Campaña
Internacional presxs políticxs en España gravemente enfermxs
Difusión
de su situación en Turquía, Italia y Estado francés. Participan
los diferentes SRI de Europa.
-8
MARS 2012: LUTTE DE CLASSE! INTERNATIONALISME!
Texto
de Betta L. por el 8 marzo 2012, en la revista vasca
internacionalista: EKAITZA
-CAMPAÑA
DE SOLIDARIDAD INTERNACIONISTA : 20 MARS 2012 (TOULOUSE)
CRIMINALIZACIÓN,
LEY de PARTIDOS:
Intervención
de Javi García, expreso político comunista
Hace
más de 10 años comenzó lo que podemos calificar como “el período
de la Ley de Partidos”. ¿Por qué se ha caracterizado este
período? Por la persecución total y absoluta, arrasando con
cualquier resto de libertad política que pudiera quedar en pie, de
todas las organizaciones del movimiento obrero y popular, políticas
y no políticas, que no se plegaron a la farsa “transicional” ni
al neofascismo instaurado a partir de ella en el que aún
continuamos.
Hasta que comenzó este período al que aludo, el objetivo principal de la represión habían sido las organizaciones armadas como ETA o los GRAPO. Las organizaciones políticas como el PCE(r), Herri Batasuna u otras, aunque no dejaban de estar en el punto de mira represivo, contaban con un “cierto margen” de maniobra. Eran perseguidas, pero “dentro de unos límites”. Por ejemplo, los militantes del PCE(r) que fueron condenados en los 90, lo fueron por asociación ilícita y no por pertenencia a banda armada o integración en organización terrorista. Esto, además de conllevar condenas más bajas, suponía un reconocimiento implícito por parte de los tribunales de que los militantes de esta organización eran perseguidos por sus ideas políticas, por su pertenencia a una organización política y no, como ha ocurrido después, por su pertenencia a no sé qué conglomerado terrorista.
Por supuesto, no me olvido de que en estos más de 30 años, el PCE(r) y el MLNV han sido objeto de miles de detenciones y represión directa, de espionaje y también de guerra sucia; basta recordar a militantes como Santi Brouard, Francisco Javier Eizaguirre o Juan Carlos Delgado de Codes, por citar unos pocos nombres.
Todo esto se acaba cuando, cuando entramos de lleno en el período de la Ley de Partidos, que supone un auténtico salto cualitativo en la persecución política del movimiento de resistencia antifascista. Y no porque a partir de entonces el régimen deviniera más fascista de lo que lo fue en otras épocas, sino porque la represión toma un carácter cualitativamente diferente.
Con la ley de partidos, y con la estrategia en que ésta está inscrita, lo que se pretende es hacer lo mismo de siempre, es decir, machacar a la disidencia política, pero por la vía digamos… “legal”, creando todo un corpus jurídico que permita llevar a cabo ese “machaque” sin recurrir, o haciéndolo en menor medida que en el pasado, a métodos “ilegales” como la guerra sucia u otros.
Aunque ya vemos que tal “escrupulosidad” legalista no le es posible a nuestra “democracia”... me viene a la memoria el caso de Jon Anza, del que aún queda todo por explicar -si bien no es necesario ser demasiado avispado para saber qué es lo que ocurrió-; o el de Portu y Sarasola, por mencionar sólo un par de ejemplos de cómo funcionan las cosas por el reino de España
Por otra parte, el objetivo principal de la represión ya no son las organizaciones armadas, sino que, como decía antes, la represión se extiende al conjunto de las organizaciones del movimiento de resistencia antifascista, sean partidos políticos, organizaciones de solidaridad con los presos políticos, antirrepresivas...
La cuestión es que, ahora, todo militante revolucionario o antifascista, por el hecho de serlo, puede ser y es considerado como terrorista. Las detenciones son constantes (hoy hay en las cárceles cientos de presos políticos independentistas, comunistas, anarquistas...). Se condena a larguísimas condenas de cárcel (superiores en casos a los 80 años) por actividades meramente políticas.
En mi caso, que, sin duda, no es, con mucho, de los más graves, he pasado 6 años y medio en la cárcel por ser militante de base del PCE(r). Por llevar a cabo actividades tan “criminales” como repartir octavillas en manifestaciones, en los centros de trabajo, en los nudos de comunicación, por hacer pintadas reivindicativas, por participar en charlas políticas, por organizarme, en definitiva, como joven, como obrero y como comunista.
Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional, en la sentencia en la que me condenó, reconocía explícitamente que no se podía demostrar que yo hubiera tenido ninguna participación en lo que ellos llaman el “aparato militar” (las organizaciones políticas o armadas ya no son organizaciones independientes, sino “aparatos” de una sola organización), pero que había que condenarme sí o sí por integración en organización terrorista.
Y en esta situación continuamos.
Cuando se escucha a nuestros politicuchos hablar de libertades, de democracia, uno no puede sino echarse a reír, pero con una risa amarga, por cuanto tras esta hipocresía se esconde lo que venimos comentando: la cárcel, la arbitrariedad más absoluta y otros “fenómenos” sobre los que el Relator de la ONU Contra la Tortura podría darnos muy buena cuenta. Y esto, desde luego, tiene muy poco de cómico.
En cuanto a mi detención, fue a finales de noviembre de 2002, en una operación en que fuimos detenidos varios militantes comunistas y solidarios y que, a su vez, formaba parte de una operación más amplia, que comenzó en julio de ese mismo año, con la detención de un buen número de militantes tanto en el Estado español como en el francés. En total, en el conjunto de esa operación, fuimos detenidos más de una veintena de militantes comunistas, antifascistas y solidarios.
Hasta que comenzó este período al que aludo, el objetivo principal de la represión habían sido las organizaciones armadas como ETA o los GRAPO. Las organizaciones políticas como el PCE(r), Herri Batasuna u otras, aunque no dejaban de estar en el punto de mira represivo, contaban con un “cierto margen” de maniobra. Eran perseguidas, pero “dentro de unos límites”. Por ejemplo, los militantes del PCE(r) que fueron condenados en los 90, lo fueron por asociación ilícita y no por pertenencia a banda armada o integración en organización terrorista. Esto, además de conllevar condenas más bajas, suponía un reconocimiento implícito por parte de los tribunales de que los militantes de esta organización eran perseguidos por sus ideas políticas, por su pertenencia a una organización política y no, como ha ocurrido después, por su pertenencia a no sé qué conglomerado terrorista.
Por supuesto, no me olvido de que en estos más de 30 años, el PCE(r) y el MLNV han sido objeto de miles de detenciones y represión directa, de espionaje y también de guerra sucia; basta recordar a militantes como Santi Brouard, Francisco Javier Eizaguirre o Juan Carlos Delgado de Codes, por citar unos pocos nombres.
Todo esto se acaba cuando, cuando entramos de lleno en el período de la Ley de Partidos, que supone un auténtico salto cualitativo en la persecución política del movimiento de resistencia antifascista. Y no porque a partir de entonces el régimen deviniera más fascista de lo que lo fue en otras épocas, sino porque la represión toma un carácter cualitativamente diferente.
Con la ley de partidos, y con la estrategia en que ésta está inscrita, lo que se pretende es hacer lo mismo de siempre, es decir, machacar a la disidencia política, pero por la vía digamos… “legal”, creando todo un corpus jurídico que permita llevar a cabo ese “machaque” sin recurrir, o haciéndolo en menor medida que en el pasado, a métodos “ilegales” como la guerra sucia u otros.
Aunque ya vemos que tal “escrupulosidad” legalista no le es posible a nuestra “democracia”... me viene a la memoria el caso de Jon Anza, del que aún queda todo por explicar -si bien no es necesario ser demasiado avispado para saber qué es lo que ocurrió-; o el de Portu y Sarasola, por mencionar sólo un par de ejemplos de cómo funcionan las cosas por el reino de España
Por otra parte, el objetivo principal de la represión ya no son las organizaciones armadas, sino que, como decía antes, la represión se extiende al conjunto de las organizaciones del movimiento de resistencia antifascista, sean partidos políticos, organizaciones de solidaridad con los presos políticos, antirrepresivas...
La cuestión es que, ahora, todo militante revolucionario o antifascista, por el hecho de serlo, puede ser y es considerado como terrorista. Las detenciones son constantes (hoy hay en las cárceles cientos de presos políticos independentistas, comunistas, anarquistas...). Se condena a larguísimas condenas de cárcel (superiores en casos a los 80 años) por actividades meramente políticas.
En mi caso, que, sin duda, no es, con mucho, de los más graves, he pasado 6 años y medio en la cárcel por ser militante de base del PCE(r). Por llevar a cabo actividades tan “criminales” como repartir octavillas en manifestaciones, en los centros de trabajo, en los nudos de comunicación, por hacer pintadas reivindicativas, por participar en charlas políticas, por organizarme, en definitiva, como joven, como obrero y como comunista.
Se da la circunstancia de que la Audiencia Nacional, en la sentencia en la que me condenó, reconocía explícitamente que no se podía demostrar que yo hubiera tenido ninguna participación en lo que ellos llaman el “aparato militar” (las organizaciones políticas o armadas ya no son organizaciones independientes, sino “aparatos” de una sola organización), pero que había que condenarme sí o sí por integración en organización terrorista.
Y en esta situación continuamos.
Cuando se escucha a nuestros politicuchos hablar de libertades, de democracia, uno no puede sino echarse a reír, pero con una risa amarga, por cuanto tras esta hipocresía se esconde lo que venimos comentando: la cárcel, la arbitrariedad más absoluta y otros “fenómenos” sobre los que el Relator de la ONU Contra la Tortura podría darnos muy buena cuenta. Y esto, desde luego, tiene muy poco de cómico.
En cuanto a mi detención, fue a finales de noviembre de 2002, en una operación en que fuimos detenidos varios militantes comunistas y solidarios y que, a su vez, formaba parte de una operación más amplia, que comenzó en julio de ese mismo año, con la detención de un buen número de militantes tanto en el Estado español como en el francés. En total, en el conjunto de esa operación, fuimos detenidos más de una veintena de militantes comunistas, antifascistas y solidarios.
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