OPINION: Por una Memoria Antifascista

POR UNA MEMORIA HISTORICA ANTIFASCISTA

Colaboración de Guillermo, militante de C3, para SRI

El pasado 28 de julio de 2006, el gobierno español liderado por el Partido Socialista Obrero Español presenta formalmente un proyecto de ley que se debería llevar a debate en el Congreso de los Diputados relacionado con las víctimas de la violencia de la guerra civil y la dictadura, calificado popularmente por los medios de información como “Ley de Memoria Histórica”.

En esta nueva iniciativa gubernamental por cerrar las heridas de la guerra civil y la dictadura franquista, se vuelven a realizar una serie de medidas (aún en debate) para intentar arrojar algo más de justicia en este tema tan controvertido y polémico.

Y digo nueva iniciativa porque en esta ocasión, la izquierda más moderada o institucional parece haber encontrado por fin la solución más justa y democrática al problema, y parece acabar definitivamente con más de 30 años de procesos abiertos en 1975 con la muerte del dictador, y que hasta el momento, a muchos le han parecido muy escasos, a otros demasiado consecuentes y a muchos aún nos parecen, incluido este proyecto, insuficientes.

Esta iniciativa, tiene su máximo antecedente histórico con la supuesta “Ley de Amnistía” de 1977 (en la que quedaron 17 presos políticos encarcelados, 12 de ellos del PCE(r) y de los GRAPO), que es sin duda alguna la que abre este proceso de reparación de memoria histórica y que es, para muchos, el tome máximo al que se ha llegado y deberá llegarse en este terreno.

En dicha ley, calificada por muchos como “Ley de punto final” en semejanza a las leyes argentinas, resuelve de forma favorable el reconocimiento y amnistía política a los luchadores antifascistas en las décadas precedentes, anula los juicios de contenido político, y contempla compensaciones económicas a estos, lo cual podría considerarse, a pesar de ser en el gobierno de UCD un avance y un acto de justicia, si no es porque se mete en el mismo saco a los torturadores y funcionarios del propio régimen, que quedan también, increíblemente amnistiados en dicha ley, lo cual queda recogido clarísimamente en el articulo 2 secciones e y f, donde se comprende explícitamente la amnistía en los casos de:

“E- Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público con motivo de investigación y persecución de los actos de esta ley.

F- Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas”

A este género de personas “amnistiadas” sobra decir que como tales, también percibieron ayudas y todos los honores y reconocimientos inscritos en esta ley.

Es obvio con esta ley, donde se realiza la contradicción de reconocer y compensar al mismo tiempo a torturadores y torturados, que la derecha de UCD y luego AP, como funcionarios del régimen franquista realizaron todas las gestiones posibles para liderar ese proceso de transición y auto absolverse de todos los crímenes cometidos durante más de 40 años de guerra y dictadura, eso sí, con el apoyo del eurocomunismo triunfante, que no puso ninguna traba en estos primeros proyectos de memoria histórica. Posteriormente, en el año 2002, durante el gobierno de la segunda legislatura del Partido Popular, se lanza una nueva iniciativa, ésta sin validez de ley para lógicamente atenuar sus efectos, en las que más bien de cara a la galería, “condena” el régimen de Franco, sin adentrar demasiado en el periodo republicano con el que lógicamente no están de acuerdo, y se compromete de palabra a facilitar la cooperación con las asociaciones de memoria histórica en la recuperación de fosas comunes.

Sin embargo, debido al carácter no vinculante de dicho proyecto y la poca incisión en este tema, provocaron que se dejara libertad de elección a los ayuntamientos, muchos de los cuales, gobernados por el PP, no han puesto más que trabas y dificultades en los procesos de recuperación de fosas comunes, mucho que les pese a sus ministros. Y es en ese contexto donde llegamos al proyecto, este sí de ley, de 2006 llamado de Memoria Histórica.

Como dije anteriormente, es una ley muchísimo más completa que las de 1977 y 2002 (por destacar las más influyentes hoy en día) que ahonda mucho más en la terminología, que acepta conceptos y dice las cosas mucho más claras que en los gobiernos postfranquistas de UCD y PP.

El proyecto comienza haciendo un alarde de ese pactismo, de esa mal llamada “reconciliación nacional” al más estilo carrillista, apelando a la atmósfera casi de felicidad y alegría que se respiraba en 1977 tras la muerte de Franco (ignorando, parece ser, el entorno de miedo, violencia y muerte que sometía la extrema derecha a gran parte de la población) colocándolo como antecedentes de libertad, integración y progreso del que, se supone, quiere ser participe este proyecto de ley, para quitar hierro al asunto y que no parezca ni mucho menos que se trate de un proyecto vengativo, para posteriormente situar en ese contexto la iniciativa de la que hace un breve resumen, pasando ya en esta introducción a tratar uno de los temas espinosos que analizaré más tarde, como son el de la generalización de víctimas a ambos bandos.

Así pues, es una introducción breve donde se trata de explicar de dónde viene este proyecto y resumir brevemente su contenido antes de detallarlo. En cuanto al contenido en sí del proyecto, y para hacerlo de una forma distinta al resumen habitual, dividiré en dos el contenido; las partes positivas e innovadoras de la ley y las partes negativas que ahondan en las carestías de dicho proyecto. En primer lugar, la Ley de compensación de las víctimas de la guerra y la dictadura, tiene algunas cosas que pueden resultar positivas, como son nuevamente el reconocimiento y homenaje que se hace a las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Franco, a los que reconoce muy dignamente, se les conceden reconocimientos individuales y colectivos, se reconoce el derecho a ser declarados por ley como afectados por el régimen, así como compensaciones económicas concretas derivadas de los efectos de la guerra y la dictadura.

Asimismo, en dicha ley, se insta a las instituciones públicas (ayuntamientos) a prestar toda la colaboración que esté en su mano a las asociaciones de memoria histórica para la localización e identificación de fosas comunes de fusilados.

Sin embargo, ha trascendido a la luz pública, no obstante, dos aspectos positivos de esta ley, aunque insuficientes, como son los referidos a la simbología política:

* Se obliga a la retirada de toda simbología que haga referencia al alzamiento nacional y a la dictadura, y se compromete a despolitizar el valle de los caídos, así como otros monumentos donde se haya realizado homenaje al régimen o trabajo forzado de presos políticos.

* También la ley hace un reconocimiento formal de los luchadores de las Brigadas Internacionales y de las asociaciones de recuperación de la memoria histórica del que se compromete a realizar un centro documental para centralizar toda la información.

En segundo lugar, esta ley tiene una serie de problemas a mi entender, que hacen que nuevamente, se impida hacer realmente justicia a las víctimas del fascismo.El tema está en que, nuevamente, se vuelve a generalizar el concepto “víctimas” a ambos bandos de la guerra civil, a las que se les reconoce como tal y se les ofrece por igual reconocimiento, ayudas e indemnizaciones.

Nuevamente, como en 1977 se vuelve a colocar en el mismo rasero a quienes provocaron una guerra y a quienes la padecieron y resistieron con todas sus consecuencias, se vuelve a reconocer a los miembros del bando nacional fascista como víctimas (cesión clarísima a la derecha católica en lo referido a las “persecuciones religiosas”) de la guerra civil que, y eso no se menciona, ellos mismos provocaron y por tanto de la que tienen total y absoluta culpa y responsabilidad.

No parece demasiado lógico, y justo compensar de los efectos de una guerra a aquellos que la han provocado, y encima hacerlo económicamente.

Por otra parte, nuevamente vuelve a hacerse un vacío legal al igual que en 1977 a los responsables de los medios de represión y funcionarios del régimen franquista, a los cuales no se hace nuevamente ninguna mención explicita de condena más que la meramente nominal.

Parece lógico interpretar que, mientras que en Argentina y Chile se está encarcelando de por vida o con penas de cárcel amplísima a los responsables políticos y militares de sus respectivas dictaduras,aquí nuevamente no solo se les concede una amnistía total de sus crímenes en 1977 si no que bien se afana el PSOE en afirmar que su ley no pretende enjuiciar a los responsables del régimen.

Parece ser que 30 años después de muerto el dictador, se sigue teniendo una especie de temor generalizado a sacar listas de nombres y apellidos y ponerlos a disposición penal, so riego de provocar otro golpe de Estado. La izquierda institucional (cada vez más institucional y menos izquierda) de este país parece no haber comprendido que ya va siendo hora de que los responsables de decenas de crímenes en este país durante 40 años es hora de que vayan siendo ingresados en prisión o que sufran todo el peso de la justicia por sus actuaciones, incluidos todos aquellos que participaron de adhesión en el golpe y en el régimen militar hasta su disolución formal en 1975, porque realmente fuera de España resulta incomprensible el trato de favor tan increíble que se deposita a este sector de la población.

Por su parte, en el proyecto de ley presentado por ERC mucho más crítico, tampoco se hace referencia a este hecho, y el silencio pesa como una losa 30 años después en la clase política de este país, para vergüenza de todos nosotros.

Por otra parte, las sanciones a aquellos que no cumplan con la obligación de la retirada de los símbolos fascistas tampoco está demasiado clara, y no se hace una mención explicita de sanciones legales o económicas en este sentido.

Por último, en el tema del Valle de los Caídos, el PSOE hace referencia a despolitizarlo y convertirlo en un lugar de explicación del origen del monumento, dejando respeto interno como cementerio privado y religioso al lugar, resolución que, si bien es aceptable, es totalmente insuficiente, al no expulsar a los ideólogos del fascismo de dicho lugar, y no vaciarlo de todo contenido religioso, ya que esto sigue concediendo reconocimiento a los ideólogos y fundadores del bando nacional y la dictadura.

En tercer lugar, cabria mencionar dos elementos importantísimos que esta ley directamente deja en el tintero y olvida tratar, como son el patrimonio de los Franco y las víctimas de la transición.En el primer aspecto, nuevamente el PSOE vuelve a la condescendencia con los familiares y descendientes de Franco, los cuales gozaron y gozan de todos los privilegios y popularidad de la sociedad española.

Resulta totalmente inaceptable que la viuda de Franco, Carmen Polo, recibiera hasta los años 80 (incluido el primer gobierno PSOE)y año de su fallecimiento, una pensión de 12 millones de pesetas, pase diplomático e inviolabilidad de su patrimonio.

El reciente caso del Pazo de Meirás es, sin lugar a dudas, un ejemplo más de todo el lujo acumulado por esta familia que se benefició y enriqueció durante 40 años de los crímenes cometidos durante la dictadura de Francisco Franco, el patriarca del clan.

Así pues, es también justo reclamar, como se está haciendo en Chile (país del que el PSOE debería tomar muchísimo ejemplo en estos temas) con la mujer y descendientes de Augusto Pinochet Ugarte, una lista de todo el patrimonio acumulado por dicha familia desde el 18 de julio de 1936 para pasar a ser totalmente expropiado por el Estado.

En cuanto al tema de las víctimas de la transición, también es justo y legitimo rendir un homenaje a todas aquellas personas que, desde la muerte de Franco en 1975 y hasta nuestros días, fueron víctimas de los atentados, asesinatos, palizas y persecuciones de la extrema derecha de este país y sería justo que recibieran una justa compensación por ello.

Es injusto que las familias de Yolanda González, Arturo Rúiz, José Manuel García Caparros, Santiago Brouard, Lasa y Zabala, los miembros de GRAPO, PCE(r) y el S.R.I... y tantos otros, estén sufriendo el más vergonzoso de los silencios y marginaciones solo por que sus crímenes se cometieran fuera de los márgenes aceptados por la ley, mientras que a las familias de José Calvo Sotelo o Melitón Manzanas se les lleve reconociendo como víctimas con todos los honores y recibiendo compensaciones económicas desde hace más de 30 años.

Sigamos limpiando las lapidas de asesinos, e ignorando los hoyos de las víctimas. Alguien dijo una vez que la dignidad de un país se media por la capacidad de recuperar su pasado y su memoria histórica con toda justicia y dignidad, y parece que, nuevamente, el Estado español vuelve a quedar bajo los límites de la decencia y la dignidad.

Reconocimiento y compensación de asesinos, negativa a enjuiciar a responsables del régimen, medidas demasiado laxas a la simbología fascista, respeto por los herederos del mayor asesino que ha dirigido nunca el Estado español y humillación y desprecio por las víctimas de la extrema derecha de la transición, que también son víctimas... son solo algunos ejemplos de por qué no estoy totalmente a favor de esta ley, de por qué se me queda corto, muy corto este proyecto, como el de IU y ERC, de por qué considero que en este país seguimos teniendo miedo a que esa derecha golpista, que no tiene el más mínimo reparo en negarse a condenar en su totalidad el franquismo o que hace campañas publicas por la beatificación de 498 fascistas y elevarlos a la categoría de santos, de esa derecha que amenaza y sigue atemorizando a la población con levantarse en armas si se les toca su chiringuito de poder (la monarquía parlamentaria) o si alguien osa levantar lo más mínimo la voz intentando reclamar justicia y dignidad para los que realmente sufrieron la violencia de una guerra inmoral y de un régimen político ilegal.

Por eso, es hora de que el pueblo antifascista, de que las clases obreras y populares que sufrieron las consecuencias reales de la violencia de la extrema derecha reclamemos, impongamos por la fuerza de los hechos, por el peso del clamor popular un proyecto realmente –auténticamente- antifascista de una vez por todas y se cierren las heridas abiertas en 1936. Y no se conseguirá hasta que:

* Se reconozca la ilegitimidad de víctimas a aquellos que provocaron la guerra civil española contra el gobierno legítimo de la República Popular Española el 18 de julio de 1936 y se les retire toda compensación moral y económica.

* Se persiga y condene a la cárcel a todo aquel civil o militar que tuviera algún tipo de responsabilidad en el régimen militar impuesto en España desde 1936-1975.

* Se impongan penas claras, y ejemplares a toda institución pública o privada que se niegue a retirar toda simbología política que aluda al movimiento fascista español, así como se conceda la libertad de restaurar todos aquellos monumentos eliminados por el franquismo del régimen republicano legítimamente votado por la mayoría del pueblo español.

* Se saque del Valle de los Caídos los restos de Francisco Franco, José Antonio Primo de Rivera y los cientos de fascistas allí enterrados, se suprima el sitio como lugar de culto y se establezca como monumento del antifascismo nacional.

* Se haga un memorando de todo el patrimonio acumulado por la familia y herederos de Francisco Franco para pasar a su completa expropiación por parte del Estado

* Se reconozca también como víctimas de la violencia a todos aquellos asesinados por la extrema derecha desde 1975 en adelante.

* Se condene explícitamente la monarquía parlamentaria impuesta por la fuerza de las armas del rey Juan Carlos I de Borbón y Borbón y herederos, como herencia del sistema política ilegal instaurado en España el 1 de abril de 1939, y se pase a la convocatoria de una Republica Popular de trabajadores como herencia del legítimo sistema político instaurado por las urnas de la democracia popular el 14 de abril de 1931 y el 16 de febrero de 1936.

Reivindicamos, por tanto, nuestro derecho a perder el miedo definitivamente después de 30 largos años de censura y tabú y reclamamos nuestro derecho a expresar libremente todas nuestras reclamaciones y nuestras peticiones en orden de hacer realmente justicia e instaurar un sistema realmente democrático y popular.

Porque está visto que la dignidad no se consigue en este parlamento ni con esta clase política, desde ahora mismo y adelante:

¡MEMORIA, DIGNIDAD Y LUCHA!

¡POR UNA MEMORIA HISTORICA ANTIFASCISTA!

¡POR LA TERCERA REPUBLICA POPULAR!