Su actuación consiste en la criminalización que ya no ve fronteras, la represión aumenta y las garantías y derechos que se predican no existen.
La presión económica es ya insostenible, el recorte de derechos paralelo y progresivo, ante esto las medidas de presión social y política aumentan ante cualquier tipo de respuesta organizada. Con el apoyo y la actuación del poder policial y judicial, el gobierno somete a las clases más bajas, y a la juventud organizada, a una guerra por la supervivencia, la juventud sin trabajo y sin futuro, los más de miles de personas en la cárcel. Ante la situación y la guerra generalizada con todos los medios de los que disponen, nuestra respuesta debe ser organizada y rotunda.
En este caso denunciamos la absoluta impunidad de la que goza el poder judicial y la inexistencia de objetividad alguna por parte de los jueces, denunciamos la especial y progresiva criminalización que sufren a día de hoy miles de personas (últimamente muy jóvenes) bajo falsas acusaciones, y la imposición de penas de cárcel excesivas y desorbitadas.
Denunciamos el trato inhumano sufrido por la juventud antifascista generalizado en todos los pueblos del Estado, por su militancia y actividad política y combativa.
Con todo hacemos pública la exigencia de libertad para tod@s los pres@s polític@s en las cárceles del Estado, expresando y dejando muy claro que combatiremos su manipulación informativa y social, que seguiremos organizándonos con autonomía y autogestión, que seguiremos manifestando nuestra indignación, y que ante su guerra responderemos con contundencia y organización solidaria.
No hay tregua, nos lo repiten cada día.
AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRES@S POLÍTICOS
- LEÓN ANTIFASCISTA –
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SOLIDARIDAD CON LOS PRES@S POLÍTICOS
POR UNA SOLIDARIDAD COMBATIVA Y POPULAR
Comenzamos el nuevo año en plena recesión económica, frecuentes titulares de bancos sin liquidez, subida incontrolada de las hipotecas, privatización masiva de servicios públicos como la sanidad, la educación o el agua…
Ante la actual coyuntura económica, resulta incoherente no pensar en las consecuencias que acarrean a nivel social, la progresiva incorporación de las ya saboreadas “medidas contra la crisis”: Sucesivos cierres de empresa y despidos generalizados, expedientes de regulación de empleo y parón total de algunos de los más importantes sectores. Consecuentemente, las reivindicaciones de la respuesta obrera se multiplican por todo el Estado. Reivindicaciones cada vez exigidas con más fuerza, ante la vergonzosa desnaturalización de los sindicatos, cuerpos burocratizados al servicio de la patronal y el beneficio, obtenido por cada uno de los despidos que firman.
Los estudiantes acarrean tras de sí una reconversión de sus planes de estudio, consistente en la división de sus carreras en dos partes, la última y más importante, con un alto coste económico, un coste que ningún estudiante medio puede enfrentar.
La progresiva introducción de los bancos en las universidades evidencia la premisa de que el estudiante es visto como un jugoso mercado, ya inmerso en varios procesos de inversión privada, cuyo beneficio se encuentra en otro mucho mayor, la educación, donde el papel financiero rige y aprueba los planes de estudio que adoctrinarán al nuevo “producto de producción”, el futuro profesional.
Una serie de privatizaciones progresivas, que ni son medidas aisladas, ni temporales, responden a los intereses de una clase social dominante, y al absoluto control de éstas sobre el libre mercado capitalista, abocado a caer en el seno de sus propias contradicciones. A medida que avance la crisis, con las primeras reivindicaciones llegarán los primeros recortes de derechos, y ante esto, el recrudecimiento de las medidas represivas hacia todos los sectores o personas se generaliza descaradamente. Disidentes con una forma de gobierno que no han elegido y con un sistema económico que no controlan y que les hace pagar las consecuencias de su misma naturaleza (la del capitalismo llevado a su más alto grado de desarrollo).
El seguimiento y criminalización social de la que ya son víctimas cientos de estructuras y grupos de carácter popular y antifascista, se verá incrementado hasta ahogar los derechos personales y colectivos más elementales.
En los últimos años hemos sido testigos de algunos de los montajes policiales-judiciales más vergonzosos y contradictorios (hasta con sus propias normas) llevados a cabo por los diferentes Tribunales de lo penal del Estado español, encargados de minar el sentimiento de lucha y sacrificio de muchos militantes antifascistas, o de intentarlo. Especial mención merece la Audiencia Nacional, tribunal de excepción especialmente dedicado a juzgar todo tipo de delitos por la tan generalizadamente aplicada Ley Antiterrorista.
Las medidas judiciales en cuanto a las sentencias de los acusados se aplican descontroladamente y sin pruebas: la generalización de la aplicación de la prisión preventiva, un recurso que proporciona carta blanca al aparato judicial, un recurso que le permite mantener a cientos de personas presas hasta 4 años, sin ningún tipo de prueba real contra ellos; la aplicación de la libertad vigilada a los ex-presos políticos durante 20 años, como medida de presión y en pos de una rendición política... La impunidad y arbitrariedad judicial, y los juicios sin garantías son muestra clara de la guerra sucia ejercida por parte del Estado hacia el Movimiento Antifascista en su conjunto, y hacia los mismos trabajadores en huelga o en manifestación por su derecho al trabajo.
El recrudecimiento de estas y otras medidas forman parte ya de un proyecto de reforma del Código Penal anunciado por la vicepresidenta del Ejecutivo María Teresa Fernández de la Vega.
Además de las represalias sufridas por los militantes y los ex-presos políticos, las medidas penitenciarias incrementan su intransigencia para con los presos políticos, y la extensión de la cadena perpetua encubierta (hoy llamada Doctrina Parot) es aplicada a tod@s aquell@s que no abjuren de sus convicciones y principios revolucionarios. La Doctrina Parot condena a 40 años de prisión a aquellas personas que hayan sido juzgados bajo el Código Penal de 1973 (que establecía como pena máxima 20 años),o bajo el Código Penal de 1995 (que establecía como pena máxima 30 años), ahora estas personas serán condenadas (de nuevo) por el Código Penal de 2003, cuya pena máxima son ¡¡40 años!! Esta medida, cuya aplicación va en contra de los requisitos penales más importantes en cuanto a la no reciprocidad de las leyes, muestra que ni ellos mismos pueden controlar las contradicciones que genera su propio ordenamiento jurídico.
Tanto esta medida judicial como el organismo que la aplica, la Audiencia NAZIonal, han sido objeto de denuncia por parte de asociaciones a nivel internacional, y desde organismos como Amnistía Internacional se ha denunciado también en varias ocasiones el trato y las torturas sufridas por los presos políticos, la impunidad de la que gozan los responsables de Instituciones Penitenciarias, así como los Cuerpos de Seguridad del Estado (especial mención a los tratos inhumanos, denigrantes, y a las torturas sufridas por centenares de presos y presas en la Dirección General de la Guardia Civil).
Con todo, Socorro Rojo Internacional informa del estado de algunos de los presos políticos en un informe con fecha de diciembre de 2008:A fecha de diciembre de 2008, el Colectivo lo compone un número de prisioner@s de 40, 24 hombres y 16 mujeres, de los cuales 1 es militante del Socorro Rojo Internacional -SRI-, 17 del Partido Comunista de España (reconstituido) -PCE(r)- y otr@s 22 de los Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre -GRAPO-.Además, en situación de "Libertad" Provisional hasta juicio, tras haber cumplido etapa de prisión, se encuentran otros 11 militantes, del PCE(r) -5- y del SRI -6-.La política de criminalización y represión, entre la que se inserta la denominada “Política de Dispersión Penitenciaria” (llamada así en España, pero que también existe con otros nombres en el resto), hace que el Colectivo haya tenido presos hasta en tres países, España, Francia e Italia, repartidos en 25 cárceles, todos ellos en “Primer Grado Régimen Especial” –máximo aislamiento-. Continúan presos los compañeros y compañeras; Miguel Angel Bergado Martínez ( 28 años preso), Xaime Simón Quintela (24 años en la cárcel), Suso Cela Seoane (19 años preso), M.Jesús Romero Vega (19 años), Olga Oliveira Alonso(18 años presa). Además recordar a los compañeros presos en grave situación sanitaria; Manuel Pérez Martínez (Arenas, 16 años preso), María José Baños Andujar (15 años presa), Manuel Arango Riego (7 años preso), y Carmen Muñoz Martínez ( 26 años en la cárcel).
Mencionar también a Gianna Comes y Ugio Caamanho, independentistas Galegos recientemente juzgados en la Audiencia Nazional, condenado él a 4 años y 9 meses de cárcel, y posteriormente puesto el libertad tras haber cumplido la mitad de la pena impuesta, en régimen de prisión preventiva; Gianna, condenada a 3 años en el mismo juicio que el independentista, salió en libertad al ser menor la pena impuesta que el tiempo que la compañera había permanecido igualmente en prisión preventiva.
Ambos activistas fueron detenidos por la Policía española el 23 de julio de 2005, siendo acusados de colocar una bomba en una sucursal del grupo financiero Caixa Galicia, vinculado a diversos proyectos empresariales y de infraestructuras.
También el compañero juzgado en la Audiencia Nazional, el independentista Fernando González Rodríguez “Fer”. Tras su detención en septiembre del 2005, su paso por varias cárceles españolas, la campaña policial y mediática en la que se le acusó de ser el autor de 22 atentados con petardos a sedes de partidos políticos y sindicatos -algunos de ellos, en lapsos temporales ridículos teniendo en cuenta la distancia que había entre los lugares-, tras su puesta en libertad bajo 10.000 euros de fianza y tras tres años de semilibertad, Fer fue juzgado el día 12 de Febrero en la Audiencia Nacional por un delito, finalmente, de 'estragos en grado de tentativa', por el cual la fiscalía solicita 8 años de prisión a cumplir íntegros bajo el criminal régimen FIES 3, lo que implica la cárcel dentro de la cárcel.
Estos son sólo algunos pocos casos de represión política, pues todos los días son juzgados decenas de compañeros y compañeras antifascistas, víctimas de montajes policiales por su espíritu crítico y combativo. Con ell@s, con tod@s las víctimas de la represión capitalista, por defender los intereses de su pueblo y de la clase de los explotados, de los encerrados y los solidarios. Desde el Socorro Rojo Internacional todo nuestro apoyo a los compañer@s represaliad@s y las organizaciones que tan honestamente luchan por su libertad, por dar voz a l@s sin voz.
¡¡ AMNISTÍA PARA TODOS LOS PRESOS Y PRESAS POLÍTICOS ¡¡
LIBERTADES POLÍTICAS Y SINDICALES PLENAS
Comités por un Socorro Rojo Internacional. LEÓN
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