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| Dibujo. (un preso agarrando barrotes que son el símbolo del dolar) |
La
privatización de las cárceles conduce al trabajo forzoso
En Londres el gobierno del conservador David Cameron acaba de poner en marcha un plan carcelario de trabajos forzados para los presos al servicio de empresas privadas con la excusa de su "rehabilitación" social.
La nueva normativa afecta a los prisioneros que hayan cumplido sentencias de menos de un año de prisión y permite que las empresas privadas penitenciarias sean remuneradas en función de los resultados, ganando más si el antiguo prisidiario no reincide en el delito.
La privatización de los servicios públicos en Gran Bretaña, que comenzó con el gobierno de Margaret Thatcher en los años ochenta, cobra así un nuevo impulso.
Es un plan polémico que ha generado mucha oposición. El gobierno británico quiere mantener un sistema de control sobre los presos aún después de que hayan cumplido su condena. La excusa es evitar la reincidencia y la consecuencia es prolongar el periodo en el que una persona está sometida a control y vigilancia del sistema represivo.
En un comunicado el Ministerio de Justicia se justificó diciendo que en el Reino Unido se cometen más de 500.000 delitos por año por personas reincidentes y que aquellos que pasaron menos de 12 meses en prisión tienen más oportunidades (hasta un 57,5 por ciento) de volver a cometer un delito una vez que quedan en libertad.
Ahora las personas que cumplieron con sentencias de menos de un año serán supervisadas durante 12 meses después de su liberación. “Hay demasiadas víctimas del delito por año porque no proveemos de apoyo y guía a aquellos que salen de prisión. Lo que estamos haciendo es crear un sistema que sea más efectivo. Estamos tratando de cambiar las cosas”, admitió el ministro de Justicia, el conservador Chris Grayling.
El nuevo sistema entregará el control sobre los presos liberados a empresas privadas de seguridad como Sodexo e Interserve. El portavoz de la Asociación Nacional de Funcionarios de Libertad Condicional, Ian Lawrence, afirmó que la principal preocupación es que la tarea “quede en manos de contratistas privados sin preparación”.
“Nos preocupa también la velocidad con la que se hicieron estas reformas. Nunca fueron probadas en un plan piloto y no hay evidencia alguna de que vaya a funcionar”.
Los defensores de la reforma penitenciaria creen que los cambios son “un desastre”, ya que denunciaron están sustentados por la ideología de la privatización. Frances Crook, directora ejecutiva de la Liga Howard para la Reforma Penal, afirmó que el nuevo programa del gobierno “fue introducido por la puerta de atrás” y está basado “más en emociones que en consideraciones serias”.
El lanzamiento del nuevo plan coincide con un anuncio por separado del gobierno para obligar a los presos a coser bolsas de arena, instalar postes de luz y ayudar en el equipamiento del Ejército, como parte de una iniciativa “para enseñarles los valores del trabajo duro”.
El gobierno afirma que dicho plan “le ahorrará dinero al Ejército y le dará a los presos experiencia laboral”. “Al proveer de este nuevo servicio, los prisioneros devolverán algo al país, al tiempo de aprender nuevos conocimientos”, destacó el ministro Grayling.
Pero las empresas privadas penitenciarias están mezcladas en un escándalo de corrupción, tras la renuncia del inspector jefe del servicio de libertad condicional en Inglaterra y Gales, Paul McDowell, que estuvo involucrado en un “conflicto de intereses”, cuando se descubrió que la empresa privada de su mujer ganó un gran número de contratos en ese sector.
McDowell, que había sido nombrado por el ministro Grayling, tuvo que renunciar al cargo, por el que percibía un sueldo de 135.000 libras esterlinas. El periódico The Guardian reveló que la esposa de McDowell, Janine, era la directora de la empresa Sodexo, la cual firmó gran una cantidad de contratos para proveer servicios en el negocio penitenciario, incluyendo la supervisión de decenas de miles de presidiarios en Inglaterra y Gales.
Sodexo se hizo cargo de los contratos junto con Nacro, una supuesta asociación benéfica que dice luchar por la reducción de la criminalidad, de la que McDowell había sido director ejecutivo.
En Londres el gobierno del conservador David Cameron acaba de poner en marcha un plan carcelario de trabajos forzados para los presos al servicio de empresas privadas con la excusa de su "rehabilitación" social.
La nueva normativa afecta a los prisioneros que hayan cumplido sentencias de menos de un año de prisión y permite que las empresas privadas penitenciarias sean remuneradas en función de los resultados, ganando más si el antiguo prisidiario no reincide en el delito.
La privatización de los servicios públicos en Gran Bretaña, que comenzó con el gobierno de Margaret Thatcher en los años ochenta, cobra así un nuevo impulso.
Es un plan polémico que ha generado mucha oposición. El gobierno británico quiere mantener un sistema de control sobre los presos aún después de que hayan cumplido su condena. La excusa es evitar la reincidencia y la consecuencia es prolongar el periodo en el que una persona está sometida a control y vigilancia del sistema represivo.
En un comunicado el Ministerio de Justicia se justificó diciendo que en el Reino Unido se cometen más de 500.000 delitos por año por personas reincidentes y que aquellos que pasaron menos de 12 meses en prisión tienen más oportunidades (hasta un 57,5 por ciento) de volver a cometer un delito una vez que quedan en libertad.
Ahora las personas que cumplieron con sentencias de menos de un año serán supervisadas durante 12 meses después de su liberación. “Hay demasiadas víctimas del delito por año porque no proveemos de apoyo y guía a aquellos que salen de prisión. Lo que estamos haciendo es crear un sistema que sea más efectivo. Estamos tratando de cambiar las cosas”, admitió el ministro de Justicia, el conservador Chris Grayling.
El nuevo sistema entregará el control sobre los presos liberados a empresas privadas de seguridad como Sodexo e Interserve. El portavoz de la Asociación Nacional de Funcionarios de Libertad Condicional, Ian Lawrence, afirmó que la principal preocupación es que la tarea “quede en manos de contratistas privados sin preparación”.
“Nos preocupa también la velocidad con la que se hicieron estas reformas. Nunca fueron probadas en un plan piloto y no hay evidencia alguna de que vaya a funcionar”.
Los defensores de la reforma penitenciaria creen que los cambios son “un desastre”, ya que denunciaron están sustentados por la ideología de la privatización. Frances Crook, directora ejecutiva de la Liga Howard para la Reforma Penal, afirmó que el nuevo programa del gobierno “fue introducido por la puerta de atrás” y está basado “más en emociones que en consideraciones serias”.
El lanzamiento del nuevo plan coincide con un anuncio por separado del gobierno para obligar a los presos a coser bolsas de arena, instalar postes de luz y ayudar en el equipamiento del Ejército, como parte de una iniciativa “para enseñarles los valores del trabajo duro”.
El gobierno afirma que dicho plan “le ahorrará dinero al Ejército y le dará a los presos experiencia laboral”. “Al proveer de este nuevo servicio, los prisioneros devolverán algo al país, al tiempo de aprender nuevos conocimientos”, destacó el ministro Grayling.
Pero las empresas privadas penitenciarias están mezcladas en un escándalo de corrupción, tras la renuncia del inspector jefe del servicio de libertad condicional en Inglaterra y Gales, Paul McDowell, que estuvo involucrado en un “conflicto de intereses”, cuando se descubrió que la empresa privada de su mujer ganó un gran número de contratos en ese sector.
McDowell, que había sido nombrado por el ministro Grayling, tuvo que renunciar al cargo, por el que percibía un sueldo de 135.000 libras esterlinas. El periódico The Guardian reveló que la esposa de McDowell, Janine, era la directora de la empresa Sodexo, la cual firmó gran una cantidad de contratos para proveer servicios en el negocio penitenciario, incluyendo la supervisión de decenas de miles de presidiarios en Inglaterra y Gales.
Sodexo se hizo cargo de los contratos junto con Nacro, una supuesta asociación benéfica que dice luchar por la reducción de la criminalidad, de la que McDowell había sido director ejecutivo.
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| Cartel. "Morir para sobrevivir. Sevillano, Crespo". (sus dibujos ya moribundos) |
Testimonio
Pepe Balmón huelga de hambre a tumba abierta
Tokata Y Fuga 21-II-2015.
La Huelga de Hambre como forma de lucha y la amenaza de la alimentación forzosa
Hablamos
de las huelgas de hambre de Javier Guerrero, que llevaba
ya 71 días, y de José Antúnez Becerra, que llevaba
30 días. El ex preso político José Balmón nos comenta de primera
mano las huelgas de hambre del colectivo de presos del PCE(r) y
de los GRAPO
en los años 80 y 90 y las maniobras del Estado para neutralizarlas,
incluida la alimentación forzosa.
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