PRESOS

18 de julio de 1936: genocidio y crimen de lesa humanidad
Colectivo Lau haizetara bidean

Aquel 18 de julio de 1936 cambió la vida a millones de hombres y mujeres de Euskal Herria y de los pueblos del Estado español. Un grupo de militares, con la complicidad de los terratenientes, las clases adineradas y la jerarquía de la iglesia católica, se alzaron contra la legitimidad de la voluntad popular, con el fin de eliminar sistemáticamente, cualquier esperanza de construir una sociedad basada en el respeto a los derechos sociales, económicos, civiles y políticos de los pueblos y naciones del Estado español.

Genocidio y crimen de lesa humanidadEl objetivo perseguido por los militares fascistas, fue el de aniquilar sistemáticamente aquellos sectores de la población que por su condición de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, laicos, ateos, vascos, catalanes o galegos..., representasen un "peligro" para la España nacional-católica.
Estos militares golpistas, y los políticos fascistas que les auparon, cometieron cientos de miles de asesinatos, construyeron miles de fosas comunes (hasta el momento han sido localizadas 284) en las que enterraron decenas de miles de ciudadanos/as, provocaron decenas de miles de desaparecidos, cientos de miles de muertos por hambre y la enfermedad, cientos de miles de exiliados (Casanova, J., 2002), millones de desplazados, decenas de miles de internados en campos de concentración y exterminio (Rodrigo, J.; 2006)..., y una represión cultural y lingüística brutal sobre pueblos y naciones de la Península. Nunca, hasta entonces, se había conocido en la historia contemporánea del continente europeo, una campaña militar de exterminio, un acto de genocidio, de tal calibre y brutalidad.
Ante toda esta realidad, los poderes públicos y los agentes sociales, políticos y sindicales, estamos obligados a intervenir, con el fin de que se haga justicia y se implementen medidas reparadoras, incluidas las consiguientes mecanismos de garantía para su no repetición, y restituir la deuda contraída con las libertades republicanas, los/las ciudadanos/as que las defendieron y nuestro compromiso con el respeto de los derechos civiles y políticos de las futuras generaciones.
Esta responsabilidad y compromiso, se hace extensible a la comunidad internacional, ya que, no lo olvidemos, la guerra de exterminio y el genocidio cometido, no hubiera sido posible, sin la implicación de las potencias europeas, esto es,
1) sin la participación directa de Alemania e Italia, y la implicación de Portugal, que intervinieron con total impunidad, aportando armas, aviación y tropas regulares (adiestradas y perfectamente equipadas)
2) los gobiernos de la Francia de L. Blum y de la Gran Bretaña de S. Baldwin y de A. Chamberlain, que facilitaron la intervención de las potencias del eje, a través del "pacto de no intervención", que en la práctica derivó en una política activa de los gobiernos francés y británico en contra, incluso, de la prestación de ayuda humanitaria para la población civil desplazada y exiliada, que huía del genocidio franquista. Esta implicación de las potencias europeas, con sus correspondientes responsabilidades, por acción u omisión, están documentadas y perfectamente tipificadas en el derecho penal internacional.

Situación actualHan transcurrido 73 años desde que millones de ciudadanos/as vieron truncados sus deseos de construir una vida mejor, socialmente más justa y políticamente más democrática, en el marco de un modelo de Estado republicano. Pero lo que más evidencia, con toda su crueldad, el olvido y el silencio impuesto, sobre a la lucha y los/las luchadores/as antifranquistas, que dieron su vida por los ideales mencionados, es el hecho cierto y constatado de que aún no se ha investigado en toda su profundidad, la verdad de los acontecimientos, no se ha hecho justicia sobre el genocidio y los crímenes de lesa humanidad cometidos, y menos aún, se han implementado las medidas de reparación, recomendados por la comunidad internacional.
El trato recibido por las víctimas de la rebelión militar de 1936 y el terrorismo de Estado, a través de medidas tomadas por los distintos gobiernos, entre las que la Ley de Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre) es sólo el último ejemplo, es demencial. Esta ley abandona a su suerte a los familiares de las víctimas de fusilados y desaparecidos, responsabilizándoles enteramente, de costes derivados de la investigación sobre el paradero de sus allegados y, en caso de ser hallados, también de los costes de su exhumación (decisión adoptada en el Senado español, en sesión plenaria de 11/III/2009).
Las reiteradas denuncias realizadas por el conjunto de asociaciones de familiares de las decenas de miles de víctimas (último manifiesto de denuncia del 30/VI/2009), han puesto en evidencia este trato injusto e inhumano para con la memoria de los asesinados y el dolor de sus familiares. Las autoridades y partidos que han ostentado responsabilidades de gobierno en Euskal Herria , son causantes, también, los directos de este sombrío panorama. Panorama, que debería golpear sus conciencias, por haber abandonado a miles de familiares de fusilados y desaparecidos, quienes en su mayoría militaron en los mismos partidos y sindicatos que ahora los condenan al olvido.
Como consecuencia de ello, en la actualidad, no existe un censo oficial de fusilados, desaparecidos, de muertos en el frente, por el hambre y la enfermedad; no se ha elaborado ningún censo oficial de prisioneros, de exiliados, de represaliados, no se ha realizado un censo de incautaciones y requisas a la población.

Sin parangón en la Europa occidentalLos procesos de justicia transicional, desarrollados tras la Segunda Guerra Mundial, para establecer las responsabilidades penales sobre aquellas personas y regímenes dictatoriales causante de millones de muertos, no hubiesen sido posibles si de no haber existido la clara determinación de hacer de la verdad, la justicia, y la reparación, los objetivos prioritarios, no hubiesen podido reconstruir la sociedad europea sobre nuevas bases políticas e ideológicas, desvinculadas de los poderes heredados del los anteriores regímenes dictatoriales.

Superación de las herencias del régimen franquistaÉsta es una de las cuestiones determinantes, que están pendientes de ejecución en el caso español: la eliminación de las estructuras de poder, erigidas durante el régimen franquista, actualmente controladas y gestionadas por sus directos herederos (http://www.youtube.com/watch?v=Khyw4t5hB5Q ). Sólo con una sincera voluntad de superación del modelo de impunidad español (Amnistía Internacional y Informe Nizkor, 2004), a través de la constitución de la comisión de la verdad de Euskal Herria, se podrá posibilitar la investigación de la verdad, la afectiva realización de la justicia y la implementación de las medidas reparadoras correspondientes, incluidas, las también irrenunciables e imprescindibles, garantías de no repetición.