Una
clara demostración del carácter político con el que se toman las
decisiones judiciales dentro del estado, en este caso en torno al
cumplimiento de las condenas, es la aplicación de la llamada
“Doctrina Parot” en el caso de las personas presas por
colaboración o pertenencia a ETA.
La
pregunta que podemos hacernos es porqué, cuando ya se ha producido
una decisión por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,
desautorizando la actual aplicación de la citada doctrina, el actual
Gobierno Español, se empeña en recurrirla y en no dar marcha atrás
a una visión del derecho como arma de guerra, frente a lo que
debiera de ser: el instrumento principal para garantizar una
convivencia social pacífica. Máxime cuando su obsesión, que
responde a intereses ajenos a la justicia y contraria al respeto a
los derechos humanos, a estas alturas le es contraproducente
políticamente salvo para contentar a los sectores más
recalcitrantes de su clientela interna y a quienes teniendo poder de
influencia sobre las decisiones gubernamentales, aún claman venganza
ante su impotencia e incapacidad de hacer frente al resentimiento por
sus propias víctimas.
Seguramente
en el caso de que nuevamente el TEDH, ratifique su anterior decisión,
el gobierno español apele a la soberanía del estado para tratar de
deslegitimar tal decisión y hacer de su capa un sallo, cosa que no
hace para legitimar y dilapidarla cuando de decisiones económicas o
de recortes drásticos del gasto público se trata, apelando a
instancias europeas o a los dictados del capital especulativo la
supuesta necesidad de imponer recortes de derechos laborales y
sociales, de imponer decisiones claramente antidemocráticas. No
obstante, las posibles respuestas sobre el porqué el gobierno está
dispuesto y se arriesga a hacer el ridículo ante Europa en este,
como en otros temas, a sabiendas de que puede perder y, de hecho, ya
está perdiendo, grandes dosis de legitimidad son varias y
complementarias.
Aquí
nos vamos a centrar solamente en una. En el empeño vehemente del
estado por aplicar un derecho de imposición para la edificación de
un estado penal al servicio del capital que contribuya a eliminar y
utilizar cualquier forma de oposición o disidencia,
criminalizándola, para instaurar su proyecto hegemónico. No nos
olvidemos que un objetivo primordial al que sirve el sistema penal en
su conjunto (policial, judicial y carcelario) es su propia
pervivencia y crecimiento, es decir la auto-reproducción del
sistema. Para ello, necesita encarcelar más tiempo, y encarcela a
todo aquél y todo aquello que visibilice su latrocinio, que
visibilice que en realidad el estado no defiende los derechos y
libertades de las personas, sino su propia seguridad y los intereses
de los poderes a los que sirve. Por eso utiliza el independentismo,
el prohibicionismo, el islamismo, la extranjería y demás coartadas
para tratar de legitimar su sustancialidad, su esencia totalitaria
encubierta de una apariencia democrática. Por eso sataniza toda
forma de oposición y, con mayor contundencia a aquellas que
traspasan los límites funcionales de protesta que puedan alterar sus
intenciones.
Posiblemente
el principal problema de seguridad ciudadana sea el propio sistema
penal que prioriza su propia reproducción (para lo cual ha
demostrado que es muy eficaz) sin importarle en realidad la
prevención y lucha contra el delito, para lo cual ha demostrado
sobradamente que es totalmente ineficaz. Por ello hemos de tener
siempre claro que mientras la gobernabilidad de un país se sustente
en la guerra o la política, y el derecho no sea sino un arma al
servicio de la guerra y la política, el principal problema de
seguridad seguirá siendo el propio estado, y éste seguirá
necesitando de chivos expiatorios para auto-reproducirse y engordar a
los mismos de siempre.
No
nos olvidemos de que las relaciones de poder, y la guerra están en
la base de toda relación política y jurídica, y esta altera la
propia concepción de la realidad y del derecho. La guerra no es la
continuación de la política por otros medios, tal y como apuntaban
las tesis de Clausewitz, sino que el derecho, las leyes y la política
son la continuación de la guerra por otros medios. Esto supone hacer
una relectura de la historia y de la filosofía política idealista
de la modernidad, puesto que el sistema político-jurídico moderno,
el estado moderno, es el producto del mantenimiento y reproducción
de las conquistas que los triunfadores realizaron en las guerras
libradas en las diversas esferas de poder étnico, nacional y
económico que son el origen de la modernidad.
Desde
este supuesto, el derecho y la política son la continuación de la
guerra por otros medios. Tal y como expresó Foucault M., retomando
la reflexión de otros autores (Genealogía del racismo. De
la guerra de las razas al racismo de Estado,
La piqueta, 1991: 59): «Detrás del orden tranquilo de las
subordinaciones, tras el Estado y sus aparatos, tras las leyes
podemos advertir y redescubrir una guerra primitiva y permanente
sustentada en relaciones de desigualdad, asimetría, división del
trabajo, relaciones de usufructo, etcétera... La guerra nunca
desaparece porque ha presidido el nacimiento de los Estados: el
derecho, la paz y las leyes nunca han nacido en la sangre y el fango
de batallas y rivalidades, es decir, después de ellas, la ley nace
de conflictos reales: masacres, conquistas, victorias que tienen su
fecha y sus horroríficos héroes, de los inocentes que agonizan al
amanecer. La ley nace de la imposición».
Efectivamente,
la guerra impulsa el desarrollo tecnológico, mueve la actividad
económica más importante de la economía mundo (mercado de armas y
complejo militar-industrial vinculado a la industria del transporte y
las telecomunicaciones). La amenaza de guerra está en la base de la
aparición y de la reproducción de los estados modernos y de todas
las formas de regular las relaciones políticas contenidas en sus
códigos legislativos. Por ello el gobierno de los EEUU y sus
acólitos como es el caso del español, necesitan potenciar las
guerras en el planeta y fabricar supuestos enemigos de la seguridad.
Las industrias de la seguridad, entre las que está la industria
carcelaria, no podía ser una excepción, necesita más clientela y
un marco normativo de endurecimiento de condenas para mantener más
tiempo encarceladas a las personas hacia las que selectivamente
orienta sus procesos de criminalización.
Desde
esta visión real del derecho, como aparato de guerra al servicio del
capital, y de su uso arbitrario por parte de los operarios del
derecho, podemos interpretar los tristemente actuales y terribles
acontecimientos tales como por ejemplo, la
capacidad del Estado durante las tres últimas décadas de
excarcelar, de no encarcelar o de aplicar medidas excepcionales a
políticos, empresarios y banqueros condenados por delitos de
terrorismo y corrupción y, por contra, alargar las condenas a muchas
personas presas mediante reformas penales expresas destinadas a
inyectar mayores dosis de sufrimiento y desesperación en los reos, o
mantener en prisión a miles de personas gravemente enfermas cuyas
patologías físicas y mentales han sido provocados en muchos casos
en y por la prisionización.
César MANZANOS BILBAO, Doctor en Sociología del Derecho y miembro de Salhaketa Araba
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