La mayoría absoluta de los condenados por torturas han sido indultados

Al menos 33 guardias civiles y policías condenados en firme por torturas han sido indultados por los diversos gobiernos españoles desde los Noventa. La inmensa mayoría de ellos, nada menos que 27, habían maltratado a independentistas vascos. Es más, casi todos los agentes condenados en casos relacionados con militantes políticos acabaron indultados o no cumplieron su castigo.

No es nada fácil que prospere una denuncia de torturas. El proceso judicial se convierte en una verdadera carrera de obstáculos que pasa por la imposibilidad de identificar a los torturadores, la falta de investigaciones independientes, la ausencia de colaboración por parte de las fuerzas policiales implicadas, la dilación de los casos y un sinfín de impedimentos que hacen que la mayoría de las denuncias no prosperen. Pero cuando lo hacen y el juicio concluye con una condena a los torturadores, siempre en los tramos mínimos contemplados para ese delito, no es extraño que el Gobierno de turno acabe indultando a sus funcionarios.

Un estudio publicado en diciembre de 2004 por Amnistía Internacional señalaba que entre 1980 y ese año se habían producido unas 450 sentencias relativas a torturas, de las que poco más de 90 eran condenatorias. En total, en ese periodo de tiempo, habían sido condenados unos 220 agentes. Según análisis realizados por este diario, de todos esos condenados no llegarán a 40 los agentes implicados en detenciones de independentistas vascos y al menos 27 de ellos acabaron siendo indultados. De otros no se sabe si llegaron a cumplir la condena, puesto que en más de un caso se ha comprobado que funcionarios que debían estar inhabilitados para el ejercicio de su cargo seguían trabajando en otro puesto o incluso habían sido ascendidos.

La Guardia Civil nunca prescindió, por ejemplo, de los servicios del capitán José Pérez Navarrete, su compañero José Antonio Hernández del Barco y los agentes Emilio Parar Moreno, Alejandro Iglesias Blanco y Julio Saavedra Mariño. Todos ellos fueron condenados por torturas a Juana Goikoetxea en 1987 a cuatro meses de prisión y cuatro años de inhabilitación. En febrero de 1993 fueron indultados por el Gobierno de González. El ministro de Justicia, de la Quadra-Salcedo, justificó el indulto concedido a los guardias civiles con el argumento de que «el discurso de la reinserción» debe ser global. El titular de Justicia añadió que tras casi 12 años en que estos agentes han seguido destinados en sus mismos puestos [después de torturar a Goikoetxea] no tendría mucho sentido aplicar la pena de inhabilitación profesional a que fueron condenados.

Hay también quien ha sido indultado hasta en dos ocasiones. Los guardias civiles José Domínguez Tuda, Manuel Macías Ramos y Antonio Román Ríos fueron condenados en 1990 por torturas a los hermanos Víctor Jesús, Joxe Mari y Lucio Olarra y a Iñaki Olaetxea, e indultados a primeros de 1991. Al años siguiente, en septiembre de 1992, el mismo Tuda, era condenado nuevamente, en esta ocasión por torturas a Jokin Olano de 1983. En marzo de 1995, el ministro Belloch volvía a indultarlo por este delito, al igual que al agente Manuel Barroso Caballero, condenado también por los malos tratos a Olano. El entonces ministro de Justicia e Interior dijo que los 2 guardias civiles indultados «han demostrado en los últimos once años de servicio en tareas de investigación del terrorismo que están efectivamente reinsertados».

Muchas veces ha sido incluso la Fiscalía la que se ha mostrado favorable a los indultos. Así ocurrió, por ejemplo, con el teniente coronel Rafael Masa y otros 8 guardias civiles que fueron condenados por las torturas a Tomás Linaza a pesar de todos los impedimentos que para el juicio puso el Ministerio del Interior de Corcuera. A pesar de la petición, sólo fue indultado José Martín Llovet, por su edad, aunque Masa ascendió pese a la condena. Finalmente, todos ellos fueron absueltos, porque en 1999 el Tribunal Supremo acabó considerando prescrito el delito debido a los cambios legislativos que se habían producido desde que en 1981 se produjeron las torturas y desde que en 1990 se dio la 1ª sentencia.
En 1999 el primer Gobierno de Aznar indultó a los guardias civiles José María Cuevas, Antonio Lozano García y Miguel Angel Sanchéz Corbí, que dos años antes habían sido condenados por las torturas infligidas en 1992 a Kepa Urra. La petición de indulto partió del Ministerio de Justicia.

El indulto más masivo se produjo en diciembre de 2000, cuando fueron indultados nada menos que un total de 15 miembros de las F.S.E. Entre ellos estaban Julio Hierro y María Jesús Fanegas, condenados por la denuncia interpuesta por Ana Ereño; Aníbal Machín, Juan José Fernández y Abel Alberto Núñez, condenados por las torturas a Enrique Erregerena; Isidro Martínez, Emilio Mariño y Carlos Prieto, condenados por los malos tratos a Juan Carlos Garmendia; José Luis Fraila y Luciano García, hallados culpables de torturar a Mikel Ruiz Maldonado, por supuesta pertenencia a los GRAPO; Pedro Laíz y Paulino Navarro, que participaron en las torturas a Kepa Otero y José Ramón Quintana; y José María Rodríguez y Damián Vinayo, que torturaron a Javier Fernández.

El entonces ministro de Justicia, Acebes, justificó su decisión asegurando que todas estas personas indultadas de delitos de tortura habían sido condenados por casos de «escasa gravedad» (minucias como aplicación de descargas eléctricas en pene, testículos y cabeza, simulacros de ejecuciones con pistola o por ahorcamiento, golpes continuados...) y en los que su participación había sido «circunstancial o incluso indirecta». Detalló que los hechos indultados serían constitutivos de falta, pero pasan a tener consideración de delito por haber sido realizados por autoridad o funcionario público, «aún así, son sancionados con la pena de arresto mayor, que tiene una duración de un mes y un día a seis meses».
El actual Gobierno de Zapatero no ha indultado a ningún torturador ni ha tenido oportunidad de hacerlo, ya que casi todas las condenas son por casos de un periodo en el que las FSE no adoptaban «precauciones» como las de tapar los ojos a los detenidos con capuchas o antifaces. Desde entonces, los procesos y las condenas son mucho más difíciles.

Además, para cuando Zapatero llegó al poder, la práctica totalidad de los condenados por torturas ya habían sido indultados o habían cumplido con sus leves condenas en condiciones de verdadero privilegio, sorteando la mayoría de las veces el ingreso en prisión y sin llegar a ser suspendidos de sus empleos, ni perder las oportunidades de promoción profesional.

En cualquier caso, no cabe olvidar que uno de los episodios de maltrato más descarnados que se han conocido en todo Europa corresponden a los padecidos por Lasa y Zabala, secuestrados y muertos por agentes de la Guardia Civil. Aunque la sentencia no incluyó el delito de torturas, a nadie se le escapa lo ocurrido. Y el principal condenado por aquellos hechos, el general Galindo, pasea en la actualidad libre y tranquilo por Zaragoza. Fue condenado a 71 años de cárcel en 2000 y el Supremo le incrementó la pena en otros 4 años en 2001. En septiembre de 2004 II.PP., que dirige Mercedes Gallizo, le permitió seguir cumpliendo la condena fuera de prisión por su "estado de salud" y unos meses después el J.V.P. le concedió el 3er grado.

Sin olvidar la monstruosa lentitud: cuando hay juicio -si se llega a él, claro- pasan una media de 12 años desde los hechos y la primera sentencia.

Extractado del diario GARA