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| Montaje. "1936, 2015, sólo cambia... el pájaro". (cambia el águila fascista por la gaviota sobre la bandera española) |
Impunidad
para unos, cadena perpetua para otros
El
martes 3 de febrero se produjeron dos acontecimientos simultáneamente
que muestran el funcionamiento implacable de la ley del embudo, que
es como una ley de leyes que rige en las sociedades de clase.
El
primero nos lo han pasado por delante de las narices todas las
televisiones: Rajoy y Pedro Sánchez firmando al alimón una reforma
de las leyes penales para imponer la cadena perpetua contra los
terroristas, que ahora es una palabra muy cercana al yihadismo. Es
casi lo mismo.
La
segunda no ha tenido foto: la Audiencia Nacional archivó la petición
de la Asociación Pro Derechos Humanos para que se detenga a 19
antiguos ministros franquistas acusados por los tribunales argentinos
de crímenes cometidos durante la dictadura.
Una
vez más los medios sólo nos cuentan la mitad de los acontecimientos
para inculcarnos lo que tenemos que pensar al respecto: el franquismo
no es terrorismo y el yihadismo sí lo es, o bien que ambos son
variedades del terrorismo, pero éste es más importante que aquel, o
mata más.
Cuando
los medios sólo nos muestran una parte de la realidad ya no sabemos
ni en qué mundo vivimos. Podríamos seguir contando incongruencias
de ese ghetto que es la Audiencia Nacional. Por ejemplo, el mismo
juez que archiva la petición de extradición de los 19 criminales
franquistas, el señor Velasco, acusa a más de 50 presos de
pertenencia a una organización criminal, los Ángeles del Infierno,
detenidos en Mallorca.
La
noticia tampoco ha salido en la tele porque los angelitos no son
yihadistas sino motoristas. ¿Por qué no aumentar las penas también
a los motoristas?, ¿por qué no aprobar una ley contra los
terroristas que circulan en moto y en bandadas?, ¿y a los moteros
que son lobos solitarios? "Por toda Alemania, los
investigadores han detectado un incremento del número de contactos
entre las bandas alemanas de motoristas y los militantes neonazis",
decía Der Spiegel.
Los
ministros franquistas eran los ángeles de un infierno muy singular.
No sabemos si se tatuaban los biceps; lo que es seguro es que tenían
tatuada su alma y esa debe ser la nueva patente de corso. La
Asociación Pro Derechos Humanos calificaba de "escandaloso"
que la policía española no hubiera puesto a los sanguinarios
ministros a disposición de los tribunales argentinos, pero hay algo
aún más escandaloso, si cabe: ¿por qué no los ha puesto a
disposición de los tribunales españoles?
Es
sencillo de explicar: porque en España el franquismo es como el
cierzo; nunca fue considerado como un crimen sino como una parte de
la historia. Cuando en noviembre del año pasado la sección
argentina de Interpol pidió de forma "urgente" la
detención de los 19 criminales, su homóloga en Madrid protestó
ante la Secretaría General con sede en Lyon, que aceptó la
reclamación.
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| Dibujo. (hombre cuelga en las torturas de la barra) |
A
partir de entonces los papeles empezaron a cambiar de oficina,
desfilando de una a otra y aumentado su volumen cada vez con más
papeles. El tiempo pasa. El Ministerio del Interior lleva el
expediente a un despacho de la Fiscalía porque saben que es una
institución ajena e incompetente para tramitar y ejecutar las
órdenes de detención.
¿Por
qué cambian de sitio los papeles? Porque llevándolos a un
departamento judicial, el gobierno se lava las manos como Pilatos.
Eso es cosa judicial, o sea, depende de funcionarios
"independientes".
La
orden de detención argentina afecta Martín Villa, ministro de
Gobernación (Interior), a Utrera Molina, que es suegro del
exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, a otros políticos de
la dictadura, exmiembros de las Fuerzas Armadas, ex jueces y hasta un
antiguo ginecólogo.
También
aparecen los ex ministros Antonio Carro Martínez (ministro desde
1974 a 1975), Licinio de la Fuente (vicepresidente del Gobierno entre
1974 y 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último
gobierno franquista), Alfonso Osorio García (ministro de presidencia
entre 1975 y 1976) y Antonio Barrera de Irimo, quien falleció el
pasado septiembre.
Los
tribunales argentinos acusan a Utrera Molina, Licino de la Fuente,
Carro y Barrera de haber convalidado con su firma la sentencia de
muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último
condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de
la causa.
A
Rodolfo Martín Villa le consideran responsable de la matanza
cometida en Vitoria el 3 de marzo de 1976, en la que cinco
trabajadores fueron asesinados por la policía y hubo más de cien
heridos, muchos de ellos por armas de fuego.
Al
ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusan de convalidar la
sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos
del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en los que fueron
asesinados José Humberto Baena Alonso, José Luís Sánchez Bravo
Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot "Txiki" y
Ángel Otaegui Echeverría.
Contra
Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte
de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que
contra Fernándo Suárez, mientras que Osorio está acusado por su
responsabilidad por la muerte de los trabajadores de Vitoria.
Además
de estos cargos políticos, la querella se dirigía contra antiguos
miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del
Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de
menores. Los tribunales argentinos quieren capturar a Antonio
Troncoso, coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar, Carlos Rey,
antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército, y a
antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, Jesús Quintana, Jesús
González, Ricardo Algar, Félix Criado, Pascual Honrado, Jesús
Martínez, Benjamín Solsona y Atilano del Valle.
Además,
buscan a Abelardo García, denunciado por el caso de Flor Díaz
Carrasco quien busca a su hermano desaparecido en el Hospital
Municipal de La Línea de la Concepción el 6 de noviembre de 1967
donde trabajaba como médico ginecólogo.
La
Audiencia Nacional ya había rechazado la extradición del torturador
Antonio González Pacheco "Billy el Niño" y el
capitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas.
La
denuncia interpuesta en abril de 2010 por múltiples víctimas y sus
familiares afirma que los crímenes ocurridos desde el 17 de julio de
1936 constituían un plan sistemático y planificado de "aterrorizar
a españoles" por su ideología y de sustracción de
menores.
Así
funciona la ley del embudo. España está llena de fascistas con
nombres y apellidos que nos han aterrorizado a la población durante
décadas con sus crímenes, pero a Rajoy, Pedro Sánchez y la
Audiencia Nacional eso no les preocupa nada. Lo que buscan son los
crímenes que aún no se han cometido; y si no los encuentran se los
inventarán.
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