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| Foto. Enorme despliegue de la policía brasileña. |
Brasil
aplasta las manifestaciones
El 10 de septiembre la organización brasileña Artigo 19 convocó un debate en Río de Janeiro titulado "De la Copa a las Olimpíadas: la criminalización de las protestas en Río de Janeiro" y lanzó un sitio en internet con los datos del informe “Las calles bajo ataque: protestas en 2014 y 2015” que analiza la actitud represiva del Estado brasileño para impedir u obstaculizar protestas callejeras en los últimos años. El estudio toma como base 740 manifestaciones ocurrieron en Sao Paulo y Río de Janeiro, entre enero de 2014 y junio de 2015.
El estudio constata que Brasil continúa tratando de acallar las manifestaciones, para lo cual emplea armas letales y efectúa detenciones arbitrarias. Además, utiliza nuevas técnicas contra los manifestantes, como las acciones llamadas "Caldeirao de Hamburgo" y "envelopamento", además de la creación de tropas especiales anti-protestas.
"Tenemos el derecho fundamental a expresarnos de diferentes maneras, incluso a través de manifestaciones callejeras. El Estado, a su vez, tiene el deber de garantizar este derecho y su ejercicio pacífico. Negar ese derecho o reaccionar con violencia contra quienes protestan, contradice la noción misma de la democracia y el Estado de derecho. Nuestra sociedad puede ya no, hoy en día, aceptar ese tipo de comportamiento. No vivimos en una dictadura, dice Camila Mahmood, un abogado y uno de los responsables del estudio.
Según el informe, el amplio abanico de violaciones verificadas en protestas desde 2013, se agrava por la falta de señalar a los responsables de cometer los abusos. Prácticamente ningún castigo fue registrado, lo que termina reforzando el ciclo de violaciones.
La inversión del Estado en la mejora de los aparatos represivos también aumentó en el período bajo examen. En el caso de Sao Paulo, el gobierno del Estado abrió una licitación para la compra de vehículos blindados para ser utilizado en las manifestaciones, teniendo como argumento principal la realización de mega eventos deportivos (Copa del mundo y Juegos Olímpicos). El informe también identificó que la práctica de vigilar a los manifestantes aumentó, con la realización de monitoreo en internet e incluso la violación de la confidencialidad de las comunicaciones privadas.
En el sesgo institucional, la elaboración de proyectos de ley que buscan criminalizar conductas relacionadas con las manifestaciones, se repite. Destacan proyectos de ley que procuran tipificar el delito de "desorden" y la prohibición del uso de máscaras en manifestaciones. Sin embargo, ninguno de ellos, tuvo continuidad.
El poder judicial también figura como agente limitador de las manifestaciones. Activado para juzgar a manifestantes detenidos (a menudo arbitrariamente y bajo acusaciones endebles) o para posicionarse sobre la validez de las normas o las solicitudes de definir la responsabilidad del Estado en los abusos, en la mayoría de los casos, los tribunales terminaron eximiendo la postura represiva de los poderes ejecutivos y legislativos en relación con el derecho a protestar.
El caso de Rafael Braga, detenido en 2013 en posesión de una botella de desinfectante y un agua sanitaria cerca de una protesta celebrada en Río de Janeiro, también ha planteado el debate sobre la selectividad. Braga, reciclador de basura, vivía en ese momento en la calle, y permanece preso hasta el momento.
El informe arroja luz sobre la violencia dirigida específicamente contra periodistas. Han sido varios los casos documentados de profesionales de los medios de comunicación heridos como resultado del uso de la fuerza policial. El trabajo cita las manifestaciones del día 22 de febrero de 2014, cuando siete comunicadores fueron detenidos y más de 10 sufrieron agresiones propinadas por la policía.
El debate contó con la presencia de investigadores, militantes, representantes de colectivos y los pobladores afectados por grandes proyectos, todos ellos conscientes de la responsabilidad no sólo de promover la reflexión, sino también de señalar estrategias de resistencia.
En lugar del evento hubo también una exposición fotográfica con el tema "protestas", producido por comunicadores independientes. La organización Artículo 19 organizó un nuevo evento para presentar los datos del informe en Sao Paulo.
El 10 de septiembre la organización brasileña Artigo 19 convocó un debate en Río de Janeiro titulado "De la Copa a las Olimpíadas: la criminalización de las protestas en Río de Janeiro" y lanzó un sitio en internet con los datos del informe “Las calles bajo ataque: protestas en 2014 y 2015” que analiza la actitud represiva del Estado brasileño para impedir u obstaculizar protestas callejeras en los últimos años. El estudio toma como base 740 manifestaciones ocurrieron en Sao Paulo y Río de Janeiro, entre enero de 2014 y junio de 2015.
El estudio constata que Brasil continúa tratando de acallar las manifestaciones, para lo cual emplea armas letales y efectúa detenciones arbitrarias. Además, utiliza nuevas técnicas contra los manifestantes, como las acciones llamadas "Caldeirao de Hamburgo" y "envelopamento", además de la creación de tropas especiales anti-protestas.
"Tenemos el derecho fundamental a expresarnos de diferentes maneras, incluso a través de manifestaciones callejeras. El Estado, a su vez, tiene el deber de garantizar este derecho y su ejercicio pacífico. Negar ese derecho o reaccionar con violencia contra quienes protestan, contradice la noción misma de la democracia y el Estado de derecho. Nuestra sociedad puede ya no, hoy en día, aceptar ese tipo de comportamiento. No vivimos en una dictadura, dice Camila Mahmood, un abogado y uno de los responsables del estudio.
Según el informe, el amplio abanico de violaciones verificadas en protestas desde 2013, se agrava por la falta de señalar a los responsables de cometer los abusos. Prácticamente ningún castigo fue registrado, lo que termina reforzando el ciclo de violaciones.
La inversión del Estado en la mejora de los aparatos represivos también aumentó en el período bajo examen. En el caso de Sao Paulo, el gobierno del Estado abrió una licitación para la compra de vehículos blindados para ser utilizado en las manifestaciones, teniendo como argumento principal la realización de mega eventos deportivos (Copa del mundo y Juegos Olímpicos). El informe también identificó que la práctica de vigilar a los manifestantes aumentó, con la realización de monitoreo en internet e incluso la violación de la confidencialidad de las comunicaciones privadas.
En el sesgo institucional, la elaboración de proyectos de ley que buscan criminalizar conductas relacionadas con las manifestaciones, se repite. Destacan proyectos de ley que procuran tipificar el delito de "desorden" y la prohibición del uso de máscaras en manifestaciones. Sin embargo, ninguno de ellos, tuvo continuidad.
El poder judicial también figura como agente limitador de las manifestaciones. Activado para juzgar a manifestantes detenidos (a menudo arbitrariamente y bajo acusaciones endebles) o para posicionarse sobre la validez de las normas o las solicitudes de definir la responsabilidad del Estado en los abusos, en la mayoría de los casos, los tribunales terminaron eximiendo la postura represiva de los poderes ejecutivos y legislativos en relación con el derecho a protestar.
El caso de Rafael Braga, detenido en 2013 en posesión de una botella de desinfectante y un agua sanitaria cerca de una protesta celebrada en Río de Janeiro, también ha planteado el debate sobre la selectividad. Braga, reciclador de basura, vivía en ese momento en la calle, y permanece preso hasta el momento.
El informe arroja luz sobre la violencia dirigida específicamente contra periodistas. Han sido varios los casos documentados de profesionales de los medios de comunicación heridos como resultado del uso de la fuerza policial. El trabajo cita las manifestaciones del día 22 de febrero de 2014, cuando siete comunicadores fueron detenidos y más de 10 sufrieron agresiones propinadas por la policía.
El debate contó con la presencia de investigadores, militantes, representantes de colectivos y los pobladores afectados por grandes proyectos, todos ellos conscientes de la responsabilidad no sólo de promover la reflexión, sino también de señalar estrategias de resistencia.
En lugar del evento hubo también una exposición fotográfica con el tema "protestas", producido por comunicadores independientes. La organización Artículo 19 organizó un nuevo evento para presentar los datos del informe en Sao Paulo.
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| Cartel manifestación 24 septiembre en Xixón. |
Movimiento
Obrero:
Manifestación
por la absolución de los procesados en la huelga general del 14N
XIXÓN.
ASTURIES. Jueves 24 de Septiembre.Convoca: ASTURIES EN PIE
El próximo jueves 24 de septiembre, a las 19:30 h., en la Casa Sindical de Xixón, Asturies en Pie convoca una manifestación por la absolución de los procesados en la huelga general del 14N.
El 28 de septiembre, serán juzgados 6 trabajadores por su participación en los piquetes informativos de la huelga general del 14-N (entre ellos, 4 militantes de la CSI y uno del FUSOA), con una petición conjunta de 12 años de prisión.
Durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012, la UIP (los antidisturbios) cargaba sin ninguna justificación sobre un piquete informativo de la CSI y la CGT e invadían la Casa Sindical de Xixón, de forma absolutamente ilegal, dejando a varias personas heridas, que tuvieron que ser atendidas por unidades móviles del SAMU.
Cuatro personas fueron detenidas y otras dos, imputadas. Su delito no fue otro que participar en una huelga general, convocada para defender los derechos más básicos: trabajo, alimentos, vivienda, sanidad, educación, servicios sociales... En definitiva, lo mínimo necesario para llevar una vida digna.
Estas detenciones provocaron que miles de trabajadores y trabajadoras rodearan la comisaría de Xixón durante varias horas, hasta su puesta en libertad.
Como consecuencia de todo ello, ahora, seis personas se enfrentan a juicios con peticiones fiscales que, en conjunto, superan los 12 años de prisión. Sin embargo, ni una sola de las denuncias interpuestas por las personas agredidas por la policía, fue siquiera admitida a trámite, a pesar de que los partes médicos destacaban la gravedad de las lesiones que, en algún caso, requirieron de intervención quirúrgica.
En el conjunto del Estado español, son centenares los trabajadores y trabajadoras condenadas o encarceladas por participar en las diferentes convocatorias de huelga realizadas durante estos años.
Es necesario recordar que en la actualidad existen peticiones de cárcel importantes. Además de las peticiones de prisión para los encausados en el 14-N, los 5 mineros de Zarréu se encuentran condenados a prisión por socorrer a varios compañeros accidentados y, solamente desde ¡Asturies en Pie!, se defiende la causa de numerosas personas que, por su participación en las movilizaciones laborales y sociales, acumulan peticiones fiscales que, en conjunto, pueden superar los 50 años de prisión.
En el conjunto de Asturies, estamos hablando de decenas y decenas de personas encausadas, que podrían acumular una petición fiscal de más de 300 años de prisión, que ponen en juego no solamente los derechos básicos que se defienden, sino el propio derecho a la protesta, el derecho a la huelga y el derecho a participar en piquetes informativos.
(Forman parte de ¡Asturies en Pie!: CSI, CGT, CNT-Xixón, SUATEA, FUSOA, Centro Social autogestionado La Semiente, Parad@s y precari@s de Asturies, Centro Social Sestaferia, Asociación Picu Rabicu, Centro Social La Llume, Espacio la Llegra, Darréu, Mieres en llucha).
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| Citas del 20, 21 y 22 septiembre. Lenin, Neruda y A. Jdanov. |
Aprender
y luchar, luchar y aprender.
Citas
del 20, 21 y 22 de septiembre
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