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| Dibujo. (preso agarrado a barrotes, que son los del dolar) |
El
negocio oculto de las cárceles españolas
Grandes
empresas, como El Corte Inglés, Banco Santander, Telefónica o ACS,
y muchos Ayuntamientos, se benefician del trabajo, apenas remunerado,
de miles de presos de las cárceles españolas. También la familia
Pujol-Ferrusola, que tiene tras las rejas otro de sus oscuros
negocios.
El
mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca
gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera
realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás
siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Eso ocurre
también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos
esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar
con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este
mismo número la abogada Charo González.
El
negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de
Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs
de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen
noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin
embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y
organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo
la información a la superficie.
El
Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP),
dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una
empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos
trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están
bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la
Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. Los
internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos
laborales y están generando una producción por valor de millones de
euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que
además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua,
teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que
corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los
convenios con la OATPP.
El
número de reclusos “trabajadores” aumenta año a año y se ha
multiplicado por tres en tan solo una década. En teoría estos
organismos que contratan presos para el exterior hablan de “programas
de reinserción”, aunque lo cierto es que se ha convertido en un
negocio lucrativo para muchas empresas. En la memoria de
Instituciones Penitenciarias de 2012 se mencionan unos beneficios en
todo el Estado de cinco millones de euros (con ventas de 162
millones) gracias a la actividad productiva de los internos de todas
las prisiones: un total de 12.217, de los cuales 3.119 producían
para empresas privadas.
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| Portada libro Amadeu Casellas. |
Amadeu
Casellas estuvo preso en las cárceles españolas durante más de
veinticinco años y acaba de publicar el libro Un reflejo de la
sociedad. Crónica de una experiencia en las cárceles de la
democracia, en el que denuncia con nombres y apellidos a los que se
enriquecen con los reclusos. Entre ellos están la familia
Pujol-Ferrusola, Telefónica, El Corte Inglés, ACS, el Banco
Santander y Ayuntamientos de toda España, pero hay muchos más.
El
más llamativo es el de la familia Pujol-Ferrusola, porque entre sus
negocios también está este penitenciario, aunque no ha salido a la
luz tras destaparse el escándalo sobre las actividades de la saga.
Marta Ferrusola, esposa del ex presidente Jordi Pujol, estuvo en la
directiva del CIRE a finales de la década de los noventa, aunque
nunca se la veía por su despacho. El ex recluso Amadeu Casellas la
denunció en su día sin éxito ante la Fiscalía porque decía que
cobraba un “sueldazo” sin acudir a su puesto de trabajo. Por otro
lado está la empresa Servivending, que suministraba productos y
máquinas expendedoras al CIRE y que al parecer fue puesta en marcha
por uno de los hijos de Jordi Pujol, aunque actualmente solo aparece
como administrador único Manuel Antolín Aznar.
Según
fuentes que investigaron al CIRE, la familia Pujol estuvo desde el
principio en esta entidad. Se les conoce también un negocio de
flores dependiente de esta institución. Estas iniciativas pronto
pasaron a otras manos porque, según las citadas fuentes, “los
Pujol ponían en marcha el negocio y luego lo vendían”.
El
Corte Inglés se enriquece con los presos por partida doble. Por un
lado los tiene trabajando para sus tiendas en unas condiciones
precarias y por otro lado son luego los propios reclusos los que
adquieren esos productos. La multinacional de Isidoro Álvarez
suministra sábanas, mesas, camas, bandejas de comida, sillas, ropa
para penados y funcionarios, mantas, colchas y hasta los lotes
higiénicos. Y son los presos los que están fabricando todo el
material textil con sueldos que no pasan de 200 euros al mes. También
Correos usa presidiarios como mano de obra, cobrando menos de 12
euros por ocho horas de trabajo.
Otras
muchas empresas y sectores se nutren de la mano de obra barata de las
cárceles. Por ejemplo, el de fabricación de automóviles. En las
cárceles se fabrican los salpicaderos de Seat, Volvo y Renault.
También se producen las pastillas de frenos de casas muy conocidas
como Jurid. En Lleida los presos le fabrican a la bodega Raimat cajas
de fruta de madera y cartón. Hay imprentas donde se hace casi todo
el material de los juzgados y audiencias de Cataluña. En Girona, los
presos confeccionan con sus manos los álbumes de fotos que fabrica
la empresa Manuart.
Otro
de los que saca tajada del negocio de las cárceles es el presidente
del Real Madrid, Florentino Pérez, a través de su empresa ACS.
Construye las cárceles y después cobra el alquiler, como es el caso
de Brians 2, la prisión de Manresa, la de Figueras, la de Tarragona
y muchas más por todo el territorio español. Por cada una de ellas,
dice Casellas en su libro, “cobra al mes más de un millón de
euros”. Florentino Pérez fue uno de los constructores que se
benefició del Plan de Creación y Amortización de Centros
Penitenciarios que supuso la construcción de 46 nuevas
infraestructuras penitenciarias en el periodo 2006-2012, con una
inversión de 1.647,20 millones de euros, además de otros 1.504
millones ya aprobados por anteriores Consejos de Ministros. Otras
empresas que también se han beneficiado son COMSA y Ferrovial. De la
primera, su consejero delegado es Josep Miarnau, mientras que
Ferrovial está presidida por Rafael del Pino Calvo-Sotelo. También
participan del reparto del pastel FCC, grupo de empresas de las
hermanas Koplovitz.
Otros
productos que hacen los presos son los mosquetones para practicar la
escalada y el rápel. También hay trabajos para empresas externas de
carpintería metálica, confección industrial o cultivo en
invernadero, a los que hay que añadir las tareas para las propias
prisiones, como cocina, panadería, mantenimiento, jardinería y
lavandería.
Telefónica
hace también negocio a costa de los presos, pues mantiene una
situación de monopolio. Ello es posible porque todos los reclusos
deben comprar obligatoriamente las tarjetas de Telefónica para
llamar a su familia, amigos, abogados, etc. Cada tarjeta cuesta un
mínimo de 5 euros y pueden hacer dos llamadas a móvil si llaman
dentro del territorio español. Si es al extranjero, el coste de la
llamada se dispara. Los presos pueden llamar cinco veces a la semana
con un coste mínimo de 10 euros semanales por preso. Como en España
son más de 60.000, calcúlense los beneficios.
En
Euskadi los presos trabajan para Eroski y Citroën. En Cataluña el
Grupo Codorniu tiene a condenados trabajando para bodegas de Lleida.
Otras empresas que utilizan la mano de obra barata de los presos son
Saveco, Valeo (automóviles) y Asimelec (electrónica y
comunicación).
Además
OATPP tiene contratos con Ayuntamientos de toda España y todo signo
político. Las Cámaras de Comercio de muchas provincias firman
convenios con esta entidad. También tiene convenio con las cárceles
la Confederació d’Associacions Empresarials de Balears (CAEB).
Se
calcula que más de 100 empresas y 500 clientes particulares
contratan presos, aunque la cifra real es difícil de conocer ya que
los datos no se hacen públicos y no aparecen en el BOE. En este
sentido hay que mencionar al blog en apoyo a los presos, Punto de
Fuga, que está haciendo un meticuloso trabajo de investigación
sobre estas empresas.
Las
denuncias sobre explotación de presos empiezan a ser cada vez más
numerosas. La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía informó
recientemente de que unos 12.000 reclusos están empleados en la
cárcel con sueldos de hasta 0,5 euros a la hora y entre 80 y 300
euros al mes. Señalan que la vulneración de derechos laborales de
los presidiarios es “un problema casi desconocido” que niega
horas extra o vacaciones y “aporta un subsidio de desempleo máximo
de 100 euros”.
Otras
fuentes coinciden en que los presos empleados no tienen pagas
extraordinarias, horas extra o vacaciones ni por supuesto posibilidad
de denunciar su situación a través de los sindicatos, porque éstos
están ausentes de las cárceles. Al obtener la libertad, por haber
cotizado, no disfrutan del subsidio de excarcelación –426 euros,
hasta en 18 meses– sino de la prestación por desempleo que apenas
llega a los 100 euros, por lo que muchos internos prefieren no
trabajar. Los salarios, según estos informadores, oscilan entre los
120 a los 150 euros al mes, con horarios de 8 horas diarias, cinco
días a la semana.
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| Montaje. "El negocio de las cárceles". (sobre una foto de celda, el símbolo del dolar y texto) |
El
Banco Santander hace caja
Valentín
Matilla González es un ex recluso que estuvo tres años en Villabona
(Asturias) y fue excarcelado en noviembre de 2013. Corrobora lo que
publica Casellas: “Hay negocios en todas las cárceles, pero solo
algunas se consideran ‘productivas’, porque fabrican para
empresas”. No es el caso de la prisión de Villabona, pero sí, por
ejemplo, de la del Dueso (Cantabria), “a la que todos quieren ir
porque trabaja con muchas subcontratas y hay mucha indigencia. Para
que te trasladen tienes que portarte bien y por supuesto hay tráfico
de influencias”.
Habla
de El Corte Inglés, el suministrador “oficial” de los objetos de
consumo de los presos: “Si un interno quiere tener una televisión,
no puede ir al mercado libre, sino que tiene que comprarla en El
Corte Inglés”. El sistema es el siguiente: aparece por las
cárceles cada 15 días lo que los internos llaman “el
demandadero”, que recoge las necesidades de productos y objetos de
los reclusos. Luego acude a El Corte Inglés a por ellos.
También
el Banco Santander se beneficia de una situación de monopolio porque
los presos solo pueden tener sus ahorros en la entidad de Botín.
Incluso, si se mandan transferencias, tienen que ser a través de
este banco.
Los
presos gastan e ingresan a través de una tarjeta vinculada al
Santander. Pueden ingresar un máximo semanal de 100 euros, lo que
ocurre habitualmente los miércoles. Si, por ejemplo, el ingreso se
hace un jueves, hasta el siguiente miércoles no se cobra, “así
que imagínate qué negocio hace el Santander con el dinero de todos
los presos de España durante los días que no pueden hacer uso de
él”.
Matilla
conoció a muchos presos que venían de otras cárceles españolas y
le contaron los negocios de cada localidad. Pone el caso de
Alcalá-Meco, en el que un director trasladó la panadería de la
prisión al exterior para aumentar el negocio.
En
el Centro de Integración Social (CIS) de Villabona se preparan los
destinos remunerados para algunos internos. Por ejemplo, para el
sector de limpiezas, en el que la remuneración es de 150 euros
mensuales. En la cocina las condiciones laborales “son un
escándalo”, según Matilla, en referencia a las largas jornadas y
la escasa remuneración. Luego están los cursos de jardinería
remunerados que se realizan a través de convenios entre
instituciones penitenciarias y muchos Ayuntamientos españoles. Los
presos aseguran que no existen tales cursos, sino que son enviados a
trabajar igual que los empleados municipales, cobrando unos 300 euros
mensuales con la misma jornada laboral que sus compañeros; además,
aseguran, tienen que pagarse el transporte.
El
Ayuntamiento de Langreo fue el primero de Asturias que firmó un
convenio con la prisión de Villabona a través del CIS. En teoría
los reclusos trabajan en un taller de formación para aprender un
oficio y luego reinsertarse en la vida laboral. Lo cierto es que no
es así. Son peones utilizados (sin recibir ninguna formación) en
las tareas de jardinería del Ayuntamiento. No está con ellos ningún
monitor o formador sino que son grupos de 3-4 personas acompañados
de un empleado municipal que les indica la tarea a realizar.
Los
presos con los que contactó esta revista aseguran que para este tipo
de trabajos no se hacen nóminas sino que “te dan un papel de mala
manera”. En Villabona, dice Matilla, los destinos remunerados “los
maneja un tipo, la mano derecha del director de seguridad, que por
supuesto funciona por medio del tráfico de influencias, con sus
chivatillos y una cola de gente esperando para que les reciba y les
de un trabajillo”.
Antiguamente
había economatos que ahora han pasado a denominarse “boutiques”.
Este cambio de nombre ha supuesto simplemente un aumento de precios
de los productos que se venden.
Funcionarios
a cuerpo de rey
Pero
no son solo los empresarios los que sacan tajada de los presos.
También se benefician muchos funcionarios de prisiones, que utilizan
entidades públicas, como el CIS o el CIRE, desde las cuales se
mueven todos estos negocios, muchas veces camuflados como talleres de
formación, y cuya filosofía empresarial no es por supuesto explotar
a los presos sino “integrarles en el mundo laboral”.
Según
Casellas los empleados del CIRE “viven a cuerpo de rey y son parte
del entramado que explota a los presos”. ATLÁNTICA XXII intentó
ponerse al habla con Instituciones Penitenciarias para preguntar
sobre estas denuncias, aunque indicaron que por “vacaciones”
nadie podía atender a la llamada de la revista. Lo mismo ocurrió
con otro de los organismos denunciados por Casellas en su libro, el
CIRE. Su directora, Elisabeth Abad i Giralt, eludió contestar a las
preguntas de esta revista, aunque desde el gabinete de prensa
mandaron un mensaje en el que afirmaban que el CIRE tiene un objeto
más social que económico y que “es una empresa pública de la
Generalitat de Catalunya que se ocupa de la reinserción de las
personas privadas de libertad, mediante la formación en oficios y el
trabajo penitenciario”.
Fernando
Romero
Publicado
en el número 34 de la revista ATLÁNTICA XXII
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