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| Cartel. "Amnistia M.P.M. Només la solidaritat pot evitar un nou crim d'Estat. Llibertat Arenas. Llibertat presos polítics" |
A
la calle a exigir la libertad de lxs presxs políticxs
Muro
solidario:
-Carteles
en la UAB Barcelona
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| Carteles. (Arenas, Antúnez Becerra y Arantza) |
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| Carteles. (Antúnez en vaga de fam y set y Amnistía Arenas) |
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| Carteles. (Arenas, Antúnez y Arantza). |
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| Pintada. "Desatención médica = asesinato. Libertad Arenas". (y hoz y martillo, en una fachada) |
-Toda
la gravísima situación en una sola pintada
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| Cartel. "Arenas Libertad. Antes que lo exterminen en prisión". (un mozo con bandera roja y puño en alto, en la camiseta "amnistía") |
-Difusión.
“Cartel en A4 en la copiadora casera. S”
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| Cartel. "Arantza Díaz. Llibertat preses greument malaltes". (y su foto y texto explicativo) |
-Cartel
Arantza. Catalunya.
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| Foto. "Estou ata os collóns de tantos ladróns". (En la manifestación de Madrid, pancarta de mano. En ella, una pegatina de libertad presos políticos) |
-Marchas
en Madrid. Uno solo con su pancarta puede denunciar mucho.
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| Fotos de los fascistas citados en el artículo. Martín Villa, Billy el niño... |
Impunidad
fascista española
La
ONU exige al Estado español que extradite o juzgue a los cargos
franquistas
(“Noticia
de Gara. La exigencia se la pasarán por el forro, pero
la imagen de fascistas -que además no se arrepienten ni colaboran-
que están dando a nivel internacional es evidente, injustificable, y
además de las que hace mucha pupa política. J”)
Un
grupo de expertos en derechos humanos de la ONU ha advertido que el
Estado español está obligado a extraditar a los responsables de
violaciones graves de derechos humanos mientras no se tomen
medidas para garantizar el acceso a la justicia y el derecho a la
verdad de las víctimas ante las instancias legales españolas.
El documento ha sido elaborado por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Su declaración se produce a raíz de la decisión del Consejo español de Ministros de no extraditar a 17 personas acusadas por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista.
«La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad», han indicado los expertos de la ONU.
«Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición. Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad».
Los expertos han recalcado que los argumentos preliminares presentados por el Consejo de Ministros «carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar, o juzgar, a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. La tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad».
E insisten en que «los crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona».
Respecto a los principios «de jurisdicción preferente y de no doble incriminación» alegados por el Gobierno español, la ONU recuerda que décadas después de los hechos «no se han iniciado en España investigaciones sobre estos delitos».
El documento ha sido elaborado por Ariel Dulitzky, presidente del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias; Christof Heyns, Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Juan E. Méndez, Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y Pablo de Greiff, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
Su declaración se produce a raíz de la decisión del Consejo español de Ministros de no extraditar a 17 personas acusadas por la justicia argentina de violaciones graves de los derechos humanos cometidas durante el régimen franquista.
«La denegación de la extradición deja en profundo desamparo a las víctimas y a sus familiares, negando su derecho a la justicia y a la verdad», han indicado los expertos de la ONU.
«Reconocemos que cabe entre las competencias del Estado español la posibilidad de denegar esta solicitud de extradición. Pero si no extradita, el Estado tiene la obligación de garantizar, ante las jurisdicciones nacionales, el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos y el derecho a la verdad».
Los expertos han recalcado que los argumentos preliminares presentados por el Consejo de Ministros «carecen de base, pues parecen ignorar y contradecir las normas y estándares internacionales de los derechos humanos. En particular, el Estado español no puede escudarse en los principios de prescripción y extinción de la responsabilidad penal para no extraditar, o juzgar, a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. La tortura, las ejecuciones sumarias y la desaparición forzada pueden constituir crímenes de lesa humanidad».
E insisten en que «los crímenes de lesa humanidad y los delitos de tortura son imprescriptibles, es decir que no ‘vence’ la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables. Asimismo, la desaparición forzada es un delito continuado y una vulneración permanente de los derechos humanos. La obligación de investigar perdura hasta que se esclarezca la suerte y paradero de la persona».
Respecto a los principios «de jurisdicción preferente y de no doble incriminación» alegados por el Gobierno español, la ONU recuerda que décadas después de los hechos «no se han iniciado en España investigaciones sobre estos delitos».
De
Gara
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| Citas del 6, 7 y 8 de abril. Lenin, Brecht y Engels. |
Aprender
y luchar, luchar y aprender.
Citas
del 6, 7 y 8 de abril
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