrogar al ex marido de la fallecida. Pero personas muy próximas a Armero sospechan que el fallecido había descubierto un negocio de tráfico de drogas con implicación de miembros de las Fuerzas de Seguridad. El caso fue archivado.
El 18 de mayo de 1990, Juan Antonio Pérez Herrero, directivo de una empresa de inversiones, murió en Valencia al abrir otro paquete bomba. Los artificieros apuntaron nuevamente la pista militar. "Los tipos de explosivos corresponden a TNT, que es de utilización militar casi exclusiva".
La propia familia de la víctima obtuvo de la Audiencia Nacional el sobreseimiento provisional de la causa para poder percibir una indemnización del Ministerio del Interior. Pérez Herrero, sobrino del ministro franquista, Luis Herrero Tejedor, había trabajado en Hispania de Inversiones y, poco antes de morir, se había incorporado a la firma Intermediarios Financieros.
El 16 de noviembre de 1992, reaparecieron los macabros envíos. Juan Goyeneche Moreno, conde de Ruiz Castilla -única víctima o familiar que ha rechazado hablar con este periódico-, resultó gravemente herido al abrir en su casa de Madrid un paquete bomba remitido desde Barcelona. La policía encontró "puntos coincidentes con otros cometidos mediante el mismo procedimiento".
La esposa del conde, Cristina Ordovás, es hija del general Manuel Ordovas. Noticias difundidas en aquellos días señalaron fuertes tensiones familiares por problemas de una herencia valorada en 10.000 millones. El caso está archivado.
El 13 de septiembre de 1993, estalló en Barcelona un paquete bomba dentro de una saca de correos situada en la cubeta de reparto aéreo. Resultaron heridos dos funcionarios. Se especuló con un acto terrorista, pero la policía ocultó el siguiente informe: "Tal paquete bomba tiene similitudes con todos los registrados desde 1987 y, en especial, con el remitido a Juan Goyeneche".
Ningún detenido, ningún caso resuelto.
Existe un carta, fechada el 18 de diciembre de 1992, que revela el desinterés del exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán, desde que se concluyó que no existía ningún nexo de estos asesinatos con organizaciones terroristas.
El teniente de la Guardia Civil designado para enviar el resultado de las gestiones a la jefatura del servicio de Policía Judicial, y que durante dos años no había practicado indagación alguna, procedía del CESID.
Del diario El País
Les da igual. El señor Biurrun Monreal es contabilizado como víctima de ETA por la derecha navarra. Tal cual.
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