Imagen. (preso tirado en una celda que es una jaula) |
[...]
En 1975 había 8.440 personas presas en España mientras que en 2015
hay 61.614 y proporcionalmente hemos pasado de 23 a 133 personas
presas por cada 100.000 habitantes, según la Red de Organizaciones
Sociales del Entorno Penitenciario (ROSEP).
El 76 por ciento de los delitos que se cometen son contra el patrimonio. Es decir, 3 de cada 4. Los delitos violentos representan una parte muy inferior del total, la mitad de la tasa europea.
El incremento de la población penitenciaria en España desde 1987 no se basa en el incremento de la criminalidad. Este activismo regulador demuestra que el Código Penal se ha modificado "en caliente", desde criterios sensacionalistas y necesidades electorales. En sus 20 años de historia el Código Penal ha sufrido más de 30 reformas, la mayoría de ellas han aumentado la duración de las penas, han extendido las conductas sancionables y han dificultado la aplicación de medidas alternativas reinsertadoras.
Siendo uno de los países de Europa occidental (UE-15) donde se comenten menos delitos, somos el tercer país con mayor proporción de población penitenciaria. El análisis de los tiempos de condena nos apunta en el mismo sentido ya que nos sitúa muy por encima de la media europea: un 154 por ciento por encima del promedio europeo.
Para que el hurto sea condenado con pena de prisión de hasta 18 meses el valor de lo sustraído ha de ser superior a 400 euros, en cambio, para que defraudar a Hacienda sea considerado delito hace falta defraudar más de 120.000 euros [...]
Hemos pasado de un 25 por ciento de libertades condicionales en 1996 a un 16 por ciento en el año 2014, cuando está demostrado que las personas que pasan el último periodo de su condena en régimen abierto y en libertad condicional tienden a reincidir menos que aquellas personas que son directamente excarceladas. Las concesiones de tercer son la respuesta más adecuada para determinados tipos de delitos que no suponen un riesgo para la sociedad. Además, las personas que acaban su condena en esta modalidad reinciden mucho menos.
Además, la justicia no parece ser igual para todos: un 60 por ciento de las personas encarceladas en España lo están por delitos de mediana gravedad, hurtos, robos y venta de drogas que reciben penas privativas de libertad más elevadas que antes del Código Penal de 1995. En estos días por desgracia son noticia los delitos por evasión fiscal, corrupción de políticos, de empresarios, delincuencia de bánksters que muestran las diversas varas de medir.
Para que el hurto sea condenado con pena de prisión de hasta 18 meses el valor de lo sustraído ha de ser superior a 400 euros, en cambio, para que defraudar a Hacienda sea considerado delito hace falta defraudar más de 120.000 euros, y además si se paga la deuda, se retiran los cargos, algo que no sucede si el que roba un pantalón de una tienda lo devuelve [...]
El 76 por ciento de los delitos que se cometen son contra el patrimonio. Es decir, 3 de cada 4. Los delitos violentos representan una parte muy inferior del total, la mitad de la tasa europea.
El incremento de la población penitenciaria en España desde 1987 no se basa en el incremento de la criminalidad. Este activismo regulador demuestra que el Código Penal se ha modificado "en caliente", desde criterios sensacionalistas y necesidades electorales. En sus 20 años de historia el Código Penal ha sufrido más de 30 reformas, la mayoría de ellas han aumentado la duración de las penas, han extendido las conductas sancionables y han dificultado la aplicación de medidas alternativas reinsertadoras.
Siendo uno de los países de Europa occidental (UE-15) donde se comenten menos delitos, somos el tercer país con mayor proporción de población penitenciaria. El análisis de los tiempos de condena nos apunta en el mismo sentido ya que nos sitúa muy por encima de la media europea: un 154 por ciento por encima del promedio europeo.
Para que el hurto sea condenado con pena de prisión de hasta 18 meses el valor de lo sustraído ha de ser superior a 400 euros, en cambio, para que defraudar a Hacienda sea considerado delito hace falta defraudar más de 120.000 euros [...]
Hemos pasado de un 25 por ciento de libertades condicionales en 1996 a un 16 por ciento en el año 2014, cuando está demostrado que las personas que pasan el último periodo de su condena en régimen abierto y en libertad condicional tienden a reincidir menos que aquellas personas que son directamente excarceladas. Las concesiones de tercer son la respuesta más adecuada para determinados tipos de delitos que no suponen un riesgo para la sociedad. Además, las personas que acaban su condena en esta modalidad reinciden mucho menos.
Además, la justicia no parece ser igual para todos: un 60 por ciento de las personas encarceladas en España lo están por delitos de mediana gravedad, hurtos, robos y venta de drogas que reciben penas privativas de libertad más elevadas que antes del Código Penal de 1995. En estos días por desgracia son noticia los delitos por evasión fiscal, corrupción de políticos, de empresarios, delincuencia de bánksters que muestran las diversas varas de medir.
Para que el hurto sea condenado con pena de prisión de hasta 18 meses el valor de lo sustraído ha de ser superior a 400 euros, en cambio, para que defraudar a Hacienda sea considerado delito hace falta defraudar más de 120.000 euros, y además si se paga la deuda, se retiran los cargos, algo que no sucede si el que roba un pantalón de una tienda lo devuelve [...]
Artículo
completo:
http://www.revistafusion.com/201604283394/Firmas/J.-C.-Garcia-Fajardo/una-realidad-penitenciaria-a-golpe-de-telediario.htm
Foto. La G.C. observa pantallazos en un ordenador. |
¿'Operación
Araña' o ‘Patraña’? Lo que no te han contado sobre estos
polémicos arrestos
La suma de todas y cada una de las cuatro fases de este operativo, la primera de las cuales fue en abril de 2014, se ha saldado con más de medio centenar de arrestos, los últimos este pasado abril. El grueso de la información difundida hacía referencia a los operativos policiales, pero se ha hablado poco, muy poco, de cómo se ha desarrollado el proceso judicial.
Y una fotografía general de todo ello señala serias dudas sobre la proporcionalidad y el rigor de las actuaciones policiales y judiciales.
Para empezar, no se puede dar una cifra exacta de procesados ya que a cada uno de los detenidos se los juzga de forma individual, según fuentes de la Audiencia Nacional (AN) consultadas por VICE News, el órgano judicial competente para juzgar este tipo de delitos.
La práctica totalidad de los arrestados no se conocen entre ellos, ni existe una organización detrás que justifique enmarcar las detenciones en un operativo conjunto, como ya señalaron en 2014 académicos del ámbito del Derecho al medio crítico Diagonal. Al rapero Pablo Hasél, por ejemplo, lo detuvieron solo, en 2011, bajo cargos parecidos.
"Lo venden como si se desarticulara una red organizada de gente que crea tendencias de opinión, pero no, esto es una cuestión individual en la que ninguno tiene que ver con el otro", afirma a VICE News César Strawberry, cantante de la banda de rap-metal Def Con Dos y uno de los detenidos en la tercera fase de Araña, a pocos días de las elecciones municipales de mayo de 2015.
Strawberry, cuyo caso fue archivado en primera instancia el pasado junio, pero que está a la espera de juicio después de que el fiscal recorriera la resolución, recuerda que cuando su abogada pidió el atestado, la Guardia Civil, el cuerpo que practicó la detención, afirmó que este no existía. Esto se debería al hecho de que no hay una organización que ampare su actividad en redes sociales ya que se trata de casos particulares. El instituto armado confirma este extremo.
"Lo que intentamos es llevarnos por delante al mayor número de gente", explican a VICE News fuentes de este cuerpo policial en relación a esta operación coordinada contra personas que, en cualquier caso, de haberlos cometido habrían incurrido en delitos independientes entre sí. Es una forma, según ellos, de evitar que alguien borre los mensajes que le incriminan. Algo que no cuadra con el hecho de que la operación se haya desarrollado por fases.
Rubén González salía de su casa en la ciudad gallega de Vigo el pasado 13 de abril y, transcurridos 100 metros, un agente de la benemérita lo paraba. Dos más se abalanzaron sobre él por detrás y se identificaban como policías. Los tres iban encapuchados. Mantuvieron el rostro cubierto desde que le detuvieron hasta que lo soltaron a las dos de la tarde, de acuerdo con el testimonio del joven.
"Quiere acusarme de terrorismo alguien que viene a detenerme a mi barrio encapuchado por ejercer la libertad de expresión", comenta.
Como a Arkaitz Terrón, a quién entrevistamos la semana pasada, a Rubén le requisaron el móvil, aunque asegura que él no utilizaba Twitter desde ese dispositivo. No sabe de qué se le acusa ni qué juzgado lleva su caso. El abogado de Terrón, Carlos Hurtado, lleva junto a un compañero tres casos en tres juzgados diferentes de la Audiencia Nacional, y sólo en Cataluña.
"No me enviaron los tuits todavía ni nada. Yo no tengo información ninguna de la causa. Tampoco me han llamado a declarar", sostiene González, y añade que un Guardia Civil llegó a decirle que esta detención era un "paripé".
Rubén lo tiene claro: "La operación es una treta del Estado para intentar criminalizar a los chavales que son solidarios con los presos y amedrentar a la población. Nos hablan de democracia y nos juzga el mismo tribunal de excepción fascista heredero directo del Tribunal de Orden Público".
La AN es un órgano judicial especial único en la Unión Europea (UE) focalizado en delitos de terrorismo que da continuidad a una institución del franquismo.
Arkaitz sí declaró, y él y su abogado percibieron irregularidades en el proceso.
El joven afincado en Barcelona tenía hora para declarar vía vídeoconferencia a las 9:30 de la mañana del pasado viernes. Empezó con unos 10 minutos de retraso, y tras casi 25 minutos de charla, ante una estupefacción que él vio también en las funcionarias, recibieron la interlocutoria a las 10 y 7 minutos.
En menos de 5 minutos la jueza tuvo tiempo de analizar y estudiar su declaración para afirmar que su testimonio no cuestionaba lo esencial de la causa, y de redactar tres páginas y media de texto y enviarlas vía fax a Barcelona. Carlos Hurtado, el abogado de Arkaitz, cree que del contenido de la resolución emitida por la magistrada se desprende que no dedicó "ni un solo minuto" a valorarla.
Dibujo. (Una mano tapa la boca a una persona) |
Y lo que para él es más grave: el edicto judicial no se refiere a los tuits, sino a los comentarios que los acompañan escritos por la benemérita.
"Una cosa es lo que se dice en un tuit y otra la valoración que alguien puede hacer libremente. En este caso, han cogido las valoraciones que están al pie de cada causa", añade el letrado, quien cree también que la jueza no puede dar por buenas las valoraciones de los agentes, pues no son instructores, sino denunciantes de un hecho.
Las fuentes consultadas por VICE News en la Guardia Civil corroboran que los agentes son conscientes del rol que les es asignado en un proceso: "Nosotros no acusamos", aseguran.
Se han destinado muchos efectivos policiales a todo ello. A Iván, un vecino de 40 años de la localidad catalana de Montblanc que cayó en la cuarta fase de Araña del pasado 13 de abril, por lo menos hacía un mes que le seguían. Los agentes que le interrogaron estaban al caso de un accidente que había tenido semanas atrás. Todos ellos eran o de Madrid o de Galicia.
Denuncia la situación de indefensión que está padeciendo. Su mujer sufre cáncer, y no puede dedicar todo el tiempo que le gustaría a enfrentar este caso. Para más inri, el abogado de oficio que se le asignó no le dejó ningún contacto. Como buena parte de los encausados, Iván se organizó en Facebook para dar una respuesta colectiva a lo que ellos entienden como un atropello.
César Strawberry ve esta operación como un instrumento propagandístico. Tras su detención, un telediario español encadenaba imágenes de arrestos en el País Vasco, un territorio golpeado por un conflicto armado que lleva más de medio siglo activo. Andeka Jurado, otro de los procesados por 'Araña', ya había sido arrestado y encarcelado en 2008 acusado de practicar violencia callejera.
Asegura que su paso por un presidio ya le hacía ser cauto en las redes sociales y que hay muchas cosas que no le cuadran. ¿Por qué él, con 100 seguidores, estaba en el punto de mira de la Guardia Civil? Tenía muy pocos tuits, y en su sumario aparecen dos retuits en apoyo a presos vascos vinculados a ETA y el enlace a un vídeo en el que aparecen pegatinas con su logotipo.
"Justo a mi me detienen cuando detuvieron al de Def Con Dos [César Strawberry, en mayo de 2015], y salgo yo como que ya he estado en la cárcel. Esa presunción de inocencia, que normalmente no la hay, pues conmigo la hay menos", explica Jurado.
"Este es un terrorista, que ha estado en la cárcel dos veces, por kale borroka ["lucha callejera" en euskera, nombre al que los medios daban a la confrontación en la calle en el País Vasco y Navarra] o por no sé qué. Entonces te hacen ya la película que queda más guay. Y claro, mira como se ríen de las víctimas y tal. No hay un solo tuit en el que yo haga ninguna gracia ni ninguna broma", precisa él, quién recuerda que durante la detención su mujer estaba en el octavo mes de gestación.
El vocalista de Def Con Dos percibió que se informó de su detención con imágenes que remitían a la iconografía etarra.
"Mi cara, mi tuit, todo mi rollo y luego una ristra de imágenes de supuestos detenidos que no tienen nada que ver conmigo, gente a la que no conozco y con la que no tengo ningún vínculo. Pero sin embargo sí se establece ese vínculo a través de imágenes, se va lanzando esa pista, y así fue como lo reprodujeron todos los telediarios", lamenta Strawberry.
Un caso bastante ilustrativo de los resortes que han intervenido en 'Araña' es el caso de Boro, periodista de La Haine detenido en Pamplona, ciudad de la que él es oriundo, en la segunda fase de la operación. Un artículo del periódico conservador ABC ya le había puesto en la diana por sus opiniones vertidas en Facebook. La cabecera sugería que no le habían podido arrestar por las medidas de seguridad que adoptó, un supuesto que él niega a VICE News.
En marzo de 2014 le detuvieron en una manifestación en base a unos supuestos hechos por los que le piden seis años de cárcel. Unas semanas después se da la primera fase de la Operación Araña, a los pocos días aparece la noticia en ABC, y en la segunda tanda le toca a él recibir. "A mi me resulta bastante curioso", afirma el periodista.
"Es una caza de brujas. La Guardia Civil se dedica a hacer este tipo de operaciones siempre contra un target muy concreto de personas que tuitean. Personas de izquierdas y que tuitean sobre temas relacionados con el proceso catalán o el proceso vasco", señala el letrado Carlos Hurtado. El abogado hace notar que no ha trascendido ninguna detención de personas vinculadas a la extrema derecha.
"A todo esto se le podría denominar 'Operación Patraña'", concluye César Strawberry.
Cogido
de Vice News:
No hay comentarios:
Publicar un comentario