Carles Morant y María Ortuño
La Directa_283, 25 de julio del 2012, pgn 2-3
Una fuerte alianza entre clase política, empresariado y líderes sindicales ha ‘intervenido’ a la población y ha imposibilitado la supervivencia económica de las comarcas mineras.
Los mineros y sus familias han vuelto a ser un ejemplo de la lucha por la defensa de los derechos laborales, como el derecho a la huelga y la libre asociación sindical, que se recuperaron con las movilizaciones que protagonizó el sector en los años 60. Para entender mejor el conflicto actual, hay que conocer el contexto político y social de las cuencas mineras, muy determinado por la gestión de las ayudas de los sucesivos planes del carbón desde los años 90. Una inyección millonaria que el empresariado, la clase política y los sindicatos han sabido aprovechar, a pesar de su alto coste social.
En tan sólo dos décadas, un grupo de empresarios avispados ha sido capaz de conseguir lo que la Tierra sólo puede hacer en millones de años: “convertir el carbón en un diamante en bruto” con el cual llenar sus arcas. Para entender este negocio tan brillante, nos tenemos que remitir a las inyecciones millonarias de dinero público hechas a las regiones mineras desde los años 90, con el fin de subvencionar el carbón y promover la reconversión del sector hacia otras formas de ocupación.
Un dinero público que ha acabado, como de costumbre, en manos privadas.
Dos décadas y un total de 25.000 millones de euros en ayudas que no han revertido, ni de lejos, en una alternativa real a la dependencia del carbón. La población, que durante 150 años ha visto como le imponían gradualmente la minería como única forma de vida, vive hoy intervenida por el poder de una fuerte alianza entre sindicatos, empresariado y clase política. Todos se han cobrado su cuota.
Casi la totalidad de las salidas laborales, en la mina y a la industria, están controladas por los dos sindicatos mayoritarios (SOMA FITAG-UGT y CCOO por orden de importancia). Así, no es casual que el presidente de SOMA, José Ángel Fernández Villa, se haya mantenido en el cargo durante los últimos 31 años y sea considerado la persona más influyente dentro del PSOE de Asturias. Tampoco lo es que los diferentes gobiernos autonómicos hayan sido cómplices y se hayan beneficiado de las inversiones sin futuro a las regiones mineras durante décadas.
“Nunca se nos habló de una alternativa al carbón”, explica Felino, minero prejubilado.
“Nos hicieron creer que éramos ricos y nadie está exento de culpa”, opina Manuel, un minero que, en su momento, tuvo problemas con el sindicato por insinuar que tenían que buscar otras vías de subsistencia. “Han comprado la paz social sin pensar en el futuro de nuestros hijos”. ¿Cómo? A base de prejubilaciones generosas y concesiones directas del gobierno central a los ayuntamientos, que han destinado parte de los fondos mineros a cubrir gastos municipales ordinarios.
El negocio de la reactivación de las cuencas mineras
En palabras del sociólogo Holm-Detlev Khöler, Asturias ha salido adelante mediante una “respiración asistida”. Se pactó que estas ayudas irían destinadas a la reconversión industrial y la mejora de la calidad de vida en las comarcas mineras y que tratarían aspectos tan variados como la formación de las generaciones jóvenes o el apoyo a la búsqueda y el desarrollo de las energías renovables. Sin embargo, “se han invertido sin estrategia ni previsión”, afirma Holm, “sin tener una visión regional”.
El último plan del carbón (2006-12) contemplaba una inyección total de 2.880 millones de euros –en gran parte provenientes de la UE– que se tenían que emplear en dos ámbitos principales: por un lado, la construcción de infraestructuras y equipamientos, lo que ha dado lugar a una “burbuja inmobiliaria propia” que ha atraído a empresas constructoras de otras comunidades.
Lamentablemente, muchas de estas obras están en desuso o infrautilizadas, en parte debido a que los fondos no prevén los gastos de mantenimiento. Decenas de museos mineros que nunca llegaron a abrir son un ejemplo. En El Entrego (Langreo, Asturias), instalaciones como el Hotel de Entidades –que nadie ocupa– o el Centro de Estudios Medioambientales del Principado (CEMAP) –que cayó en un abandono absoluto– dan fe del gasto inútil. En Villablino (valle de Laciana, León), el proyecto de Parador Nacional de Turismo ha quedado a medias y el Hospital Valle de Laciana, un gran complejo hospitalario construido y equipado con las últimas tecnologías, está totalmente en desuso.
Por otro lado, los fondos van destinados a la reconversión industrial mediante la creación de nuevas salidas laborales. Estas inversiones se han materializado en la creación y la liquidación continua de empresas, generando pérdidas millonarias y una sucesión de EREs denunciados repetidamente ante la justicia por los trabajadores.
Las declaraciones recientes de la vicepresidenta del gobierno, Sáenz de Santamaría, para justificar la reducción drástica de las ayudas, “No pondremos ni un euro más a los bolsillos de estos empresarios”, dan a entender que el gobierno central no tiene nada que ver con esta prolongada malversación de fondos. Resulta sospechoso que no estuvieran al tanto, teniendo en cuenta que el plan del carbón se diseñó durante el primer mandato del PP bajo la vicepresidencia de Álvarez Cascos (fundador de Foro Asturias) y que la Comisión de Seguimiento de los Fondos, que se tiene que reunir cada dos meses desde la creación del plan, está formada por sindicatos, patronal y miembros del ejecutivo.
El padrino leonés, don Vito en el siglo XXI
Es estremecedor pensar la cantidad de dinero público proveniente del carbón que se ha podido embolsar el grupo del leonés Victorino Alonso, el empresario minero más importante del Estado, desde que empezó a comprar mineras en quiebra en los 90. El grupo Alonso es propietario del 40% del carbón autóctono y, sólo este año, ha acaparado el 44% de las ayudas a la producción (135 millones de euros, ante los 72 millones de euros que recibió el estatal HUNOSA). Las cerca de 2.000 personas que trabajan a su cargo dejaron de cobrar justo cuando se anunció la rebaja de las ayudas.
Victorino acumula varias condenas por fraude fiscal, infracción que él mismo reconoció después de quince años de recursos y procesos dilatados con tácticas como la denuncia por prevaricación contra el juez que instruía el caso.
Particularmente en León, el empresario ha conseguido un buen apoyo de los medios de comunicación principales como la Televisión de Castilla y León y el Diario de León, en manos de empresarios influyentes del sector de la construcción como José Luis Ulibarri.
Las vestimentas impolutas de Victorino (que, para más inri, se deja ver en las manifestaciones mineras en León, en Villablino y Ponferrada o en Palencia) no son las únicas untadas de las ayudas al carbón. El empresario aragonés Ángel Luengo lo sucede en el ranking de recibir subvenciones, mientras SAMCA, su grupo, que hace unos años facturaba mas de 700 millones de euros anuales, ocupa uno de los primeros lugares del mundo en desarrollo minero industrial.
EL PLAN DEL CARBÓN
El carbón autóctono fue el principal motor energético del Estado durante la revolución industrial y la posguerra. Desde la apertura del franquismo en los años 60, este carbón no ha podido competir con los precios económicos del carbón importado (como el carbón Colombiano, que este año nos vende la multinacional Goldman Sachs). Esto explica que Bruselas presionara el gobierno español, desde su incorporación al mercado europeo, para que dejara de invertir en el único recurso fósil del que disponía. Para responder a esta directriz, se diseñó el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón, con la participación del gobierno central, la patronal y los sindicatos mayoritarios. El plan, que ha vivido renovaciones sucesivas desde 1990, contempla un desmantelamiento progresivo del sector, acompañado de un decrecimiento de las subvenciones a la producción. El último plan (2006-2012) tenía que acabar este año con una reducción de la plantilla del 36% (quedarían 5.276 persones empleadas) y una disminución de las ayudas del 30%. Sin embargo, el gobierno ha incumplido los acuerdos y ha reducido las ayudas en un 64%. El nuevo plan se tenía que prolongar hasta el año 2018, pero, ante las peticiones de Bruselas, el fin de las ayudas se avanzó al 2014 a través de un Real Decreto aprobado hace dos años.
ALAS A LA CORRUPCIÓN
La revista Atlántica XXII dedica un artículo de su último número a la empresa de perfiles de aluminio ALAS Aluminium, un caso ilustrativo del nivel de corrupción que hay detrás de los fondos mineros. Esta empresa no tuvo que pagar por el suelo que ocupaba (el antiguo pozo María Luisa), que fue cedido por la empresa estatal HUNOSA, y se benefició de ayudas millonarias (dieciséis millones de euros) para la contratación y la compra de material industrial. ALAS llegó a contar con casi 400 puestos de trabajo, que se repartieron a priori entre la UGT y CCOO, a pesar de que, durante la última temporada, de puertas adentro, se fabricaba más bien poco. Cerró pocos años después de abrir, con tres EREs (el último de los cuales fue denunciado por un fraude por prejubilaciones a personas que no habían sido contratadas), seis socios inversores libres de pérdidas (las de la empresa se estiman en 100 millones de euros) y cargos directivos con salarios millonarios. Otros casos parecidos son los de empresas como la farmacéutica DIASA, Rioglass o Venturo XXI, en Asturias, o Cristalglass, Friger o LM (fábrica de palas eólicas que ya ha recibido dinero público para "revitalizarla"), en León.
BLOQUEO A INICIATIVAS LABORALES MÁS SOSTENIBLES
Probablemente, la situación de las comarcas mineras habría sido otra si los fondos se hubieran podido gestionar desde abajo, sin la intervención política ni sindical. Esta es la opinión que defiende la historiadora María Fernanda Fernández, a cargo de proyectos de restauración y catalogación de patrimonio arquitectónico en Mieres (Asturias), que ha denunciado la política de gestión de los fondos mineros durante años. José Luis Soto, minero jubilado, cree que hay una urgencia por recuperar el patrimonio minero en abandono, un trabajo que no sólo es importante para el turismo, sino también para la propia memoria de la comarca. José Luis pertenece a la Asociación Cultural y Minera Santa Bárbara (con 1.500 socios), que se encarga entre otras cosas, de algunos trabajos de mantenimiento de este patrimonio de manera voluntaria. Tanto en Asturias como León, pequeñas iniciativas culturales o agrícolas demuestran que se puede vivir fuera de la minería o de la gran empresa industrial. Pero, a pesar ser reales y funcionales desde hace años, estas alternativas no interesan ni a la patronal ni a los sindicatos vinculados a la minería del carbón, puesto que suponen una pérdida de influencia.
En León, hay un interés evidente de los sindicatos y la patronal (también de las instituciones públicas locales) para desprestigiar a los grupos ecologistas, que tienen una fuerte presencia al Bierzo e incluso están representados al consistorio de Villablino (capital de Laciana) y que inciden en la necesidad de la reconversión hacia alternativas económicas sostenibles.
Estos grupos, que sufren una persecución continua (también con ataques físicos), denuncian la doble inconveniencia de la minería a cielo abierto a la comarca.
Por un lado, porque supone una pérdida importante de puestos de trabajo, puesto que la extracción a cielo abierto requiere menos personal trabajador (se calcula que diez personas a cielo abierto hacen el trabajo de 100 bajo tierra) y una maquinaria más pesada y barata. Por otro lado, esta minería tiene un impacto visual y ambiental muy evidente, agravado por el hecho que se hace en medio de una reserva de la biosfera, con zonas de protección muy activa del oso pardo y del urogallo y con catorce ecosistemas diversos.
Los grupos ecologistas también luchan y han demostrado con hechos, durante años, que hay alternativas válidas en otros sectores, como la agricultura ecológica, la ganadería o la apicultura y, sobre todo, el turismo rural.
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