 |
| Poster. "Victoria Gómez, presa antifascista de los GRAPO". |
Cartas
desde prisión
Victoria
Gómez Méndez
Cáceres
– 2 junio 2016
¡Aupa
Arantza, Benvido David! Ha sido un verdadero placer recibir la carta
de Aran y unas cuantas fotos de la calle, por fin parece que se acabó
andar de urgencias y quirófanos, y más aún cuando estabas presa...
lo que efectivamente, nos tenía a todos “de los nervios”.
Desde
Alicante y Vigo me han tenido al tanto de todo ello, y lo dicho, ¿se
creían esos bichitos infecciosos, esas microscópicas criaturas, que
iban a poder contigo?.
Me
hicieron también una pequeña crónica telefónica de la salida y
recibimiento en situ a David, pero sin los lloros emocionados del
momento jiji.
Y
como mis servicios de información funcionan a pleno rendimiento, ya
me han contado que estáis residiendo en Gasteiz, y allí mandé la
tarjeta para ánimos en las sesiones de quimio de Aran. ¡Aupa
potxola!.
Agradezco
los sobres y sellos, y más sabiendo que la cosa está muy achuchante
en la calle, aunque pensar que aquí dentro ese “material
estratégico” va incluido en el presupuesto mensual.
*Las
presas vascas te envían muxus de tus “ex-vecinas”.
Bicos
a espalla (o sea, muchísimos, a toneladas).
Victoria
 |
| Foto. (torturando a una mujer, tiene la bolsa puesta y una porra en la garganta) |
Tortura:
Más
de 4.000 torturados entre 1960 y 2013 en el País Vasco
Más
de cuatro mil personas se vieron afectadas en Euskadi por las
torturas cometidas por la policía durante los últimos cincuenta
años, según la investigación realizada por el Instituto vasco de
Criminología. Sus conclusiones provisionales se han dado a
conocer esta mañana en San Sebastián por el secretario general de
Paz y Convivencia del
Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, y el antropólogo forense Paco Etxeberria.
El informe identifica a 4.009 personas víctimas de torturas durante el último periodo franquista y la etapa democrática. Los casos recogidos hasta el momento se elevan a 3.577; de ellos 2.000 han sido analizados en profundidad y a 202 se le ha aplicado el protocolo de Estambul, mecanismo de Naciones Unidas para comprobar la veracidad de las denuncias.
El 83 por ciento de los denunciantes son hombres y el resto mujeres. El 17 por ciento denuncia haber sido torturado en más de una ocasión por lo que sus autores estiman que el número de casos se elevara hasta los 5.000. Constatan además que estas cifras son inferiores a las reales y que más personas se incorporarán al censo de aquí a la finalización del estudio, previsto para final de año. Para su inclusión en el mismo hay que ser vasco o residente en la comunidad autónoma o haber sufrido torturas en su ámbito geográfico.
La Investigación de la Tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013 es un encargo del Gobierno de Íñigo Urkullu, que tiene por objeto desvelar la incidencia de este fenómeno en Euskadi y establecer conclusiones en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas, así como de prevención para la erradicación definitiva de ese tipo de abusos y prácticas violentas.
El informe es una de las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo dentro de su Plan de Paz y Convivencia. Sus autores son Paco Etxeberria, el doctor en Medicina Carlos Martín Beristain y la licenciada en derecho y máster en Criminología Laura Pego. Con ellos colaboran 40 profesionales de la salud y expertos en Derechos Humanos. “El número de casos muy graves puede ser muy importante”, subraya el equipo.
Veracidad de las denuncias
Los investigadores han analizado más de 22.000 documentos y recogido más de 900 testimonios. Las pruebas periciales practicadas les llevan a otorgar “credibilidad” a los relatos y a autentificar la veracidad de los hechos denunciados.
Tras la aplicación del Protocolo de Estambul a dos centenares de casos concluyeron que sólo el 2 por ciento de las denuncias podían ser tachadas de “inconsistentes” a efectos de la demostración de torturas. E incluso en ese pequeño porcentaje invalidado quedaba probada la existencia de tratos inhumanos o degradantes, o el uso de una violencia excesiva durante el arresto.
Etxeberria ha incidido en este aspecto al asegurar que tienen testimonios de todo tipo de gente -“sacerdotes, cirujanos, responsables políticos...”- que las corroboran, adelantándose a los presumibles intentos de desacreditar las conclusiones de la investigación.
También ha incidido en la gravedad de las consecuencias que arrastran las víctimas, que en un porcentaje del 5 por ciento presentan secuelas psicológicas.
Diferencias entre cuerpos policiales
La cifra más elevada de los 3.577 casos incorporados al estudio se produjo durante 1975, cuando el régimen franquista decretó el último estado de excepción. Sobre aquel año se registran 265 denuncias. Los ochenta, con 1.184 torturados, fue la peor década, dejando en sus inicios los mayores picos de la gráfica, con 168 y 162 víctimas. El
descenso paulatino de las torturas se produce a partir de 2004, sin que haya ningún caso registrado en 2015 y el primer semestre de 2016
La distribución por autoría prácticamente iguala a la Guardia Civil (1.589 casos) con la Policía Nacional (1561).
Sobre la Ertzaintza se recogen 310. El resto corresponde a Policía Municipal (4), funcionarios de prisiones (19) y otros (39). De 64 no tienen datos.
La tortura se ha visto favorecida por la incomunicación de los detenidos. Su práctica ofrece una “diferencia significativa”, cualitativa y cuantitativamente, entre las distintas fuerzas policiales. Los tres cuerpos de las FSE utilizaron las técnicas del plantón –mantener de pie al arrestado sin moverse durante horas– y la extenuación física. El uso de la bolsa se le atribuye a la Guardia Civil, que compartió con la Policía Nacional el empleo de los electrodos y la bañera.
Se constata además la importancia que en la esfera psíquica adquieren los gritos, insultos y amenazas y se concluye que los citados no son los únicos, “ni los más gravés” métodos utilizados.
21 sentencias
Las diferentes prácticas cambiaron en los ochenta, a raíz de las primeras sentencias de los tribunales de justicia españoles, para “tratar de dificultar” que los forenses pudieran acreditarlas ante los jueces.
La Guardia Civil ha sido condenada en doce ocasiones y la Policía Nacional en nueve. Los fallos han afectado a 50 funcionarios públicos, 49 hombres y una mujer, que han sido castigados por torturas cometidas contra 32 personas -28 hombres y cuatro mujeres- detenidas entre los años 1979 y 1992. No hay ninguna sentencia condenatoria contra la Ertzaintza.
Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en ocho casos por incumplir las obligaciones contraídas en contra de la tortura y la ONU se ha pronunciado en el mismo sentido reprobatorio en otros dos.
Falta de garantías
Los derechos de los detenidos siguen sin estar garantizados “de manera efectiva”, según concluyen los autores del informe.
Siguiendo las recomendaciones hechas por organizaciones internacionales España estableció en 1997 un protocolo para el reconocimiento médico forense a los arrestados, que no se ha cumplido “salvo excepciones”, lo que dificulta la investigación de las denuncias.
El avance de las conclusiones del informe se ha presentado en la inauguración de un Congreso sobre “verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes” organizado en el marco de los Cursos de Verano de la UPV.
Ejecutivo vasco, Jonan Fernández, y el antropólogo forense Paco Etxeberria.
El informe identifica a 4.009 personas víctimas de torturas durante el último periodo franquista y la etapa democrática. Los casos recogidos hasta el momento se elevan a 3.577; de ellos 2.000 han sido analizados en profundidad y a 202 se le ha aplicado el protocolo de Estambul, mecanismo de Naciones Unidas para comprobar la veracidad de las denuncias.
El 83 por ciento de los denunciantes son hombres y el resto mujeres. El 17 por ciento denuncia haber sido torturado en más de una ocasión por lo que sus autores estiman que el número de casos se elevara hasta los 5.000. Constatan además que estas cifras son inferiores a las reales y que más personas se incorporarán al censo de aquí a la finalización del estudio, previsto para final de año. Para su inclusión en el mismo hay que ser vasco o residente en la comunidad autónoma o haber sufrido torturas en su ámbito geográfico.
La Investigación de la Tortura en el País Vasco entre 1960 y 2013 es un encargo del Gobierno de Íñigo Urkullu, que tiene por objeto desvelar la incidencia de este fenómeno en Euskadi y establecer conclusiones en materia de reconocimiento y reparación de las víctimas, así como de prevención para la erradicación definitiva de ese tipo de abusos y prácticas violentas.
El informe es una de las iniciativas puestas en marcha por el Ejecutivo dentro de su Plan de Paz y Convivencia. Sus autores son Paco Etxeberria, el doctor en Medicina Carlos Martín Beristain y la licenciada en derecho y máster en Criminología Laura Pego. Con ellos colaboran 40 profesionales de la salud y expertos en Derechos Humanos. “El número de casos muy graves puede ser muy importante”, subraya el equipo.
Veracidad de las denuncias
Los investigadores han analizado más de 22.000 documentos y recogido más de 900 testimonios. Las pruebas periciales practicadas les llevan a otorgar “credibilidad” a los relatos y a autentificar la veracidad de los hechos denunciados.
Tras la aplicación del Protocolo de Estambul a dos centenares de casos concluyeron que sólo el 2 por ciento de las denuncias podían ser tachadas de “inconsistentes” a efectos de la demostración de torturas. E incluso en ese pequeño porcentaje invalidado quedaba probada la existencia de tratos inhumanos o degradantes, o el uso de una violencia excesiva durante el arresto.
Etxeberria ha incidido en este aspecto al asegurar que tienen testimonios de todo tipo de gente -“sacerdotes, cirujanos, responsables políticos...”- que las corroboran, adelantándose a los presumibles intentos de desacreditar las conclusiones de la investigación.
También ha incidido en la gravedad de las consecuencias que arrastran las víctimas, que en un porcentaje del 5 por ciento presentan secuelas psicológicas.
Diferencias entre cuerpos policiales
La cifra más elevada de los 3.577 casos incorporados al estudio se produjo durante 1975, cuando el régimen franquista decretó el último estado de excepción. Sobre aquel año se registran 265 denuncias. Los ochenta, con 1.184 torturados, fue la peor década, dejando en sus inicios los mayores picos de la gráfica, con 168 y 162 víctimas. El
descenso paulatino de las torturas se produce a partir de 2004, sin que haya ningún caso registrado en 2015 y el primer semestre de 2016
La distribución por autoría prácticamente iguala a la Guardia Civil (1.589 casos) con la Policía Nacional (1561).
Sobre la Ertzaintza se recogen 310. El resto corresponde a Policía Municipal (4), funcionarios de prisiones (19) y otros (39). De 64 no tienen datos.
La tortura se ha visto favorecida por la incomunicación de los detenidos. Su práctica ofrece una “diferencia significativa”, cualitativa y cuantitativamente, entre las distintas fuerzas policiales. Los tres cuerpos de las FSE utilizaron las técnicas del plantón –mantener de pie al arrestado sin moverse durante horas– y la extenuación física. El uso de la bolsa se le atribuye a la Guardia Civil, que compartió con la Policía Nacional el empleo de los electrodos y la bañera.
Se constata además la importancia que en la esfera psíquica adquieren los gritos, insultos y amenazas y se concluye que los citados no son los únicos, “ni los más gravés” métodos utilizados.
21 sentencias
Las diferentes prácticas cambiaron en los ochenta, a raíz de las primeras sentencias de los tribunales de justicia españoles, para “tratar de dificultar” que los forenses pudieran acreditarlas ante los jueces.
La Guardia Civil ha sido condenada en doce ocasiones y la Policía Nacional en nueve. Los fallos han afectado a 50 funcionarios públicos, 49 hombres y una mujer, que han sido castigados por torturas cometidas contra 32 personas -28 hombres y cuatro mujeres- detenidas entre los años 1979 y 1992. No hay ninguna sentencia condenatoria contra la Ertzaintza.
Por otra parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en ocho casos por incumplir las obligaciones contraídas en contra de la tortura y la ONU se ha pronunciado en el mismo sentido reprobatorio en otros dos.
Falta de garantías
Los derechos de los detenidos siguen sin estar garantizados “de manera efectiva”, según concluyen los autores del informe.
Siguiendo las recomendaciones hechas por organizaciones internacionales España estableció en 1997 un protocolo para el reconocimiento médico forense a los arrestados, que no se ha cumplido “salvo excepciones”, lo que dificulta la investigación de las denuncias.
El avance de las conclusiones del informe se ha presentado en la inauguración de un Congreso sobre “verdad y reconocimiento para las víctimas de tortura, tratos inhumanos y degradantes” organizado en el marco de los Cursos de Verano de la UPV.
 |
| M.P.M. (Retrato de un minero). |
Dos
siglos de Resistencia Obrera
Agenda
LA
SOLIDARIDAD ES UN ARMA
Los
sentimientos del pueblo hacia los mineros y hacia su acción valerosa
se expresaron en estas sencillas palabras que algunos dirigían a los
huelguistas acompañando su contribución económica:
“Nos
solidarizamos con una pequeña ayuda de 1.500 pesetas. Ganamos poco y
nuestras fuerzas no alcanzan a más. Estamos con vosotros mineros
asturianos y seguiremos estándolo hasta que nos alcancen las fuerzas
y algo más, hasta que llegue esa hora que tanto ansiamos de derrocar
al franquismo. (Un grupo de obreros de Granada)”
“Un
grupo de trabajadores de Murcia desea colaborar con los huelguistas
para que puedan sobrellevar la huelga con el mínimo de calamidades.
Enviamos 2.055 pesetas. Supone ya un sacrificio juntar este dinero
entre unos cuantos trabajadores, pero estamos dispuestos a hacer más,
puesto que vosotros, mineros, estáis haciendo mucho más”.
“Acompañando
mi contribución envío la de dos muchachos campesinos de Valencia.
Nos pusimos a hablar de la huelga minera, del porqué la habían
hecho y enseguida echaron mano al bolsillo y me entregaron cada uno
100 pesetas. Era sábado. Mañana –dijo uno– no haremos ningún
gasto ni al otro domingo tampoco, y se acabó, que sea para los
mineros. Para aportar una ayuda a los mineros he ido a Francia a
hacer las vendimias.
Estoy
a favor de la huelga general política. Al terminar las vendimias
daré 200 pesetas más para los mineros asturianos que nos han dado
el ejemplo al empezar la huelga general política. Demos el ejemplo
al resto de España. (Un valenciano)”
-Dibujo
M.P.M. 2005 Ellos cavan los cimientos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario