TORTURAS: CONDENA A CUATRO GUARDIAS CIVILESPenas de cárcel mínimas para cuatro guardias civiles por torturar a Portu y Sarasola
La Audiencia de Gipuzkoa ha condenado a cuatro guardias civiles por un delito de torturas a Mattin Sarasola e Igor Portu, aunque les impone condenas mínimas para estos casos -Portu estuvo ingresado en la UCI al correr riesgo su vida-. La realidad de los hechos ha sido fijada ahora en resolución judicial. Niega credibilidad, por tanto, a la versión oficial que ha venido defendiendo el Ministerio del Interior de Alfredo Pérez Rubalcaba desde enero de 2008.
La Audiencia Provincial de Gipuzkoa emitió ayer 30 de diciembre una sentencia que supone un hito ante las miles de denuncias de torturas en Euskal Herria: condena a la Guardia Civil por torturas graves a los vecinos de Lesaka Igor Portu y Mattin Sarasola en enero de 2008 tras su brutal detención en Mondragón (Gipuzkoa).
En concreto, señala al sargento Juan Jesús Casas García como autor de un delito de torturas graves y de lesiones, por los que le impone cuatro años y medio de prisión; al guardia civil José Manuel Escamilla, a dos años y medio de prisión por torturas graves y lesiones; y a los agentes Sergio García y Sergio Martínez, a dos años de prisión y ocho días de localización permanente.
A los cuatro, además, les impone la inhabilitación absoluta para ocho años, y a la Guardia Civil y la Policía española, por responsabilidad civil subsidiaria, al pago de 18.000 euros a Igor Portu y 6.000 euros a Mattin Sarasola «por el daño físico y psíquico causado» a ambos.
A su vez, absuelve a los otros once guardias civiles imputados en la causa instruida en Donostia y cuya sentencia, emitida ayer, todavía no es fime y podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo.
Versión oficial, «insostenible»
Así, el tribunal da por probado que los guardias civiles que el 6 de enero de 2008 detuvieron a los dos lesakarras en el barrio Udala de Arrasate los torturaron y los condujeron a una pista forestal y que, en consecuencia, mintieron en su declaración ante el juez. Una versión, la oficial, que ha venido sosteniendo el Ministerio español de Interior desde el primer momento. Alfredo Pérez Rubalcaba situó las lesiones -que llevaron al ingreso hospitalario en la UCI de Portu- como producto de una resistencia al arresto. Y atribuyó las denuncias al uso de «un manual para denunciar torturas».
En la sentencia hecha pública ayer -los 88 folios pueden leerse en www.gara.net- se advierten no sólo las incongruencias y mentiras que empleó la Guardia Civil para sostener una versión «insostenible» para el juez. También se otorga especial relevancia a la declaración del testigo que presenció el arresto y que rechaza de plano la versión oficial de que ambos se opusieron al arresto. Recalca igualmente en el testimonio ofrecido por el alcalde de Aramaiona (Araba), Asier Agirre, sobre la zona forestal a la que fueron conducidos Portu y Sarasola tras su arresto; apartado, este último, en el que señala que estos testimonios son reforzados con la información propia que aportó GARA.
En el caso de la pista forestal de Antzilla, en Aramaio, subrayan los datos que ofrecía este periódico sobre la existencia de un retén policial entre las 10.00 y las 11.30, un espacio temporal que concuerda con los horarios de paso por los peajes de la autopista revelados por los tickets de Bidegi, sobre lo que mintió la Guardia Civil.
A este respecto, el tribunal señala «la inserción [de los detenidos] en un escenario para ellos de total impunidad en el que, valiéndose de la prerrogativas propias de su cargo, [los guardias civiles] llegaron incluso a cerrar la carretera o pistal forestal, sin tener causa legal para ello, a fin de poder actuar contra los dos detenidos con total libertad, a salvo de miradas indiscretas de cualquier ciudadano».
No les resta fiabilidad ser militantes de ETA
El fallo advierte de que el hecho de que los denunciantes hayan sido condenados por pertenencia a ETA «no conlleva privar de toda fiabilidad probatoria a la información que de los mismos provenga».
Sobre la credibilidad que otorga a la denuncia de torturas de los dos presos lesakarras, resalta que, además de que «goza de todos los elementos de corroboración», ambos «no podían conocer su preexistencia al momento de formalizar sus iniciales declaraciones».
Aunque no alude al modo en que el juez Grande-Marlaska se quitó de encima el marrón sobre la investigación de la causa y cómo la derivó a Gipuzkoa, la sentencia sí incide en que «en este sentido, se estará de acuerdo en que la denuncia de haber mediado torturas encaminadas a lograr tales informaciones, lanza sobre los datos obtenidos y sobre los hechos averiguados, cuando menos, la sospecha de haberse producido una prueba ilícitamente obtenida». Se debe recordar que ambos han sido condenados por la Audiencia Nacional por el atentado de la T-4 de Madrid, basándose exclusivamente en las declaraciones policiales realizadas bajo tortura.
De Gara
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