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| Dibujo Sánchez Casas, 1986. "Que le importa a su Señoría la inocencia de hecho, si el acusado es culpable de derecho". (un juez se lo dice a otro) |
De La Haine
Ismael Moreno Chamarro, el juez de la Audiencia Nacional que ha enviado a prisión preventiva sin fianza a dos titiriteros acusados de “enaltecimiento del terrorismo”, es uno de los jueces más veteranos de la heredera del Tribunal de Orden Público franquista.
El mismo juez, también proviene del franquismo, fue inspector de policía desde 1974 a 1983, después reconvertido en “demócrata de toda la vida”, es juez de la Audiencia Nacional desde 1988. Ha instruido montones de casos durante estos casi 30 años, aquí una pequeña muestra:
- Caso de los vuelos ilegales de la CIA con destino a Guantánamo. Tras casi 6 años de instrucción el juez mandó archivar el caso.
- Caso de lamuerte del ciudadano español Baby Hamday Buyema, el 8 de noviembre de 2010 durante los disturbios del 'campamento de la Dignidad' de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental. La Liga Española Pro-Derechos Humanos denunció al juez ante el Consejo General del Poder Juidicial ante “su falta de interés y celo en la investigación” de dicho caso.
- Devolvió al juzgado de Baleares el caso Noos, negándose a juzgarlo en la Audiencia Nacional.
- En 1995 archivó una querella contra La Caixa por primas únicas "atendiendo al tiempo transcurrido desde que ocurrieron los hechos y la efectiva dificultad de acreditar una intencionalidad de carácter penal en la conducta de los dirigentes de la entidad".
- Procesó al ex-coronel Amadeo Martínez Inglés acusándolo de un delito de “calumnias e injurias graves contra la corona” por un artículo titulado “Por qué te callas?”
- Caso Falange y tradición: Tras negarse a reconocer los atentados de este grupo fascista como terrorismo, impuso unas condenas mínimas a los acusados, que pudieron gracias a esto eludir la prisión. Desde diversos ámbitos se le acusó de connivencia con los acusados.
- Caso Emperador: rechazó tomar declaración sobre este caso a En su anterior carrera como policía también destaca una querella contra él y otro inspector de policía por falsedad en las diligencias de reconocimiento de un detenido, y que llevo al Tribunal Supremo a anular una condena de 12 años, según esta sentencia del Supremo, los policías Ismael Moreno Chamorro y Antonio Rosino afirmaron falsamente que un testigo había reconocido al acusado Luis Miguel López de las Heras. Más tarde el testigo explicó en el juicio que “en comisaría le habían dicho que firmara la diligencia, pues daba igual que no estuviera seguro del reconocimiento.”
Según recoge la plataforma Legal Sol en un comunicado sobre la detención de los titiriteros: “El auto del Juez Ismael Moreno que acuerda la prisión provisional de los dos titiriteros, tras un extenso y estereotipado copia y pega de jurisprudencia, afirma que la misma persigue asegurar la presencia de los imputados en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento y evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. Sin embargo, ninguna de estas razones ha sido debidamente objetivada, motivada ni probada.”
Cuando desde diversos ámbitos se señala a que el franquismo sigue muy vivo en la judicatura española, vemos en este juez un claro ejemplo que confirma este extremo: ex–policía durante los últimos años del franquismo y los años más duros de la transición, favoritismos judiciales a imputados de ideologías de derechas, nula intención de investigar determinados casos, hostilidad hacia imputados de un espectro ideológico distinto al suyo… de todo menos imparcialidad.
Ismael Moreno representa lo más oscuro de este Tribunal de excepción que es la Audiencia Nacional, la perduración de elementos como este señor en dicho tribunal atenta contra todo principio de justicia e imparcialidad.
El caso de los titiriteros, pese a ser uno más en un mar de injusticias firmadas por la Audiencia Nacional, constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales más básicos y deja a estas personas en una grave situación de indefensión jurídica, además de crear un peligroso precedente donde hasta la sátira en el mundo de la cultura puede ser perseguida.
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| Pancarta con la figura de Vicente Basanta |
Memoria del asesinato de Vicente Basanta López
“Trabajo sí, Policía no”
En
el cuadro 50, sepultura 51 del cementerio de Torrero se encuentran
los restos de Miguel Vicente Basanta López y parte del teatro
fraudulento de la transición política española. A Basanta, menor
de diez hermanos y albañil en paro, lo mató Francisco Tovar Tovar,
policía armada nº 31866 , un 5 de febrero de 1977, en el paseo del
Canal junto a la antigua Fundición Alumalsa, esquina con la calle
Santa Gema.
Además
del cadáver, entre los enseres personales que entregó la policía a
la familia figuraban en el inventario una bolsa de deporte, un par de
zapatos usados, una cazadora, una cartera con tres mil doscientas
pesetas, una tarjeta de afiliación a la seguridad social, un paquete
de tabaco a medio consumir, un peine y un bote de medicamentos de la
marca Bisolbon-Ampicilina. Fuera de inventario quedaron una lata de
pintura roja y una brocha tirada en el suelo, con la que acababa de
pintar “Trabajo Sí, Policía No” junto a una mal trazada hoz y
un martillo, cuando fue sorprendido por el cobarde, fascista y
mentiroso policía que aquella tarde estaba de permiso paseando con
su familia. Encañonado, de cara a la pared, según testigos
presenciales vecinos del policía, intentó correr nervioso y
asustado recibiendo tres disparos por la espalda, dos de ellos en la
cabeza.
Vicente
Basanta López, de treinta y dos años, ingresó en la clínica San
Juan de Dios a las 21.30 horas, en estado preagónico, falleciendo a
las 21.45.
Todo lo que después aconteció estuvo inmerso en un sin fin de intimidaciones, prevaricaciones, falsedades, etc,… por parte de los estamentos fascistas militar y policial, en connivencia con algunos medios de comunicación y la complicidad de políticos mediocres, que no dudaron en tachar a Basanta de “delincuente habitual, descuidero y topero” y que la muerte se la tenía bien merecida. ¡Ellos sí que eran delincuentes! Y no un pobre albañil tartamudo con una lata de pintura y una brocha que expresaba en una pared con la mano lo que por la boca le era imposible decir. Sí, afortunadamente, yo conocí a Vicente y recuerdo que para decirme “hola sobrino”, le costaba una eternidad. ¡Pintaba porque no podía hablar!.
Después de su asesinato se sucedieron una serie de hechos repudiables, típicos de un Estado fascista y represivo. Hechos como la privación a la familia del derecho a un juicio, la admisión como pruebas de legítima defensa del policía de informes inventados, la impune actuación del capitán general, Manuel Lara del Cid , que declaró, con fecha 24 de marzo de 1977, el sobreseimiento definitivo de la causa apenas mes y medio después de la muerte de Vicente. Todo ello y conforme con el dictamen del juez instructor, comandante de artillería don José Fernández Laguna, en el que se incluía, además, unas supuestas lesiones al policía, según parte del teniente médico de la policía armada, don Tomás Usón de Yarza.
A todos estos hechos se unieron otros no menos graves como la humillación, el desprecio, el señalamiento con el dedo por parte de personas que veían a la familia como a los parientes de un delincuente habitual, muerto a tiros en un enfrentamiento con la policía en la calle Santa Gema.
También hubo algún intento de entrada en el domicilio de la familia por parte de policías de paisano, en busca de supuestas armas, pero no pudieron. Buscaban inventarse también que Vicente pudiera tener alguna relación con la banda terrorista ETA o los GRAPO, basándose en la declaración que el policía aportó a su defensa: “había tenido alguna amenaza de la banda ETA”.
La tan laureada y ejemplar transición política española está fundada en la ilegalidad, el atropello y la vulneración de derechos fundamentales como la vida, de muchas familias de la sociedad española. El primer intento de esclarecimiento de los hechos por la muerte de Vicente fue llevado, en 1977, por el abogado Carlos Camo Palomares, carlista de izquierdas, que apoyó numerosas causas perdidas, pero el secreto de las actuaciones y la imposibilidad de traspasar los muros de la justicia militar, hicieron imposible cualquier acción contra el asesino.
Cuando se consideró que las condiciones políticas eran favorables para esclarecer la verdad y recuperar el buen nombre y la memoria de Vicente Basanta se planteó, doce años después, hacer justicia con todas las garantías. A través del abogado Pedro Santisteve Roche y la procuradora de los tribunales Begoña Uriarte González, con fecha 19 de octubre de 1989, se presentó una querella criminal por asesinato contra el policía armada nº 31866, autor de los disparos. El juzgado número dos de Zaragoza, con fecha 20 de junio de 1990, ordena el archivo de las actuaciones en virtud del principio de cosa juzgada por la jurisdicción militar. Recurrido el auto del juzgado en apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, también resultó desestimado con fecha 18 de octubre de 1990. En medio de todo esto, con fecha de agosto de 1990, también vino denegada la admisión a trámite del escrito presentado ante el Justicia de Aragón, don Emilio Gastón Sanz, “defensor de todos los aragoneses”, pero eso sí, la queja la había leído con mucho interés. ¡Menudo detalle! Ya le hicimos referencia a este señor, mediante un segundo escrito, lo lejos que estaba él del justicia que conocen todos los aragoneses. ¡Vamos! ¡Cómo iba a perder la cabeza don Emilio por defender a un delincuente habitual! Con fecha 10 de noviembre de 1990 se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, acordándose su inadmisión por la Sala Segunda con fecha 30 de abril de 1991, basada en un precepto del entonces vigente Código de Justicia Militar (art. 718.2). Así pues la defensa de Basanta se convirtió en un sin fin de puertas cerradas por parte de unas instituciones que habían decidido, firmada la Constitución de 1978, y gracias a Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar, hacer borrón y cuenta nueva en reconocimiento por los servicios prestados por la dictadura franquista a la sociedad española.
Perdida toda esperanza en la vía judicial, la llamada telefónica realizada a la familia por José Pedro Huertapelayo, columnista de Heraldo de Aragón, supuso el comienzo de la iniciativa popular para la recuperación de la memoria y el buen nombre de Miguel Vicente Basanta López, y el mejor regalo recibido por la familia gracias a aquel grupo de hombres y mujeres de buena voluntad que formaron la Comisión Ciudadana Vicente Basanta. “Morir por una pintada”, de Heraldo de Aragón; “En busca de la memoria perdida”, de El Jueves; el homenaje popular que se le hizo el 4 de febrero de 1996 frente a la tapia donde perdió la vida y la pintada realizada por José Luis Cano. El reconocimiento, con la calle que lleva su nombre a propuesta de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José. ¡Sí!, todo esto hizo ese magnífico grupo de personas, pero, sobre todo, sacaron a la luz la verdad y la memoria de ese pequeño trozo de tierra del cuadro 50, sepultura 51 del cementerio de Torrero. A todos ellos muchas gracias. “Trabajo Sí, Policía No”.
Todo lo que después aconteció estuvo inmerso en un sin fin de intimidaciones, prevaricaciones, falsedades, etc,… por parte de los estamentos fascistas militar y policial, en connivencia con algunos medios de comunicación y la complicidad de políticos mediocres, que no dudaron en tachar a Basanta de “delincuente habitual, descuidero y topero” y que la muerte se la tenía bien merecida. ¡Ellos sí que eran delincuentes! Y no un pobre albañil tartamudo con una lata de pintura y una brocha que expresaba en una pared con la mano lo que por la boca le era imposible decir. Sí, afortunadamente, yo conocí a Vicente y recuerdo que para decirme “hola sobrino”, le costaba una eternidad. ¡Pintaba porque no podía hablar!.
Después de su asesinato se sucedieron una serie de hechos repudiables, típicos de un Estado fascista y represivo. Hechos como la privación a la familia del derecho a un juicio, la admisión como pruebas de legítima defensa del policía de informes inventados, la impune actuación del capitán general, Manuel Lara del Cid , que declaró, con fecha 24 de marzo de 1977, el sobreseimiento definitivo de la causa apenas mes y medio después de la muerte de Vicente. Todo ello y conforme con el dictamen del juez instructor, comandante de artillería don José Fernández Laguna, en el que se incluía, además, unas supuestas lesiones al policía, según parte del teniente médico de la policía armada, don Tomás Usón de Yarza.
A todos estos hechos se unieron otros no menos graves como la humillación, el desprecio, el señalamiento con el dedo por parte de personas que veían a la familia como a los parientes de un delincuente habitual, muerto a tiros en un enfrentamiento con la policía en la calle Santa Gema.
También hubo algún intento de entrada en el domicilio de la familia por parte de policías de paisano, en busca de supuestas armas, pero no pudieron. Buscaban inventarse también que Vicente pudiera tener alguna relación con la banda terrorista ETA o los GRAPO, basándose en la declaración que el policía aportó a su defensa: “había tenido alguna amenaza de la banda ETA”.
La tan laureada y ejemplar transición política española está fundada en la ilegalidad, el atropello y la vulneración de derechos fundamentales como la vida, de muchas familias de la sociedad española. El primer intento de esclarecimiento de los hechos por la muerte de Vicente fue llevado, en 1977, por el abogado Carlos Camo Palomares, carlista de izquierdas, que apoyó numerosas causas perdidas, pero el secreto de las actuaciones y la imposibilidad de traspasar los muros de la justicia militar, hicieron imposible cualquier acción contra el asesino.
Cuando se consideró que las condiciones políticas eran favorables para esclarecer la verdad y recuperar el buen nombre y la memoria de Vicente Basanta se planteó, doce años después, hacer justicia con todas las garantías. A través del abogado Pedro Santisteve Roche y la procuradora de los tribunales Begoña Uriarte González, con fecha 19 de octubre de 1989, se presentó una querella criminal por asesinato contra el policía armada nº 31866, autor de los disparos. El juzgado número dos de Zaragoza, con fecha 20 de junio de 1990, ordena el archivo de las actuaciones en virtud del principio de cosa juzgada por la jurisdicción militar. Recurrido el auto del juzgado en apelación ante la Audiencia Provincial de Zaragoza, también resultó desestimado con fecha 18 de octubre de 1990. En medio de todo esto, con fecha de agosto de 1990, también vino denegada la admisión a trámite del escrito presentado ante el Justicia de Aragón, don Emilio Gastón Sanz, “defensor de todos los aragoneses”, pero eso sí, la queja la había leído con mucho interés. ¡Menudo detalle! Ya le hicimos referencia a este señor, mediante un segundo escrito, lo lejos que estaba él del justicia que conocen todos los aragoneses. ¡Vamos! ¡Cómo iba a perder la cabeza don Emilio por defender a un delincuente habitual! Con fecha 10 de noviembre de 1990 se presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, acordándose su inadmisión por la Sala Segunda con fecha 30 de abril de 1991, basada en un precepto del entonces vigente Código de Justicia Militar (art. 718.2). Así pues la defensa de Basanta se convirtió en un sin fin de puertas cerradas por parte de unas instituciones que habían decidido, firmada la Constitución de 1978, y gracias a Adolfo Suárez, Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar, hacer borrón y cuenta nueva en reconocimiento por los servicios prestados por la dictadura franquista a la sociedad española.
Perdida toda esperanza en la vía judicial, la llamada telefónica realizada a la familia por José Pedro Huertapelayo, columnista de Heraldo de Aragón, supuso el comienzo de la iniciativa popular para la recuperación de la memoria y el buen nombre de Miguel Vicente Basanta López, y el mejor regalo recibido por la familia gracias a aquel grupo de hombres y mujeres de buena voluntad que formaron la Comisión Ciudadana Vicente Basanta. “Morir por una pintada”, de Heraldo de Aragón; “En busca de la memoria perdida”, de El Jueves; el homenaje popular que se le hizo el 4 de febrero de 1996 frente a la tapia donde perdió la vida y la pintada realizada por José Luis Cano. El reconocimiento, con la calle que lleva su nombre a propuesta de la Asociación de Vecinos del Barrio de San José. ¡Sí!, todo esto hizo ese magnífico grupo de personas, pero, sobre todo, sacaron a la luz la verdad y la memoria de ese pequeño trozo de tierra del cuadro 50, sepultura 51 del cementerio de Torrero. A todos ellos muchas gracias. “Trabajo Sí, Policía No”.
De: http://www.zaragozarebelde.org/memoria-del-asesinato-de-vicente-basanta
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