Foto. (Teclado de ordenador con unas esposas encima) |
Cómo
se organiza un montaje policial de largo alcance
Con fecha de 20 de mayo de 2011, es decir, hace cuatro años, un juzgado de instrucción de Gijón emitía un auto por el que autorizaba la entrada a un domicilio de un operativo especial de 7 policías nacionales venidos a Asturias desde Madrid ex profeso para ello. Según ese auto judicial, en aquel domicilio de Gijón estaba alojado un servidor desde el que se realizaban ataques informáticos a nivel internacional, se hospedaban páginas para distribución de malware, e incluso se realizaban actividades ilícitas por Internet que conllevaban un lucro económico.
En torno a las 3 de la tarde de aquel 20 de mayo, dicho operativo policial se presentaba en mi antiguo domicilio a fin de arrestarme y apagar el mencionado servidor. El resultado de aquella intervención fue el incautado de 2 servidores y 5 ordenadores, amen de varios routers, una videoconsola, un decodificador de televisión por cable, objetos medievales decorativos, una papelera, diversos objetos personales cuyo interés aún hoy desconozco, y hasta un tupperware y un colador (solo porque tenían un cable usb anexado). También conllevó una extraña -y a día de hoy hasta hilarante- reacción policial, cuya desinformación sobre mi persona era tal que desconocía que, desde hacía más de 20 días, yo ya ni estaba en la región, sino a mil kilómetros de distancia, trabajando.
Todo venía a cuento de una denuncia presentada por un becario de la Junta Central Electoral que afirmaba que, dos días antes, el 18 de mayo de 2011, no había sido capaz de entrar a la web de la JCE porque presuntamente estaba siendo atacada como represalia por la negativa de dicha institución a permitir las acampadas del movimiento 15M que estaban formándose por toda la geografía. Aquel auto fue el inicio, las primeras páginas, de lo que posteriormente se conoció públicamente como el primero de los casos #Anonymous (pues ha habido al menos dos más posteriormente, hasta donde yo sé).
No voy a describir que emociones experimenté durante aquellos días, pues, aunque el año pasado, también por estas fechas, concedí la única entrevista que he dado nunca sobre el tema a Radio Kras (una pequeña emisora local y autogestionada, narrando cómo ocurrieron algunas de aquellas cosas durante esos días -entrevista que para sorpresa mía, acabó siendo algo de lo más comentado durante días posteriores en muchas redes sociales-), apenas si llegué a narrar la mitad de lo que ha sucedido en este procedimiento judicial, guardándome el resto para cuando todo este entuerto finalice: El desconcierto y la desorientación que una persona que, hasta entonces, tenía una ficha policial en blanco puede experimentar al verse arrollado por esta vorágine criminalizadora no creo que se pueda describir con palabras. Hay que, desgraciadamente, vivirlo: No sabes a quien acudir/consultar, ni dónde buscar asesoramiento.
Finalmente, y varios días después del asalto a mi domicilio, el desconcierto se disipó y mediante el consejo y mediación de una muy buena amiga hacktivista, y de “Angeloso”, conocido personaje de la scene hispana de los 90, conseguí contactar con el abogado David Maeztu que, desde el primer momento, se destapó como un auténtico Hacker del código penal, así como una persona con una exquisita comprensión de la informática y la tecnología en general, al punto de que, gracias a sus avanzados conocimientos de la materia, pude mantener conversaciones técnicas sobre todos aquellos acontecimientos con una fluidez asombrosa.
Hasta tal punto resultaron asombrosamente buenas, técnicamente hablando, aquellas conversaciones que ni la policía, que escuchaba y grababa mis conversaciones telefónicas, ni la propia juez instructora del caso, que había autorizado el pinchazo “debido a la gravedad de los hechos que se me imputaban”, tuvieron reparos en analizarlas e incluirlas en el sumario en su empeño de demostrar lo elevado de mis conocimientos técnicos -algo que, parece ser, les obsesionaba desde el principio-, aun a sabiendas de que él era mi abogado, que es una violación de derechos fundamentales que, en otros casos, ha acarreado el final de la vida profesional de algún que otro afamado juez, y pese a que yo mismo y en todo momento -pensando que, efectivamente, eran conversaciones privadas– negaba en las mismas la autoría de los hechos que se me imputaban.
Pero sin duda, quizás lo más interesante de esas conversaciones por las cuales aquellos que, presuntamente, defienden la ley, se la pasaban por el arco del triunfo, fue el pormenorizado análisis de la estrategia de defensa y las diversas irregularidades que sufría el caso, que David planteó desde el primer momento, y que me explicaba vía telefónica con una sencillez que aún hoy le agradezco, teniendo en cuenta mi total desconocimiento de temas judiciales. No les resultó suficiente con saber a ciencia cierta que estaban quebrantando la ley que ellos mismos decían defender, sino que se basaron en el contenido de aquellas conversaciones para asegurarse que, en posteriores investigaciones e imputaciones, no cometerían de nuevo todos esos errores que hacía peligrar el caso.
Con fecha de 20 de mayo de 2011, es decir, hace cuatro años, un juzgado de instrucción de Gijón emitía un auto por el que autorizaba la entrada a un domicilio de un operativo especial de 7 policías nacionales venidos a Asturias desde Madrid ex profeso para ello. Según ese auto judicial, en aquel domicilio de Gijón estaba alojado un servidor desde el que se realizaban ataques informáticos a nivel internacional, se hospedaban páginas para distribución de malware, e incluso se realizaban actividades ilícitas por Internet que conllevaban un lucro económico.
En torno a las 3 de la tarde de aquel 20 de mayo, dicho operativo policial se presentaba en mi antiguo domicilio a fin de arrestarme y apagar el mencionado servidor. El resultado de aquella intervención fue el incautado de 2 servidores y 5 ordenadores, amen de varios routers, una videoconsola, un decodificador de televisión por cable, objetos medievales decorativos, una papelera, diversos objetos personales cuyo interés aún hoy desconozco, y hasta un tupperware y un colador (solo porque tenían un cable usb anexado). También conllevó una extraña -y a día de hoy hasta hilarante- reacción policial, cuya desinformación sobre mi persona era tal que desconocía que, desde hacía más de 20 días, yo ya ni estaba en la región, sino a mil kilómetros de distancia, trabajando.
Todo venía a cuento de una denuncia presentada por un becario de la Junta Central Electoral que afirmaba que, dos días antes, el 18 de mayo de 2011, no había sido capaz de entrar a la web de la JCE porque presuntamente estaba siendo atacada como represalia por la negativa de dicha institución a permitir las acampadas del movimiento 15M que estaban formándose por toda la geografía. Aquel auto fue el inicio, las primeras páginas, de lo que posteriormente se conoció públicamente como el primero de los casos #Anonymous (pues ha habido al menos dos más posteriormente, hasta donde yo sé).
No voy a describir que emociones experimenté durante aquellos días, pues, aunque el año pasado, también por estas fechas, concedí la única entrevista que he dado nunca sobre el tema a Radio Kras (una pequeña emisora local y autogestionada, narrando cómo ocurrieron algunas de aquellas cosas durante esos días -entrevista que para sorpresa mía, acabó siendo algo de lo más comentado durante días posteriores en muchas redes sociales-), apenas si llegué a narrar la mitad de lo que ha sucedido en este procedimiento judicial, guardándome el resto para cuando todo este entuerto finalice: El desconcierto y la desorientación que una persona que, hasta entonces, tenía una ficha policial en blanco puede experimentar al verse arrollado por esta vorágine criminalizadora no creo que se pueda describir con palabras. Hay que, desgraciadamente, vivirlo: No sabes a quien acudir/consultar, ni dónde buscar asesoramiento.
Finalmente, y varios días después del asalto a mi domicilio, el desconcierto se disipó y mediante el consejo y mediación de una muy buena amiga hacktivista, y de “Angeloso”, conocido personaje de la scene hispana de los 90, conseguí contactar con el abogado David Maeztu que, desde el primer momento, se destapó como un auténtico Hacker del código penal, así como una persona con una exquisita comprensión de la informática y la tecnología en general, al punto de que, gracias a sus avanzados conocimientos de la materia, pude mantener conversaciones técnicas sobre todos aquellos acontecimientos con una fluidez asombrosa.
Hasta tal punto resultaron asombrosamente buenas, técnicamente hablando, aquellas conversaciones que ni la policía, que escuchaba y grababa mis conversaciones telefónicas, ni la propia juez instructora del caso, que había autorizado el pinchazo “debido a la gravedad de los hechos que se me imputaban”, tuvieron reparos en analizarlas e incluirlas en el sumario en su empeño de demostrar lo elevado de mis conocimientos técnicos -algo que, parece ser, les obsesionaba desde el principio-, aun a sabiendas de que él era mi abogado, que es una violación de derechos fundamentales que, en otros casos, ha acarreado el final de la vida profesional de algún que otro afamado juez, y pese a que yo mismo y en todo momento -pensando que, efectivamente, eran conversaciones privadas– negaba en las mismas la autoría de los hechos que se me imputaban.
Pero sin duda, quizás lo más interesante de esas conversaciones por las cuales aquellos que, presuntamente, defienden la ley, se la pasaban por el arco del triunfo, fue el pormenorizado análisis de la estrategia de defensa y las diversas irregularidades que sufría el caso, que David planteó desde el primer momento, y que me explicaba vía telefónica con una sencillez que aún hoy le agradezco, teniendo en cuenta mi total desconocimiento de temas judiciales. No les resultó suficiente con saber a ciencia cierta que estaban quebrantando la ley que ellos mismos decían defender, sino que se basaron en el contenido de aquellas conversaciones para asegurarse que, en posteriores investigaciones e imputaciones, no cometerían de nuevo todos esos errores que hacía peligrar el caso.
Dibujo. (un código de barras, roto) |
Que
la capacidad de hackear la ley que David demostró desde un primer
momento fuera un verdadero incordio para la instrucción del caso
resultó ya evidente cuando compañeros de trabajo míos, que
tuvieron a bien testificar que, el día y hora del afamado ataque, yo
estaba a su lado desempeñando mi trabajo, y no desatando un infierno
digital por sobre la JCE, fueron amenazados por la policía con ser
llevados a Moratalaz para tomarles allí declaración (en vez de en
Asturias, donde residían), advertidos telefónicamente de la pena
que conlleva dar falsos testimonio, y asesorados sobre lo poco
conveniente que resultaría para ellos tener trato conmigo o con
David para hablar del caso.
Si hay algo que he apreciado en este caso, es que a la policía se le da bien es el “copiar/pegar”, y lo que era una simple denuncia por un delito de daños, se había visto rápidamente engordada por un montón de dossieres sobre las actividades de todo el colectivo Anonymous a nivel internacional, relacionándome, pero no imputándome, con ataques a gobiernos, multinacionales y entidades financieras de medio mundo -como a título informativo para quien quiera que fuera a juzgarme-. La táctica del “cuanto más, mejor” se ve que en la vía judicial funciona, al menos en esta ocasión, y pese a que no había indicio alguno.
No obstante, el bochorno policial más grande vino semanas después: un 10 de junio de 2011, cuando dos comisarios en jefe de la policía nacional (a los que la opinión pública bautizó como “Los del Rio”), y no los portavoces de prensa habituales, salieron a dar una -a sus ojos- exitosa y multitudinaria rueda de prensa ante todos los medios, que se emitió en directo por varios canales de televisión, y que en días posteriores tuvo una tremenda repercusión a nivel nacional e internacional. En aquella rueda de prensa, Los del Rio afirmaban que habían “desmantelado el principal servidor de Anonymous en España”, e informaban de mi arresto junto con el de otras dos personas a las que, a día de hoy y cuatro años después, ni conozco, ni la propia instrucción del caso ha sido capaz de vincular de manera alguna conmigo, y que junto a mi persona, formaban presuntamente la cúpula del colectivo Anonymous en habla hispana.
Recuerdo perfectamente aquel momento, cuando empecé a recibir decenas de llamadas telefónicas de sorprendidos amigos que no daban crédito a lo que estaban oyendo o leyendo. Sin duda, y aunque el shock de ver como alguien, amparado en la ley, arrasa tu domicilio sin saber tú a donde acudir en busca de consejo o ayuda fue algo duro de tragar, el ver tu vida personal expuesta en prensa, como un trofeo policial, no solo fue lo peor del caso, fue lo peor que he sufrido en mi vida
De las MENTIRAS que la policía no tuvo inconveniente en inventarse aquel día, hubo muchas especialmente sangrantes, tales como mi vinculación con Al-Qaeda o la banda terrorista ETA, pero sin duda, lo que más daño me hizo, fue la propia creatividad de los medios de prensa mayoritarios ante una película policial que les sirvió para llenar páginas y páginas con historias de lo más variopinto sobre mi vida (muchas de ellas aún hoy desconozco de donde han podido salir por lo falso de las mismas), y cuyas consecuencias aún sigo pagando a día de hoy en todos los aspectos, el personal y el profesional (Arcadi Espada llegó incluso a hablar en su columna periodística de “Banda Terrorista Anonymous”), provenientes de una sociedad crédula a pies juntillas de todo lo que sale en prensa, y que ya me juzgó y condenó muchos años antes de que siquiera se cerrara la instrucción judicial en base a un tratamiento informativo que en muchas ocasiones no se aplica ni a criminales confesos de la peor calaña
Es evidente que jamás nadie será capaz de explicar públicamente quien y porqué tomó la decisión de darle tamaño bombo a un caso que sigue siendo un simple delito de daños, que tuvo cobertura periodística por parte de medios como el New York Times, el Washington Post, la BBC o Al Jazeera, solo por citar algunos, y que fue utilizado a nivel político para intentar criminalizar al 15M, tal y como relataron en su momento eminentes plumas del panorama nacional como Enrique Dans o Carlos Sánchez Almeida en sus respectivos espacios de opinión. Sin duda, y aunque una gran parte de la sociedad se tragó el bulo, hubo personas que no se lo creyeron, y que hasta reaccionaron de manera inesperada:
Era tal la importancia de mi persona como parte de la cúpula de Anonymous, y de mis servidores para la estabilidad de su infraestructura que, incluso aunque habían transcurrido varias semanas desde la entrada a mi domicilio, nadie dentro del colectivo Anonymous parecía haberse percatado de nuestra ausencia mientras seguían haciendo sus operaciones. Es más: incluso tan descabezados y desprovistos de infraestructura como la policía afirmaba que estaban las personas que conformaban por aquel entonces el colectivo, fueron capaces, apenas horas después de aquella patética rueda de prensa, de coordinar un ataque a modo de represalia que dejó la web de la policía nacional tumbada durante horas. Se ve que, después de todo, había mucho más ruido que nueces en aquella rueda de prensa
A lo largo de estos cuatro años ha habido otros momentos también duros, tales como cuando el sistema judicial quiso, fallidamente, incluirme también en las causas de otros casos relacionados con Anonymous, a fin de elevar mi nivel de imputación, acusándome de delitos de revelación de secretos por, según ellos, ser yo quien filtró el sumario de mi caso a la misma prensa que me había sacado los ojos como buitres (un sinsentido que finalmente terminó archivado gracias a otra brillante intervención de David).
Si hay algo que he apreciado en este caso, es que a la policía se le da bien es el “copiar/pegar”, y lo que era una simple denuncia por un delito de daños, se había visto rápidamente engordada por un montón de dossieres sobre las actividades de todo el colectivo Anonymous a nivel internacional, relacionándome, pero no imputándome, con ataques a gobiernos, multinacionales y entidades financieras de medio mundo -como a título informativo para quien quiera que fuera a juzgarme-. La táctica del “cuanto más, mejor” se ve que en la vía judicial funciona, al menos en esta ocasión, y pese a que no había indicio alguno.
No obstante, el bochorno policial más grande vino semanas después: un 10 de junio de 2011, cuando dos comisarios en jefe de la policía nacional (a los que la opinión pública bautizó como “Los del Rio”), y no los portavoces de prensa habituales, salieron a dar una -a sus ojos- exitosa y multitudinaria rueda de prensa ante todos los medios, que se emitió en directo por varios canales de televisión, y que en días posteriores tuvo una tremenda repercusión a nivel nacional e internacional. En aquella rueda de prensa, Los del Rio afirmaban que habían “desmantelado el principal servidor de Anonymous en España”, e informaban de mi arresto junto con el de otras dos personas a las que, a día de hoy y cuatro años después, ni conozco, ni la propia instrucción del caso ha sido capaz de vincular de manera alguna conmigo, y que junto a mi persona, formaban presuntamente la cúpula del colectivo Anonymous en habla hispana.
Recuerdo perfectamente aquel momento, cuando empecé a recibir decenas de llamadas telefónicas de sorprendidos amigos que no daban crédito a lo que estaban oyendo o leyendo. Sin duda, y aunque el shock de ver como alguien, amparado en la ley, arrasa tu domicilio sin saber tú a donde acudir en busca de consejo o ayuda fue algo duro de tragar, el ver tu vida personal expuesta en prensa, como un trofeo policial, no solo fue lo peor del caso, fue lo peor que he sufrido en mi vida
De las MENTIRAS que la policía no tuvo inconveniente en inventarse aquel día, hubo muchas especialmente sangrantes, tales como mi vinculación con Al-Qaeda o la banda terrorista ETA, pero sin duda, lo que más daño me hizo, fue la propia creatividad de los medios de prensa mayoritarios ante una película policial que les sirvió para llenar páginas y páginas con historias de lo más variopinto sobre mi vida (muchas de ellas aún hoy desconozco de donde han podido salir por lo falso de las mismas), y cuyas consecuencias aún sigo pagando a día de hoy en todos los aspectos, el personal y el profesional (Arcadi Espada llegó incluso a hablar en su columna periodística de “Banda Terrorista Anonymous”), provenientes de una sociedad crédula a pies juntillas de todo lo que sale en prensa, y que ya me juzgó y condenó muchos años antes de que siquiera se cerrara la instrucción judicial en base a un tratamiento informativo que en muchas ocasiones no se aplica ni a criminales confesos de la peor calaña
Es evidente que jamás nadie será capaz de explicar públicamente quien y porqué tomó la decisión de darle tamaño bombo a un caso que sigue siendo un simple delito de daños, que tuvo cobertura periodística por parte de medios como el New York Times, el Washington Post, la BBC o Al Jazeera, solo por citar algunos, y que fue utilizado a nivel político para intentar criminalizar al 15M, tal y como relataron en su momento eminentes plumas del panorama nacional como Enrique Dans o Carlos Sánchez Almeida en sus respectivos espacios de opinión. Sin duda, y aunque una gran parte de la sociedad se tragó el bulo, hubo personas que no se lo creyeron, y que hasta reaccionaron de manera inesperada:
Era tal la importancia de mi persona como parte de la cúpula de Anonymous, y de mis servidores para la estabilidad de su infraestructura que, incluso aunque habían transcurrido varias semanas desde la entrada a mi domicilio, nadie dentro del colectivo Anonymous parecía haberse percatado de nuestra ausencia mientras seguían haciendo sus operaciones. Es más: incluso tan descabezados y desprovistos de infraestructura como la policía afirmaba que estaban las personas que conformaban por aquel entonces el colectivo, fueron capaces, apenas horas después de aquella patética rueda de prensa, de coordinar un ataque a modo de represalia que dejó la web de la policía nacional tumbada durante horas. Se ve que, después de todo, había mucho más ruido que nueces en aquella rueda de prensa
A lo largo de estos cuatro años ha habido otros momentos también duros, tales como cuando el sistema judicial quiso, fallidamente, incluirme también en las causas de otros casos relacionados con Anonymous, a fin de elevar mi nivel de imputación, acusándome de delitos de revelación de secretos por, según ellos, ser yo quien filtró el sumario de mi caso a la misma prensa que me había sacado los ojos como buitres (un sinsentido que finalmente terminó archivado gracias a otra brillante intervención de David).
Pintada a molde. "Peligro policía". (en forma de señal de stop, un policía dispara a dos siluetas con las manos levantadas) |
Cada
vez que algún periodista sin escrúpulos intentaba colarse en mi
domicilio diciéndole a mis padres que SI QUE TENÍA UNA CITA
CONMIGO, o me llamaba al móvil para preguntar mi opinión sobre el
arresto de Topiary, la traición de Sabu a Lulzsec, o la caída en
desgracia de Jeremy Hammond sentía cómo la pesadilla resurgía
pues, pese a que cambiaba frecuentemente de número y operadora
siempre acaban encontrándome. Me supongo que es lo que tiene la
corrupción institucional, que infecta incluso los estamentos más
bajos del sistema, donde siempre habrá un funcionario pelagatos
dispuesto a pasar un dossier o información sobre un caso a algún
periodista amigo, de otro modo no soy capaz de explicarme muchas de
las cosas que me han sucedido.
David, desde el principio, dijo dos cosas que, personalmente, no olvidaré, la primera fue sobre la duración del caso: “esto va para largo”, me comentó ya en las primeras semanas aunque en su momento él estimó unos dos años largos -Nadie en su sano juicio podría creer que llegaríamos a cumplir cuatro años esperando por un delito tan ínfimo-, y la segunda fue sobre el caso en sí, y es que, según él, la policía tenía un culpable y unas conclusiones ya al empezar, y todo parecía que, talmente, habían intentado construir los hechos en base a eso, cuando en realidad es al revés como se debe hacer.
A lo largo de estos años tanto él como yo hemos asistido a episodios kafkianos que, en algunos momentos rozaban lo surrealista, como cuando la policía terminó el análisis del contenido de mis discos duros y me enteré que, por negligencia en su manejo, habían dañado algunos de ellos, otros les habían resultado directamente ilegibles, y en los que habían sido capaces de encontrar algo de información (uno de ellos, el del afamado servidor), ninguno de ellos contenía ni herramientas de cracking, ni malware de ninguna clase, ni de registros que evidenciaran mi relación con ningún delito informático. Que el precinto judicial de mis ordenadores y discos duros no incluía proteger los puertos de conexión (dejando al alcance de cualquiera con mala intención la posibilidad de conectarlo e introducir lo que quisiera, o que David tuviera que desplazarse a Madrid única y exclusivamente para asistir a un acto en el que dos policías desprecintaban mi papelera trituradora de papel, volcaban su contenido en una mesa y, durante horas, se dejaban los ojos tratando de darle forma a los millares de tiras de papel que allí había almacenados, “por si había impreso logs de conversaciones incriminatorias y luego las había triturado”.
Pero de todos los episodios chusqueros y hasta hilarantes que podría contar y que, de momento me guardo, acerca de mi experiencia sobre la capacidad del sistema judicial español, yo creo que el que se lleva la palma es el de haber montado un caso mediático, una investigación de varios miles de páginas de paja inservible y vacía de contenido incriminatorio útil para darse cuenta en marzo de 2015, casi cuatro años después, de que nadie había realizado una valoración de los daños económicos de todos aquellos delitos graves, de índole internacional, que querían endosarme. ¿Cómo se puede montar semejante película sin saber siquiera a ciencia cierta cuál es la cuantía económica de las presuntas trastadas de un imputado? El colmo del asunto resultó ser una estimación de 700 euros en daños, calculados mediante un informe proveniente de la propia junta central electoral que ocupa un folio por una cara, donde declaran que sí, que aquellos días los atacaron, pero que ni incluye facturas, gráficas de ancho de banda o registros del servidor que sirvan para respaldar su tesis de una manera técnica y real (más paja inservible).
A día de hoy, cuatro años después, seguimos esperando que el ministerio fiscal se decida a realizar, bien un escrito de acusación contra mi persona (el paso previo para un juicio) o bien, el archivado de la causa y posterior escarnio público (no, no pienso dejar que nadie se vaya “de rositas”). Desde mi posición, y con mis mínimos conocimientos jurídicos, entiendo que, en una situación normal cualquier fiscal con dos dedos de frente no se atrevería a ir a una sala con toda esa paja, porque con aún con todos esos miles de página de nada, le daríamos de hostias hasta en el cielo de la boca (legal y verbalmente hablando), pero este es un caso utilizado políticamente, así que la lógica que, se supone, impera en el resto de la justicia, no es de aplicación en esta ocasión, con lo cual solo nos queda eso: seguir esperando...
Aún hoy hay algunos periodistas que, de cuando en cuando, me intentan contactar para hacerme una entrevista, pero de momento, y aunque hay mucho más para contar, con lo que hablé el año pasado en Radio Kras, y con esta pequeña carta abierta que mis amigos de elbinario me han invitado a publicar, me es suficiente (por el momento). En verdad me gustaría que llegara, de una vez, la hora de que todo esto termine, independientemente de cual sea el final, ya me da lo mismo: para poder hablar completamente en libertad y no seguir guardándome tanto en la mochila que este caso ha terminado siendo para mi, y que parece ser que aún llevo a la espalda tanto cuando gente conocida por la calle me evita, como cuando sucede cualquier “cosa rara” con ordenadores en mi trabajo.
Hace unos días, viendo una tertulia política en TV, varios de los participantes se escandalizaban que macrocausas de corrupción política, con decenas de años de cárcel de por medio, tardaran más de tres años en llevarse a juicio. Sin duda nunca han oído hablar del caso #Anonymous.
David, desde el principio, dijo dos cosas que, personalmente, no olvidaré, la primera fue sobre la duración del caso: “esto va para largo”, me comentó ya en las primeras semanas aunque en su momento él estimó unos dos años largos -Nadie en su sano juicio podría creer que llegaríamos a cumplir cuatro años esperando por un delito tan ínfimo-, y la segunda fue sobre el caso en sí, y es que, según él, la policía tenía un culpable y unas conclusiones ya al empezar, y todo parecía que, talmente, habían intentado construir los hechos en base a eso, cuando en realidad es al revés como se debe hacer.
A lo largo de estos años tanto él como yo hemos asistido a episodios kafkianos que, en algunos momentos rozaban lo surrealista, como cuando la policía terminó el análisis del contenido de mis discos duros y me enteré que, por negligencia en su manejo, habían dañado algunos de ellos, otros les habían resultado directamente ilegibles, y en los que habían sido capaces de encontrar algo de información (uno de ellos, el del afamado servidor), ninguno de ellos contenía ni herramientas de cracking, ni malware de ninguna clase, ni de registros que evidenciaran mi relación con ningún delito informático. Que el precinto judicial de mis ordenadores y discos duros no incluía proteger los puertos de conexión (dejando al alcance de cualquiera con mala intención la posibilidad de conectarlo e introducir lo que quisiera, o que David tuviera que desplazarse a Madrid única y exclusivamente para asistir a un acto en el que dos policías desprecintaban mi papelera trituradora de papel, volcaban su contenido en una mesa y, durante horas, se dejaban los ojos tratando de darle forma a los millares de tiras de papel que allí había almacenados, “por si había impreso logs de conversaciones incriminatorias y luego las había triturado”.
Pero de todos los episodios chusqueros y hasta hilarantes que podría contar y que, de momento me guardo, acerca de mi experiencia sobre la capacidad del sistema judicial español, yo creo que el que se lleva la palma es el de haber montado un caso mediático, una investigación de varios miles de páginas de paja inservible y vacía de contenido incriminatorio útil para darse cuenta en marzo de 2015, casi cuatro años después, de que nadie había realizado una valoración de los daños económicos de todos aquellos delitos graves, de índole internacional, que querían endosarme. ¿Cómo se puede montar semejante película sin saber siquiera a ciencia cierta cuál es la cuantía económica de las presuntas trastadas de un imputado? El colmo del asunto resultó ser una estimación de 700 euros en daños, calculados mediante un informe proveniente de la propia junta central electoral que ocupa un folio por una cara, donde declaran que sí, que aquellos días los atacaron, pero que ni incluye facturas, gráficas de ancho de banda o registros del servidor que sirvan para respaldar su tesis de una manera técnica y real (más paja inservible).
A día de hoy, cuatro años después, seguimos esperando que el ministerio fiscal se decida a realizar, bien un escrito de acusación contra mi persona (el paso previo para un juicio) o bien, el archivado de la causa y posterior escarnio público (no, no pienso dejar que nadie se vaya “de rositas”). Desde mi posición, y con mis mínimos conocimientos jurídicos, entiendo que, en una situación normal cualquier fiscal con dos dedos de frente no se atrevería a ir a una sala con toda esa paja, porque con aún con todos esos miles de página de nada, le daríamos de hostias hasta en el cielo de la boca (legal y verbalmente hablando), pero este es un caso utilizado políticamente, así que la lógica que, se supone, impera en el resto de la justicia, no es de aplicación en esta ocasión, con lo cual solo nos queda eso: seguir esperando...
Aún hoy hay algunos periodistas que, de cuando en cuando, me intentan contactar para hacerme una entrevista, pero de momento, y aunque hay mucho más para contar, con lo que hablé el año pasado en Radio Kras, y con esta pequeña carta abierta que mis amigos de elbinario me han invitado a publicar, me es suficiente (por el momento). En verdad me gustaría que llegara, de una vez, la hora de que todo esto termine, independientemente de cual sea el final, ya me da lo mismo: para poder hablar completamente en libertad y no seguir guardándome tanto en la mochila que este caso ha terminado siendo para mi, y que parece ser que aún llevo a la espalda tanto cuando gente conocida por la calle me evita, como cuando sucede cualquier “cosa rara” con ordenadores en mi trabajo.
Hace unos días, viendo una tertulia política en TV, varios de los participantes se escandalizaban que macrocausas de corrupción política, con decenas de años de cárcel de por medio, tardaran más de tres años en llevarse a juicio. Sin duda nunca han oído hablar del caso #Anonymous.
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