Sobre el régimen F.I.E.S.
EUSKAL HERRIA
¡JUICIOS POLÍTICOS NO!
El 30 de abril, trece vascas, Amparo, Iker, Imanol, Eli, Arantza, Hodei, Agurtzane, Unai, Zuriñe, Txiki, Aitor, Xabier y José Antonio una vez más y como si nada hubiera cambiado, volverán a sentarse en los banquillos de la Audiencia Nacional por el sumario contra D3M y Askatasuna. Se enfrentarán a peticiones de cárcel de entre 9 y 7 años acusados de pertenencia a banda armada y esto después de haber pasado unos meses en la cárcel (Aitor Liguerzana sigue en prisión). Pero la teoría utilizada para acusarles del “todo es ETA” no es más que una excusa, serán juzgadas por impulsar un espacio independentista, desde un punto de vista de izquierdas, serán juzgadas por defender un proyecto cuyo objetivo era cubrir el vacío político e institucional creado por las ilegalizaciones y dar una opción de voto a una parte de la sociedad vasca que así lo quería, en definitiva, serán juzgadas por ejercer sus derechos.
No se trata de una excepción, aunque en ocasiones la situación política actual haga parecer que hablamos de cosas pasadas, por desgracia no es así. Esa teoría del “todo es ETA” impulsada por el Estado español y aplicada por los poderes judicial y policial, y sobre todo sus consecuencias, continúan vigentes. Hay muchas personas que están cumpliendo condena en distintas cárceles a consecuencia de actividades políticas y sociales supuestamente permitidas en una democracia, y otras tantas que aguardan a que la Audiencia Nacional juzgue el ejercicio que han hecho de sus derechos civiles y políticos, que en teoría deberían estar blindados pero en la práctica la propia legislación excepcional de Estado inhabilita. Y no es sólo resaca de teorías y prácticas ya pasadas. Hoy, aquí, personas de distintas organizaciones políticas y sociales continúan siendo objeto de continuos seguimientos de sus movimientos y de su actividad militante. Y las leyes que posibilitan que esas personas puedan dar con sus huesos en la cárcel continúan vigentes.
El problema no afecta tan sólo a las personas y colectivos vinculados a la Izquierda Abertzale directamente criminalizados. Por una parte, porque los “daños colaterales” han sido no pocos. También porque, indirectamente, se ha criminalizado toda expresión de disidencia en la calle y de divergencia respecto al “discurso único”. El rico y diverso movimiento asociativo de nuestro país ha sufrido las consecuencias en su conjunto, ya que derechos básicos como el de manifestación, el de libre expresión o el de libre asociación han sido diezmados. Esta apuesta política basada en la conculcación sistemática de derechos civiles y políticos nunca debió tener lugar. Hablamos de derechos, y como tales no pueden estar sujetos a coyunturas políticas más o menos favorables. Así lo han manifestado órganos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo.
Advirtiendo al Estado de la incompatibilidad de su legislación excepcional con el derecho internacional e invitándole a una revisión profunda de toda su arquitectura jurídica. El problema no es sólo la interpretación extensiva y no garantista de la ley por lo tanto: La cuestión es que el Estado ha desarrollado una herramienta legal ilegítima. Mientras la mayoría social en este país lleva meses empeñada en la tarea de buscar vías para la superación del conflicto y la puesta en práctica de soluciones, desde los distintos estamentos del Estado, se continúa aplicando una legislación de guerra. Mientras la inmensa mayoría social habla de dar pasos en positivo el Estado sigue en su cerrazón. Por eso, ante este nuevo ataque expresamos nuestro total apoyo y solidaridad a las personas imputadas, a la vez que reiteramos el llamamiento a la movilización en favor de nuestros derechos civiles y políticos.
Recordamos, en este sentido, que el próximo 5 de mayo tenemos en Bilbao una cita para denunciar este nuevo juicio político basado en la legislación de excepción que dio con la ilegalización de diferentes plataformas y partidos.
Es una cuestión de urgencia, y sobre todo de justicia, que los derechos civiles y políticos que posibilitan la crítica y la disidencia en sociedad sean restituidos. En ese camino, quienes suscribimos este texto reclamamos además:
- La suspensión de todos los juicios políticos.
- La libertad inmediata para todas las personas encarceladas por ejercer sus derechos civiles y políticos.
- La legalización de todos los colectivos sociales y políticos ilegalizados en la última década.
- La derogación de la legislación de excepción conculcadora de los derechos civiles y políticos.
ESKUBIDE GUZTIAK PROIEKTU GUZTIENTZAT!
No hay comentarios:
Publicar un comentario