Impunidad de los crímenes fascistas. Artículo de denuncia.

Dibujo. (Franco lleva de la mano a su niño coronado, Juan Carlos)

Crímenes del franquismo

La marca España contra el derecho internacional

Pedro López López. Profesor de la Universidad Complutense

La falta de vergüenza de este gobierno ya no puede sorprender a nadie, pero aun así es difícil dejar de indignarse por los argumentos tan falaces e hipócritas que utilizan sus miembros en relación con el escándalo de la impunidad de los crímenes franquistas. Una de las últimas salidas de pata de banco se ha producido hace unos días cuando Rafael Catalá, ministro de Justicia (?), en sesión de control del gobierno se refirió a Argentina como un país con déficit democrático que no debería pretender enjuiciar las actuaciones que España hace (o, más bien, no hace) con respecto a los crímenes del franquismo. Esta declaración se producía el mismo día (22 de abril) que un editorial de The New York Times tildara a la Ley de (in)Seguridad ciudadana de franquista. No sabemos si el ministro se habrá inquietado al conocer esta última noticia o, gracias a la cara de cemento armado que tienen los miembros de este gobierno, la ha recibido tan imperturbable como un lama tibetano.
Ciñéndonos a los crímenes del franquismo (podríamos decir el genocidio franquista, pero para oídos castos y pulcros en técnica jurídica quizás esta expresión resulte excesiva), la comparación entre las medidas tomadas por Argentina y por España ante el terrorismo de estado cometido en ambos países, resulta insultante. Mientras que Argentina ha aplicado generosamente medidas de justicia transicional y el Estado ha reconocido a las víctimas, ha condenado a más de 550 colaboradores del terrorismo de estado, ha resignificado lugares de tortura como lugares de memoria, ha facilitado a periodistas e investigadores el acceso a los archivos, en su sistema educativo se habla de la época de la dictadura como una época de terrorismo de estado… y un largo etcétera de actuaciones, España ha caído en el descrédito más absoluto ante la comunidad internacional, la representada por las Naciones Unidas, no por Estados Unidos a través de la OTAN y los cuatro perritos falderos que le acompañan en sus agresiones bélicas por el planeta –delitos de agresión que cuando funcione una auténtica Corte Penal Internacional algún día deberán ser juzgados-.
Frente a los cientos de lugares de memoria en Argentina, España se ha especializado en lugares de olvido. La plaza de toros de Badajoz donde los fascistas perpetraron la famosa masacre, demolida en 2002; la cárcel de Carabanchel, demolida en octubre de 2008 en pleno gobierno del PSOE; el edificio de la actual sede de la Comunidad de Madrid, sin una placa que recuerde que fue el más siniestro centro de tortura del estado… y así, decenas o cientos de lugares en los que miles de ciudadanos fueron torturados y asesinados, sin una sola placa que recuerde a las víctimas. Víctimas objeto de ninguneo y desprecio por el gobierno actual hasta unos límites intolerables, como cuando el diputado del PP Rafael Hernando acusó a los familiares de las víctimas de acordarse de éstas cuando hay subvenciones, sin que su partido haya desautorizado esa rastrera acusación, que no hace más que retratar a quien la escupe y al partido que la ampara.

Dibujo. (la Ley y la policía golpean a un detenido)

“El gobierno siempre ha actuado conforme a la ley”, mintió el ministro sin mover una ceja, sabiendo que los crímenes perseguidos por la justicia argentina son imprescriptibles, que la ley de amnistía que invoca el gobierno es ilegal para el derecho internacional, y que crímenes como las desapariciones forzadas y el robo de niños son permanentes hasta no dar con el paradero de la persona desaparecida. El gobierno es plenamente consciente de que no cumple con las leyes internacionales y ni siquiera con las nacionales, como es el caso de la descafeinada Ley de Memoria Histórica
En una reciente entrevista, el abogado Carlos Slepoy recuerda que los principales órganos de derechos humanos de Naciones Unidas han señalado hace unas semanas al gobierno español su obligación de extraditar o juzgar a los 17 ciudadanos españoles acusados por la justicia argentina.
Que instancias internacionales tengan que recordar a nuestro Estado sus obligaciones internacionales es simplemente una vergüenza. En vez de reconocer errores, rectificar y declarar su intención de cumplir diligentemente con las leyes internacionales, el gobierno no hace más que poner excusas de colegial y persistir en el encubrimiento del baño de sangre al que sometieron los franquistas al país. Para colmo, acusar de déficit democrático a países como Argentina solo puede entenderse desde una óptica colonialista inaceptable en el siglo XXI.
Para rematar la faena, Catalá empleó el seudoargumento de que los delitos cometidos no eran infracciones en la época en que fueron cometidos. O sea, igual que los crímenes del nazismo, que fueron legales durante el mandato de Hitler. Así nos va con estos “demócratas”, dignos herederos del franquismo que enarbolan la bandera de “pasar página” sin haberla leído y que pretenden la amnesia más absoluta de los crímenes más atroces que ha conocido nuestro país.

De “El Otro País”.