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| Foto Gómez Bermúdez. |
¿Se
nos olvidan las noticias?
Bermúdez:
otro topo de la CIA en la Audiencia Nacional
Europa
Press, 2 de diciembre de 2010
En diciembre de 2010 la asociación de abogados Preeminencia del Derecho presentó una denuncia ante la Inspección del Consejo General del Poder Judicial contra el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, a quien acusó de informar y asesorar ilegalmente a la embajada de Estados Unidos en el "caso Couso", según revelaron los cables telegráficos de Wikileaks.
Según el texto de la denuncia presentada, que incluía los cables junto a su traducción, Gómez Bermúdez habría actuado como "topo" de la embajada norteamericana en la Audiencia Nacional respecto del caso abierto por la muerte del cámara español José Couso, fallecido en Bagdad el 8 de abril de 2003 por los disparos de un tanque estadounidense durante la Guerra de Irak.
La actuación de Gómez Bermúdez en este asunto, según los denunciantes, pone en tela de juicio su independencia como presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por lo que pidieron al órgano de gobierno de los jueces que estudiara si de ella podría derivarse alguna responsabilidad.
La asociación denunciante, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, cree incluso que habría indicios para entablar una acción penal contra Gómez Bermúdez ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque esperaba que fuera la familia de Couso quien presentase la querella.
Según la información revelada por Wikileaks, el 13 de mayo de 2007, el mismo día que la Sala de lo Penal archivó el procedimiento que había abierto el juez Santiago Pedraz por el asesinato de Couso, Gómez Bermúdez llamó por teléfono a un contacto de la embajada de Estados Unidos en Madrid y le informó de la resolución favorable a los intereses del imperialismo.
Esta decisión, según señala la denuncia, fue adoptada con el voto particular discrepante de uno de los magistrados de la Sala. Posteriormente, el Tribunal Supremo ordenó reabrir el caso, dato que también es revelado en los cables de la embajada, que ponen de manifiesto la decepción que esta decisión del alto tribunal causó en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
En diciembre de 2010 la asociación de abogados Preeminencia del Derecho presentó una denuncia ante la Inspección del Consejo General del Poder Judicial contra el entonces presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, a quien acusó de informar y asesorar ilegalmente a la embajada de Estados Unidos en el "caso Couso", según revelaron los cables telegráficos de Wikileaks.
Según el texto de la denuncia presentada, que incluía los cables junto a su traducción, Gómez Bermúdez habría actuado como "topo" de la embajada norteamericana en la Audiencia Nacional respecto del caso abierto por la muerte del cámara español José Couso, fallecido en Bagdad el 8 de abril de 2003 por los disparos de un tanque estadounidense durante la Guerra de Irak.
La actuación de Gómez Bermúdez en este asunto, según los denunciantes, pone en tela de juicio su independencia como presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por lo que pidieron al órgano de gobierno de los jueces que estudiara si de ella podría derivarse alguna responsabilidad.
La asociación denunciante, presidida por el abogado murciano José Luis Mazón, cree incluso que habría indicios para entablar una acción penal contra Gómez Bermúdez ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, aunque esperaba que fuera la familia de Couso quien presentase la querella.
Según la información revelada por Wikileaks, el 13 de mayo de 2007, el mismo día que la Sala de lo Penal archivó el procedimiento que había abierto el juez Santiago Pedraz por el asesinato de Couso, Gómez Bermúdez llamó por teléfono a un contacto de la embajada de Estados Unidos en Madrid y le informó de la resolución favorable a los intereses del imperialismo.
Esta decisión, según señala la denuncia, fue adoptada con el voto particular discrepante de uno de los magistrados de la Sala. Posteriormente, el Tribunal Supremo ordenó reabrir el caso, dato que también es revelado en los cables de la embajada, que ponen de manifiesto la decepción que esta decisión del alto tribunal causó en el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza.
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| Dibujo. (Trajeado en sombras, con gorro tipo gangster) |
Añade
la denuncia que un día después de esta llamada, el 14 de mayo, se
produjo una nueva conversación entre Gómez Bermúdez y su contacto
en la embajada de Estados Unidos, en el transcurso de la cual el
magistrado español informó de que las órdenes internacionales de
busca contra los tres militares norteamericanos presuntamente
implicados en la muerte de Couso habían sido anuladas.
En esta ocasión, el presidente de lo Penal de la Audiencia Nacional le dijo a su interlocutor que se había decretado el archivo por sobreseimiento provisional en vez de hacerlo por sobreseimiento libre en beneficio del imperialismo, para impedir que se pudiera recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, según puede leerse en los cables.
Por esta razón, los denunciantes piden al CGPJ que abra una investigación y se interrogue a los componentes de la Sección Segunda de la Sala Penal, que fueron los que dictaron el auto de archivo, "a fin de que declaren si hubo o no intromisiones o recomendaciones del denunciado para que se produjera un fallo favorable a los intereses de EE.UU., por si de los hechos hubiere también materia penal susceptible de control por la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
Para la Asociación Preeminencia del Derecho, la conducta de Gómez Bermúdez en este asunto "supone la infracción de los deberes básicos del oficio de magistrado", así como un claro quebrantamiento de sus obligaciones deontológicas, según establece el Código de Ética Judicial Iberoamericano, aplicable en España y suscrito por el propio CGPJ.
Según este Código, el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado. El artículo 15 de este texto dice que el juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados que las contrapartes puedan razonablemente considerar injustificadas.
En esta ocasión, el presidente de lo Penal de la Audiencia Nacional le dijo a su interlocutor que se había decretado el archivo por sobreseimiento provisional en vez de hacerlo por sobreseimiento libre en beneficio del imperialismo, para impedir que se pudiera recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, según puede leerse en los cables.
Por esta razón, los denunciantes piden al CGPJ que abra una investigación y se interrogue a los componentes de la Sección Segunda de la Sala Penal, que fueron los que dictaron el auto de archivo, "a fin de que declaren si hubo o no intromisiones o recomendaciones del denunciado para que se produjera un fallo favorable a los intereses de EE.UU., por si de los hechos hubiere también materia penal susceptible de control por la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
Para la Asociación Preeminencia del Derecho, la conducta de Gómez Bermúdez en este asunto "supone la infracción de los deberes básicos del oficio de magistrado", así como un claro quebrantamiento de sus obligaciones deontológicas, según establece el Código de Ética Judicial Iberoamericano, aplicable en España y suscrito por el propio CGPJ.
Según este Código, el juez, con sus actitudes y comportamientos, debe poner de manifiesto que no recibe influencias -directas o indirectas- de ningún otro poder público o privado. El artículo 15 de este texto dice que el juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus abogados que las contrapartes puedan razonablemente considerar injustificadas.
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