viernes, 24 de febrero de 2017

Cuando EE.UU. diezmó a los indios californianos: 120.000 muertos en 24 años.

Dibujo. (El 7º de Caballería al ataque).
El genocidio de los indios en Norte América


YA ES HORA DE QUE SE RECONOZCA EL GENOCIDIO DE LOS INDIOS DE CALIFORNIA

Por Benjamín Madley

Originalmente publicado en Los Angeles Times

Entre 1846 y 1870 la población india de California se desplomó desde unos 150.000 a 30.000 individuos. Enfermedades, desarraigo y hambrunas causaron muchas de esas muertes, aunque la práctica aniquilación de los indios californianos no fue el resultado inevitable de la toma de contacto de dos civilizaciones que se encuentran por primera vez. Se trató de un genocidio, aprobado y realizado por oficiales californianos.
Ni el gobierno de los EEUU ni el propio estado de California han reconocido nunca que la catástrofe de los indios californianos, encaja perfectamente con la definición de genocidio establecida por la Convención contra el Genocidio de las Naciones Unidas (ONU) en 1948. Según la Convención, los agresores deben haber mostrado su “intención de destruir, en su totalidad o en parte, un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. Además, deben haber cometido uno de los cinco actos genocidas que aparecen en el listado de la Convención “Matar a miembros del grupo; causar graves daños físicos o psicológicos a miembros del grupo; infringir, de manera deliberada, condiciones de vida, al grupo, calculadas para destruirlo total o parcialmente de manera física; imponer medidas destinadas a impedir los nacimientos dentro del grupo; transferir de manera forzosa a niños desde un grupo a otro”.
La Primera Legislatura californiana se produjo en 1850, y una de sus primeras órdenes fue prohibir el derecho al voto de todos los indios, a los que tenían “la mitad de sangre india”, tampoco podían votar los blancos que hubieran cometido algún delito. Igualmente, se prohibía a los indios a ejercer su derecho a formar parte de un jurado popular. Los legisladores californianos prohibieron, algo más tarde, que los indios pudieran ejercer de abogados. En su conjunto, estas leyes estaban ampliamente diseñadas para sacar a los indios de la participación y la protección del sistema legal estatal. Esto equivalía a la virtual garantía de impunidad para aquellos que los atacaran.
Ese mismo año, los legisladores estatales aprobaron la mano de obra esclava india al legalizar los contratos de custodia de los blancos sobre los menores y los prisioneros indios. En 1860, ampliaron la ley de 1850 para legalizar el “desarraigo” de “cualquier indio”. Estas leyes desencadenaron una explosión en el número de secuestros y en la separación de hombres y mujeres cuando la tasa de natalidad aumentaba, lo que aceleró el declive de la población de los indios californianos. Algunos indios fueron tratados como mano de obra desechable. Un abogado recordaba: “Los Ángeles tenían sus leyes esclavistas y miles de personas útiles y honestas fueron completamente destruidas de esta manera”. Entre 1850 y 1870. La población india de Los Ángeles cayó desde 3693 a 219.
No es una exageración afirmar que los legisladores de California habían establecido una máquina de matar subvencionada por el Estado. Los gobernadores de California convocaron a autorizaron más de 24 milicias estatales de expedición entre 1950 y 1861, que mataron, al menos, a 1340 indios californianos. Los legisladores estatales también aprobaron tres leyes en los años 1850 por las cuales se elevaba hasta 1,51 millones los fondos de estas operaciones –una gran cantidad de dinero para la época- para financiar las operaciones de las milicias anti- indias. Al demostrar que el Estado no castigaría a los asesinos de indios, sino que los recompensaría, las expediciones de la milicia animaron a que fueran asesinados al menos 6460 indios californianos entre 1846 y 1873.
El Ejército de los EEUU y sus auxiliares igualmente asesinaron a por los menos 1680 indios californianos entre 1846 y 1873. Mientras tanto, en 1852, los políticos del Estado y los senadores de los EEUU paralizaron el establecimiento de reservas federales permanentes, por lo que, al denegar la tierra a los indios, se les exponía a grades peligros.
El apoyo estatal al genocidio estaba vagamente velado. En 1851, el gobernador de California, Peter Burnett, dijo “se continuara la guerra de exterminio…. Hasta que la raza india sea extinguida”. En 1852, el senador de los EEUU, John Weller (que fue gobernador de California en 1858) fue aún más lejos, cuando dijo a sus colegas del Senado que los indios de California “serán exterminados ante la ofensiva del hombre blanco”, argumentando que “el interés del hombre blanco requiere de la extinción de los indios”. 
Mapa de las Tribus Indias Americanas.
Más allá de los asesinatos premeditados y sistemáticos de los indios de California, también proliferaron otros actos de genocidio. Se sucedieron muchas violaciones y palizas, lo que concuerda con la definición de la Convención contra el Genocidio de la ONU sobre “causar graves daños corporales” a víctimas en la base de su grupo identitario y con la intención de destruir el grupo. La política sostenida, civil y militar, de destrucción de los poblados indios y de sus reservas de alimentos, a la vez que se les empujaba hacia regiones montañosas inhóspitas equivalía a “infringir al grupo condiciones de vida calculadas para conducirlo a sus destrucción física total o en parte”. A causa de la malnutrición y la predecible exposición al descenso de la tasa de nacimientos, algunos responsables de estas decisiones, a nivel estatal y federal, aparecen como culpables de “imponer medidas con el fin de impedir los nacimientos dentro del grupo”.


Por último, el Estado de California, los secuestradores de esclavos y los oficiales federales todos estaban implicados en “transvasar a la fuerza a los niños de un grupo a otro”. Miles de niños indios californianos sufrieron esta clase de transvases. Al romper familias y comunidades, los traslados forzados constituyeron “la imposición de medidas con el fin de prevenir los nacimientos en el seno del grupo”. Efectivamente, el Estado legalizó el secuestro y la esclavización de menores indios, los esclavistas se aprovecharon de las leyes de desarraigo, mientras que los oficiales federales impedían la intervención del ejército de los EEUU para proteger a las víctimas.
El problema del genocidio en California pone sobre la mesa cuestiones políticas, económicas y educativas muy difíciles respecto a los indios de California. Les corresponde a ellos –y no a académicos como yo- determinar la mejor manera de solventarlos.
¿Ofrecerán los altos cargos del Estado sus disculpas, como lo hicieron el presidente Ronald Reagan y George H.W. Bush, en los años 1980, por el realojamiento e internamiento de unos 120.000 japoneses-americanos durante la II Guerra Mundial? ¿Deberían ofrecer una compensación por encima de los 1600 millones de dólares que el Congreso pagó a 82.210 de estos nipón-americanos y a sus herederos? ¿Deberían los altos cargos de California disminuir o eliminar por completo los recortes que anualmente hacen a las compensaciones por los ingresos a la caza, como una manera de reparación? ¿Debería el Estado devolver a las comunidades indias de California el control de las tierras estatales donde se produjo el genocidio? ¿Debería el Estado dejar de condecorar a los que apoyaron y perpetraron este genocidio, incluyendo a Burnett, Kil Carson y John C. Frémont? ¿Se incluirá el genocidio contra los indios de California en el plan de estudio de las escuelas y en los diversos discursos públicos, al mismo nivel que el genocidio armenio o el Holocausto?
Estas son las cuestiones cruciales. De lo que no cabe ninguna duda es que el Estado y el gobierno federal deberían reconocer el genocidio que tuvo lugar en California.
La decencia nos demanda que, incluso mucho después de la muerte de las víctimas, preservemos la verdad de lo que les ocurrió, para que su memoria pueda ser honrada y sean desterradas todas las posibilidades de que se repitan crímenes similares. La justicia demanda que, incluso si la mayoría de los culpables han perecido, documentemos los crímenes que ellos y sus defensores han retrasado o negado por tanto tiempo.
Para terminar, la veracidad histórica demanda que demos a conocer esta catástrofe patrocinada por el Estado en todas sus variedades, aspectos y causas, para poder comprender mejor las lecciones de estos sucesos, tanto de los indios californianos como de la historia del Estado de California.

Fuente: NorthStar Compass. Otoño, 2016

Traducción: del inglés M.M. Ponce. Diciembre, 2016


Cartel de RPC "¡Fuera machistas de los Movimientos Populares!"
Muro Solidario. 
Campaña de R.P.C.


Fuera machistas de los movimientos populares


Pantallazo vídeo S.A. 3 de Marzo.
Música combativa:

SOZIEDAD ALKOHOLIKA - No Olvidamos, 3 de Marzo


Video lyric oficial de Soziedad Alkoholika, “No Olvidamos, 3 de Marzo” incluido en su trabajo “Sistema Antisocial". Realizado por Jon Goikoetxea - www.bideolan.com Gracias a la asociación 3 de Marzo - www.martxoak3.org
“Este tema trata sobre la masacre sucedida en 1976 en nuestra ciudad Vitoria-Gasteiz. Aquel día las fuerzas de seguridad asesinaron a 5 obreros y hubo casi una centena de heridos de bala. Nunca se juzgó ni condenó a nadie. A día de hoy aquellos crímenes continúan impunes. Con esta canción queremos rendir homenaje a los trabajadores que, defendiendo sus derechos laborales, sufrieron el terror y la violencia del Estado. También a todos los que a día de hoy siguen luchando para que aquellos hechos no caigan en el olvido y se haga justicia.”



Soziedad Alkoholika.

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