Dibujo. (mujer con alambrada cerrando su boca) |
Jueces
para la Democracia denuncia la falta de investigación de las
denuncias de tortura en España
El colectivo Jueces para la Democracia denuncia la falta de investigación de las denuncias por torturas en España y considera una "vergüenza" que "la actuación de órganos jurisdiccionales españoles haya merecido la calificación de vulneradora de derechos humanos", incidiendo en las "repetidas condenas" a nuestro país en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este sentido, Jueces para la Democracia manifiesta, a través de un comunicado y tras celebrar su congreso en Valladolid, su "más firme apoyo" al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de la Prada, que tras denunciar que en España "la tortura se ha producido de manera clara" ha sufrido, según este colectivo, "injustos ataques" por parte del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y de miembros de asociaciones de víctimas del terrorismo "que han motivado la apertura de unas diligencias" por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Frente a ello es necesario romper judicialmente, pero también política y socialmente, la ignorancia y el secreto que sustentan y alimentan la tortura, que permanece entre nosotros gracias a estrategias de encubrimiento como la ocultación, el secreto y el desinterés hacia tan obscena realidad", afirma Jueces para la Democracia.
Esta asociación profesional de jueces recuerda además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España "al menos en ocho ocasiones, la última en el caso Beortegui Martínez, de 31 de mayo de 2016, por no realizar una investigación judicial efectiva y en profundidad de las denuncias por torturas durante la detención incomunicada en materia de terrorismo", asegura.
"A Jueces para la democracia le duele profundamente esta nueva condena, que implica de modo directo a jueces y tribunales, a la garantía jurisdiccional que deben prestar para tutelar los derechos de las personas y someter a la legalidad a todos los poderes", añaden en el comunicado, donde precisan que España también ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura "ha expresado su preocupación porque España no cumple con sus obligaciones en materia de prevención y persecución de la tortura".
La asociación afirma que la tortura, "aun cuando no sea hoy en España un fenómeno generalizado", cuando se produce "es negado y ocultado por el poder y olvidado por nuestras sociedades".
Por todo ello, Jueces para la Democracia exige al CGPJ "que promueva el establecimiento de un código de conducta claro sobre la forma de conducir interrogatorios de detenidos en régimen de incomunicación, medidas de vigilancia que garanticen la integridad de los mismos y medidas de control jurisdiccional de las anteriores; así como que, desde luego, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en todos los aspectos que competen a jueces y tribunales, y que establezca cursos de formación específica en estos ámbitos, dentro del plan general de formación", concluye.
El colectivo Jueces para la Democracia denuncia la falta de investigación de las denuncias por torturas en España y considera una "vergüenza" que "la actuación de órganos jurisdiccionales españoles haya merecido la calificación de vulneradora de derechos humanos", incidiendo en las "repetidas condenas" a nuestro país en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En este sentido, Jueces para la Democracia manifiesta, a través de un comunicado y tras celebrar su congreso en Valladolid, su "más firme apoyo" al magistrado de la Audiencia Nacional José Ricardo de la Prada, que tras denunciar que en España "la tortura se ha producido de manera clara" ha sufrido, según este colectivo, "injustos ataques" por parte del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y de miembros de asociaciones de víctimas del terrorismo "que han motivado la apertura de unas diligencias" por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
"Frente a ello es necesario romper judicialmente, pero también política y socialmente, la ignorancia y el secreto que sustentan y alimentan la tortura, que permanece entre nosotros gracias a estrategias de encubrimiento como la ocultación, el secreto y el desinterés hacia tan obscena realidad", afirma Jueces para la Democracia.
Esta asociación profesional de jueces recuerda además que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España "al menos en ocho ocasiones, la última en el caso Beortegui Martínez, de 31 de mayo de 2016, por no realizar una investigación judicial efectiva y en profundidad de las denuncias por torturas durante la detención incomunicada en materia de terrorismo", asegura.
"A Jueces para la democracia le duele profundamente esta nueva condena, que implica de modo directo a jueces y tribunales, a la garantía jurisdiccional que deben prestar para tutelar los derechos de las personas y someter a la legalidad a todos los poderes", añaden en el comunicado, donde precisan que España también ha sido condenada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, mientras el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura "ha expresado su preocupación porque España no cumple con sus obligaciones en materia de prevención y persecución de la tortura".
La asociación afirma que la tortura, "aun cuando no sea hoy en España un fenómeno generalizado", cuando se produce "es negado y ocultado por el poder y olvidado por nuestras sociedades".
Por todo ello, Jueces para la Democracia exige al CGPJ "que promueva el establecimiento de un código de conducta claro sobre la forma de conducir interrogatorios de detenidos en régimen de incomunicación, medidas de vigilancia que garanticen la integridad de los mismos y medidas de control jurisdiccional de las anteriores; así como que, desde luego, adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en todos los aspectos que competen a jueces y tribunales, y que establezca cursos de formación específica en estos ámbitos, dentro del plan general de formación", concluye.
Foto. Diego González porta el retrato de Francisco, asesinado en 1937. |
La
fosa de los traidores
Un experto en Memoria Histórica se burla de las víctimas del franquismo
Francisco González Tejera
Un experto en Memoria Histórica se burla de las víctimas del franquismo
Francisco González Tejera
A
mi abuelo Francisco González Santana, lo fusilaron el 29 de marzo de
1937 en el campo de tiro de La Isleta, nuestra familia tenemos
certificado de inhumación y sabemos el lugar exacto de la fosa común
donde está enterrado junto al alcalde de San Lorenzo, Juan
Santana Vega, ambos comunistas, como yo también lo soy, jamás del
“comunismo” edulcorado y vendido al corrupto régimen español,
el que firmó la Ley de Amnistía o de “Punto final” sobre los
huesos de casi medio millón de asesinados.
Nuestra lucha como familiares se remonta a más de 20 años, cuando mis padres y abuelos decidieron que era el momento de romper el silencio, por eso como nieto me ha tocado encabezar esta lucha por su exhumación, identificación y recuperación de sus restos.
En los juzgados se nos cerró las puertas hace cuatro años alegando que dichos crímenes de lesa humanidad ya habían prescrito, por lo que hemos intentado que desde otras instituciones públicas se pudiera hacer realidad este sueño de dignificación y reparación.
En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la anterior corporación del PP se intentó pero fue imposible, ya que este partido en todo el estado tiene la encomienda heredada de Franco y su fundador Manuel Fraga de tapar todo lo relacionado con el genocidio franquista.
Incluso vivimos un esperpento surrealista en toda regla cuando el actual concejal encargado de memoria histórica, Sergio Millares, negoció a nuestras espaldas, antes de ser expulsado de Izquierda Unida, con el alcalde ultraconservador Juan José Cardona, una vez que rompimos negociaciones al producirse ataques y amenazas contra miembros de nuestra plataforma de familiares.
Ahora en la actualidad el nuevo grupo de gobierno municipal ha dejado todo en manos de dicho concejal, el mismo que nos traicionó y nos sigue traicionando, con un modus operandi vergonzoso, que atenta contra nuestros derechos ciudadanos, la Ley de Memoria Histórica y la legislación internacional en materia de derechos humanos.
La persona elegida por el señor Millares para consolidar que la fosa común del cementerio de Las Palmas jamás se abra es Pedro Alberto García Bilbao, un supuesto experto en memoria, el presunto “godo” de turno, el que se las sabe todas, que usa los medios de comunicación y las redes sociales para insultar y degradar a nuestra familia, tratando de dejarnos como ignorantes al querer recuperar digna y justamente los restos de nuestra gente asesinada.
Señor Bilbao, Señor Millares, somos ciudadanos con derechos, que pedimos que dicha fosa se abra, jamás que se coloque un monumento o monolito de la vergüenza a cargo del erario público para beneficio del escultor “amigo” y otras juergas. Nos negaremos siempre a esta opción si antes no se abre la fosa, tomaremos acciones legales de forma inmediata en el momento que se pretenda esta ignominia sobre la tierra que cubre los restos de nuestro familiar masacrado por los fascistas.
No sabemos que oscuros intereses mueven a estos dos personajes, que directrices obedecen y a quienes le hacen el juego, el caso es que siguen la misma política de la ultraderecha del PP: reírse y burlarse de las familias de las víctimas, cerrar cualquier posibilidad de exhumación, utilizar el mismo tono prepotente y caciquil sobre quienes solo pedimos justicia, verdad, reparación, la posibilidad de que esta fosa común se abra, se investigue y se valore la posibilidad de recuperar los restos de las cientos de personas que yacen en ella acribilladas a balazos.
Ni yo ni mi familia nos consideramos expertos en materia de exhumaciones, solo somos ciudadanos que demandamos y
defendemos una causa que consideramos justa y necesaria, no usamos palabras rimbombantes como el señor Bilbao, el que se las sabe todas, somos gente sencilla de un humilde y empobrecido pueblo de Gran Canaria, personas honradas a las que se nos ha pisoteado y se nos siguen pisoteando nuestros derechos, el derecho a una tumba, a que al menos el agujero sangriento donde están nuestros muertos se pueda abrir, mirar dentro, escrutar su estado, que se pueda hacer realidad ese sueño de justicia y dignidad.
Esperamos con inmensa esperanza el informe de exhumación de la ARDF Desaparecidos, de su presidente Santiago Carcas, de la experta arqueologa Begoña Hermida, la organización y las personas que nos apoyan y quieren que esta fosa se abra, pasamos absolutamente de la diatriba vejatoria y humillante del señor Bilbao, ya estamos acostumbrados después de tantos años de fascismo que se nos siga insultando, degradando, pisoteando, ninguneando.
No nos afecta que este personaje y quien lo promueve se pase por el forro nuestro dolor, el asesinato de mi tío, el bebé Braulio González García el 24 de diciembre de 1936, a quien una Brigada del Amanecer lo sacó de su cuna violentamente para arrojarlo de cabeza contra la pared de la humilde vivienda de mis abuelos Pancho y Lola en la carretera general de Tamaraceite.
No hay más que comentar, pienso que no merece la pena, ellos tienen el dinero, el poder de comprar personas y medios de comunicación, sus esbirros en la redes sociales que usan como arma la amenaza y el insulto, nada que manifestar, nada que decir, solo la tristeza que nos inunda cuando vemos como se nos sigue atacando por parte de personajes sin muertos en esa fosa, vividores del cuento de la memoria que les importa una mierda nuestro sufrimiento, políticos del fraude y la estafa ciudadana que se burlan de una reivindicación histórica de nuestro pueblo.
Nuestra lucha como familiares se remonta a más de 20 años, cuando mis padres y abuelos decidieron que era el momento de romper el silencio, por eso como nieto me ha tocado encabezar esta lucha por su exhumación, identificación y recuperación de sus restos.
En los juzgados se nos cerró las puertas hace cuatro años alegando que dichos crímenes de lesa humanidad ya habían prescrito, por lo que hemos intentado que desde otras instituciones públicas se pudiera hacer realidad este sueño de dignificación y reparación.
En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de la anterior corporación del PP se intentó pero fue imposible, ya que este partido en todo el estado tiene la encomienda heredada de Franco y su fundador Manuel Fraga de tapar todo lo relacionado con el genocidio franquista.
Incluso vivimos un esperpento surrealista en toda regla cuando el actual concejal encargado de memoria histórica, Sergio Millares, negoció a nuestras espaldas, antes de ser expulsado de Izquierda Unida, con el alcalde ultraconservador Juan José Cardona, una vez que rompimos negociaciones al producirse ataques y amenazas contra miembros de nuestra plataforma de familiares.
Ahora en la actualidad el nuevo grupo de gobierno municipal ha dejado todo en manos de dicho concejal, el mismo que nos traicionó y nos sigue traicionando, con un modus operandi vergonzoso, que atenta contra nuestros derechos ciudadanos, la Ley de Memoria Histórica y la legislación internacional en materia de derechos humanos.
La persona elegida por el señor Millares para consolidar que la fosa común del cementerio de Las Palmas jamás se abra es Pedro Alberto García Bilbao, un supuesto experto en memoria, el presunto “godo” de turno, el que se las sabe todas, que usa los medios de comunicación y las redes sociales para insultar y degradar a nuestra familia, tratando de dejarnos como ignorantes al querer recuperar digna y justamente los restos de nuestra gente asesinada.
Señor Bilbao, Señor Millares, somos ciudadanos con derechos, que pedimos que dicha fosa se abra, jamás que se coloque un monumento o monolito de la vergüenza a cargo del erario público para beneficio del escultor “amigo” y otras juergas. Nos negaremos siempre a esta opción si antes no se abre la fosa, tomaremos acciones legales de forma inmediata en el momento que se pretenda esta ignominia sobre la tierra que cubre los restos de nuestro familiar masacrado por los fascistas.
No sabemos que oscuros intereses mueven a estos dos personajes, que directrices obedecen y a quienes le hacen el juego, el caso es que siguen la misma política de la ultraderecha del PP: reírse y burlarse de las familias de las víctimas, cerrar cualquier posibilidad de exhumación, utilizar el mismo tono prepotente y caciquil sobre quienes solo pedimos justicia, verdad, reparación, la posibilidad de que esta fosa común se abra, se investigue y se valore la posibilidad de recuperar los restos de las cientos de personas que yacen en ella acribilladas a balazos.
Ni yo ni mi familia nos consideramos expertos en materia de exhumaciones, solo somos ciudadanos que demandamos y
defendemos una causa que consideramos justa y necesaria, no usamos palabras rimbombantes como el señor Bilbao, el que se las sabe todas, somos gente sencilla de un humilde y empobrecido pueblo de Gran Canaria, personas honradas a las que se nos ha pisoteado y se nos siguen pisoteando nuestros derechos, el derecho a una tumba, a que al menos el agujero sangriento donde están nuestros muertos se pueda abrir, mirar dentro, escrutar su estado, que se pueda hacer realidad ese sueño de justicia y dignidad.
Esperamos con inmensa esperanza el informe de exhumación de la ARDF Desaparecidos, de su presidente Santiago Carcas, de la experta arqueologa Begoña Hermida, la organización y las personas que nos apoyan y quieren que esta fosa se abra, pasamos absolutamente de la diatriba vejatoria y humillante del señor Bilbao, ya estamos acostumbrados después de tantos años de fascismo que se nos siga insultando, degradando, pisoteando, ninguneando.
No nos afecta que este personaje y quien lo promueve se pase por el forro nuestro dolor, el asesinato de mi tío, el bebé Braulio González García el 24 de diciembre de 1936, a quien una Brigada del Amanecer lo sacó de su cuna violentamente para arrojarlo de cabeza contra la pared de la humilde vivienda de mis abuelos Pancho y Lola en la carretera general de Tamaraceite.
No hay más que comentar, pienso que no merece la pena, ellos tienen el dinero, el poder de comprar personas y medios de comunicación, sus esbirros en la redes sociales que usan como arma la amenaza y el insulto, nada que manifestar, nada que decir, solo la tristeza que nos inunda cuando vemos como se nos sigue atacando por parte de personajes sin muertos en esa fosa, vividores del cuento de la memoria que les importa una mierda nuestro sufrimiento, políticos del fraude y la estafa ciudadana que se burlan de una reivindicación histórica de nuestro pueblo.
Portada "Poemas para la revolución, Francisco Cela". |
Poemas
de Paco Cela Seoane
ESTÁ
MÁS ALLÁ DE LA MUERTE
La
niña, camina.
Caen
los obuses. Bueno: ¿Y qué?
Camina
la niña. Las balas silban.
Bueno:
¿y qué?
Camina.
Un
cuerpo se desploma sobre la tierra.
Cae
grave, como un tronco por el hacha partido.
Cae
leve, como una seca hoja en su edad otoñal.
Bueno:
¿y qué'?
Arriba
y abajo, sigue caminando.
Una
explosión pone a bailar
a
las pequeñas piedras. Bueno ¿y qué?
¡Es
la guerra!
Una
niña, hombros caídos, camina.
Camina.
Manos en los bolsillos.
Caen
los obuses, las balas silban. Camina.
La
niña mira: indiferente, ausente ...
Camina.
Su pierna adelanta,
golpea
la imperfecta redondez de una piedra,
la
piedra rueda, topa con un juguete en ruinas,
rebota,
se tambalea y se detiene:
estática,
muda, indolente.
La
niña camina por un Sarajevo fantasmal,
hombros
caídos, las manos en los bolsillos,
la
mirada perdida, indiferente, ausente ...
y
bajito, muy bajito, va repitiendo
y
repitiendo: ¡Cabrona y puta vida!
Sevilla
II, abril-94
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