Guerra sucia:
Estrasburgo ratificó por unanimidad la condena por el «caso Lasa-Zabala»
De GARA
Enrique Rodríguez Galindo y el resto de condenados por los secuestros y muertes de Joxean Lasa y Joxi Zabala no lograron convencer al Tribunal de Estrasburgo de que no tuvieron un juicio justo. El proceso se cierra transcurridos nada menos que 27 años desde los hechos.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, rechazó las demandas presentadas por el ex general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y el resto de castigados: el teniente Ángel Vaquero, los agentes Felipe Bayo Leal y Enrique Dorado Villalobos, y el entonces gobernador civil en Gipuzkoa, Julen Elgorriaga. Por unanimidad, sentencia que los tribunales españoles no vulneraron el derecho de defensa y a un juicio justo ni la presunción de inocencia de los procesados.
Todos ellos acudieron a Estrasburgo invocando que las sentencias condenatorias del Supremo español y la Audiencia Nacional vulneraron los puntos 1, 2 y 3 del artículo 6 de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Antes que nada, la Sala europea, presidida por el magistrado andorrano Josep Casadevall, especifica en su relato de los hechos que los dos refugiados políticos fueron «duramente interrogados, golpeados y torturados durante días con el propósito de obtener informaciones sobre ETA y como represalia por las acciones violentas de la organización contra miembros de la Guardia Civil y de otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Añade que, en vista del estado en el que habían quedado tras los interrogatorios, Rodríguez Galindo ordenó que «se les hiciera desaparecer». Así, fueron arrojados a una fosa con más de 50 kilos de cal viva.
Sin ánimo de venganza
La sentencia rechaza las alegaciones efectuadas por los condenados y se refiere en concreto a la declaración inculpatoria que realizó Bayo Leal a puerta cerrada en la Audiencia Nacional durante la fase de instrucción. Tras retractarse, alegó en el juicio que estuvo generada por un supuesto deseo de venganza contra Galindo por «la desesperación de sentirse abandonado por su superior».
EL TEDH recuerda, además, que los condenados tuvieron ocasión de defenderse de estas declaraciones de Bayo mediante la celebración de careos, que fueron rechazados por las defensas de todos los acusados.
Destaca igualmente que la condena se fundamentó en una serie de pruebas concordantes y que la declaración de Bayo no fue el único elemento de cargo.
Se refiere también al trastorno mental bipolar que sufre el guardia civil y subraya que el Tribunal Supremo español ya tuvo en cuenta la enfermedad y rechazó considerar que su testimonio estuviera motivado por ésta a la vista de varios informes médicos.
La lógica de la secuencia
Los demandantes argumentaron, además, que aunque hubieran sido condenados por secuestro no había pruebas para atribuirles «asesinato». Al respecto, Estrasburgo coincide con el Constitucional en que deducir de los hechos probados que quienes los secuestraron eran los autores de las muertes «no podía ser juzgado como irrazonable o ilógico».
«Las decisiones de las jurisdicciones internas son ampliamente motivadas», recalca el Tribunal Europeo como colofón.
El croquis de La Cumbre, la prueba de una confesión real
El principal clavo ardiendo al que se aferraban los condenados por el caso era que Estrasburgo aceptase que Bayo Leal les acusó en realidad por venganza, como alegó en el juicio oral tras haberse retractado de la «cantada». Sin embargo, hay un dato incontestable que evidencia cuándo dijo la verdad y cuándo mintió: en el momento en que decidió contar los hechos, el guardia civil realizó un croquis detallado del palacio donostiarra de La Cumbre, donde Lasa y Zabala fueron ocultados e interrogados por sus captores. Una comisión judicial acudió al lugar con el propio Bayo y constató que efectivamente el croquis se ajustaba a la realidad. El agente había estado allí.
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