LOS DATOS SOBRE LA ÚLTIMA MUERTE Y DE LAS ACAECIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS
Según fuentes de su propia familia, una persona presa, varón, vecino de Bizkaia, apareció el día 15 de marzo de 2012 ahorcado en la prisión de Basauri en el WC de su celda. Se trata de J.M. , no podemos precisar su edad con exactitud pero en esta ocasión también era una persona joven, algo mayor de 40 años. Había cumplido 9 años de prisión y ya pronto cumplía el tiempo de la condena por la que se encontraba recluido en prisión.
Este hecho luctuoso, aún no notificado por Instituciones Penitenciairas, representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y como hemos venido denunciado. No podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 30 personas muertas durante los tres últimos años en los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra o con residencia administrativa en la CAPV muertas en otras prisiones del sistema penitenciario español.
Según los datos del informe oficial del propio Gobierno Español al CAT (Comité contra la Tortura de Naciones Unidas), http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/AdvanceVersions/CAT.C.ESP.Q.5.Add1_sp.pdf , página 70 a 75, durante el año 2006 murieron 5 personas en la cárcel de Nanclares, 2 en la de Martutene y 1 en la de Pamplona, durante el 2007 3 personas murieron en la prisión de Nanclares, 2 en la de Basauri y 1 en la de Pamplona, durante el 2008 murieron 3 personas en Nanclares, 3 en Pamplona y 1 en Basauri. Sumando los datos de los que disponemos para 2009 y 2010 y 2011 son 5 más las personas fallecidas en las prisiones ubicadas en la CAPV, sin contar con los presos fallecidos por motivos naturales.
NUEVA ESCALADA EN LA POLÍTICA DE OCULTAMIENTO DE ESTAS MUERTES
Queremos denunciar la sistemática política de ocultismo de estas muertes. Con los nuevos casos tenemos constancia de que no se notifican estas muertes hasta pasados unos días en unos casos y, en otros se ocultan y no se hacen públicas como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales que están acabando con la vida de cientos de jóvenes en el seno de instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan estas muertes? ¿Porqué no se exigen responsabilidades o al menos se investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del estado como es el sistema penitenciario?.
Instamos a los medios de comunicación, a las instancias políticas y judiciales, así como a las entidades que trabajan en defensa de los derechos humanos a que se dirijan a la Dirección del penal, a la Dirección General de Prisiones para que informen sobre las circunstancias de esta nueva muerte puesto que parecen más preocupados por meter el cadáver debajo de la alfombra que por garantizar el derecho a la salud y a la vida de las personas presas evitando que se produzcan estos terribles hechos.
Nos preocupa la política de ocultamiento no dando información pública sobre esta muerte, pero además, la nula iniciativa de actuación por parte de las autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas jóvenes que no lo olvidemos mantienen una relación de sujeción especial con la administración del estado y, éste, tiene la obligación de garantizar entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad vigente.
Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta terrible situación. Le preguntaremos cuántas muertes han ocurrido realmente, quiénes eran los muertos, cuáles fueron las causas, qué medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en general y sanitarias en particular empeoran, que está haciendo con respecto a el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas presas con enfermedades mentales graves y la gran mayorías de ellas sin diagnóstico ni tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando esta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su cumplimiento cuando lo es en su perjuicio... son demasiadas las preguntas sin responder.
Para acabar con estas muertes reclamamos medidas concretas tales como:
Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las mismas, con el fin de depurar las responsabilidades políticas, administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.
La inmediata excarcelación de las personas presas gravemente enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y mal trato psicológico que sufren las personas presas.
La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada prisión para evitar la actual masificación, que aunque no es el único, si es uno de los motivos que influye en estas muertes, así como el cumplimiento de las condenas en la el centro más cercano al lugar habitual de residencia.
El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos espacios de impunidad para torturas y/o malos tratos, son a la vez son espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el aislamiento es una tortura psicológica a erradicar.
SALHAKETA
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