ANDALUCÍA, TORTURA: Hasta el periodismo amarillo lo tiene que reconocer

Hasta el periodismo amarillo lo tiene que reconocer
De 20minutos-Sevilla:

Un total de 81 personas sufren tortura y malos tratos en 2009 en Andalucía, cuarta comunidad en número de denunciantes

La provincia de Sevilla presenta el mayor número de denunciantes, 44, y la Policía Nacional es el cuerpo más denunciado

El Grupo 17 de marzo-Sociedad Andaluza de Juristas, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A) y la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace presentaron el Informe sobre la Tortura en Andalucía durante el año 2009, del que se desprende que un total de 624 personas sufrieron torturas y/o malos tratos en el Estado Español, 81 de ellas en Andalucía, manteniéndose así en la comunidad el número de casos respecto al año anterior. Además, la comunidad autónoma andaluza es la cuarta en número de denunciantes, tras Cataluña, País Vasco y Madrid.
Según la portavoz de Enlace, Carmen Martínez, este Informe —elaborado por la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, formada por 41 entidades de todo el país, tres de ellas andaluzas— recoge también que "en 2009 se tuvo conocimiento de al menos 110 muertes bajo custodia de funcionarios de policía o de prisiones". No obstante, añadió, que "como en años anteriores, en este Informe no se han tenido en cuenta todos los casos denunciados de los que se tuvo conocimiento en el año 2008, excluidos por petición expresa de los agredidos o por la necesidad de seguir recabando información sobre los mismos".
Por su parte, el coordinador del Área de Cárceles de APDH-A, Valentín J. Aguilar, apuntó que la provincia de Sevilla es la que más casos registró, un total de 44 denunciantes, seguida de Cádiz con 24, Córdoba con cinco, Málaga con cuatro, Huelva y Almería con dos, mientras que en Granada y Jaén no tienen casos registrados. Además, informó que que los más denunciados en Andalucía son la Policía Nacional, con 49 denunciantes, los funcionarios de prisiones con 21, la Policía Local con ocho, y la Guardia Civil con tres.
Asimismo, J. Aguilar manifestó que la tortura y los malos tratos son "un fenómeno muy extendido en el Estado español, que sale muy mal parado respecto a otros países de la Unión Europea, con graves problemas de casos que son negados rotundamente". También criticó la "falta de libertad que se da en las prisiones para poder reaccionar públicamente". En este sentido, explicó que "el 100 por cien de las denuncias en prisión por tortura o malos tratos son contradenunciadas por los funcionarios que alegan que la agresión fue en defensa propia".
Por otra parte, Eduardo Millán, del Grupo 17 de Marzo, hizo referencia a las IV Jornadas contra la Tortura que se celebraron el pasado marzo, y de las que se desprendió que "la situación no había mejorado y que el problema seguía sin una solución práctica". Además, lamentó el "fracaso" del Defensor del Pueblo como Mecanismo para la Prevención de la Tortura, y abogó por que personas "independientes estuvieran al frente de dicho Mecanismo". También criticó la "mayor represión institucional de aquellas personas que se manifiestan contra la tortura, y que se cuestione el ejercicio del derecho a la defensa".
Además, señaló algunas recomendaciones que se extrajeron de dichas jornadas como son "la apelación a las altas instancias del Estado para que asuman que se dan tratos humanos degradantes, y situaciones de tortura; la tipificación del delito de tortura, que nuestro Código Penal no está bien definido; la instalación de cámaras de vigilancia en los centros de detención; que las detenciones duren lo imprescindible y no alargarlas; evitar el tema del aislamiento, sobre todo en dependencias policiales; tomar medidas para erradicar la tortura en los centros de menores; y que el Estado asuma la asistencia sanitaria y psicológica de aquellas personas que hayan sufrido malos tratos o torturas".
Por último, desde el grupo de juristas del 17 de Marzo, Luis Ocaña, criticó la "proliferación" de ordenanzas cívicas, que "prohíben tantas cosas que el ciudadano no puede interpretar qué se prohíbe, y al final son interpretadas por la Policía Local con la ayuda de la Policía Nacional", apuntó. "Proponemos que en dichas ordenanzas se sepa lo que está prohibido y si no, que se deroguen, porque en lugar de generar paz social generan conflicto social", concluyó.