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| Dibujo. (en un código de barras, un ojo espiando) |
El
juzgado de instrucción número 2 de Barcelona ha admitido a trámite
la querella presentada por el caso Estat Infiltrat de
espionaje policial a los movimientos sociales catalanes.
La juez entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de coacciones y ordena esclarecerlos.
La primera diligencia ha sido la de identificar a los querellados a través de una orden dirigida a la Dirección de la Policía Nacional para confirmar la identidad de los querellados Daniel Sánchez Garcés y el agente Torres Méndez, quien podría ser el infiltrado Ignacio Moreno Ameribia.
El caso Estat Infiltrat estalló el 19 de abril de 2016, cuando se dieron a conocer unas grabaciones realizadas en la terraza de un bar de la Plaza de la Concòrdia de Barcelona. Dos individuos que se identificaban como “agentes de la seguridad del Estado” ofrecieron a un joven dinero y beneficios judiciales –a través de la Fiscalía– a cambio de información sobre las actividades de los centros sociales de Poble Sec, concretamente del Ateneu La Base.
La policía se interesaba, sobre todo, por informaciones relativas a la Operación Pandora, el montaje orquestado en torno a los grupos anarquistas, que sigue colgando de una nube judicial. De ahí las referencias de la policía a la complicidad del fiscal en la trama, que debe temer el ridículo de que la fanfarria se le venga abajo durante el juicio.
Por las informaciones la policía ofrecía al confidente un miserable sueldo fijo de 200 ó 300 euros al mes, más un plus en función de las informaciones suministradas.
Hasta ocho testigos identificaron a uno de los policías como “Jordi”, un antiguo inspector de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Barcelona.
El Procés Embat ha denunciado que “en Catalunya se sigue persiguiendo a ciudadanos por sus ideas políticas”.
La juez entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de coacciones y ordena esclarecerlos.
La primera diligencia ha sido la de identificar a los querellados a través de una orden dirigida a la Dirección de la Policía Nacional para confirmar la identidad de los querellados Daniel Sánchez Garcés y el agente Torres Méndez, quien podría ser el infiltrado Ignacio Moreno Ameribia.
El caso Estat Infiltrat estalló el 19 de abril de 2016, cuando se dieron a conocer unas grabaciones realizadas en la terraza de un bar de la Plaza de la Concòrdia de Barcelona. Dos individuos que se identificaban como “agentes de la seguridad del Estado” ofrecieron a un joven dinero y beneficios judiciales –a través de la Fiscalía– a cambio de información sobre las actividades de los centros sociales de Poble Sec, concretamente del Ateneu La Base.
La policía se interesaba, sobre todo, por informaciones relativas a la Operación Pandora, el montaje orquestado en torno a los grupos anarquistas, que sigue colgando de una nube judicial. De ahí las referencias de la policía a la complicidad del fiscal en la trama, que debe temer el ridículo de que la fanfarria se le venga abajo durante el juicio.
Por las informaciones la policía ofrecía al confidente un miserable sueldo fijo de 200 ó 300 euros al mes, más un plus en función de las informaciones suministradas.
Hasta ocho testigos identificaron a uno de los policías como “Jordi”, un antiguo inspector de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Barcelona.
El Procés Embat ha denunciado que “en Catalunya se sigue persiguiendo a ciudadanos por sus ideas políticas”.
De:
https://movimientopoliticoderesistencia.blogspot.com.es/2016/10/la-infiltracion-policial-en-los.html
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| Dibujo. (en primer término un puño del represor, en el fondo un encapuchado sentado en un silla y esposado) |
Preso político de las FARC en grave estado de salud por una paliza
El preso político de las FARC-EP Anderson Felipe Montaño Mosca, que se encuentra recluido en el pabellón quinto del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de Alta Seguridad en San Isidro de Popayán, se encuentra en delicado estado de salud debido a una paliza por parte de los carceleros.
Los hechos ocurrieron a las cuatro de la tarde del lunes 26 de septiembre, cuando el preso decidió salir de su celda para solicitar una pastilla que le calmara un dolor de muela que había tenido durante el día. Montaño en repetidas ocasiones le había pedido al carcelero Wilson Muñoz Dorado que lo dejara ir a la enfermería, pero sus peticiones fueron denegadas.
Cuando salió de su celda, se iniciaba el recuento que a diario se hace, y al regresar a la misma, justo sobre el tiempo, la puerta de ésta le fue cerrada por el carcelero Muñoz, que regresó un momento después y realizó un cacheo, en el que no se encontró nada. Lo único que encontró fue una colchoneta, “dos trazos de tela” sobre los cuales Andrés Felipe pasaba la noche, pues no cuenta con una cama decente. El carcelero molesto procedió a llevársela pero el preso reaccionó arrebatándosela de las manos y aferrándose a ella gritaba que si le iban a quitar su colchoneta
tendrían que llevárselo también a él con ella.
El carcelero intentó golpear con su bolillo al preso, pero él se defendió cerrando la puerta de la celda e impidiendo que el carcelero entrara. Éste llamó a otros seis, que procedieran a gasear la celda. Allí se encontraban tres presos más. Al preso Anderson, mientras sostenía la puerta impidiendo que entraran los guardias, lo golpearon fuertemente en su cabeza abriéndole la piel en esta zona, así como heridas hemorrágicas en pómulos, frente, brazos y pecho, Andrés Felipe cedió y la puerta fue finalmente abierta. Según comentan los demás presos que a través de la reja de sus celdas lograban ver lo que estaba sucediendo, los escudos de los auxiliares estaban manchados de sangre.
El preso fue trasladado momentos después a la dependencia de sanidad en donde el carcelero le pidió a la enfermera que no registrara el ingreso del preso a fin de no dejar evidencia del ataque. Las organizaciones solidarias han pedido que se reubique a todos los presos de guerra de las FARC-EP en un patio exclusivo para ellos para que este tipo de sucesos no sigan presentándose.
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| Dibujo. (poderosos contemplan y se ríen de un pueblo destrozado y en ruinas) |
Agravios
comparativos
-426
euros sudados a conciencia
Para
poder cobrar la RAI se tienen que cumplir varios requisitos, que al
final la dejan en manos de los trabajadores excluidos (los “fuera
de mercado” por edad), maltratadas y minusvalías. Salvo los dos
últimos grupos, tiene que pasar un año sin cobrar para poderla
renovar.
Para
poder renovarla las maltratadas y minusvalías a los 11 meses, se
tienen que presentar un montón de exigencias: presentación de
currículum en empresas y en agencias de colocación, demás
requisitos, y algo que llama mucho la atención: haber tenido una
entrevista de trabajo en el último mes. Si los que llaman y sellan
son los empresarios ¿han llamado a TODOS los solicitantes de la RAI
en el último mes?. A quien esto denuncia, en 11 meses le mandaron
dos ofertas, en una no cumplía los requisitos previos y en la otra
que sí hubo entrevista, al final de la dicha le dijeron que los
puestos ya estaban ocupados. En otros casi 7 meses, ni una entrevista
más. ¿Dónde están los sindicatos ante esta grave situación de
las y los más desfavorecidos?. Recordar que son 426 euros al mes
durante 11 meses. 4.686 euros año/persona...
-Crisis
¿qué crisis?
El Banco de España gasta 267.549 € en 181 relojes y pulseras de oro para sus empleados veteranos...
Con
el dinero de todos ha destinado este año 936.292 € para contratar
123 apartamentos para las vacaciones de sus empleados...
Cada
reloj ha salido por 1.353 euros y cada pulsera “de señora”, a
1.615 euros; la licitación se publicó dos días después de las
últimas elecciones generales...
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