¿Transición? ¿Qué transición? 3ª parte y última

 

Memoria Histórica del día:

-1865: Creación del primer sindicato obrero, la Asociación de los obreros de las fábricas de tabaco, en Alemania.

-1968: En Filipinas, se reconstituye el PCF.

-1979: Brutal represión durante la dispersión de 22 presos políticos del PCE(r) y de los GRAPO desde la cárcel de Zamora a las de Herrera y Puerto. Recibieron palizas y varios resultaron heridos graves.

-1989: Asesinan en Rumanía a Nicolás y Helena Ceausescu.

-2007: Natividad Junco Oleaga, familiar de preso político y vecina de Oñate (Gipuzkoa), muere en accidente de tráfico en Alfaro (La Rioja), en viaje obligado por la dispersión penitenciaria aplicada a todos los presos y presas políticas.

¿Transición? ¿Qué transición?

(3ª parte de 3)

Otro ex policía fascista es Juan Antonio Gil Rubiales, que comenzó su andadura en la represión en 1971. Justo diez años después, se encarga de la detención e interrogatorios del camionero vasco, presunto militante de ETA m, Joxe Arregi. La infame Ley Anti-terrorista ofrece 10 días de incomunicación para que más de 70 policías revienten a torturas al fornido camionero. Es llevado al Hospital Penitenciario, en el que se encuentran un militante de ETA p-m y un joven militante de los GRAPO, paralítico después de que la policía le tirotease por la espalda, rematando además de un tiro en la cabeza a su camarada Abelardo Collazo, cuando se hallaba malherido en el suelo. Ellos dos nos legaron las últimas palabras de Arregi antes de morir: “Oso latza izan da”-”Ha sido muy duro”-. Las fotografías del cuerpo amoratado, hinchado y de los pies llenos de quemaduras de Arregi indignaron a la sociedad vasca. De los más de 70 implicados, sólo dos responsables directos fueron procesados: Julián Marín Ríos y Juan Antonio Gil Rubiales. Se les condenó respectivamente a cuatro y tres meses de arresto, que no de cárcel, y tres y dos años de suspensión de empleo y sueldo. Lo cual no fue óbice para que, en 2005, Gil Rubiales fuese nombrado Comisario Jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife. Fue enterrado con honores de Estado, en posesión de la Cruz al Mérito policial con distintivo rojo y habiendo sido felicitado más de 70 veces, tantos como policías martirizaron a Arregi, por su labor en la lucha “antiterrorista”.

Otro de los carniceros de Arregi fue Juan Antonio González García, otro ex BPS que entró en el cuerpo un año después que Gil Rubiales, en el 72. No es el único caso de torturas en que se vio implicado. Un año antes del asesinato de Arregi, en 1980, es detenida Isabel Llaquet, acusada de ser Secretaria General del PCE(r) tras el asesinato de Delgado de Codes. Es bestialmente torturada. Como consecuencia de las lesiones sufridas, constatadas por diversos médicos, Llaquet tuvo que ingresar en el Centro Municipal de Urgencias Pere Camps de Barcelona. Su traslado a Madrid se tuvo que realizar en silla de ruedas. En enero de 1983, Isabel Llaquet reconoció en la Audiencia Nacional a Juan Antonio González García como uno de los inspectores que la torturó. Según su relato, fue golpeada en la planta de los pies durante 12 horas, le arrancaron el vello del pubis y fue golpeada sistemáticamente en los pechos en la Jefatura Superior de Policía de Barcelona donde fue sometida a interrogatorio. Isabel Llaquet ha estado presa hasta hace muy poco tiempo. Sin embargo su verdugo, su torturador es actualmente el director de la Policía Judicial, el mismo que se vio implicado en el “caso Malaya” de corrupción y el mismo que se fue de cacería con Bermejo y Garzón. Uno se los imagina haciendo jocosos comentarios sobre cómo, a la par que animales, también de cuando en cuando cazan seres humanos; uno, torturándolos; otro, haciendo la vista gorda y ordenando que continúe la incomunicación y los “interrogatorios”; el tercero, negando todo muy serio y enjuto por televisión.

No fue Arregi el único caso en los 80. Poco antes había sido torturado hasta la muerte José España Vivas, militante del PCE(r) y presidente de la Asociación de Vecinos de Alcalá de Henares. Ninguno de los agentes de la Brigada de Información que lo asesinaron fueron encausados; sí, sin embargo, varios miembros de la Asociación de Vecinos, tras un homenaje a su compañero asesinado. También, en 1985, es asesinado en el cuartel de Intxaurrondo Mikel Zabaltza, conductor de autobuses presunto militante de ETA. En palabras del capitán de la Guardia Civil, Pedro Gómez Nieto, a Perote se les había “ido la mano” con la “bañera”. Lo habían ahogado. Echaron su cuerpo al río Bidasoa y afirmaron que se había echado al río al intentar huir. Los análisis químicos del agua demostraron que la del Bidasoa no era la misma que con la que había sido ahogado Zabaltza. En las torturas y asesinato participaron más de una docena de picoletos. Entre ellos destacan el cocainómano Enrique Dorado, más tarde condenado por el secuestro, torturas y asesinato de los jóvenes Lasa y Zabala, tras ser delatados él y Felipe Bayo por el narcotraficante “Txofo”, y Gonzalo Pérez García, enviado a Iraq en materia de represión y ejecutado por la resistencia iraquíe. Pedro Gómez Nieto, el que informó a Perote del asesinato, era cinco años después, en 1990, uno de los miembros del “Grupo Omega” o “Los Pata Negra” de la Guardia Civil, bajo órdenes directas del ladrón y asesino Roldán. Ese año secuestran, torturan y drogan al militante de los GRAPO Suso Cela Seoane, al que quieren sacar información sobre su hermano Paco. Pedro Gómez Nieto fue juzgado por esos hechos. A día de hoy, es agregado de la embajada española en Honduras, con un sueldo de cerca de 6000 euros mensuales. Ese mismo año de 1990 Suso Cela fue detenido y torturado por la Guardia Civil, esta vez leGALmente. A día de hoy sigue en prisión, secuestrado. Debería estar en la calle, pero se le ha aplicado retroactivamente la draconiana y oprobiosa “Doctrina Parot”.

Otro ejemplo paradigmático de la verdadera naturaleza de la reforma fascista se puede personificar en la figura del comisario José Matute. Inspector jefe de la Brigada de Investigación Político-Social de Santa Cruz de Tenerife mató en una sesión de tortura al militante del Partido de Unificación Comunista de Canarias Antonio González Ramos, a finales de octubre del 75. La autoridad judicial investiga el caso, reconociendo en el sumario que Matute y sus secuaces habían llegado a amenazar, para mantener el silencio, a compañeros del cuerpo y a un picoleto con frases como “silencio o ejecución” o “más vale un cobarde vivo que un valiente muerto”. Por esas mismas fechas, Matute también tortura a Manuel Trujillo Ascanio, militante de la Liga Comunista Revolucionaria. En este caso sí es juzgado y condenado a cinco meses de arresto, seis años de destierro de Tenerife y al pago de una multa de 75000 pesetas. No llegaría a cumplir ninguna de las sanciones: en el 77 se aplica la Ley de Amnistía. Algo más que una broma de mal gusto: la misma amnistía por la que dieron su vida militantes como Antonio González Ramos servía para amparar y proteger a sus verdugos, para que todo siguiera igual. Matute aparece en el año 83 en la gigantesca operación de rastreos y registros masivos que se desarrolla en el madrileño barrio del Pilar. Se jubilaría no sin antes protagonizar un sonado escándalo, la agresión a uno de sus superiores, el policía Mariano Gala.

 

No puedo olvidarme de otro torturador de la BPS, ascendido a mediados de los 80 por el PSOE-GAL a máximo responsable de la lucha “antiterrorista”, Jesús Martínez Torres. Manuel Lucas de Pedro, estudiante de Medicina de 21 años cuando fue detenido en 1971 y hoy casado, con un hijo, médico en la localidad zaragozana de Daroca relata a “El País”: “Martínez Torres pertenecía a la hornada que llegó en 1970. Hasta entonces estaban sólo los clásicos, acostumbrados al movimiento obrero. Pero estos nuevos actuaban ya sobre el mundo universitarios y comenzaban a infiltrar gente. Durante los 10 o 12 días que duraron mis interrogatorios, a base de palizas, era él quien los dirigía. No llevaba bigote, pero lo tengo plenamente identificado”, asegura. “Parecía que llevaba la responsabilidad, aunque cascaba igual que los demás. La verdad es que había otros más brutos. Éste lo que era es un poco chuleta. A veces rompía las declaraciones, si no le gustaban”. Al mismo periódico, David Ubico Soler, trabajador del metal, que entonces contaba 24 años y que, como militante del Partido de los Trabajadores (PT), participaba en una reunión preparatoria de las elecciones para enlaces de los sindicatos verticales cuando fue detenido: “Martínez Torres no era de los que más pegaban, sino de los que dirigían y coordinaban los interrogatorios de las distintas habitaciones, y, por ejemplo, te hacía oír gritar al compañero de la habitación de al lado. O te decía: ‘¿Oyes cómo llama a mamá?’. Martínez Torres iba con una porra en la mano, que a veces usaba. El que más me pegaba no era él, sino otro que todavía sigue aquí. Martínez Torres te daba un golpe, te soltaba una frase cínica y se largaba. También fue uno de los que me llevaron al monte, a un agujero, y al ver que no estaba la propaganda, hacían insinuaciones con la pistola que daban miedo…[...]hace ocho o diez meses, en televisión, dándole la mano al Rey. Fueron sólo dos segundos, pero le reconocí. No lo comenté con nadie, excepto con mi moza, pero cuando hace poco vi la foto en EL PAÍS ya no pude contenerme y escribí la carta al periódico”. Más de 20 personas le reconocen como torturador. A nadie se le ocurrió juzgarlo ni cesarlo, faltaría más.

Hay tres caso que me parece importante recordar y tener bien presentes. Uno es el apaleamiento hasta la muerte del anarquista Agustín Rueda, en la cárcel de Carabanchel, en 1978 tras descubrirse un túnel en la prisión. Después de un año los responsables del asesinato, (Carlos Cantos Rueda, director, Antonio Rubio, subdirector, Barrigón, medico de la prisión, Luís Lirón de Robles, jefe de servicios, Jose Luís Esteban, carcelero, Alfredo Mayo, carcelero, Javier Flores, carcelero, junto a otros carceleros) fueron puestos en libertad por Landelino Lavilla y Rodolfo Martín Villa. Diez años después de la muerte del recluso anarquista, la Audiencia Provincial de Madrid consideró que el apaleamiento de Agustín Rueda era “un delito de imprudencia temeraria con resultado de muerte”. Se condenó a 10 años de cárcel a Eduardo Cantos, director de Carabanchel cuando se produjeron los hechos, al subdirector Antonio Rubio y a cinco funcionarios más. Otros tres encausados fueron condenados a ocho, siete y seis años, respectivamente. Y a dos años de cárcel los médicos José Luis Casas y José María Barigow, que ocultaron el grave estado de Agustín Rueda tras la paliza. De todos ellos, ninguno llegó a permanecer ni ocho meses en prisión. Todos ellos eran carceleros durante el fascismo franquista y continuaban siéndolo con el fascismo entronizado.

El segundo es el conocido como “caso Almería”, uno de los episodios más abyectos y repulsivos de aquellos años. En aquella ocasión, las víctimas fueron tres jóvenes trabajadores santanderinos que se habían trasladado en coche hasta Andalucía para asistir a la primera comunión del hermano de uno de ellos, y que en el camino fueron erróneamente identificados como miembros de ETA por una persona que acababa de ver en televisión las fotos de tres militantes de ETA a los que se atribuía un atentado en Madrid. Dicha persona apuntó la matrícula de su coche, y avisó a la Guardia Civil. El resultado no se hizo esperar: el 9 de mayo de 1981 varios agentes del cuerpo detuvieron a los tres jóvenes en Roquetas de Mar, pensando que eran miembros de ETA, y tras llevarlos a una casa abandonada, los torturaron con tal saña que en pocas horas eran los tres cadáveres atrozmente mutilados. Entonces, se dieron cuenta de que no se trataba en absoluto de militantes de ETA, y procedieron a camuflar el crimen, para lo cual los metieron en un coche al que prendieron fuego, tras coserlo a balas y rociarlo de gasolina. El procedimiento judicial estuvo repleto de irregularidades, y sólo gracias a la entrega y coraje del abogado que representaba a las familias de las víctimas, Darío Fernández, quien recibió múltiples amenazas de muerte y tuvo incluso que vivir oculto en una cueva, se logró que tres de los once guardias civiles implicados fuesen condenados por torturas y homicidio, que no asesinato. El principal encausado, el entonces teniente-coronel Carlos Castillo Quero, recibió una sentencia de 25 años de prisión; el teniente Manuel Gómez Torres otra de 14 años, y finalmente el guardia Manuel Fernández Llamas fue condenado a 12 años. Ninguno pasó en prisión ni un año y, por supuesto, con enormes privilegios y prebendas. Entre otros, recibir gigantescas sumas de dinero de los fondos reservados, lo que Barrionuevo justificó aduciendo que era un “compromiso” anterior de los falangistas de UCD. Una persona con el mismo nombre y apellidos de uno de los asesinos, Manuel Fernández Llamas, condenada a 3 años de prisión por un delito de lesiones, fue indultada el año 2000. Uno no quiere ser malpensado, pero…

Por último, el llamado “caso Nani”. Para este caso, citaré los párrafos de la documentada y exhaustiva obra de Juan J. Alcalde “Los Servicios Secretos en España La represión contra el movimiento libertario español (1936-1995)”: “[...] En el asunto de la “mafia policial” se investigaron las importantes relaciones de importantes joyeros como Mariano Loriente y Federico Venero con policías, a su vez relacionados con la desaparición en dependencias policiales de un confidente de la policía, “el Nani”. El jefe de la brigada anticorrupción vinculó ante el juez los casos Nani y el del joyero Loriente, secuestrado en el 78 y desaparecido en el 83, en el que se vio implicado Messía Figueroa, “el Marqués”, agente de los servicios de información y ya implicado antes en el secuestro del también joyero Recaredo González Pazos. La mafia policial, que estaba formada por ex político-sociales (la policía política del franquismo), estaba implicada en el asesinato de más de 7 personas relacionadas con el negocio de la joyería. Confidentes de la policía tras la info recibida por inspectores (de la policía), atracaban o secuestraban a joyeros, algunos de los cuales eran a la vez colaboradores policiales. Una parte sustanciosa del botín de cada robo o secuestro debía ser entregada a los ex político-sociales ahora integrantes de la brigada de información, en varias ocasiones se deshicieron de sus colaboradores para tocar a más… [...] hubo algunas cabezas de turcos, pero otros implicados como el comisario Ángel Ortega en el 88 se veía como jefe de la academia de policía. O Rodríguez Colorado, que en el mismo año accedió al cargo de director general de policía”

Más de uno habrá caído en la cuenta de que apenas he citado nombres relacionados con el benemérito cuerpo. La continuidad del fascismo se manifiesta en tan odiado cuerpo militar en la figura de dos hombres: José Antonio Sáenz de Santamaría y Andrés Casinello. El primero de ellos, General, se dedicaba ya en los sombríos y truculentos años de posguerra a la persecución y asesinato de los militantes de las Agrupaciones Guerrilleras utilizando, por ejemplo, pentotal sódico para conseguir declaraciones y confesiones. Es el encargado, en 1975, de los preparativos para los fusilamientos del 27 de septiembre. Implicado en todas las tramas de terrorismo de Estado desde mediados de los 70 hasta el 82, encargado de la “reestructuración democrática” de la Policía y de la creación de los GEO, es nombrado por el PSOE-GAL director general de la Guardia Civil. El “pacto del capó” con los militarotes exigía, como contrapartida del PSOE-GAL, la centralización e institucionalización del terrorismo de Estado, la aplicación de la guerra contrainsurgente y éste ponía en altos cargos a los hombres adecuados. Implicado en los crímenes de los GAL, condenado por los cometidos entre 1983 y 1984 para después ser absuelto, siempre fue un apologeta del terrorismo de Estado. Dejó frases célebres como “prefiero la guerra a la independencia de Euskadi”, aforismo que siguió al pie de la letra.

Casinello es uno de los hombres claves de la estrategia contrainsurgente del Estado fascista español. Al mando del SECED tras el vuelo con pirueta de Carrero Blanco y la defenestración del coronel San Martín (que, desde finales de los 60, junto a Díez Alegría, iba negociando con Carrillo en Rumanía la integración del PcE en el Estado fascista), su nombre aparece implicado en sucesos como la matanza de abogados de Atocha o el “caso de la colza”, así como en, al menos, cuatro asesinatos de refugiados vascos. Es considerado como el fundador del GAL verde así como el creador del organigrama de los GAL y cerebro del Plan ZEN (Zona Especial Norte), impulsado por el PSOE-GAL (uno de sus máximos valedores, el senador Casas, fue abatido por los Comandos Autónomos Anticapitalistas; en represalia, el Estado terrorista contestó con la emboscada criminal de Bahía de Pasaia). ¿Por qué este hombre? Casinello fue instruido y entrenado en las técnicas de guerra contrainsurgente (secuestros, asesinatos selectivos, torturas, desapariciones…) en Fort Bragg, la base norteamericana en la que eran entrenados los escuadrones de la muerte latinoamericanos en las tácticas que los imperialistas franceses habían utilizado y sistematizado en las guerras de Indochina y Argelia (algo antes los británicos en Malasia utilizaron técnicas similares). En relación con ésto, véase el excelente documental francés “Escuadrones de la muerte: la escuela francesa”. Una de las premisas esenciales de la guerra contrainsurgente es la división por zonas del territorio para aplastar el peligro de subversión. Ahora, observad qué significa el acrónimo “ZEN” del plan citado. La contrarrevolución también es internacionalista…

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