Dibujo. "Ley mordaza". (3 manos tapan ojos y boca de una persona) |
La Ley Mordaza de España apunta a criminalizar y apagar los movimientos sociales en el país por medio de quebrarlos económicamente.
Después del surgimiento del movimiento 15-M "Indignados" en 2011, las calles de España estallaban con el poder del pueblo. En Madrid, por ejemplo, donde se inició el movimiento, cientos de miles inundaron la Puerta del Sol, en huelgas generales masivas y mareas de colores coordinadas (mareas de calle) para demostrar su indignación contra los recortes de austeridad del gobierno de derecha. Mientras serpentea su camino a través de las calles de la ciudad, usted será recibido por brillantes pegatinas verdes y rojas del movimiento anti-desalojo, que cubrió con plástico las ventanas de cristal y los cajeros automáticos de los bancos más importantes de España, con las frases "Sí se puede" y "Pero no Quieren". Para mí, que vengo de los Estados Unidos, donde tal acción podría llevarte a serios problemas, la medida era impresionante.
Pero cuando visité España a principios de 2015, las cosas habían cambiado, sin duda. Habían desaparecido las mareas constantes y pegatinas en las ventanas de los bancos. Era extraño. Mientras que los grupos anti-desalojo como PAH (Plataforma de Afectados por Hipotecas) o STOP DESHAUCIOS (Basta de Desalojos) continúan con éxito en aplazar los desahucios de las familias de la clase trabajadora a través de España, me dijeron que el número de seguidores había reducido. Pero este cambio no fue simplemente por la época de frío o por el malestar que afecta a casi todos los movimientos sociales en el Oeste; era el producto de otras circunstancias preocupantes, a saber, la aplicación de la Ley Mordaza que desde diciembre del 2014 criminaliza la protesta pública y las movilizaciones, que recientemente han convertido a España en uno de los centros más vibrantes de los movimientos sociales en el mundo.
Texto. "-¿Oye, qué tal por España? +Bueno, no me puedo quejar -Entonces bien ¿no? +No, no. Que no me puedo quejar. Me multan si me quejo...." |
Al
pasar por la Puerta del Sol un domingo por la tarde, a finales de
enero, me di cuenta de cómo dos policías se acercaron a un grupo de
unos siete u ocho manifestantes ancianos que sostenían una pancarta
en protesta por los recortes a los servicios sociales. Tras lo que
pareció un momento de tensión, uno de los organizadores sacó una
hoja en blanco de su mochila y lo agitó en el rostro de los
oficiales, que finalmente se alejaron. Para mí, este parecía un
lugar extraño para ese espectáculo, especialmente después de haber
asistido a muchas reuniones no autorizadas y marchas que comenzaron
en esta plaza. Pero todo eso ha cambiado desde que se aprobó una de
las legislaciones más polémicas, la ley mordaza, que prohíbe la
protesta en la vía pública sin permiso. Dependiendo del contexto,
uno puede ser multado en cualquier lugar entre 30,001-600,000 euros
por no tener la debida autorización.
Mientras
que en los EE.UU., lugar de nacimiento del complejo industrial de
prisiones, encierra manifestantes en la cárcel por la más pequeña
de las infracciones, esta Ley Mordaza pretende criminalizar y apagar
los movimientos sociales de España por medio de quebrarlos
económicamente.
Aprobada
por el Congreso el 11 de diciembre de 2014, la Ley Mordaza, conocida
formalmente como la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, fue
aprobada con el apoyo de la derecha, el Partido Popular (PP)
pro-austeridad, el Partido Aragonés, y la Unión del Pueblo Navarro.
El total de las 45 infracciones se clasifican en tres categorías:
infracciones muy graves (con multa entre 30,001-60,000 euros),
infracciones graves (601 a 30.000 euros) y las infracciones leves
(100-600 euros). "Las infracciones menores" incluyen
insultar a la policía, y la ocupación y presencia en casas ocupadas
(que busca destruir el movimiento anti-desalojo y de ocupantes
ilegales), o las reuniones o manifestaciones en espacios de tránsito
público, mientras que las "infracciones graves" prohíben
las protestas masivas en frente del Senado y el Congreso (una
respuesta directa a las movilizaciones como "Rodea el Congreso"
del 25 de septiembre de 2012), los intentos de bloquear los desalojos
(señalización de un golpe represivo de las acciones directas
valientes del movimiento de vivienda español), o la grabación y
fotografiar a la policía (criminalizar efectivamente cualquier
referencia grabada de la policía en España). En su defensa de la
ley ante el Congreso, el portavoz del Partido Popular, Conrado
Escobar, afirmó que las protestas "serán más libres porque
estarán protegidas de los más violentos". A través de España,
muchos han argumentado, con razón, que esta ley señala un regreso
peligroso a la legislación fascista, especialmente preocupante dado
el legado del dictador Francisco Franco, que gobernó España durante
décadas.
En
este clima de represión, la policía española detuvo a once
anarquistas – de nacionalidades española, uruguaya, italiana y
austriaca - en una iniciativa “anti-terrorista”, llamada
"Operación Pandora", en Barcelona y Madrid, el 16 de
diciembre, sólo algunos días después de la aprobación de la Ley
Mordaza. De estos once, siete fueron puestos en la cárcel. El
gobierno les ha acusado de lanzar ataques contra bancos e iglesias. Y
las llamadas "pruebas" de su culpabilidad, consisten en
haber publicado un libro titulado, Contra la Democracia, que el
Estado español ha clasificado como un "libro terrorista”,
bajo el nombre de "Grupos Anarquistas Coordinados", el
tener cuentas de correo electrónico, correspondencia con presos
políticos y el haberles encontrado gas propano, utilizado para
acampar. De hecho, sus partidarios crearon un video llamado
"Operación Pandora: Yo también tengo gas propano", que
cuenta con activistas españoles y catalanes mostrando sus tanques de
gas propano para acampar, mostrando lo absurdo de la operación
represiva. Los activistas españoles también están cada vez más
preocupados de que sus acciones puedan ser falsamente catalogadas
bajo, actos de "terrorismo radical", dadas las recientes
revisiones al Código Penal por parte del gobierno, a raíz de los
acontecimientos en París por Charlie Hebdo y las iniciativas
"anti-jihadistas".
Dibujo. (Mafalda pasa ante una pintada "Basta de censu") |
Yesenia
Barragan
Tomado
de:
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