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jueves, 19 de febrero de 2015

Entrevistas a Graciela Samaniego y Carmen Villalba, presas políticas paraguayas.


Foto. En su juicio, la presa política Graciela Samaniego.
Paraguay
15 presxs políticxs del EPP

Total incomunicación de la guerrillera Carmen Villalba

Entrevista a Graciela Samaniego, presa política del EPP que habla con Radio Uruguaya


El viernes 27 de setiembre, ‘Mañanas de Radio’ (Radio Centenario) estableció un contacto telefónico con Graciela Samaniego alias “Dahiana”, una de las presas políticas paraguayas recluida en la cárcel de mujeres del Buen Pastor en Asunción. Si bien la comunicación se entrecortaba permanentemente, la militante del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) logró relatar las condiciones infrahumanas de reclusión de los detenidos políticos en Paraguay, denunció el aislamiento a que se somete a la Comandante Carmen Villalba y responsabilizó al gobierno de Horacio Cartes de cualquier cosa que le suceda. A continuación transcribimos el mencionado diálogo telefónico.

María de los Angeles Balparda: El otro día nosotros hablábamos con Myrian Villalba, una abogada, hermana de Carmen Villalba -una de las presas políticas integrante del Ejército del Pueblo Paraguayo, que hace nueve años está en la cárcel-; que nos relató la situación que está viviendo su hermana –una de sus defendidas- y otros presos políticos que hay en las cárceles paraguayas.
Hoy vamos a hablar con una presa política, una mujer que está en la cárcel y accedió a conversar con nosotros, lo que nos va a permitir conocer más sobre todo esto. Estamos ya en contacto con Graciela Samaniego, buenos días.
Graciela Samaniego: Muy buenos días para toda la audiencia uruguaya y de Latinoamérica.
MAB: ¿Estas presa en el Correccional de Mujeres “Buen Pastor” de Asunción?
GS: Asimismo. Estoy presa acá junto con la compañera Francisca (Andino) que está aquí.
MAB: Graciela, tenemos que hacer preguntas cortas y en lo posible respuestas cortas, debido a que se entrecorta la comunicación, para aprovechar mejor este contacto.
¿Cuántos presos políticos hay y en qué condiciones están?
GS: En estos momentos somos 15 presos políticos que nos encontramos actualmente en las peores condiciones. (Inaudible) Encerrados todo el día sin derecho a un recreo, sin derecho al trabajo manual ni siquiera, tampoco tenemos derechos de ver el sol aunque sea unos minutos al día.
Todos los derechos de los presos políticos son totalmente cercenados por este gobierno y por los anteriores gobiernos también, por supuesto. Ahora, sin embargo se han recrudecido las represiones.
Foto. Campamento del EPP. (ante su bandera un guerrillero)
MAB: ¿Cuál es la plataforma de Ejército del Pueblo Paraguayo? Esta organización de la que sabemos muy poco en Uruguay. ¿Cómo se plantean el trabajo allí en Paraguay?
GS: Bueno, es sabido que hace años aquí se ha venido realizando lucha de manera pacífica, pero también es sabido que por la vía pacífica nunca se ha logrado absolutamente nada. Y nosotros como marxistas leninistas hemos optado por la lucha armada y nos proponemos realizar cambios revolucionarios en nuestra nación.
Eso consiste principalmente en expropiar, en confiscar los bienes privados, confiscar las tierras privadas, los latifundios. Expropiarlos para ponerlos a beneficio del pueblo pobre paraguayo que a diario están siendo expulsados de sus comunidades por las grandes plantaciones de soja.
MAB: ¿Qué vínculo tienen con campesinos y trabajadores?
GS: (Inaudible) como organización está cimentada en el pueblo (Inaudible). Un acercamiento muy de cerca con el pueblo, ellos son los pilares de nuestra organización, estamos luchando con ellos.
MAB: Hablemos del surgimiento del EPP. ¿Nacieron del Movimiento Patria Libre?
GS: El EPP es una organización armada que si tiene su raíz en el Patria Libre. Pero el EPP surge en el 2008, es una organización nueva, es una organización fresca y es una organización revolucionaria. Y surge principalmente en respuesta a tanta violencia que ha venido sometiendo a nuestro pueblo acá en Paraguay, y para el pueblo pobre paraguayo el EPP es sinónimo, es como un medio de autodefensa.
MAB: En los diarios paraguayos leímos que el EPP tiene vínculos con las FARC. ¿Es así? ¿Tienen vínculos con otras organizaciones latinoamericanas?
GS: (Inaudible) En sí tenemos las mismas causas, luchamos por un mismo ideal y tenemos el mismo objetivo. (Inaudible) Con base en el antiimperialismo, el socialismo y la reforma agraria revolucionaria.
(Inaudible) De hecho nosotros siempre estamos unidos con todas las organizaciones revolucionarias internacionales porque tenemos un mismo ideal, tenemos algo en común que es la lucha contra el imperialismo y la lucha contra la oligarquía en nuestras naciones.
Foto.Carmen Villalba (la llevan 4 policías)
MAB: ¿Hay algo más que nos quieras decir?
GS: Si, por supuesto. Quiero denunciar a este gobierno del narcotraficante Horacio Cartes por las actuales condiciones inhumanas en que tienen a nuestra Comandante del Ejército del Pueblo Paraguayo, Carmen Villalba, que actualmente está detenida en las Fuerzas de Operaciones Especializadas, cuya sigla es FOPE. Nuestra Comandante está recluida ahí de manera arbitraria, la sacaron de aquí de su lugar de reclusión en la cárcel de mujeres del ‘Buen Pastor’ y la tienen en una total incomunicación, sin acceso a sus familiares, a sus pequeñas hijas que tiene dos pequeñas. Ningún familiar puede acceder a ella porque la forma para que una persona pueda acceder a ver a nuestra compañera son humillantes. Y como prueba de eso, un Padre –un sacerdote- (Inaudible) días pasados le permitieron acceder al cuartel del FOPE a verla, pero le exigían una revisación previa, lo hicieron desnudar, fue sometido a tratos humillantes, para al final no dejarlo pasar a verla.
No solamente esto ocurrió con el sacerdote, ocurre también con las abogadas que van a verla. Las hicieron desnudar y ponerse en cuclillas, no son tratadas como seres humanos, sino como cualquier cosa. Y esos métodos son utilizados con cualquier persona que quiera visitar a nuestra compañera y luego no dejan verla. Eso para nosotros son métodos de hostigamiento, intentos de amedrentamiento justamente para que la compañera (Inaudible), está encerrada entre cuatro paredes y ni siquiera tiene acceso al sol, absolutamente a nada. La tienen en condiciones inhumanas.
Nosotros responsabilizamos al gobierno de Horacio Cartes de cualquier cosa que le ocurra a nuestra camarada que se encuentra ahí.
MAB: ¿Están todos en Asunción o también en el interior de Paraguay?
GS: Estamos dispersos por distintos puntos, (Inaudible)
MAB: Nos quedamos por acá porque está difícil la comunicación, pero está abierta la posibilidad para volver a contactarnos.
GS: Bueno (Inaudible). Lo último, es que vuelvo a denunciar al gobierno de Horacio Cartes, al narcotraficante Cartes que hasta el mismo Mujica había hablado del “narco coloradismo” que por cierto está muy bien instalado acá en nuestro país y como prueba de eso, el Partido Colorado es una mafia organizada (Inaudible).

Graciela Samaniego (25 años) era pareja del abatido Gabriel Zárate Cardozo alias “Simón” con quien tuvo un hijo. Fue condenada por el secuestro del ganadero Fidel Zavala.
Audio:

Tomado de Odio de Clase:


Entrevista a Carmen Villalba 
Resumen Latinoamericano 10/2014:

 

domingo, 1 de febrero de 2015

Las cárceles, en América Latina.

Foto. (familiares de los 81 asesinados ante una pancarta "Las cárceles ocultan las miserias de esta sociedad injusta... Fiscales, gendarmes y jueces responsables de esta masacre")
Informe sobre las cárceles en América Latina

En los sistemas penitenciarios de América Latina las personas presas conviven con la inseguridad, el hacinamiento extremo e incluso la muerte, lo que contradice en los hechos un gran logro de la región: la abolición de la pena de muerte en prácticamente todos sus países.

“La pena de privación de libertad puede transformarse en muchos países latinoamericanos, en la práctica, en una pena de muerte”, sentenció Amerigo Incalcaterra, representante regional para América del Sur del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La abolición legal de la pena capital es de larga tradición en la región y, de hecho, Venezuela fue el primer país del mundo en hacerlo, en 1863, y Costa Rica el tercero, en 1882. Actualmente, solo dos países, la mantienen en su legislación: Cuba y Guatemala, y su última aplicación se produjo en 2003 en la isla caribeña.

“Es imperativo que los estados y la sociedad en general tomen conciencia de que la crisis carcelaria que se vive en sus países no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino que se extiende a sus familias y a toda sociedad en su conjunto…Las cárceles son el reflejo de una sociedad”: Amerigo Incalcaterra.

Sin embargo, este avance contrasta con la realidad al interior de las cárceles latinoamericanas, donde la situación actual es muy grave según expertos y organizaciones de derechos humanos.

Altos niveles de violencia, numerosas muertes y delitos que ocurren al interior de los presidios, y gravísimas violaciones a derechos humanos, son algunos de los componentes con los que se enfrentan día a día las personas privadas de libertad en la región, denuncian.

“En América Latina existen problemas crónicos que afectan a los sistemas carcelarios y que no han sido adecuadamente enfrentados ni mucho menos resueltos por los estados”, añadió el italiano Incalcaterra en entrevista con IPS.

Coincidió en ello la peruana Olga Espinoza, coordinadora del Área de Estudios Penitenciarios del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Universidad de Chile, para quien los sistemas penitenciarios latinoamericanos se encuentran en crisis.

“El último informe del Programa de Naciones Unidas Para el Desarrollo entrega datos muy concretos sobre la situación de sobrepoblación, de hacinamiento, de sobre representación de presos preventivos, de frágil institucionalidad en muchos países y dificultades en la implementación efectiva de programas de reinserción social”, precisó Espinoza a IPS.

Entre los casos de mayor gravedad está Venezuela, donde la violencia al interior de las prisiones es generalizada, con enfrentamientos con uso de armas de fuego, explosivos y otras armas, destacaron los especialistas.

Con una población penitenciaria de 53.000 personas, las autoridades venezolanas han reconocido a Acnudh la muerte de 402 reclusos en los 11 primeros meses de 2014. El organismo sitúa la sobrepoblación carcelaria del país en 231 por ciento, aunque el gobierno local defiende que en 87 por ciento de los centros del país no hay hacinamiento.

En el caso de Brasil, organizaciones humanitarias denunciaron condiciones crueles, inhumanas y degradantes habituales al interior de sus recintos penales, además de numerosos informes de tortura, con prácticas como semiasfixia con bolsas de plástico, palizas y descargas eléctricas.

Añadieron en la mayoría de los casos están implicados miembros de la policía militar del Estado.

Pese a su gravedad “los casos de Venezuela y Brasil no son aislados, sino que se insertan en la situación generalizada de la región”, aseguró Incalcaterra.

“Ciertamente, ambos países enfrentan importantes retos de violencia intracarcelaria y de falta de control del Estado en dete
Grandes tragediasrminados casos, según lo manifestado por varios mecanismos independientes de las Naciones Unidas”, dijo.

“Pero ningún país de la región está libre de los problemas de hacinamiento, condiciones de detención precarias, falta de acceso a servicios básicos, y casos de malos tratos y torturas”, precisó.

Los altos niveles de sobrepoblación propiciados por el recurso sistemático a las penas privativas de libertad en detrimento de medidas alternativas, y la falta de infraestructura adecuada, son algunos de los problemas crónicos que afectan a los sistemas penitenciarios de la región.

A ello se suma “la falta de acceso a servicios básicos de salud, alimentación adecuada, sanidad, y las condiciones generales de detención no acordes con los estándares mínimos acep
Grandes tragediastados internacionalmente”, dijo el representante de Acnudh.

“Esta situación alimenta la violencia carcelaria, incluidos casos de tortura, y constituye una afectación directa a la integridad y la dignidad de las personas privadas de libertad”, enfatizó.

Según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 2013 había en la región 943.000 personas privadas de libertad, de las que 354.000 estaban en prisión preventiva, en espera de juicio o sentencia.

Los casos más críticos eran los de Bolivia, con 84% de la población reclusa sin sentencia, seguido por Paraguay (73,1%), Panamá y Uruguay (65%), Perú (58,8%), Venezuela (50,3%) y Guatemala (50,3%).

Grandes tragedias

Como resultado suceden tragedias como la que sucedió el 8 de diciembre de 2010 en Chile, la mayor de la historia en las cárceles del país. En un incendio murieron 81 internos, la mayoría por su primer delito, variados de tipo menor.

Entonces el penal de San Miguel tenía una población de 1.875 reclusos, cuando su capacidad era para 632, lo que equivalía a 197 por ciento de sobrepoblación.

Chile es el país con la tasa de encarcelamiento más alta de América Latina, con 318 internos por cada 100.000 habitantes, frente a la latinoamericana de entre 100 y 150 presos promedio y la europea de entre 60 y 100.

En 2012 el gobierno creó la Unidad de Protección y Promoción de los Derechos Humanos de Gendarmería, la institución penitenciaria chilena, para aminorar los malos tratos y torturas registradas en las prisiones locales.

Pese a esto, los avances en materia penitenciaria aún distan de ordenarse en un diseño de política pública integral, capaz de traducirse en una satisfacción de las necesidades de las personas privadas de libertad y, con ello, en un mayor ajuste a los estándares internacionales de derechos humanos, concluyó el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales.

Para Incalterra, estas situaciones obedecen a que “la crisis carcelaria no es una prioridad en las agendas y programas de gobierno en la región”.

El representante de Acnudh señaló que existe falta de transparencia y fiscalización regular e independiente de los centros penitenciarios, como herramienta fundamental para la prevención de la tortura y malos tratos y la mejora estructural de los sistemas carcelarios.

Y si bien las personas privadas de libertad son uno de los grupos más vulnerables de la sociedad, “también son uno de los más impopulares”, añadió.

Espinoza matizó que en los últimos cinco años se han generado ciertas reformas en países de la región que apuntan mayoritariamente a dotar de una mayor institucionalidad al sistema penitenciario.

Sin embargo, la crisis obliga a pensar en una serie de medidas que deben confluir para avanzar hacia una solución definitiva a mediano y/o largo plazo. Por ejemplo, el diseño de una política pública en materia de seguridad que contenga componentes de reinserción social como clave para garantizar el éxito de su puesta en marcha, afirmó Espinoza.

Para Incalcaterra, además, “es imperativo que los estados y la sociedad en general tomen conciencia de que la crisis carcelaria que se vive en sus países no solo afecta a las personas privadas de libertad, sino que se extiende a sus familias y a toda sociedad en su conjunto”.

“Las cárceles son el reflejo de una sociedad”, concluyó.


Poster. "Israel Clemente. Preso antifascista de los GRAPO".
Cumpleaños presxs políticxs en el mes de febrero

-Israel Clemente López. El jueves 26 cumple 43 años este militante de los GRAPO, que lleva 8 años preso.

Dibujo. "Febrero". (un obrero en una asamblea se dirige a sus compañeros)

Citas del 1 y 2 de febrero. Hò-Chi Minh y Anaxágoras.

Aprender y luchar, luchar y aprender.
Citas del 1 y 2 de febrero

lunes, 21 de enero de 2013

Alemania solidaria // ALBA TV // Caso Carromero, sinvergüenzas.

Stuttgart, 19 enero. Mesa información, reparto de octavillas...
G.I. Abdallah libertad!! USA, Israel ...

Otro tipo de comunicación:

ALBATV Comunicación para la integración desde los pueblos

http://albatv.org/

Argentina: Organizaciones sociales de la capital argentina rechazan el genocidio del pueblo originario Qom.
Chile: Se lanzan las mesas territoriales de salud de la región de Talcahuano en Chile.
Paraguay: Se cumplen 7 meses de la masacre de Curuguaty.
Estado Español: Gobierno español se ensaña con preso político y su familia, Alfon.

http://www.albatv.org/ALBA-TV-224-Un-noticiero-de.html  

AGRAVIOS COMPARATIVOS:

Es que no tienen la menor vergüenza. Caso Carromero

El dirigente de Nuevas Generaciones del Partido Popular Ángel Carromero, condenado en Cuba por el accidente de tráfico en el que fallecieron dos disidentes cubanos, salió el viernes 11 de la cárcel tras recibir el tercer grado penitenciario, apenas dos semanas después de ser extraditado a España.

Carromero, vicepresidente de las juventudes del PP, fue detenido el pasado julio en Cuba tras el accidente, en el que murieron Oswaldo Payá y Harold Cepero.

A finales de diciembre llegó a España gracias al acuerdo de extradición en vigor entre ambos países, para cumplir el resto de su condena de cuatro años de prisión que le fue impuesta en Cuba.

El tercer grado le permite salir durante el día de prisión y sólo tiene que regresar a dormir a la cárcel.

Un tribunal cubano condenó a Carromero a cuatro años de prisión por conducción imprudente en relación con el accidente, que se produjo cuando Carromero conducía el vehículo, teniendo prohibido hacerlo tras su retirada oficial en España tras 42 multas de tráfico del carnet de conducir. Además, iba con exceso de velocidad y no llevaban puestos los cinturones.

Entró a Cuba con visado de turista, pero fue para apoyar y entregar dinero al grupo opositor Movimiento Cristiano Liberación, liderado por Payá. Mata a dos personas y comete delito grave al hacerlo sin carnet de conducir. Es condenado a 4 años y ha pasado unos días en prisión. Y ahora nos dicen que vuelve a ocupar su puesto político. Es que no tienen la más mínima vergüenza.

miércoles, 28 de abril de 2010

EXCLUSIVA: Paraguay decreta el estado de excepción

Paraguay decreta el estado de excepción para combatir a la guerrilla

Corresponsalía SRI

El jueves 22 la Cámara de Senadores de Paraguay aprobó un proyecto de ley que declara estado de excepción en cinco departamentos del norte del país, con el fin de reforzar los operativos de búsqueda de los miembros de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo.

A esta organización combatiente se le atribuyen varios secuestros, el último de ellos realizado en octubre del año pasado a un influyente terrateniente del reaccionario Partido Liberal Radical Auténtico, cogobernante junto con otros grupos reformistas.

Al Ejército del Pueblo Paraguayo, resguardado en zonas boscosas de difícil acceso donde coexisten extensas haciendas ganaderas y cultivos ilícitos de marihuana, también se le atribuye la ejecución de un policía y tres civiles tras un enfrentamiento el miércoles último.

El presidente de Paraguay, Fernando Lugo, se reunió el mismo jueves con los miembros de la Mesa Directiva del Congreso para presentar un proyecto de ley con la declaración del estado de excepción y pedir su aprobación urgente. El Senado, de mayoría opositora, se reunió el mismo dia y decidió rechazar el proyecto del Poder Ejecutivo, pero aprobó otro, con unas pocas diferencias, presentado por un senador contrario al gobierno.

El proyecto de ley aprobado prevé que el estado de excepción se prolongue 30 días, durante los cuales el presidente tendrá la facultad de ordenar la detención y el traslado de personas sin orden judicial, así como prohibir o restringir reuniones públicas y manifestaciones.

La guerrilla trae en jaque al Estado paraguayo

La última vez que se declaró estado de excepción en Paraguay fue en 2002. El estado de excepción fue utilizado discrecionalmente durante los 35 años en que gobernó el criminal Alfredo Stroessner (1954-1989). La última vez que se declaró estado de excepción en Paraguay fue durante el Gobierno del presidente Luis González Macchi en 2002, en el marco de una serie de manifestaciones en su contra que dejaron varios heridos.

Según la Constitución de Paraguay, el estado de excepción se puede declarar "en caso de conflicto armado internacional o de grave conmoción interior que ponga en peligro el imperio de esta Constitución o el funcionamiento regular de los órganos creados por ella".

El gobierno consideró muy grave el enfrentamiento con el Ejército del Pueblo Paraguayo verificado en el norte en el que fallecieron cuatro personas, por lo que el cura-presidente Fernando Lugo suspendió su viaje a Bolivia. Tras reunirse con ministros y asesores en materia de seguridad, Lugo ordenó un fuerte despliegue de policías y militares en el norte del país para facilitar la búsqueda de los combatientes del Ejército del Pueblo Paraguayo.

Desde noviembre del año pasado, el cura Lugo ha ordenado ya tres operativos conjuntos militares-policiales para buscar a los combatientes del Ejército del Pueblo Paraguayo en la zona norte del país y ninguno de ellos dio resultado positivo alguno.

"No se justifica este estado de excepción porque ninguna de las causales prevista en la Constitución están dadas hoy en Paraguay", dijo el analista político y sociólogo Marcial Cantero Gaona. "Lo que se decidió en el Senado, a pedido del gobierno de Lugo, es un eufemismo del estado de sitio vigente durante más de 35 años en forma continua durante la dictadura de Alfredo Stroessner y el partido Colorado, y solo significará mayor represión", expresó Cantero.

A criterio del analista, "con esta figura constitucional el gobierno tendrá superpoderes para combatir la 'insurgencia' y tendrá facultades para allanar viviendas y locales de organizaciones sociales y políticas, realizar detenciones sin orden judicial, prohibir reuniones, manifestaciones públicas, además de profundizar la militarización de la zona".

Según el comandante de la Policía Nacional José Giménez, los locales de algunos diarios, canales de televisión y radioemisoras de Paraguay están bajo custodia policial desde este jueves, dispuesta por el gobierno "para evitar desmanes". Giménez aseguró a la prensa que no existen amenazas de bomba ni otros peligros similares contra los medios por lo que las guardias son solamente medidas preventivas.

La lucha armada no ha cesado en Paraguay

El último grupo guerrillero que operó en Paraguay, la Organización Político-Militar, fue desarticulado y sus integrantes, según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia, fueron apresados, torturados y, en algunos casos, asesinados por la policía política del gobierno de Alfredo Stroessner, que gobernó Paraguay de 1954 a 1989 con métodos terroristas.

El Ejército del Pueblo Paraguayo comenzó a operar públicamente hace dos años. Según el gobierno paraguayo, está integrado por combatientes que reivindican la lucha armada como método para cambiar el sistema económico y social vigente en Paraguay y tiene vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, de quienes ha recibido adiestramiento.

Se le señala como autor del secuestro de dos terratenientes, uno de los cuales, Fidel Zavala, proviene de una poderosa familia de ganaderos, que fue capturado en octubre de 2008 y mantenido en cautiverio durante 94 días.

Tras cuatro meses de intensos operativos conjuntos entre la policía y las Fuerzas Armadas en la búsqueda de los guerrilleros, el gobierno tuvo que admitir el fracaso pues no se halló a ninguno de los señalados como jefes guerrilleros.

En brazos de los asesinos colombianos

La aparición del grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo ha estrechado las relaciones diplomáticas de Paraguay con Colombia, hasta el punto de encontrarse hoy entre “las mejores del continente”, según el cura-presidente Lugo.

En marzo el canciller de Colombia Jaime Bermúdez visitó Asunción, donde firmó una declaración conjunta con su homólogo paraguayo Héctor Lacognata, constatando el fortalecimiento de las relaciones represivas entre ambos países.

El ministro del interior Rafael Filizzola aseguró a la prensa que la visita de Bermúdez permitía avanzar hacia un nuevo acuerdo de cooperación en el área de seguridad para los próximos dos años.

La cooperación represiva entre Colombia y Paraguay se pudo verificar también con la llegada a Paraguay de un grupo de militares colombianos, expertos en contrainsurgencia, para colaborar con la Policía Nacional en la lucha contra la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo.

En enero de 2009 el gobierno de Bogotá envió a Asunción un embarque de 450 fusiles Galil, de fabricación colombiana, con 100.000 unidades de municiones de 9 mm y 135.000 de 5.56 mm. El armamento, que costó 500.000 de dólares, fue destinado a los mercenarios de la policía desplazados al norte del país en busca de los miembros de la guerrilla.

La continuación de la cooperación entre ambos países sudamericanos quedó en duda cuando el ministro paraguayo de Defensa, Luis Bareiro Spaini, manifestó su oposición al asesoramiento de Colombia a las Fuerzas Armadas de Paraguay. Sin embargo, las declaraciones del presidente paraguayo no dejaron lugar a dudas en cuanto al estrechamiento de los lazos de amistad.

“Con Colombia tenemos una de las mejores relaciones en América Latina. Dio la casualidad que en esa Cumbre (de la Unidad Latinoamericana y Caribeña, de México), el único presidente con el que he pedido una reunión bilateral fue con Uribe para tratar convenios de cooperación. Me aseguró que estamos en buen momento para extirpar el mal del secuestro y el terrorismo”, declaró el cura Lugo.

Los presidentes Lugo y Álvaro Uribe, acordaron mantener el programa de cooperación en materia de seguridad, durante ese encuentro. Lugo le agradeció además a Uribe el apoyo brindado por Colombia a las fuerzas de seguridad paraguayas durante la investigación del secuestro y posterior liberación del capitalista ganadero Zavala.

El derechista Partido Patria Querida (PPQ) vio con buenos ojos el asesoramiento de los militares colombianos “porque tienen mucho que enseñarnos en materia de lucha antiterrorista. En Colombia ha disminuido la cantidad de secuestros que es el flagelo que nos agobia a los paraguayos”, según el PPQ.

Éxito de ventas del manual guerrillero

El 13 de enero de este año el diario asunceño "La Nación" decidió publicar una versión facsímil del manual de operaciones de la guerrilla en un suplemento de 64 páginas. El suplemento de 64 páginas constituyó en un gran éxito de ventas para el periódico, cuya tirada se agotó. Lo tuvo que reimprimir al día siguiente con similar éxito, por lo que la dirección del diario resolvió lanzar una tercera edición. "La tirada promedio fue de unos 7.000 ejemplares por día que se agotaron en las tres oportunidades", dijo el periodista Vicente Páez, del área de noticias judiciales del matutino. "La venta fue sorprendente pues no es común que el diario agote su edición en tres jornadas consecutivas, menos en un país como el nuestro en el que la lectura no es un hábito común y todos los periódicos han visto disminuir sus ventas", expresó Páez.

"La Nación" es uno de los cinco matutino de circulación nacional de Paraguay y su tirada diaria está entre cinco y siete mil ejemplares. El de mayor venta no tiene una tirada superior a 25.000 ejemplares diarios.

"El Manual del EPP" (Ejército del Pueblo Paraguayo), es el título de un manuscrito hallado en agosto de 2008durante un operativo policial a unos 400 kilómetros del norte de Asunción y cuya autoría se le atribuye al grupo guerrillero que opera en esa zona. No constituye, en realidad un manual, sino un posicionamiento político y una guía operativa guerrillera.

"El diario La Nación publica este documento como un aporte a la sociedad", explicó el director del matutino, Alejandro Domínguez, en las sucesivas ediciones. "Consideramos que todos los compatriotas tienen derecho a informarse de los planes que aplica este grupo criminal, a fin de adoptar los recaudos pertinentes", agregó.

Un vendedor de diarios, Marcio Dos Santos, explicó que en las tres ocasiones, sus clientes le pedían que les trajera la publicación. "Hasta hoy me preguntan algunos si se va a volver a editar", afirmó.

Enrique Troncoso, un trabajador electricista que vive en Luque, a unos 15 kilómetros de Asunción, relató que compró "por curiosidad. Como en nuestro país no existen guerrilleros desde hace mucho tiempo, quería saber qué dicen, cómo se preparan, qué piensan, por qué hacen lo que hacen", manifestó.

Cómo cobrar un secuestro

El manual guerrillero da pautas para la captura, negociaciones, cobro y liberación del secuestrado, entre otras.

El "manual del EPP" fue incautado por la Fiscalía en la casa de un dirigente campesino, actualmente prófugo de la justicia e imputado por el secuestro del ganadero Luis Lindstron llevado a cabo en julio de 2008. El texto se le atribuye a Alcides Oviedo, uno de los miembros del grupo actualmente preso y condenado por el secuestro de la esposa de un poderoso empresario realizado en 2001.

En el documento se dan pautas para el acercamiento a la probable víctima de secuestro, la captura, la retirada, el cautiverio, las negociaciones, el cobro y la liberación del secuestrado.

Uno de los manuscritos señala la intención del grupo de llevar a cabo varios secuestros con el objetivo de recaudar dinero, para potenciar la organización.

El fin, según el manual guerrillero, era ejecutar posteriormente "retención" de políticos o jueces y canjearlos con presos del grupo armado. "Es conveniente que hagamos inteligencia sobre funcionarios públicos (gobernador, diputado, senador, juez, etc.) que puedan estar al alcance de nuestros combatientes, a fin de retener a uno de ellos y proponer un canje por los compañeros presos", señala una parte del documento.