RENDICIÓN POLÍTICA O MUERTE EN PRISIÓN.
Ese es el chantaje político que se esconde detrás de la retórica y los eufemismos que acompañan a la última versión de la llamada “reinserción” o “Vía Langraiz”, presentada por el actual ministro del interior meses atrás. Para presionarnos a los presos políticos en ese sentido, se aprobará a últimos de septiembre la instauración de la cadena perpetua revisable a los 30 años, que probablemente se aplicará con carácter retroactivo. Así mismo, haciendo caso omiso a las retiradas condenas que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha hecho de la llamada “doctrina Parot” el propio ministro del interior sigue manifestando a la prensa su firme propósito de continuar aplicándola a toda costa. Con ese atropello jurídico, se vienen alargando las condenas que se habían impuesto con el antiguo código penal, hasta los 30 años de prisión. Tan sólo hace unos meses que les fue aplicada a otros dos miembros de nuestro colectivo, Concepción González Rodriguez y Enrique Kuadra Etxeandía. Sin embargo la nueva legalidad penal ya viene imponiendo condenas de 40 años de prisión.
Pero, como comunistas, no nos vamos a dejar intimidar por ese abyecto chantaje. Sabemos que estamos en una trinchera difícil, aunque asumimos el combate con todas las consecuencias desde la dignidad y la conciencia de nuestra clase. Y lo hacemos siguiendo el camino que nos han marcado entre otros camaradas, Juan José Crespo Galende (Kepa), y Jose Manuel Sevillano, muertos en huelga de hambre en 1981 y en 1990 respectivamente; haciendo frente al régimen de exterminio que nos habían impuesto por entonces en las cárceles.
A cambio de rebajarnos las condenas de prisión y dejarnos salir en libertad con antelación, tienen el cinismo de exigirnos… “que se compromete en lo sucesivo al empleo exclusivo de las vías políticas y democráticas existentes”; lo que de ningún modo vamos a aceptar porque se trata de un marco político impuesto por el Estado nacido por la sublevación fascista del 18 de Julio de 1936 y que, por lo tanto, no tiene nada de democrático.
La “Reforma política” que el régimen fascista llevó a cabo hace mas de 30 años sólo fue un mero encalado de su fachada; una maniobra política ante el empuje del movimiento obrero y popular, que con sus luchas venía conquistando un amplio abanico de derechos laborales y sociales. Se vieron obligados a “cambiar” para que todo siguiera igual, como ellos mismos remarcaron; para frenar aquellas conquistas de los trabajadores y, a continuación, encauzar, controlarlas y liquidarlas. Como se recordará, ni siquiera se produjo una condena formal del fascismo, ni se castigó a los responsables del genocidio que provocaron, ni hubo una mínima depuración de los cuerpos represivos, dándose en la práctica una ley de punto final.
Situándonos ya en el terrero institucional y legislativo, fue realmente significativo que siguiese activo con toso sus efectivos el TOP, el tribunal de Orden Público, que de la noche a la mañana pasó a llamarse Audiencia Nación. Así mismo, muchas de las leyes franquistas continuaron vigente hasta hace unos años, algunas de ellas aún están presentes. Pero las que se hicieron nuevas también siguen aquellas misma estela.
La propia Constitución que se nos vende como los cimientos de una verdadera democracia, no es más que un mero artificio o declaración de intenciones para permitir la continuidad del fascismo, mediante una farsa de parlamentarismo. En realidad, todos sus artículos tienen un carácter ambiguo que no concreta ni garantiza, el ejercicio de ningún derecho sino, que por el contrario, están jalonados de momentos de excepción que los matiza y los niega. Hasta los derecho y libertades más básicas, de reunión, manifestación, expresión o asociación, están condicionados a cuestiones de interpretación como el mantenimiento del orden público o, peor aún, el respeto a leyes específicas que las regulan, las limitan y las deja hechas una caricatura,. En este sentido cabe recordar que el Fuero de los Españoles de 1945 también proclamaba: “Todos los españoles podrán expresar libremente sus ideas mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado”.
En donde son realmente tajantes es a la hora de señalar el único sistema de producción admisible, el de la sacrosanta propiedad privada y la economía de mercado, el sistema capitalista. De esta forma anulan de un plumazo la libertad ideológica y política que proclamaban con anterioridad. A partir de ahí, ¿Dónde queda la posibilidad de que los comunistas podamos defender la propiedad social de los medios de producción y la implantación de una sociedad socialista? En consecuencia con ello también dejan invalidada la libertad de asociación. Así, el partido comunista que no acepte este carácter antidemocrático de la Constitución y lo denuncie; al tiempo que pretenda organizar a la clase obrera para la conquista de esa sociedad socialista, mediante un programa revolucionario específico, será declarado ilegal y criminalizado. Y esa es la situación en la que estuvo nuestro Partido desde su nacimiento hasta el año 2002, fecha en la que ya será catalogado como “grupo terrorista”. Ya en el terrero de algo tan pseudodemocrático como la monarquía, tramposo se andan con florituras: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad “ (art. 58) Y conviene recordar que el personaje impuesto por Franco tomó posesión de su cargo jurando defender durante toda su vida el espíritu de las leyes del Movimiento Nacional.
Finalmente, cabe señalar que la Constitución contempla el estado es excepción y el de alarma para “crisis políticas o de orden público”, así como el Estado de sitio para “una crisis de Estado”. El primero ha sido impuesto en varias ocasiones en Euskal Herria, y el segundo lo impuesto Zapatero para frenar la huelga de los controladores aéreos, sin duda como un ensayo para los tiempos que se avecinan.
Por otra parte, otro de los objetivos fundamentales de la “Reforma política ”fue el reforzamiento y modernización de todo el aparato represivo del Estado. Se renovaron los cuerpos policiales se crearon otros nuevos de carácter especial, y se desarrollo todo un arsenal de leyes especiales para la represión (llamadas “antiterroristas”) que configuran un verdadero Estado policial.
Lo que guía a esta legislación “antiterrorista” es la prevención del supuesto de delito, la perfección y la criminalización de la intención de cometerlo; lo que da plenos poderes a la policía y provoca todo tipo de abusos. Su aplicación viene venerando los derecho democráticos y humanos más elementales, tanto en el momento de desarrollarse la investigación policial, como en el de la detención y aislamiento de las personas en comisarías o cuarteles de la Guardia Civil. Bastará una orden judicial para que puedan ser intervenidas las comunicaciones telefónicas, el correo etc. aunque en muchos casos lo hacen sin ella, y así mismo, pueden ser violado cualquier domicilio. Es habitual que los cuerpos especiales de la policía asalten los domicilios de los supuestos “terroristas” por la noche, poniendo una bomba en la puerta y repartiendo golpes a todo el que encuentren. Y el aislamiento de los detenidos (en la actualidad durante cinco días, prorrogables a otros cinco), no tiene otro fin que el de poder torturarles sin cortapisas, para arrancarles datos de las organizaciones en las que militan, así como declaraciones inculpatorias.
Una vez que ingresamos en prisión, a los presos políticos se nos vuelve a decretar un periodo de tiempo en aislamiento y, durante toda la condena aquí, también tenemos controladas todas nuestras comunicaciones con familiares y amigos. Hablar de que en estas condiciones se dan garantías jurídicas o se respetan los derechos democráticos y humanos, es un mero sarcasmo.7
Con la excusas de “combatir al terrorismo” se viene persiguiendo y criminalizando a todos los partidos políticos y colectivos que rechazamos y combatimos al régimen fascista. Y la aplicación de esta legislación “antiterrorista” se irá extendiendo en la medida en que se desarrolle el movimiento de resistencia organizando y las luchas de los trabajadores. Ha bastado que las masas populares expresaran su indignación en la calle contra los recortes sociales que les vienen imponiendo, para que el ministerio del interior se pusiera a elaborar otra nueva ley especial, que se aprobara en los próximos meses, con el objetivo de condenar a los manifestantes por “terrorismo de baja intensidad” o incluso por “pertenencia a banda armada”, lo que conllevará penas de hasta seis años de prisión.
No obstante, en el año 2002 Jose Maria Aznar con el fin de tapar el hueco que había llegado el fracaso de la guerra sucia que abanderaron los GAL, dará un nuevo impulso al desarrollo de esta leGALidad de excepción imponiéndonos la ley de Partidos. A través de ella, se van a declarar ilegales, catalogándolos también como “bandas terroristas”, a todos los colectivos y partidos políticos que no hagan una explícita condena de la violencia de las organizaciones guerrilleras y la que ejerce el pueblo en general, en defensa de sus legítimos derechos e intereses. Una medida que está inspirada en el más genuino espíritu de la “Ley de Responsabilidades políticas-2 del año 1939, que condenaba a graves penas de cárcel a todos”… a los que se declararon contrarios al Movimiento Nacional, o a los que se mostraron pasivos”.
Con esta “Ley de Partidos” se profundiza la anulación hasta el mínimo resquicio de las libertades de asociación, así como de pensamiento o expresión ideológica y política. Pero además, el ejercer estos derechos democráticos manifestando el apoyo moral, político e ideológico a los GRAPO, como viene haciendo nuestro Partido, supondrá unas condenas judiciales por “pertenencia a banda armada” que pueden ir desde los seis años de prisión hasta los dieciocho. Anteriormente, se nos condenaba por “asociación ilícita, propaganda ilegal” o, como a mí mismo, por hacer una barricada con un pino en una carretera para reivindicar la Amnistía. Las penas de prisión podían oscilar desde los tres hasta los seis años.
Aquí cabe señalar que se nos criminaliza únicamente por ser consecuentes con el pensamiento marxista, que el propio Engels expuso en su libro Antidurhin: “De aquí la violencia desempeña en la historia otro papel- además de agente del mal-, un papel revolucionario, de que según expresión de Marx, es la partera de toda la vieja sociedad que lleva sus entrañas otra nueva; de que la violencia es el instrumento con la ayuda del cual el movimiento social se abre camino y rompe las formas políticas muertas y fosilizadas”. Y como comunistas, siempre seremos fieles a ese posicionamiento ideológico y político, ya que no hacerlo así y ceder a sus presiones represivas, implicaría legitimar y apoyar la violencia del Estado terrorista que sufrimos. En una sociedad dividida en clases es evidente que no puede ser neutral; o se está con la violencia que con justicias ejerce el pueblo, o con la de la burguesía.
Pero, en este sentido, la verdad es que si alguien se le puede acusar de ejercer la violencia en nuestro país es precisamente al Estado, a los propios cuerpos policiales y a los grupos parapoliciales encubiertos. Baste señalar solamente algunas cifras para no tener que alargarme en exceso. Según datos del Comité Antirrepresivo de Madrid, el número de muertos ocasionados por las F.O.P. tan sólo en los años de la llamada “transición democrática”, desde 1975 hasta 1981, fue de 341 personas. Así mismo, el saldo de los asesinatos llevados a cabo por acciones encubiertas de la propia policía y de los diversos grupos de guerra sucia (B.V.E., ATE, GAL…), desde los años 1975 a 1976, se eleva a 95 personas. Ciñéndonos únicamente al ámbito del PCE(r) y de los GRAPO, hasta ese momento han sido asesinados, o muertos en la cárcel por huelga de hambre y desatención médica, 29 militantes.
¡DENTRO Y FUERA RESISTENCIA!
Septiembre de 2012
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