¿Recordamos?: Algunos casos de corrupción en el pantano fétido español.

"No sabemos lo que ha pasado... ¡Pero hace unos años la caja estaba llena!". Banqueros con bolsillos llenos frente a caja fuerte con telarañas. Dibujo

 

CORRUPCIÓN: ESPAÑA, UNA y GRANDE

(sólo algunos de los casos más sonados), para recordar que desde 1975 España ha estado regida por unxs sinvergüenzas sin escrúpulos...

1.-Gobierno UCD 1976-1982

Caso aceite de colza: Aceite adulterado, que provocó el envenenamiento de 60.000 españoles y la muerte de 700.

Caso Fidecaya: Agujero en esta entidad de ahorro creada en 1952 e intervenida en 1980, con 250.000 afectados y estafa de 1.800 millones de pesetas. El Gobierno forzó una liquidación que el Tribunal de Cuentas consideró irregular. El déficit patrimonial de la empresa fue estimado en 7.000 millones de pesetas, la mitad de los ahorros depositados en ella, que fueron garantizado en un 90% por el Estado. El propietario, Edmundo Alfaro, fue procesado por estafa, y Fidecaya comprada por Rumasa, ante la oposición del Gobierno. El caso fue archivado a petición de la Fiscalía en 1989.

2.-Gobierno PSOE 1982-1996

Caso Flick: Trama española de un gran caso de financiación ilegal de partidos y evasión de impuestos en la RFA, por parte del multimillonario ultraderechista Friedrich Karl Flick. La Fundación Friedrich Ebert, del SPD, destinó donaciones de Flick por valor de millón de marcos para financiar al PSOE.

Caso KIO: Suspensión de pagos por valor de 300.000 millones de pesetas. El gerente de esta sociedad en España, Javier de la Rosa, y sus colaboradores habrían robado, según la acusación particular, 30.000 millones de pesetas. Caso Wardbase: Una causa separada del anterior, referida a un pago fraudulento realizado por Javier de la Rosa a Manuel Prado y Colon de Carvajal por importe de 1.900 millones de pesetas.

Caso de los fondos reservados: Desvío de partidas destinadas a la lucha contra la disidencia política por valor de 5 millones de euros entre los años 1987 y 1993 para uso privado, enriquecimiento personal y pago de sobresueldos y gratificaciones a siete altos funcionarios del ministerio del Interior.

Caso Rumasa: Expropiación, venta y liquidación de este holding, debido a las irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.

Caso Filesa: Financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse. Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.

Caso AVE: Cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.

Caso Seat: Pago de 175 millones de pesetas por parte del PSOE a directivos de SEAT, para la recalificación irregular de terrenos de esta empresa, con el objetivo de financiar ilegalmente al PSOE. Aunque en la Sentencia consideró probados los hechos, absolvió a los acusados por haber prescrito el delito.

Caso Osakidetza: En las oposiciones al Servicio Vasco de Salud de 1990, "cambiazo" masivo de exámenes que obligó a repetir gran parte de las pruebas, a las que se habían presentado 50.000 aspirantes. Fueron detenidos Pedro Pérez, director de gestión económica de Osakidetza, y otras tres personas militantes del PSOE, acusadas de fraude con objeto de beneficiar a miembros del PSOE y UGT e instalar un grupo de personas afines en puestos de responsabilidad.

Caso Cesid: Escuchas ilegales practicadas por los servicios secretos españoles en la sede de Herri Batasuna en Vitoria.

Operación Mengele: Presunto secuestro y expermientación ilegal con tres mendigos, uno de los cuales murió, por parte del Cesid y el cardiólogo Diego Figuera, con objeto de probar un sedante que debía administrarse a Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, al que se planeaba secuestrar. La causa procesal, instruída por el juez Garzón, fue sobreseída en 1999 a petición de la Fiscalía General.

"¡Eso es viejo! Yo tengo añales de robar y jamás he visto el rostro de un juez...". Rico con saco de dinero. Dibujo de Banegas

  Caso Guerra: Condena de Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, por los delitos de cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de fondos y usurpación de funciones.

Caso Casinos: Desvío de unos 3.000 millones de pesetas de la sociedad Casinos-Inverama por parte de su presidente, Artur Suqué, mil de los cuales habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergencia i Unió.

Caso Ibercorp: Especulación bursátil con valores bancarios por parte de Mariano Rubio, gobernador del Banco de España.

Caso Urbanor: Irregularidades en las transacciones para la construcción de las famosas torres KIO, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de la Plaza Castilla de Madrid, al grupo kuwaití KIO. Reconociendo los hechos delictivos, el Tribunal Supremo absolvió a los acusados por las prescripción de los mismos. Sin embargo, la Audiendia de Madrid dictó en 2010 pena de cárcel, ratificada por el propio Supremo, por falsedad documental en su defensa.

Caso Sarasola: Gestión irregular por parte de este empresario guipuzcoano del Hipódromo de La Zarzuela y la concesión de la quiniela hípica; presuntos delitos de estafa y alzamiento de bienes en la Sociedad Española de Banca de Negocios.

Caso Urralburu: Prevaricación y cohecho, cobro de comisiones ilegales en las obras públicas realizadas por el gobierno del presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, entre 1987 y 1991.

Caso Bardellino: La liberación bajo fianza y huida del dirigente de la camorra napolitana Antonio Tonino Bardellino.

Caso Godó: Escuchas ilegales o espionaje telefónico realizadas en 1992 por exagentes del CESID a personal del periódico La Vanguardia, por encargo del empresario Javier Godó, el cual fue finalmente exculpado. El informe policial acusaba al propio CESID de controlar la red.

Caso BFP: En 1992, delito de estafa cometido a través de una red de pagarés de empresa falsos de BFP Gestión y Asesoramiento Financiero, 4.000 millones de pesetas. En 1994 fueron procesados y encarcelados Jordi Planasdemunt, alto cargo de CiU y director general del Institut Català de Finances, y otras 10 personas, entre ellas Salvador Forcadell, Caries Vila y Joan Basols.

Caso Gran Tibidabo: Causa contra Javier de la Rosa y otras 7 personas, entre ellas Manuel Prado y Colón de Carvajal y la esposa de la Rosa, Mercedes Misol, por la descapitalización de la compañía Grand Tibidabo en beneficio propio, bajo la acusación de delitos de estafa, apropiación indebida, falsedad documental y contra la Hacienda Pública.

Caso Estevill: Trama de corrupción judicial en torno al exjuez y exvocal del Consejo General del Poder Judicial, Luis Pascual Estevill, condenado por delitos de cohecho y prevaricación.

Caso Turiben: Red de facturas falsas utilizada por miles de militares y agentes de policía para estafar al Estado justificando dietas.

Caso Salanueva: Exdirectora del BOE, Carmen Salanueva, por malversación de fondos. Cometió fraude al adquirir papel prensa por un valor total de 2.385 millones de pesetas, precio muy superior al del mercado, causando un perjuicio de más de 653 millones para el BOE y Hacienda. En 1994 fue denunciada por imitar por teléfono la voz de Carmen Romero y de la Reina para quedarse con cuadros de un pintor famoso con falsas promesas.

Caso Expo'92: Cohecho, prevaricación y un agujero de más de 210 millones de euros. Archivada por Garzón tras siete años de instrucción.

Caso Roldán: Director de la Guardia Civil entre 1986 y 1993, enriquecido ilícitamente con el robo de 400 millones de pesetas de fondos reservados y 1.800 millones más en comisiones de obras del Instituto Armado. Caso Paesa: Vinculado al anterior. Guerra sucia y agentes secretos.

Caso Banesto: Agujero patrimonial de 605.000 millones de pesetas que dejó en la estacada a siete millones de clientes, medio millón de accionistas, 15.000 trabajadores y 50 empresas en las que la entidad participaba.

Caso Palomino: El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó 346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310 millones a CAE, (luego comprada por Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó.

Caso GAL: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista que asesinó a 27 personas entre 1982 y 1987, con implicación de policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista, entre ellos el ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL.

Balanza desequilibrada. Ricos ganan al pueblo. Dibujo

  Petromocho: Fraude perpetrado por Jean-Maurice Lauze, presunto intermediario en una falsa inversión saudí de 100.000 millones de pesetas en un proyecto para construir una refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. El proyecto debía recibir una subvención estatal de 1.000 millones de pesetas. El escándalo provocó la dimisión del presidente socialista de Asturias, Juan Luis Rodríguez-Vigil, sin que el asunto llegara nunca a aclararse completamente.

Caso Naseiro: Financiación ilegal del Partido Popular a través de la exigencia de pagos a empresas inmobiliarias.

Caso PSV: Fraude y apropiación indebida de 18.588 millones de pesetas, para enriquecimiento personal y financiación ilegal de la UGT a través de esta cooperativa de viviendas y de su gestora, IGS.

Caso Hormaechea: Prevaricación y malversación de caudales públicos por parte del popular Juan Hormaechea, exalcalde de Santander y expresidente de Cantabria.

Caso de la minería: Subvención ilegal de compañías mineras por parte de Miguel Angel Pérez Villar, exsenador por el PP y consejero de Economía de Castilla y León, condenado por el Tribunal Supremo a ocho años de inhabilitación por prevaricación continuada.

Caso Sóller: Prevaricación y cohecho en la adjudicación de las obras del túnel de Sóller por parte del expresidente de Baleares por el PP, Gabriel Cañellas. Absuelto de prevaricación en los tribunales, se dio por prescrito el probado delito de cohecho.

3.-Gobierno PP 1996-2004

Caso Zamora: Iniciado en 1997 para investigar la presunta financiación ilegal del Partido Popular en Zamora a través del cobro de un "impuesto" de dos millones de pesetas y el 8% de comisión por cada obra pública entre 1987 y 1991. Fueron imputadas 33 personas, en su mayoría políticos del PP y constructores. Caso archivado en 2002.

Caso Pallerols: En 1997, operación de financiación irregular de Unió Democràtica a través del desvío de las subvenciones recibidas por las empresas controladas por el empresario Fidel Pallerols y su esposa para realizar cursos de formación laboral.

Caso del Lino: En 1999 la Junta de Castilla-La Mancha denunció un presunto caso de ayudas irregulares al cultivo del lino y desvío de fondos en favor de altos cargos del gobierno popular, entre ellos la ministra de Agricultura Loyola de Palacio. La Comisión de Investigación constituida a solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, no halló ninguna irregularidad. El Fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo redactó un informe denunciando la existencia de un “fraude generalizado”. Tras una instrucción de 6 años, en 2007 la Audiencia Nacional absolvió por completo a los 18 imputados, no hallando ninguna prueba de fraude o falsedad. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea halló en 2009 deficiencias en el sistema de control de las ayudas al lino, y condenó a España a devolver 129 de los 134 millones de euros cobrados.

Caso Sanlúcar: En 1999 miembros del PSOE y empresarios locales trataron de sobornar a un concejal del PP en Sanlúcar de Barrameda. Entre los 6 condenados por cohecho y tráfico de influencias en 2006 se hallaron los exalcaldes socialistas de Sanlúcar y Chipiona, Agustín Cuevas Batista y Luis Mario Aparcero Fernández de Retana.

Caso Villalonga: Tráfico de influencias del presidente de la CNMV, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre acciones de Telefónica.

Caso Tabacalera: Enriquecimiento ilícito a través de la compraventa de acciones con información privilegiada por parte de César Alierta, entonces presidente de Tabacalera, su mujer y un sobrino, en concreto entre 1997 y 1998. En 2010 fue absuelto al considerarse prescrito el delito.

Capitalismo observa su trabajo, la destrucción. Dibujo

  Caso Forcem: Fundación para la Formación Continua (FORCEM), constituida en 1992 por CCOO, UGT, CEOE, CIG y CEPYME para la gestión de las subvenciones para la formación de los trabajadores concedidas por el INEM con fondos de la Unión Europea. Algunas de las empresas receptoras de fondos realmente carecían de actividad, empleados y alumnos. La Fiscalía pidió el procesamiento de 6 cargos de UGT por el fraude de 100 millones de euros, y el informe del Tribunal de Cuentas remitido al Congreso detectó responsabilidades penales y civiles en dos de sus máximos responsables.
Caso Gescartera: Un agujero patrimonial de 50 millones de euros en esta sociedad de inversión.

4. Gobierno PSOE 2004-2011

GIL Andalucía/ Caso Malaya (desde 1991 hasta 2006) : El saqueo a Marbella es de 500 millones. La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca 500 M€ robados. 671,4 M€ blanqueados.

GIL Andalucía/ Deudas con Hacienda y la Seguridad Social: Los antiguos ayuntamientos del GIL acumulan más de la mitad de la deuda de los municipios con la Seguridad Social 383,4 M€

PSOE 17 ayuntamientos/ Tramas urbanísticas: Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas.

PSOE Andalucía/ Casos de corrupción según el PP: 54 cargos públicos imputados en casos judiciales abiertos y 33 ex cargos públicos imputados en casos abiertos.

PP Madrid/ Valencia Caso Gürtel: La 'Gürtel' costó 120 millones al erario público 120 M€ recaudados por la trama. 48,1 M€ blanqueados.

PP Baleares/ Gobierno de Jaume Matas: La corrupción balear tiene a 40 ex cargos del PP imputados. 46,9 M€ sólo en 8 casos de los investigados.

PP Diversos ayuntamientos/ Recalificaciones y adjudicaciones irregulares: Los casos de 'ladrillazo' en las listas del PP.

PSC(PSOE)+CIU Cataluña/ Caso Pretoria: El ‘caso Pretoria’ dejaba una media de 10 millones de euros en cada "pelotazo" (Total: 44 M€).

PP Salamanca/ Constructores con trato de favor: El Ayuntamiento de Salamanca deja prescribir una deuda a un constructor amigo del alcalde 1.160.000 e y perdona 20 millones de euros a otros constructores.

Caso Zafarraya: En 2005 el alcalde PSOE de esta localidad granadina, Salvador Zamora, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa, junto con tres concejales -sentenciados a 7 años de cárcel-, por un delito de prevaricación administrativa, al autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable. Su sucesor, el también socialista José Miguel Muñoz, fue condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al negarse a paralizar la construcción.

Caso de la Ciudad del Golf: Presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en torno a la construcción un complejo de golf y chalés en una zona de importancia medioambiental. Todos los imputados fueron absueltos.

Caso Bolín: Condena del exalcalde popular de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 16.200 euros, por prevaricación urbanística, al conceder licencias de obra ilegales (2008).

Caso Salmón: En 2008, el presidente del PP de Canarias, José Manuel Soria, fue imputado por cohecho. El caso fue archivado al “no encontrarse pruebas”.

Caso Sayalonga: En 2009 José Luis Navas (PSOE), ex-alcalde de Sayalonga, es condenado a un año de cárcel y nueve de inhabilitado por un delito contra la ordenación del territorio perpetrados en 2000.

Caso Alozaina: El exalcalde de Alozaina, Antonio Blanco (IU) es condenado en 2010 a veinte años de inhabilitación por dos delitos urbanísticos en 2002 y 2003.

Caso Plasenzuela: Prevaricación, malversación, estafa y delitos urbanísticos por parte del alcalde socialista de esta localidad cacereña, José Luis Villegas, imputado por el desvío de 4,4 m. de euros de fondos públicos y apropiación de otros 66.000 por una residencia y un polideportivo. También fueron imputados un concejal socialista, el secretario municipal, y el alcalde del cercano pueblo de Torremocha, Domingo Galán Encina del PP.

Caso de los EREs falsos: Red de corrupción política vinculada a la Junta de Andalucía, que saltó a raíz de la investigación del Caso Mercasevilla en 2011, donde se detectaron prejubilaciones irregulares. El fraude ascendería a 1.400 m. de euros y afectaría a 68 empresas. Los directores de la trama serían Antonio Rivas, delegado de Empleo en la provincia de Sevilla, y Antonio Fernández García, consejero de Empleo de la propia Junta.

"La crisis". Dibujo MPM2012. Mujer llora de desesperación.

 

  Caso Riopedre: Enero de 2011, el exconsejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, el socialista José Luis Iglesia Riopedre, es acusado de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios por una supuesta trama de adjudicaciones ilegales por valor de más de 14 millones de euros.

Caso Campeón: Capta subvenciones ilegales para determinadas empresas gallegas, que se saldó con la detención del director y un subdirector del IGAPE. Se investiga la implicación dos diputados autonómicos socialistas, del alcalde socialista de Lugo, José López Orozco, y del convergente Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol. Su derivación más grave es la acusación de cohecho y tráfico de influencias por parte del ministro de Fomento y vicesecretario del PSOE José Blanco López, que se reunió con el empresario Jorge Dorribo, que le habría entregado 400.000 € al primo de Blanco a cambio de subvenciones.

Caso ITV: Derivado del anterior, trama de concesiones irregulares de ITV en Cataluña. Condujo a la detención, en marzo de 2012, de dos altos cargos del gobierno catalán, los convergentes Josep Tous, coordinador general de la Diputació de Barcelona, e Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial, y tres empresarios. El sumario acusa a Oriol Pujol de connivente con los presuntos delitos.

Caso Millet: Desfalco de 35 m. de euros del presupuesto del Palau de la Música Catalana por el presidente de su patronato, Fèlix Millet, y otros colaboradores -como Jordi Montull-, a lo largo de 10 años. 12 millones habrían sido destinados a la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya.

Caso Cambril: Condena a 15 meses de prisión y 7 años de inhabilitación del exalcalde socialista de esta localidad jienense, Agustín Cubillo por prevaricar al conceder dos licencias de obra. Otros ocho implicados fueron condenados a seis meses de prisión.

Caso Porcuna: La exalcaldesa socialista de esta localidad jienense, Ana María Moreno de la Cova, condenada a 21 años de inhabilitación y multa de 2.190 euros tras admitir haber concedido tres licencias de construcción ilegales entre los años 2004 y 2006. Tres concejales fueron condenados a 14 años de inhabilitación y el pago de una multa de 1.460 euros.

Caso Nueva Rumasa: Quiebra y venta de este grupo empresarial debido a las presuntas irregularidades en su gestión por parte de la familia Ruiz-Mateos.

Caso Nóos o Caso Urdangarin: Desviación del caso Palma Arena referente al fraude fiscal realizado por Iñaki Urdangarin. Hacienda estima en más de 16 millones de euros el dinero recaudado por la trama de empresas del esposo de la Infanta Cristina.

Caso Tótem Detenido el Alcalde, jefe de la Policía Local y secretaria del Ayuntamiento de Totana (Murcia), entre otros.

Operación Biblioteca: Detenido el Alcalde de Aledo (Murcia) y otros.

Caso Brugal

NO. Dibujo MPM2012. Mani con pancarta NO y mozo gritando

5.-Gobierno PP (2011-...)

Caso Berzosa: Presuntas irregularidades detectadas por la Cámara de Cuentas en la gestión del exrector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Berzosa: un sobrecoste de 11,5 m. de euros en un residencial en Somosaguas y facturas imposibles (como 57 viajes en coche a Atenas).

Caso Garzón: Garzón es condenado por el Tribunal Supremo de España a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación, al ordenar la escucha ilegal de los abogados defensores de Francisco Correa durante la instrucción judicial de otra trama de corrupción, el caso Gürtel.

Operación Pitiusa: 88 detenidos -entre ellos 15 empleados públicos- en una red de robo y tráfico de datos confidenciales de la administración, con centro en Barcelona y actividades extendidas por 11 comunidades autónomas. La información se vendía a empresas privadas, bancos y operadoras, a través de agencias de detectives privados.

Caso Dívar: El presidente del Poder Judicial, Carlos Dívar, costeó con dinero público 30 viajes a la Costa del Sol, con estancias en hoteles de cuatro estrellas.

Caso de la cooperación: Desvío de 6 millones de euros en subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía de la Generalitat Valenciana a través de 6 ong's, entre 2008 y 2010, en la época de la dirección del popular Rafael Blasco, principal implicado. Los fondos, teóricamente destinados a ayuda humanitaria, acabaron gastados en viviendas de lujo en Miami.

Caso Alcorcón: El Ayuntamiento de Alcorcón -uno de los más endeudados de España- recibió presuntamente bajo el gobierno del socialista Enrique Cascallana créditos ilegales por valor de 44 millones de euros, con la aquiescencia o dejadez del entonces Ministro de Economía Pedro Solbes.

Caso Bárcenas: Se publica que Bárcenas «distribuía cada mes sobres con cantidades entre 5.000 y 15.000 euros a secretarios ejecutivos, cargos públicos y otros miembros del aparato», con dinero B procedente «de constructoras, empresas de seguridad y donaciones». La práctica se habría extendido durante 20 años.

Caso Amy Martin: Enero de 2013, donde la Fundación Ideas, vinculada al PSOE, facturaba a nombre de una persona inventada. Amy Martin estaba encarnada por la mujer del director de la Fundación, Carlos Mulas.

Etc, etc, etc...