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| Foto. Soldados pateando a un detenido. |
Torturas
cometidas por soldados españoles en Irak
Informe
de A.I.
25
páginas. Abril 2016
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| Portada de la noticia. Una monja y detrás el Vaticano. |
La jueza argentina María Servini de Cubría reclamó al Estado Vaticano información sobre su relación con el franquismo y la presunta represión a religiosos, confirmó a Sputnik Nóvosti uno de los abogados querellantes de la causa, Máximo Castex.
"La
jueza aprobó todas las medidas que solicitamos", celebró
Castex.
Servini
de Cubría ha solicitado en un exhorto que el Vaticano aporte toda la
información "relativa a las relaciones entre la Iglesia
Católica y el Estado español entre el 17 de julio de 1936 y el 15
de junio de 1977", el período que abarca la investigación de
la jueza.
Al
Vaticano también se le solicitan explicaciones sobre "los
religiosos católicos que fueron objeto de persecución, sanciones,
cárcel y torturas" durante la dictadura del general Franco
(1939-1975).
Al
Vaticano también se le solicitan explicaciones sobre "los
religiosos católicos que fueron objeto de persecución, sanciones,
cárcel y torturas" durante la dictadura del general Franco
(1939-1975).
Ante
la imposibilidad de que la justicia española investigara los
crímenes del franquismo, familiares de las víctimas presentaron una
querella ante tribunales argentinos alegando que esos delitos por ser
de lesa humanidad pueden ser perseguidos por cualquier sistema
judicial bajo el principio de la jurisdicción universal. La justicia
argentina aceptó la querella el 14 de abril de 2010.
Nuevos
exhortos a España
La
magistrada siguió actuando y emitió los mismos requerimientos
hechos al Vaticano a 14 ciudades españolas a través de los juzgados
correspondientes: Barcelona, Burgos, Granada, Madrid, Badajoz,
Oviedo, Pamplona, Santiago de Compostela, Sevilla, Tarragona, Toledo,
Valencia, Valladolid y Zaragoza.
En
consonancia con los pedidos de la querella, Servini libró exhortos a
cuatro juzgados de Barcelona y Tarragona (noroeste del país) para
que soliciten al Gobierno provincial de la Generalitat de Cataluña
"que haga uso de todos los recursos disponibles para la
identificación de los restos ya exhumados de posibles represaliados
y cotejen las huellas genéticas obtenidas con los perfiles genéticos
de las personas que buscan a sus familiares".
El
dictamen de la jueza se basó en la denuncia de tres testigos sobre
"la presencia de restos de seres humanos, presuntamente víctimas
de asesinatos, que tuvieron lugar en Cataluña en escenarios diversos
de la Guerra Civil Española y posterior dictadura, durante el
período comprendido entre 1936 y 1977".
La
querella resalta que "ante los casos de desapariciones forzadas"
que han denunciado familiares de las víctimas, la Generalitat "no
ha procedido hasta ahora a establecer sistemáticamente la
correspondencia entre los vivos y los muertos" aunque "cuenta
con plenas competencias" para identificar a los desaparecidos.
Por
ello, los abogados sugieren avanzar en la investigación a través
del Laboratorio de Genética Forense en la Facultad de Medicina de la
Universitat de Barcelona, que posee un banco de ADN con material
genético de familias que buscan a sus seres queridos.
Los tres querellantes elaboraron un listado sobre los posibles emplazamientos de los restos de sus familiares en Cataluña, "principalmente en dependencias diversas bajo la custodia del Gobierno catalán", que incluyen laboratorios de universidades catalanas y "diversas empresas privadas de antropología y arqueología, contratadas por la administración catalana".
Exhumaciones
En
otro exhorto, Servini ha pedido exhumar los restos de 13 personas en
Mallorca (sur), y de un sindicalista del Partido Comunista en
Barcelona, Cipriano Martos Jiménez, que fue detenido por la Guardia
Civil en 1973 antes de ser torturado y asesinado por ingestión
forzada del contenido de un cóctel molotov.
En
relación a este último caso, la jueza pidió a través del juzgado
de Madrid que la Guardia Civil aporte los expedientes de los siete
agentes que arrestaron a Martos Jiménez, y solicitó que declare
como testigo el hermano de Cipriano, Antonio, ante el juzgado de
Sabadell, en Barcelona.
La
magistrada también pidió tomar declaración, a través de los
juzgados españoles, a cinco testigos del País Vasco (norte) y a
otros seis de Cataluña.
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| Foto. Micrófono en llamas. |
Música
combativa:
Valtonyc
– Pan, trabajo, agua y muchas cosas bonitas
