Los obreros franceses, en pie de guerra
Los 366 trabajadores de New Fabris amenazan con volar la fábrica si no se les indemniza
Tras los secuestros de patronos, las amenazas de volar fábricas.
La recesión radicaliza el movimiento obrero en Francia. «Hay fenómenos de revuelta que no habíamos visto desde hace una treintena de años», señala Bernard Vivier, director del Instituto Superior del Trabajo. Cuando la confederación de pequeñas y medianas empresas pronostica un aumento de las declaraciones de quiebra, la crispación social presagia un otoño muy caliente.
El caso de New Fabris, fabricante de piezas para el automóvil, es un fiel termómetro de la fiebre obrera. Los 366 trabajadores de esta empresa, condenada al cierre desde junio por los tribunales, han amenazado con volar la fábrica si sus principales clientes, Renault y PSA Peugeot Citroen, no los indemnizan con 30.000 euros a cada uno antes del 31 de julio.
Botellas de gas conectadas con cables recuerdan el últimátum en el exterior de la factoría, situada en un polígono industrial de Châtellerault (Vienne), no lejos de Potiers (oeste de Francia). Desde la Prefectura (gobierno civil) aseguran que el riesgo de explosión es mínimo pues las bombonas están vacías. Pero los ocupantes de las instalaciones ya han quemado varias máquinas para mostrar su determinación.
«Hay un gran temor al futuro», explica Pierre Réau, director de la fábrica, quien dice comprender el «desasosiego» de la plantilla. «Actualmente, los que deberían partir con más de 20 años de antigüedad no percibirían más que entre 10.000 y 15.000 euros. Algunos, con menos años, se irán con 3.000 euros solamente», apunta. «Aquí la gente tiene 49 años de media y 25 de antigüedad. ¿Cómo quieren que encuentren curro?», resume un portavoz del comité de empresa.
Los obreros, que este jueves van a manifestarse ante la sede central de Renault, tienen cita el día 20 en el Ministerio de Industria. «Si no obtenemos nada, PSA y Renault tampoco tendrán nada», advierte Guy Eyermann, delegado de la CGT. «No vamos a dejarles recuperar las piezas del almacén ni las máquinas que quedan en la fábrica», anuncia tras valorar el conjunto en cuatro millones de euros.
El conflicto recuerda el precedente de los 150 obreros de Cellatex, en Las Ardenas, que en julio del 2000 amenazaron con derramar 56.000 litros de ácido sulfúrico en el río Meuse y volar la fábrica con el grito de guerra «Hasta el bum, bum, bum». El vertido de 5.000 litros de ácido teñido de rojo en un arroyo canalizado, controlado de inmediato por los servicios medioambientales, bastó para desbloquear las negociaciones y llegar a un acuerdo sobre las indemnizaciones por quiebra.
Los observadores atribuyen en buena parte la radicalización de las protestas a que los obreros han dado la espalda a los sindicatos. «Los sindicatos están tres veces menos presentes que hace 30 años», constata Bernard Vivier. «Por eso en las situaciones desesperadas la revuelta de los obreros, al enterarse brutalmente de que su fábrica va a cerrar, no es canalizada por los sindicatos», analiza este especialista de las relaciones sociales.
(«Canalizada» se traduce como manipulada y controlada, es decir, que también los obreros franceses están hasta las narices de los sindicatos amarillos).
La situación de la fábrica de New Fabris es el último ejemplo del cariz que están adoptando los conflictos laborales en el Estado francés en los últimos meses. En una situación legislativa y política en la que la clase obrera está prácticamente inerme frente a la patronal, que tiene casi todas las bazas en este tipo de conflictos, muchos trabajadores han decidido plantarse y decir «ya basta». En este contexto, la retención durante algunas horas -«secuestros» para los medios mayoritarios- de directivos de compañías como Sony, 3M, Fnac, Capterpillar y Scapa como forma de presión ha abierto un debate en el que, según las encuestas, la mitad de la ciudadanía del Estado francés admite como «aceptable» la actuación de los obreros y una mayoría dice, al menos, entenderlo. Lo cierto es que estas actuaciones han logrado poner sobre la mesa la necesidad de disponer de mecanismos eficaces contra la prepotencia de la patronal
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