Juan Manuel Olarieta
El artículo 18 de la Constitución dice que tenemos derecho a la intimidad. El artículo 55 añade, además, que sólo por medio de una ley orgánica se pueden limitar los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad. El artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que, previa orden judicial, se pueden intervenir las comunicaciones postales, telefónicas o de otra clase de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal. Según el Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos el secreto de las comunicaciones no sólo cubre la conversación, sino también la identidad de los interlocutores.
Esos son los derechos, pero las realidades son las contrarias. Las conversaciones telefónicas se graban habitualmente a un número indiscriminado de personas, lo cual hay que entenderlo de manera literal: no sólo se escuchan las conversaciones sino que se graban, se registran digitalmente y luego se quedan archivadas para siempre. Además, se viola el derecho constitucional a la intimidad sin ninguna clase de orden judicial, entre otros motivos porque las grabaciones las lleva a cabo el CNI, que no desempeña funciones de policía judicial, es decir, que ni recibe órdenes de los jueces, ni les informa tampoco de las grabaciones que realiza.
Hoy los pinchazos de teléfonos son mucho más fáciles de ejecutar. Basta con un simple barrido de la señal y es imposible de detectar por el interesado. También se pueden utilizar programas en las tarjetas SIM, comercializados con excusas, como el control infantil por parte de los padres. Otra forma de espionaje consiste en activar de forma remota el micrófono del móvil, que se puede detectar por el mayor consumo de batería, por su calentamiento o por las interferencias en otros aparatos, como radios o televisiones.
En 2001 el gobierno de Aznar encargó a la empresa danesa ETI A/S un programa informático, llamado SITEL, de escuchas telefónicas, por el que pagó 36 millones de euros. El proyecto llevaba la firma de Rajoy, entonces ministro del Interior.
SITEL es capaz de pinchar todos los teléfonos que hay en España al mismo tiempo y permite a la Policía, Guardia Civil y CNI acceder a las conversaciones en tiempo real o después de que se hayan producido.
De esta forma, los policías y espías se sientan ante la pantalla del ordenador y eligen escuchar las conversaciones que alguien mantiene en ese momento desde un teléfono intervenido o las que ha mantenido en el pasado. El programa Sitel les permite seleccionar el periodo de tiempo de escucha, eliminar los ruidos ajenos a la conversación que impidan escucharla con claridad, rebobinar, avanzar, utilizar filtros... El sistema también es capaz de transcribir digitalmente e imprimir las conversaciones. Además de las conversaciones SITEL también accede a los datos asociados a cada llamada telefónica, entre los que destacan la identidad, el domicilio y el DNI de los propietarios de los terminales, tanto del intervenido como de las personas con las que habla, los números de las llamadas entrantes y salientes, la fecha, la hora y la duración de las comunicaciones, la operadora que utiliza y el tipo de contrato que tiene.
La terminal de un teléfono móvil es una especie de GPS que, en función del lugar en el que esté su portador, se conecta a la red a través de la torre más cercana, lo cual permite saber en cada momento en qué lugar está dicha persona y desde dónde llama. SITEL permite rastrear cada uno de los movimientos de la persona que lleva un móvil, apareciendo en la pantalla del ordenador las torres de las que ha ido dependido su conexión según se ha ido desplazando. Por lo tanto, determina la posición geográfica del interlocutor en el momento de cada una de las llamadas. A través de SITEL la policía y los espías también averiguan en compañía de quién se encuentra esa persona en cada momento, para lo cual basta comparar los teléfonos de cada uno de ellos. SITEL captura el tráfico de datos de internet al completo, incluyendo las páginas visitadas, los ficheros transferidos, así como la voz sobre IP, es decir, que puede leer los mensajes de texto o multimedia y el contenido de los correos electrónicos. Los datos de las grabaciones telefónicas y el contenido de los mensajes de texto se almacenan indefinidamente.
Al juez sólo le entregan una copia en soporte DVD. El original queda a disposición de la policía para siempre. El programa de intervención telefónica accede a los mismos datos de los que disponen las operadoras de telefonía.
El artículo 33 de la Ley General de Telecomunicaciones les obliga a proporcionar a la policía y a los espías, sin necesidad de autorización previa del juez, datos privados como el DNI, el pasaporte, el tipo de contrato o la posición geográfica en la que se encuentra el portador de un terminal de telefonía móvil.
El Ministerio del Interior y el CNI pueden pinchar los teléfonos sin tener que contar con las compañías telefónicas, tal y como se venía haciendo hasta ahora porque SITEL está integrado en sus propias redes. Automáticamente el sistema envía la comunicación intervenida desde el operador a un ordenador central ubicado en la Dirección General de la Policía, la Guardia Civil y el CNI que, a su vez, lo distribuyen hasta los terminales periféricos.
El sistema SITEL viola todos los derechos imaginables:
1. No afecta sólo a los delincuentes sino a todas las personas
2. No se práctica sólo con autorización judicial sino por iniciativa política del CNI
3. No sólo permite escuchar las conversaciones sino acceder a todos los datos privados de las personas
4. No se regula por ley orgánica sino por medio de un reglamento del gobierno
Como han reconocido hasta los fiscales, las grabaciones digitales se prestan a la manipulación. Como cualquier otro archivo informático, se manipula copia, pega, corta y altera para demostrar cualquier cosa. Un juzgado de instrucción ya está investigando actualmente un "error" que eliminó dos conversaciones trascendentales para lograr la absolución de un acusado. Lo mismo se hubiera podido hacer para condenarle.
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