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| Foto. (un hombre colgado de la tortura denominada "barra") |
La
tortura es una práctica generalizada en Brasil
El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura, Juan Méndez, afirma que la práctica está enraizada en el Estado y generalizada en los presidios brasileros. Afirma también que la tortura ocurre con especial frecuencia en las primeras horas de la detención y que el país falla en la investigación y en el juicio de esos casos.
Durante 12 días en que estuvo en el país, a comienzos de este mes de agosto, el especialista visitó presidios, comisarías, instituciones socioeducativas y de salud mental en São Paulo, Distrito Federal y en estados del Nordeste (Sergipe, Alagoas, Maranhão) “un área poco cubierta en las misiones anteriores”, dijo el relator en conferencia de prensa.
La última visita de la relatoría al Brasil ocurrió hace 15 años. La nueva misión fue motivada por la denuncia hecha por las organizadores de derechos humanos Conectas, Justicia Global y Sociedad Marañense de Derechos Humanos, en marzo de 2014, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. Brasil vivía entonces una de las más graves crisis de su sistema carcelario, con por lo menos 63 muertes en el período de un año, en el complejo carcelario de Pedrinhas, Estado de Maranhão.
"Las conclusiones del relator, una de las mayores autoridades en este tema en el mundo, evidencian, otra vez, que tenemos un sistema carcelario fallido y que sólo contribuye a las violaciones cotidianas de los más básicos derechos. Es deber del gobierno brasilero dar seguimiento a las recomendaciones que se señalarán en el informe”, resalta Juana Kweitel, directora de Programas de Conectas.
Sobre la desconfianza que parte de la población brasilera tiene sobre la necesidad de respetar los derechos de los presos y presas, Méndez afirma que “la peor manera de combatir el delito es permitir violaciones de derechos humanos porque eso genera más violencia, además de suscitar en la población una sensación de desconfianza en relación con las instituciones de aplicación de la ley. La prevención del delito debe basarse en una relación de confianza. El ciclo de venganza, tortura y violencia pone en jaque al Estado de Derecho y la democracia .
El relator condena también las prácticas de la requisa íntima vejatoria de familiares de presos/as y afirma que “hay modos de inspeccionar y garantizar la seguridad sin humillar .
Juan Méndez saluda iniciativas como el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura y las audiencias de custodia, que vienen siendo implantadas, de manera experimental, con el apoyo del Consejo Nacional de Justicia, en 10 estados. Afirma, sin embargo, que estas medidas no han sido suficientes para reducir la superpoblación de los lugares de privación de libertad. “Nosotros, definitivamente, alentamos a Brasil a proseguir con las audiencias de custodia, pero, muy poco, ellas consiguen impactar en la tasa de encarcelamiento”. Por otro lado, el relator afirma estar “un poco decepcionado con la investigación de la tortura en las audiencias de custodia.
El relator de la ONU señala que la reducción de la edad de imputabilidad será un error porque agravará la situación en las unidades socioeducativas y también viola convenciones internacionales: “la detención de adolescentes no es usada como último recurso y las condiciones de esos lugares no sirven para su propósito original de educar y resocializar”, señala.
En relación con la privatización de los presidios, propuesta señalada recientemente por los diputados federales como salida a la crisis en el sistema carcelario, Méndez expresa gran preocupación de que esa tendencia dificulte aún más la investigación y responsabilización de los culpables de los malos tratos en las cárceles.
Sin mencionar el inminente juzgamiento del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la descriminalización del uso de drogas ilícitas [previsto para este miércoles 19 agosto], el relator también alerta sobre el impacto de la actual Ley de Drogas en el sistema carcelario. Enfatiza que la aplicación de la norma permite una evaluación subjetiva por parte de delegados y jueces, dando como resultado detenciones que no configurarían flagrante delito, sino “detenciones arbitrarias”, según parámetros internacionales.
Las recomendaciones del especialista serán sistematizadas en un informe, que será presentado al gobierno brasilero y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2016, y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante otros países.
El relator concluye afirmando que en Brasil hay un ciclo de impunidad alrededor de la tortura, que debe ser quebrado. “Estoy convencido que la impunidad para este delito fue heredada de la dictadura militar”.
Conforme el relevamiento de la investigación “Juzgando la tortura”, publicada en enero de este año, los agentes públicos acusados de tortura tienen más posibilidades de ser absueltos que actores privados (familiares, cónyuges y guardias de seguridad particulares, por ejemplo). El estudio, producido por Conectas, IBCCrim [Instituto Brasilero de Ciencias Criminales], NEV-USP [Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo], Pastoral Carcelaria y Acat [Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura], analizó 455 casos juzgados en segunda instancia por tribunales de todo el país y concluyó que los funcionarios del Estado condenados en primera instancia fueron absueltos, en segundo grado, en el 19% de los casos, prácticamente el doble de veces que los agentes privados (10%).
El relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura, Juan Méndez, afirma que la práctica está enraizada en el Estado y generalizada en los presidios brasileros. Afirma también que la tortura ocurre con especial frecuencia en las primeras horas de la detención y que el país falla en la investigación y en el juicio de esos casos.
Durante 12 días en que estuvo en el país, a comienzos de este mes de agosto, el especialista visitó presidios, comisarías, instituciones socioeducativas y de salud mental en São Paulo, Distrito Federal y en estados del Nordeste (Sergipe, Alagoas, Maranhão) “un área poco cubierta en las misiones anteriores”, dijo el relator en conferencia de prensa.
La última visita de la relatoría al Brasil ocurrió hace 15 años. La nueva misión fue motivada por la denuncia hecha por las organizadores de derechos humanos Conectas, Justicia Global y Sociedad Marañense de Derechos Humanos, en marzo de 2014, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, Suiza. Brasil vivía entonces una de las más graves crisis de su sistema carcelario, con por lo menos 63 muertes en el período de un año, en el complejo carcelario de Pedrinhas, Estado de Maranhão.
"Las conclusiones del relator, una de las mayores autoridades en este tema en el mundo, evidencian, otra vez, que tenemos un sistema carcelario fallido y que sólo contribuye a las violaciones cotidianas de los más básicos derechos. Es deber del gobierno brasilero dar seguimiento a las recomendaciones que se señalarán en el informe”, resalta Juana Kweitel, directora de Programas de Conectas.
Sobre la desconfianza que parte de la población brasilera tiene sobre la necesidad de respetar los derechos de los presos y presas, Méndez afirma que “la peor manera de combatir el delito es permitir violaciones de derechos humanos porque eso genera más violencia, además de suscitar en la población una sensación de desconfianza en relación con las instituciones de aplicación de la ley. La prevención del delito debe basarse en una relación de confianza. El ciclo de venganza, tortura y violencia pone en jaque al Estado de Derecho y la democracia .
El relator condena también las prácticas de la requisa íntima vejatoria de familiares de presos/as y afirma que “hay modos de inspeccionar y garantizar la seguridad sin humillar .
Juan Méndez saluda iniciativas como el Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura y las audiencias de custodia, que vienen siendo implantadas, de manera experimental, con el apoyo del Consejo Nacional de Justicia, en 10 estados. Afirma, sin embargo, que estas medidas no han sido suficientes para reducir la superpoblación de los lugares de privación de libertad. “Nosotros, definitivamente, alentamos a Brasil a proseguir con las audiencias de custodia, pero, muy poco, ellas consiguen impactar en la tasa de encarcelamiento”. Por otro lado, el relator afirma estar “un poco decepcionado con la investigación de la tortura en las audiencias de custodia.
El relator de la ONU señala que la reducción de la edad de imputabilidad será un error porque agravará la situación en las unidades socioeducativas y también viola convenciones internacionales: “la detención de adolescentes no es usada como último recurso y las condiciones de esos lugares no sirven para su propósito original de educar y resocializar”, señala.
En relación con la privatización de los presidios, propuesta señalada recientemente por los diputados federales como salida a la crisis en el sistema carcelario, Méndez expresa gran preocupación de que esa tendencia dificulte aún más la investigación y responsabilización de los culpables de los malos tratos en las cárceles.
Sin mencionar el inminente juzgamiento del Supremo Tribunal Federal (STF) sobre la descriminalización del uso de drogas ilícitas [previsto para este miércoles 19 agosto], el relator también alerta sobre el impacto de la actual Ley de Drogas en el sistema carcelario. Enfatiza que la aplicación de la norma permite una evaluación subjetiva por parte de delegados y jueces, dando como resultado detenciones que no configurarían flagrante delito, sino “detenciones arbitrarias”, según parámetros internacionales.
Las recomendaciones del especialista serán sistematizadas en un informe, que será presentado al gobierno brasilero y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2016, y en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante otros países.
El relator concluye afirmando que en Brasil hay un ciclo de impunidad alrededor de la tortura, que debe ser quebrado. “Estoy convencido que la impunidad para este delito fue heredada de la dictadura militar”.
Conforme el relevamiento de la investigación “Juzgando la tortura”, publicada en enero de este año, los agentes públicos acusados de tortura tienen más posibilidades de ser absueltos que actores privados (familiares, cónyuges y guardias de seguridad particulares, por ejemplo). El estudio, producido por Conectas, IBCCrim [Instituto Brasilero de Ciencias Criminales], NEV-USP [Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo], Pastoral Carcelaria y Acat [Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura], analizó 455 casos juzgados en segunda instancia por tribunales de todo el país y concluyó que los funcionarios del Estado condenados en primera instancia fueron absueltos, en segundo grado, en el 19% de los casos, prácticamente el doble de veces que los agentes privados (10%).
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| Foto. Cárcel en Brasil. atestada de presos. |
La
privatización del sistema carcelario brasileño
La Comisión Parlamentaria de Investigación del sistema carcelario brasileiro aprobó su informe final. El documento no trae novedades sobre la naturaleza y la extensión de los problemas que acometen a la población carcelaria según el balance de junio de 2014 del Ministerio de Justicia de 607.700 personas. Malos tratos, violencia, falta de condiciones materiales, falta de acceso a la salud, educación, defensa y trabajo, además de la superpoblación, continúan constituyendo el escenario de abandono que caracteriza a las prisiones brasileiras.
La sorpresa del informe está en la conclusión sobre qué debe hacerse para cambiar el panorama: los diputados federales indican la privatización total o parcial del sistema como la salida para la crisis, un modelo que viene siendo aplicado en cada vez más estados, aunque sin reglamentación. Según un informe de 2014 de grupos cristianos que trabajan con los presos, más de 20.000 de ellos en siete estados cumplen pena en cárceles privadas.
La privatización se da de varias maneras y en diferentes grados en el sistema carcelario. Ocurre cuando el Estado delega a una empresa la ejecución de uno o varios servicios, que pueden ir desde la limpieza y del abastecimiento de marmitas hasta la construcción y administración del presidio, pasando por la seguridad y la atención médica. Hay casos, inclusive, de privatización del servicio de asistencia jurídica o sea, el abogado que atiende al preso es contratado por la misma empresa que administra la unidad, en claro conflicto de intereses.
Para Marcos Fuchs, que trabaja en movimientos de defensa de los presos, "la conclusión muestra que los diputados ven a los presos como una mercancía y el sistema carcelario como un mercado en expansión a ser explotado". Apostar por el mercado carcelario significa trabajar por su ampliación lo que, en este caso, significa privar a cada vez más personas de su libertad. La experiencia de países como Estados Unidos así lo prueba.
Según el Ministerio de Justicia, la tasa de encarcelamiento brasileira (número de presos por cada 100.000 personas) creció casi el 120% desde el año 2000. Entre los cuatro países con las mayores poblaciones carcelarias del mundo (Estados Unidos, China, Rusia y Brasil), la tasa brasileira es la única que aumenta.
En su informe los diputados brasileiros afirman que la privatización es más barata y eficiente. Los números utilizados por los diputados en el informe derivan de una única fuente, la Abesp (Asociación brasileira de Empresas Especializadas en la Prestación de Servicios a Presidios). No hay ninguna evidencia empírica de que la privatización sea menos onerosa para el erario público. Inclusive, hay vastos ejemplos de que es justamente lo opuesto. Paraná, primer estado en adoptar la privatización del sistema carcelario, ya volvió atrás y retomó el control de todas las unidades. El Reino Unido ya abolió ese modelo, Alemania lo prohibió. Un estudio del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue enfático al afirmar que el costo-beneficio propagado por las empresas y por las autoridades no se materializó.
¿Y desde el punto de vista de las condiciones de detención? ¿El presidio privado es mejor que el público? Para hacer esa comparación, sería preciso partir de un punto en común, lo que es imposible porque los presidios privados son beneficiados con la posibilidad de no recibir a más personas de lo que los contratos establecen y también de elegir el perfil de los presos que quieren albergar. Los presidios privados operan en una realidad bastante diferenciada; privilegiada, diría. Es preciso puntualizar también que el envío de dinero por preso para el sistema privado es mayor que en el sistema público, como muestra el propio informe de la Comisión Parlamentario de Investigación. ¿Cómo serían las condiciones en los presidios públicos si la inversión del Estado fuese el mismo?
Por otro lado, son frecuentes las situaciones de crisis en presidios donde gran parte de los servicios se privatiza. Un ejemplo trágico es el caso de Pedrinhas, en Maranhão, donde prácticamente toda la seguridad está privatizada. Esas personas reciben salarios mucho menores, están menos preparadas y, a veces, ni siquiera saben que van a lidiar directamente con los presos cuando se los contrata.
La Comisión Parlamentaria de Investigación del sistema carcelario brasileiro aprobó su informe final. El documento no trae novedades sobre la naturaleza y la extensión de los problemas que acometen a la población carcelaria según el balance de junio de 2014 del Ministerio de Justicia de 607.700 personas. Malos tratos, violencia, falta de condiciones materiales, falta de acceso a la salud, educación, defensa y trabajo, además de la superpoblación, continúan constituyendo el escenario de abandono que caracteriza a las prisiones brasileiras.
La sorpresa del informe está en la conclusión sobre qué debe hacerse para cambiar el panorama: los diputados federales indican la privatización total o parcial del sistema como la salida para la crisis, un modelo que viene siendo aplicado en cada vez más estados, aunque sin reglamentación. Según un informe de 2014 de grupos cristianos que trabajan con los presos, más de 20.000 de ellos en siete estados cumplen pena en cárceles privadas.
La privatización se da de varias maneras y en diferentes grados en el sistema carcelario. Ocurre cuando el Estado delega a una empresa la ejecución de uno o varios servicios, que pueden ir desde la limpieza y del abastecimiento de marmitas hasta la construcción y administración del presidio, pasando por la seguridad y la atención médica. Hay casos, inclusive, de privatización del servicio de asistencia jurídica o sea, el abogado que atiende al preso es contratado por la misma empresa que administra la unidad, en claro conflicto de intereses.
Para Marcos Fuchs, que trabaja en movimientos de defensa de los presos, "la conclusión muestra que los diputados ven a los presos como una mercancía y el sistema carcelario como un mercado en expansión a ser explotado". Apostar por el mercado carcelario significa trabajar por su ampliación lo que, en este caso, significa privar a cada vez más personas de su libertad. La experiencia de países como Estados Unidos así lo prueba.
Según el Ministerio de Justicia, la tasa de encarcelamiento brasileira (número de presos por cada 100.000 personas) creció casi el 120% desde el año 2000. Entre los cuatro países con las mayores poblaciones carcelarias del mundo (Estados Unidos, China, Rusia y Brasil), la tasa brasileira es la única que aumenta.
En su informe los diputados brasileiros afirman que la privatización es más barata y eficiente. Los números utilizados por los diputados en el informe derivan de una única fuente, la Abesp (Asociación brasileira de Empresas Especializadas en la Prestación de Servicios a Presidios). No hay ninguna evidencia empírica de que la privatización sea menos onerosa para el erario público. Inclusive, hay vastos ejemplos de que es justamente lo opuesto. Paraná, primer estado en adoptar la privatización del sistema carcelario, ya volvió atrás y retomó el control de todas las unidades. El Reino Unido ya abolió ese modelo, Alemania lo prohibió. Un estudio del Departamento de Justicia de Estados Unidos fue enfático al afirmar que el costo-beneficio propagado por las empresas y por las autoridades no se materializó.
¿Y desde el punto de vista de las condiciones de detención? ¿El presidio privado es mejor que el público? Para hacer esa comparación, sería preciso partir de un punto en común, lo que es imposible porque los presidios privados son beneficiados con la posibilidad de no recibir a más personas de lo que los contratos establecen y también de elegir el perfil de los presos que quieren albergar. Los presidios privados operan en una realidad bastante diferenciada; privilegiada, diría. Es preciso puntualizar también que el envío de dinero por preso para el sistema privado es mayor que en el sistema público, como muestra el propio informe de la Comisión Parlamentario de Investigación. ¿Cómo serían las condiciones en los presidios públicos si la inversión del Estado fuese el mismo?
Por otro lado, son frecuentes las situaciones de crisis en presidios donde gran parte de los servicios se privatiza. Un ejemplo trágico es el caso de Pedrinhas, en Maranhão, donde prácticamente toda la seguridad está privatizada. Esas personas reciben salarios mucho menores, están menos preparadas y, a veces, ni siquiera saben que van a lidiar directamente con los presos cuando se los contrata.
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| Citas 28, 29 y 30 agosto. Lenin, Lenin y Stalin. |
Aprender
y luchar, luchar y aprender.
Citas
del 28, 29 y 30 de agosto
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