España, crímenes contra la humanidad

El único país donde no se investigan los crímenes contra la humanidad

El terrorismo de Estado aún produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena en la actualidad. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes.

Los familiares de las víctimas, los republicanos y antifascistas e incluso la ONU reclaman a España que reconozca 114.000 desapariciones forzadas e identifique a los criminales que las provocaron.

El 31 de julio, día internacional de los desaparecidos, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (...) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005.

Sin embargo, recientemente la Audiencia Nacional dio el portazo a las investigaciones, por lo que la única opción de los familiares es acudir a buscar justicia fuera de España.

Los argumentos que han impedido hasta ahora investigar los crímenes del franquismo tienen dos bases: los delitos han prescrito y la Ley de Amnistía de 1979 elimina la búsqueda de culpables. Sin embargo, la jurisprudencia internacional destruye ambos conceptos.

La justicia argentina anuló por inconstitucional las leyes creadas por la dictadura para evitar la acción de los jueces. En 2003, el Tribunal Supremo de Argentina anuló el perdón legal de los militares. Los juicios se reabrieron y el propio dictador Jorge Videla será juzgado en los próximos días por la desaparición de 32 presos políticos en 1976.

En 1979, seis años antes de la llegada de la democracia a Brasil, la dictadura aprobó una ley de amnistía que permitió el retorno de exiliados y la liberación de presos políticos. Los culpables del asesinato de 383 presos políticos se escudaron en esa misma ley para quedar impunes. Hoy la Justicia brasileña ha decidido reabrir la investigación para que los crímenes no queden impunes.

La ley de Amnistía española fue aprobada en 1979, pese a que dos años antes España firmó en la ONU tratados de protección de derechos humanos que exigían la investigación de la represión política.

Además, los crímenes contra la humanidad no prescriben.

Por lo demás, se trata de prácticas que se prolongaron durante las décadas de 1940, 1950 y 1960, como fue el robo de bebés por parte del Estado. Sus víctimas aún sufren las consecuencias.