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| Dibujo Sánchez Casas. Todos terroristas. (un barrio entero identificado por decenas de policías) |
El
gobierno del PP extiende la ley antiterrorista a toda la
población
El Ministerio del Interior podrá intervenir las comunicaciones en la investigación de los delitos de especial gravedad, sin pedir autorización previa del juez, como es necesario en la actualidad en casi todos los delitos excepto en los de terrorismo.
La novedad represiva figura en el capítulo de la interceptación de las comunicaciones telefónicas, telemáticas y de correspondencia escrita y telegráfica que contempla el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado el gobierno.
El gobierno quiere que el ministro del Interior e incluso el secretario de Estado de Seguridad, puedan acordar "la medida de investigación pertinente" consistente en la intervención, siendo suficiente que se lo comuniquen luego al juez dentro del plazo máximo de 24 horas.
En la comunicación el ministro o el secretario de Estado deben hacer constar "las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado", según el artículo 588 bis d 4 del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia en el caso de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.
La previsión es que el ministro de Interior pueda ordenar interceptar este tipo de comunicaciones "cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención".
En todo caso, el juez competente tendrá que resolver si revoca o confirma tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.
Además de las intervenciones telefónicas y telemáticas, el ministro del Interior podrá también acordar la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica sin autorización previa de ningún juez.
El Ministerio del Interior podrá intervenir las comunicaciones en la investigación de los delitos de especial gravedad, sin pedir autorización previa del juez, como es necesario en la actualidad en casi todos los delitos excepto en los de terrorismo.
La novedad represiva figura en el capítulo de la interceptación de las comunicaciones telefónicas, telemáticas y de correspondencia escrita y telegráfica que contempla el anteproyecto de ley orgánica de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que ha aprobado el gobierno.
El gobierno quiere que el ministro del Interior e incluso el secretario de Estado de Seguridad, puedan acordar "la medida de investigación pertinente" consistente en la intervención, siendo suficiente que se lo comuniquen luego al juez dentro del plazo máximo de 24 horas.
En la comunicación el ministro o el secretario de Estado deben hacer constar "las razones que justificaron la adopción de la medida, la actuación realizada, la forma en que se ha efectuado y su resultado", según el artículo 588 bis d 4 del anteproyecto elaborado por el Ministerio de Justicia en el caso de las comunicaciones telefónicas y telemáticas.
La previsión es que el ministro de Interior pueda ordenar interceptar este tipo de comunicaciones "cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados de especial gravedad, y existan razones fundadas que hagan imprescindible la intervención".
En todo caso, el juez competente tendrá que resolver si revoca o confirma tal actuación en un plazo máximo de 72 horas desde que fue ordenada la medida.
Además de las intervenciones telefónicas y telemáticas, el ministro del Interior podrá también acordar la detención y apertura de la correspondencia escrita y telegráfica sin autorización previa de ningún juez.
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| Dibujo M.P.M., 2012. No. (en mani pancarta con un no y un mozo gritando) |
El
anteproyecto establece que la intervención de las comunicaciones
esté siempre relacionada con la investigación de delitos concretos
y prohíbe las "intervenciones prospectivas sobre la conducta de
una persona o grupo", es decir, prohíbe el control
indiscriminado de las comunicaciones, que es una tarea propia los
servicios secretos.
Pero esa limitación es falaz porque de antemano la policía no puede saber ni tiene competencia para decidir si una conducta es delito o no. Por consiguiente, no existe ningún límite.
La reforma también contempla que los "terminales o sistemas de comunicación" que sean objetos de intervención "han de ser aquellos ocasional o habitualmente utilizados" por la persona investigada, por lo que con la excusa de la investigación de una persona la policía puede intervenir el teléfono de otra distinta, argumentando que suele utilizar su teléfono "ocasionalmente".
Precisamente ahora que ya no hay terrorismo la legislación antiterrorista se extiende a toda clase de personas que, si el anteproyecto finalmente se aprueba, verán anulados otro de sus derechos fundamentales. Antiguamente se justificaban ese tipo de medidas represivas por la gravedad de los delitos, de los que el terrorismo siempre fue el prototipo. Ahora ya no tienen ninguna clase de excusas para seguir con la represión y no solamente la misma no remite sino que aumenta.
Pero esa limitación es falaz porque de antemano la policía no puede saber ni tiene competencia para decidir si una conducta es delito o no. Por consiguiente, no existe ningún límite.
La reforma también contempla que los "terminales o sistemas de comunicación" que sean objetos de intervención "han de ser aquellos ocasional o habitualmente utilizados" por la persona investigada, por lo que con la excusa de la investigación de una persona la policía puede intervenir el teléfono de otra distinta, argumentando que suele utilizar su teléfono "ocasionalmente".
Precisamente ahora que ya no hay terrorismo la legislación antiterrorista se extiende a toda clase de personas que, si el anteproyecto finalmente se aprueba, verán anulados otro de sus derechos fundamentales. Antiguamente se justificaban ese tipo de medidas represivas por la gravedad de los delitos, de los que el terrorismo siempre fue el prototipo. Ahora ya no tienen ninguna clase de excusas para seguir con la represión y no solamente la misma no remite sino que aumenta.
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| Cartel 22 años sin Pedro. (actos) |
Se cumplen 22 años del asesinato de Pedro Álvarez a manos de un presunto policía
La familia y amigos del joven siguen pidiendo justicia para un caso que todavía no está cerrado
La Plataforma Pedro Álvarez es el movimiento contra el abuso de poder más antiguo de toda Europa
La
noche del 15 de diciembre de 1992, el joven de 20 años Pedro Álvarez
acompañaba a su pareja Yolanda a casa cuando, justo después de
despedirse, un coche que circulaba a gran velocidad estuvo a punto de
atropellarla. Esto desencadenó una
discusión que fue resuelta de forma cruel por el conductor, quien le
disparó tres tiros al joven,
que ingresó muerto en el Hospital de Bellvitge. Días después fue
detenido un policía nacional, José Manuel S.F, como presunto autor
de los hechos, pero fue exculpado por “falta de pruebas
concluyentes”, a pesar de que todas apuntaban hacia él.
El
caso Pedro Álvarez estuvo desde el inicio respaldado por un amplio
movimiento social contra el abuso de poder que se ha convertido en el
más antiguo de Europa. Miles
de personas salieron a la calle para pedir justicia por el caso,
se encerraron en iglesias y se entrevistaron con altas
personalidades, que prometieron una ayuda que nunca llegó. En
diciembre de 1996, Juan José Álvarez, el padre del joven, inició
una huelga de hambre y recogió 5000 firmas para que se reabriera el
caso. Dos meses después de iniciarla consiguió el sobreseimiento
con nuevas líneas de investigación, pero lo cierto es que nadie ha
comunicado nuevas noticias a los abogados de la familia. El año 2000
la Audiencia Provincial volvió a archivar el caso y ahora,se
encuentra a punto de prescribir.
La
Plataforma siempre ha sostenido que el
caso Pedro Álvarez no es un caso aislado.
Recientemente, el vecino del Raval Juan Andrés Benítez falleció a
causa de una brutal paliza propiciada por parte de los Mossos
d’Esquadra. En septiembre del 2009, diversos testigos aseguraron
que el joven Jonathan Carrillo fue agredido por varios policías
municipales de Terrassa, siendo imputados 4 de los agentes. Tres años
antes, Patricia Heras fue acusada de agredir a un guardia urbano,
motivo por el que fue encarcelada, a pesar de que siempre aseguró
que no se encontraba en el lugar de los hechos. Finalmente acabó
suicidándose por la presión recibida.
Un
año más, familia y amigos de Pedro Álvarez convocan a una nueva
manifestación en el 22 aniversario del asesinato del joven y una
semana de acciones en Barcelona y Hospitalet, incluyendo dos
conferencias de Amnistía Internacional y la Coordinadora por la
Prevención y Denuncia de la Tortura.
La
manifestación será el próximo día 15 de diciembre a las 20h en
Pl. Universitat de Barcelona.
Documental
sobre el caso (29’): http://vimeo.com/54633065
Contacto:
plataformapedroalvarez@gmail.com
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